Marco Antonio López Gómez

Expediente 423/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
423/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Juez de Oralidad Familiar de Celaya, Guanajuato
  • María Beatriz Gómez García
  • Marco Antonio López Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Acuse. A sus autos el oficio signado por el juez de Partido Civil especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, por el cual acusa recibo del comunicado por el que se le notificó el archivo del presente asunto, y se le adjuntaron los tomos de pruebas que allegó con su informe de ley, así como un disco compacto en formato DVD.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada en el presente asunto, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha sentencia, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya transcurrió el término a la totalidad de las parte para la interposición del recurso de revisión; en atención a que se determinó sobreseer en el juicio de amparo; de ahí que la resolución no les irroga perjuicio. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, incisos a) y c) del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno principal del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se negó la suspensión provisional y definitiva, y se dictó resolución en la que únicamente sobreseyó en el juicio. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de los tomos de pruebas que allegó la juez responsable a su informe justificado, se ordena su devolución.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 423/2020, promovido por Marco Antonio López Gómez; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que por razón de turno conoció el Juzgado Sexto, Marco Antonio López Gómez solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del juez de Partido Civil, Especializado en Materia Familiar, residente en esta ciudad, Guanajuato, que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. El Tribunal en mención la desechó bajo los siguientes argumentos: "Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en : El auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Juez de Oralidad Familiar de esta ciudad, dentro del juicio oral ordinario F2679-2108 de su índice, en el que, entre otras cosas, autorizó a las partes la expedición de copias certificadas, previo el pago de los derechos fiscales correspondientes. En esa tesitura, dicha determinación no constituye un acto en juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses de la accionante del amparo (.) Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda." TERCERO. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito bajo el número R.Q.C. 188/2019. El diecinueve de febrero de dos mil veinte dictó resolución en la que, en lo conducente, consideró: "Asiste razón al recurrente al sostener que el Juez de Distrito actuó ilegalmente al desechar la demanda. (.) En efecto, según se advierte de la demanda de amparo que fue objeto de desechamiento, el acto reclamado por Marco Antonio López Gómez se hizo consistir en el auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho (.) mediante el cual se admitió la demanda respectiva y, entre otras cosas, se autorizó a las partes la expedición de las copias certificadas que solicitaran durante el trámite del juicio, previo el pago de los derechos fiscales correspondientes. (.) Sin embargo, estas consideraciones del a quo resultan inexactas, pues como lo aduce el inconforme, el acto reclamado en la demanda de amparo, es el relativo al cobro de derechos fiscales por la expedición de copias certificadas por estimar que dicho acto contraviene en su perjuicio los derechos fundamentales, previstos en los artículos 1y 17 constitucionales, por tratarse de un acto discriminatorio. (.) Así se desprende de lo manifestado por el quejoso en su demanda de amparo, en los siguientes términos: El suscrito, cubriendo los extremos del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenté solicitud en fecha 19 de noviembre de 2019, de copias certificadas de todo lo actuado dentro de los autos del expediente F-2679/2018, así como videograbación certificada de la única audiencia de fecha 7 de febrero del año 2019, que obra en autos en dicho expediente. Empero, el quejoso omitió precisar en su demanda de amparo, cuál haya sido el acuerdo que recayó a la promoción que presentó el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por lo que no es posible dilucidar si se actualizó o no el supuesto contemplado en el auto de doce de noviembre anterior, ni por consiguiente, si el acto reclamado constituye o no un acto de imposible reparación. (.) En las relatadas condiciones, al demostrarse mediante los agravios analizados, la ilegalidad del auto combatido, debe declararse fundado el recurso de queja y ordenarse al Juez de Distrito que, de no advertir alguna otra causa de improcedencia, admita a trámite la demanda de amparo presentada por el inconforme." CUARTO. Con motivo de lo anterior, el cuatro de marzo de dos mil veinte, el Juzgado Sexto de Distrito admitió a trámite la demanda de que se trata. Una vez recabado el informe justificado a la autoridad responsable, el siete de septiembre de dos mil veinte, ordenó remitir el asunto a este Juzgado Octavo de Distrito, acorde con el criterio de "relación" a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales. Lo anterior, en razón de que en este Tribunal se tramitó y resolvió el juicio de amparo 1076/2019 cuyo acto reclamado fue emitido en el mismo contradictorio familiar. QUINTO. En auto de once de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado aceptó avocarse al conocimiento del asunto y continuar con su trámite. En ese mismo proveído se mandó emplazar a la tercera interesada, María Beatriz Gómez García, lo cual se efectuó por el actuario de la adscripción el ocho de octubre siguiente. También se señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, desahogada al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal . La competencia territorial se surte conforme a la tercera regla del artículo 37 en mención, pues los actos reclamados se hacen consistir en un auto que carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio y lo asentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en el R.Q.C.188/2019, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisa como acto reclamado: El auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho dictado en el procedimiento oral ordinario F2679/2018, por el que se admitió la demanda a la tercera interesada y, entre otras cosas, se autorizó a las partes la expedición de las copias certificadas que solicitaran durante el trámite del juicio, previo el pago de los derechos fiscales correspondientes. