Marco Antonio Luna Luna

Expediente 544/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 27 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
544/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Luna Luna
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    VISTOS, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 544/2022-6, promovido por **********. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado al día siguiente a este juzgado, Marco Antonio Luna Luna, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de la Unidad de Atención Integral a las mujeres y otras autoridades, que hizo consistir en: "4.- ACTO RECLAMADO .- Las molestias inconstitucionales hacia mi persona y en mi domicilio; igualmente les reclamo la orden de búsqueda y/o detención y/o aprehensión girada en mi contra; pues a la fecha desconozco realmente si se trata de una orden de aprehensión o de comparecencia o de presentación; más sin embargo desde este momento reclamo cualesquiera de dichas órdenes, y en su momento procesal oportuno y tan luego tenga conocimiento precisaré el acto reclamado, pero independientemente de lo anterior, reclamo la inconstitucional, futura e inminente privación de mi libertad personal, como las molestias infundadas e inmotivadas dirigidas en contra de mi persona. ASIMISMO RECLAMO: El cumplimiento que pretenden dar a la orden de búsqueda y detención, por las cuales se me pretende privar de mi libertad personal en forma ilegal y obviamente, causarme molestias en mi persona y en mi domicilio." En ese ocurso el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio Por auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, este juzgado registró el asunto como juicio de amparo 544/2022-6; admitió a trámite la demanda; otorgó la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado tuvo ejecución en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio P. VI/2004, visible en la página 255, del tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 181810, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: El citatorio emitido en la carpeta de investigación 54114/2022 del índice de la agente del Ministerio Público número uno de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Celaya, Guanajuato, con motivo de las medidas de protección ahí dictadas. Actos atribuidos a las siguientes autoridades: 1. Agente del Ministerio Público número uno de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Celaya, Guanajuato. 2. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya. 3. Fiscalía General del estado de Guanajuato. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado No ciertos los actos que se reclamados del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya ni de la Fiscalía General del estado de Guanajuato, porque así lo manifestaron al rendir su informe justificado, respectivamente. Por tanto, si el peticionario de la tutela federal no ofreció prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Ante la inexistencia de los actos reclamados de las citadas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio. Al no oponerse a la actual legislación, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto atribuido a la agente del Ministerio Público número uno de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Celaya, Guanajuato, en virtud que así lo manifestó al rendir su informe justificado. CUARTO. Improcedencia del juicio Establecida la existencia del acto reclamado y considerando que el análisis de las causas de improcedencia es de orden público, preferente y oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta juzgadora advierte que se materializa un supuesto de improcedencia del juicio que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado, como a continuación se demostrará. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (...)" De la intelección de estos preceptos se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no designa como responsable a la autoridad que emitió el acto reclamado. En el caso, la parte quejosa reclama el citatorio emitido en la carpeta de investigación 54114/2022, con motivo de las medidas de protección ahí dictadas, que atribuyó a la agente del Ministerio Público número uno de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Celaya, Guanajuato, entre otras. Sin embargo, del informe justificado rendido por tal autoridad responsable, se advierte que quien emitió el citatorio impugnado es Saraí Martínez Hernández, agente de investigación criminal adscrita a la Unidad Integral de Atención a la Mujer. Se afirma lo anterior, en virtud que así se desprende de las documentales aportadas por la fiscal responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De esas constancias se obtiene que la autoridad responsable libró el oficio 3934/2022 a través del cual solicitó la asignación de elementos adscritos a la Unidad aludida para que notificaran de manera personal o, en su caso, citaran al aquí quejoso Marco Antonio Luna Luna a fin de hacerle de su conocimiento la medida de protección dictada en la carpeta de investigación 54114/2022. Atento a ello, por misiva 1786/AIC/2022, la agente de Investigación Criminal adscrita a la Unidad Integral de Atención a la Mujer, Saraí Martínez Hernández, comunicó a la autoridad responsable que al no encontrar a la persona buscada, esto es, al quejoso, dejó citatorio para que se presentara el diecinueve de mayo de dos mil veintidós ante las oficinas de la representación social; para acreditarlo, insertó imágenes relativas a la fachada de un domicilio y del citatorio que refirió haber dejado. Tales circunstancias las advirtió esta potestad, así como que dicha autoridad ?Saraí Martínez Hernández, agente de investigación criminal adscrita a la Unidad Integral de Atención a la Mujer? no había sido designada como responsable por la parte quejosa, en su libelo inicial de demanda. Por lo cual, mediante proveído de cinco de agosto del año que transcurre, se le requirió para que manifestara si era su deseo señalarla como responsable, bajo apercibimiento que de no pronunciarse dentro del lapso indicado, se le tendría por desinteresada, siguiendo el juicio conforme al planteamiento realizado en el escrito primigenio. Atento a ello, se ordenó notificar personalmente a la parte peticionaria de garantías ese auto, lo que ocurrió el once de agosto siguiente, a través de la lista de acuerdos fijada en este órgano jurisdiccional, en virtud que no atendió el citatorio de ocho de agosto del año en curso. Luego, por auto de veintiuno de septiembre pasado, se hizo constar que el amparista no desahogó, en el término de quince días concedido, el requerimiento que se le formuló; por tanto, se hizo efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y se ordenó continuar el trámite del juicio en los términos planteados en su demanda inicial. En este sentido, esta potestad está jurídicamente imposibilitada para analizar la constitucionalidad del citatorio reclamado, pues fue emitido por Saraí Martínez Hernández, agente de investigación criminal adscrita a la Unidad Integral de Atención a la Mujer, quien no fue designada como autoridad responsable y, por ende, no tuvo intervención en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, enero de 1999, página 113, Novena Época; cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". Asimismo, se invoca la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 80, Agosto de 1994, página 55, Octava época, con número electrónico de registro 210740, que textualmente dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Sin que este juzgado se encuentre facultado para subsanar la omisión apuntada, toda vez que la parte quejosa tuvo oportunidad de hacerlo cuando se le notificó el proveído de requerimiento para que manifestara si señalaba o no como responsable a la autoridad supracitada, lo cual no hizo, a pesar de que fue debidamente notificada. Además, no debe pasar desapercibido que la designación de autoridades responsables es una carga que pesa sobre la parte peticionaria del amparo, según se deduce del numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, y su incumplimiento no es subsanable en suplencia de la queja deficiente, pues ésta se constriñe, con arreglo al artículo 79 fracción III de la ley de la materia, en relación con los conceptos de violación o con los agravios que se hagan valer en los recursos que establece dicho cuerpo normativo, no así por cuanto a los demás requisitos de la demanda de amparo, entre los cuales destacan la designación de la autoridad o autoridades responsables, lo cual es deber del solicitante de la protección constitucional. Resulta aplicable la tesis 3a. LXXXIII/91 sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII-Mayo de 1991, página 45, Octava Época, con número de registro digital 206996; que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PUEDE OPERAR PARA SUBSANAR LA OMISIÓN DE LA PARTE QUEJOSA DE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE TIENE EL CARÁCTER DE RESPONSABLE. El señalamiento de las autoridades responsables es una obligación que pesa sobre la parte quejosa y no en el Juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, de manera que la falta del llamado a juicio de una autoridad deriva de la omisión de señalarla como responsable, no puede llevar a establecer que se infringen las norma fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías, ni puede operar la suplencia de la queja para subsanar la omisión, en tanto que al figura de referencia, prevista por el artículo 76 bis de la citada ley, se da en relación con los conceptos de violación o de los agravios hechos valer en el recurso correspondiente, lo que permite perfeccionarlos, aclararlos o complementarlos". Así como, la tesis I.8o.C.10 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, página 1026, Novena Época, con registro digital 203094, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PROCEDE RESPECTO AL SEÑALAMIENTO DE AUTORIDADES RESPONSABLES. La suplencia de la queja opera únicamente en los casos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, respecto a los conceptos de violación de la demanda, pero de ninguna forma autoriza a suplir respecto al señalamiento de autoridades responsables". QUINTO. Decisión Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, en relación con el 61, fracción XXIII, en concordancia con el 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo, en términos de lo expuesto en la presente resolución. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Plazo vencido Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa en auto de cinco de agosto del año en curso, en que se dio vista para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la ahí precisada, sin que se haya pronunciado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó y, por ende, se le tiene por desinteresada en ampliar su demanda; continúese el trámite del presente juicio en los términos señalados inicialmente.

