Marco Antonio Medina Del Río

Expediente 813/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
813/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
29/11/2017

Partes del expediente

  • Marco Antonio Medina Del Río

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en el juicio en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliaxxxx, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada xxxx. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en el buzón de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito, en esta ciudad, el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, y turnado a este juzgado el diecinueve de septiembre del año en curso, XXXX demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos las autoridades y actos siguientes: a) Del Juez de Control del distrito judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, el haber declarado de legal su detención y dictar auto de vinculación a proceso por el delito de trata de personas dentro de la causa penal 1912/17, y, b) Del Director del Centro de Reinserción Social Estatal de Número Tres, con residencia en esta ciudad, la detención del mismo en el centro de reclusión. 2. Derechos constitucionales que se estimaron violados. La parte quejosa consideró vulnerados los derechos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite, se ordenó registrar el asunto bajo el consecutivo 813/2017-I-2; se solicitaron los informes justificados a las responsables, se dio la intervención al agente del ministerio público adscrito a este juzgado, se emplazó a los terceros interesados y se señaló fecha para la audiencia constitucional. Ahora, del estado de autos, se advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; b) Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y c) Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezara a contar al día siguiente en que: 1) surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2) tuvo conocimiento el quejoso; o bien, 3) se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, la parte quejosa reclama el haber declarado legal la detención del aquí quejoso, así como el auto de vinculación a proceso emitido el veintidós de agosto del año en curso, presididas por el Juez de Control del distrito judicial Bravos, en la causa penal 1912/2017, que se le instruye con motivo de los hechos constitutivos del delito de trata de personas. En la especie, las constancias remitidas por el Juez responsable (fojas 25 a 33 y 48 a 77) revelan que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia de esos actos reclamados el mismo día de su emisión, pues estuvo presente en la audiencia de control de detención realizada el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, en la que se declaró de legal la misma, al igual que en la diversa audiencia impugnada, que fue celebrada el veintidós de agosto también de dos mil diecisiete, en la que se dictó el auto de vinculación a proceso. Esto es así, porque el artículo 49, primer párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, dispone que las resoluciones pronunciadas durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes en el procedimiento que hubieren asistido o debieron asistir a las mismas; por tanto, desde la celebración de las audiencias en que se declaró de legal detención y se dictó el auto de vinculación a proceso el quejoso tuvo conocimiento de su existencia. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues el término de quince días que tenía para su promoción comenzó a partir del día siguiente hábil, es decir, a partir del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, y por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, a partir del veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, según lo establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, se infiere que el termino para la presentación de la demanda concluyó el siete de septiembre del año en curso, respecto al primero de los actos reclamados, así como por el diverso auto de vinculación a proceso finalizó el doce de septiembre de dos mil diecisiete, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de agosto, así como el dos tres, nueve y diez de septiembre del año actual, por ser días no laborables de conformidad con el ordinal 19 de la legislación de la materia. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues el promovente tuvo conocimiento pleno de la celebración y emisión de los actos analizados en este apartado en las datas antes indicadas y dado que el juicio constitucional se inició el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, su promoción resulta fuera del plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. Sin que se advierta que el referido acto reclamado, se ubique dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Corolario de lo antes expuesto, sobre los actos reclamados en el escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18; por resultar extemporánea, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de la audiencia de control de detención en que se declaró de legal la detención del quejoso, y el auto de vinculación a proceso dictados dentro de la causa penal 1912/2017. Apoya lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia P./J. 45/2014 (10ª) emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página cinco, Tomo I, Materia Común, del Libro 7, de Junio de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2006652, cuyo rubro y texto estatuye: ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate. En consecuencia, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en la fracción V del arábigo 63 de la citada Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, con número de registro 184572, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, pagina 386, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sobreseimiento que se hace extensivo por la diversa autoridad ejecutora Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad, respecto al acto que se le endilga por no reclamarse por vicios propios. Encuentra apoyo la jurisprudencia 516emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 339, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Apéndice de 1995, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 394472, cuyo rubro y texto establece: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXX, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXX. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por parte de la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; por el cual, da cumplimiento al requerimiento efectuado el diecisiete de los actuales y remite copia certificada del emplazamiento realizado a la tercero interesada *******, así como del auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa penal *******, instruida en contra del aquí quejoso *******; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, en virtud de que no se saldan los extremos del arábigo 117 de la citada legislación, conforme al cual, el informe justificado y las constancias en las que se apoye, deben ser rendidos por lo menos con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, con el objeto de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses. Esto es así, puesto que, como se advierte de proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, con fundamento en el referido numeral, se ordenó dar vista a las partes con el informe que remitió el Juez de Control del distrito judicial Bravos, con relación al término concedido en el citado auto, aún no transcurren los ocho días concedidos para los efectos referidos en las líneas que anteceden. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.21/2008, sustentada por el Máximo Tribunal del País, visible en la página 151, tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la aludida audiencia, y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

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