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó. CUARTO. Antecedentes. De la copia certificada de las constancias que integran el juicio oral familiar F2679/2018, a las que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprenden diversos antecedentes que, enseguida, se citan: La tercera interesada, María Beatriz Gómez García, demandó en la vía ordinaria familiar al aquí quejoso la pérdida de la patria potestad de la menor hija de ambos, pago de alimentos caídos y pensión alimenticia definitiva, entre otras prestaciones. En auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda, se dictaron diversas medidas precautorias y se reservó el emplazamiento del demandado "hasta que la medida de alimentos decretada sea debida y legalmente ejecutada". Además, en lo que interesa, se dijo: "Desde este momento se autoriza a las partes o interesados la expedición de copias certificadas que se soliciten durante el trámite de este juicio, previo pago de los derechos fiscales y razón de recibido que obren en autos; así como las que puedan ser peticionadas por los Agentes del Ministerio Público Investigador y autoridades fiscales, a estos últimos sin necesidad de pago de derechos; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto a los artículos 284 y 792 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato." Éste es el proveído reclamado. La determinación fue notificada por lista el trece de noviembre de dos mil dieciocho. El veinte de noviembre de dos mil dieciocho se dictó un auto en el que se giró exhorto al juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Apaseo el Grande, Guanajuato, a fin de lograr el emplazamiento del aquí quejoso. El veintitrés del mismo mes y año, el juzgador exhortado radicó la comunicación bajo el número 144/2018 y ordenó su cumplimentación. El emplazamiento fue practicado el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho directamente con el peticionario del amparo. En la diligencia se asentó que se le corrió traslado con la demanda y, en lo que interesa, con el instructivo que se anexó al expediente. En él obra inserto el auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho (aquí reclamado). En escrito presentado el once de diciembre de dos mil dieciocho, el quejoso contestó la demanda. Seguido el procedimiento sin que se haya dictado sentencia, el peticionario presentó un escrito el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en el que solicitó que "se me autoricen copias certificadas de todo lo actuado". A la promoción recayó el acuerdo de misma fecha, en el que se le dijo: "En cuanto a las copias certificadas de las constancias que solicita que refiere así como la autorización que solicita, se le indica que deberá estarse al auto de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, por medio del cual ya se acordó de conformidad su petición". QUINTO. Improcedencia. No obstante la certeza de los actos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia relacionada con la extemporaneidad de la demanda, cuyo estudio es de orden público; por ende, preferente y oficioso, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XIII del ordenamiento citado, a la letra, dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XIII. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los artículos 17 y 18 prevén: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. El precepto transcrito en último término, prevé tres supuestos, a partir del cual se computará el plazo de quince días; éstos se excluyen entre sí, por lo que dependerá de cada caso, la hipótesis aplicable. En el que nos ocupa, es el primer supuesto, es decir, el que se refiere a la en que fue notificado del acto reclamado. Sentada la premisa normativa, nos avocamos a la premisa fáctica y, en ésta, destacamos el antecedente identificado con el inciso f) del que se advierte que el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho se emplazó al quejoso y se le hizo de su conocimiento el proveído reclamado, inclusive, se le corrió traslado con la copia respectiva. En ese contexto, se puede concluir lo siguiente: Si desde el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, el aquí promovente fue notificado del auto reclamado, entonces el plazo de quince días con que contaba, comenzó a correr al día siguiente hábil de que surtió efectos la notificación, esto es, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Luego, si la demanda fue presentada hasta el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, según se advierte de la boleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común, así como del matasellos que ahí obra, entonces resulta claramente extemporánea. No es óbice que en los antecedentes de su eescrito de demanda, el quejoso haya manifestado que el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve presentó un escrito en el que solicitó copias "actualizándose así el supuesto del auto de fecha 12 de noviembre del año 2019 (sic)". Ese hecho en nada abona para resolver de distinta manera. En primer lugar, el acto reclamado en forma expresa por parte del quejoso es el auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, tal como también lo consideró el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil al resolver el recurso de queja 188/2019. Además, no debe pasar inadvertido que, en términos prescriptivos, la obligación impuesta a las partes, de pagar los derechos correspondientes por la expedición de copias certificadas, acaeció en el auto tildado de inconstitucional. El segundo proveído únicamente remitió al primigenio al asentar "deberá estarse al auto de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, por medio del cual ya se acordó de conformidad su petición". Se robustece con la forma en que se construyó la causa de pedir, en tanto que el quejoso expresó que dicho cobro de derechos fiscales es vulneratorio del artículo 17, además de que la fundamentación del proveído es inconstitucional. Esto es, la inconformidad fue encaminada a controvertir la obligación impuesta a las partes lo que, se insiste, se originó en el primer auto. En todo caso, y únicamente para mayor claridad en este fallo, el segundo proveído es derivado de aquél que se consintió, tal como se obtiene de la parte conducente de la tesis con el epígrafe y contenido siguientes: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." En las relatadas condiciones, es decir, al haberse presentado de forma extemporánea la demanda de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de la materia, por lo que se decreta el SOBRESEIMIENTO en el juicio, según lo dispone el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos en mención y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Marco Antonio López Gómez, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último.

  4. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte, cuyo resolutivo es: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por **********, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último."

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