  3. Principal

    Estado procesal Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de cinco de agosto actual, se requirió a la parte quejosa para que, dentro del plazo de quince días, computado legalmente, manifestara su deseo o no de ampliar su demanda de amparo por cuanto a la autoridad ahí señalada; sin embargo, aún se encuentra transcurriendo el plazo concedido para ello, en virtud que fue notificado por lista de acuerdos el ocho de agosto reciente. Diferimiento de la audiencia constitucional En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con treinta y siete minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, para su verificativo.

  4. Principal

    Autoridad remite documental Agréguese el oficio de la agente del Ministerio Público número 1 de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de la Fiscalía Regional "C", por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en auto de dos de agosto actual, remite copia certificada del oficio ***************. Ahora, de la revisión de dicha documental se advierte que la emisión del oficio ************, que contiene al parecer el citatorio dirigido al aquí actor constitucional, fue suscrito por *************** agente de Investigación Criminal adscrita a la Unidad Integral de Atención a la Mujer inherente a la carpeta de investigación ******************. De ahí que se considera actualizada la intervención de una nueva autoridad en la emisión del acto reclamado, la cual no ha sido señalada como responsable. Por tanto, con fundamento en los artículos 17, 108, 110 y 111, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable a Saraí Martínez Hernández agente de Investigación Criminal adscrita a la Unidad Integral de Atención a la Mujer; en caso afirmativo, precise cuál es el acto que le atribuye. En el entendido, que su escrito de ampliación deberá contener los requisitos que contempla el artículo 108 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de no pronunciarse en relación a lo anterior o de hacerlo de manera extemporánea, se le tendrá por desinteresada en ampliar su demanda de amparo en los términos precisados y se seguirá el trámite del presente juicio de conformidad con el planteamiento realizado en la demanda inicial. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J 112/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA."

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