Marco Antonio Hernández
Expediente 1174/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 27 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1174/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Marco Antonio Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de julio de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó en su totalidad, de conformidad con lo establecido en la fracción I), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración de cuadernos incidentales En cuanto a los cuadernos relativos al incidente de suspensión, el ORIGINAL es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo; mientras que, el DUPLICADO es DESTRUIBLE, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, conforme al cual ya no es necesario tramitar incidente de suspensión duplicado. Disposiciones generales de archivo De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que la sentencia dictada en este juicio de amparo, no se notificó a la tercera interesada (víctima en la causa penal de la cual derivó el acto reclamado), ni al agente del Ministerio Púbico con carácter de tercero interesado. Por lo tanto, se comisiona a la Actuaría de este Juzgado, para que notifique dicha sentencia a los terceros interesados mencionados en el párrafo que antecede. Notifíquese en lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 1174/2022-IV, promovido por ********************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. El quejoso ********************, promovió este juicio de amparo, mediante demanda presentada el veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnada a este Juzgado el mismo día, donde se recibió el veintiuno de diciembre siguiente. En dicha demanda, el quejoso señaló como actos reclamados y autoridades responsables, los precisados en el considerando segundo. Segundo. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés se registró la demanda de referencia bajo el expediente 1174/2023-IV, se admitió a trámite, se requirió informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede, previo emplazamiento de la tercera interesada, y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclamaron actos ocurridos dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis de las constancias que integran este juicio, se indica que el quejoso reclamó lo siguiente: Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos; Fiscal de Distrito, Zona Norte; y, Coordinadora Regional, Zona Norte, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, con residencia en esta ciudad; así como Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a quienes reclamó: La orden de aprehensión dictada en su contra. Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte y Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en el Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, en esta ciudad, a quienes reclamó: La ejecución de dicha orden de aprehensión. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Ahora bien, las autoridades ordenadoras Fiscal de Distrito, Zona Norte y Coordinadora Regional, Zona Norte, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, con residencia en esta ciudad, así como Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en sus informes justificados, manifestaron que es cierto el acto que se les reclama; sin embargo, dichas afirmativas se desvirtúan, pues la única autoridad facultada para dictar actos de molestia privativos de la libertad, como lo es la orden de aprehensión, es la autoridad jurisdiccional, esto conforme al artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. En otro orden, la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclamó, asimismo, exhibió la videograbación, en disco compacto formato DVD, de la audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en la cual el agente del Ministerio Público le solicitó que dictara esa orden de captura y la misma se dictó; posteriormente, a través de oficio recibido en este Juzgado el siete de marzo del año en curso, remitió el registro escrito de dicha orden de aprehensión, dictada en contra del quejoso, por su aparente participación en los hechos considerados por la ley penal como delito de violencia familiar. Por lo que, al contar tales constancias con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se tiene fehacientemente demostrada la existencia de la orden de aprehensión reclamada. Asimismo, las autoridades responsables Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte y Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en el Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, en esta ciudad, en sus informes justificados, manifestaron que es cierto el acto de ejecución que se les reclama. Así pues, se tiene fehacientemente demostrada la existencia de los actos reclamados a dichas autoridades responsables. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Es decir, que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclame un acto emanado de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de un cambio de situación jurídico, deban considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Se afirma que en el caso ocurrió un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión reclamada, pues de las constancias que remitió la Jueza responsable, recibidas en este juzgado el diecinueve de junio del año en curso, se desprenden las siguientes actuaciones practicadas en la causa penal ********************/2022: El auto de dos de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se recibió la comparecencia por escrito, del imputado, aquí quejoso, mediante la cual solicitó que se señalaran fecha y hora a fin de llevar a cabo audiencia para recibir su comparecencia voluntaria; para lo cual se señalaron las nueve horas del nueve de junio del año en curso. La constancia de asistencia, levantada a las nueve horas del nueve de junio del año en curso, en la cual se hizo constar que se apersonaron, entre otras personas, el imputado, aquí quejoso; así como el acuerdo de la misma fecha, en el que, por cuestiones administrativas, la audiencia señalada para esas fecha y hora, se difirió para las nueve horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Penales, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por la Jueza responsable, en ejercicio de sus funciones, quien está dotada de fe pública, conforme al artículo 82, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. De manera que, no puede analizarse la orden de aprehensión reclamada, pues se afectaría la determinación que ahora regula su situación jurídica, que es el auto de nueve de junio del año en curso, en el cual se señalaron las nueve horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés, para recibir la comparecencia del imputado y proveer lo conducente, esto es, el quejoso ahora debe estarse, en cuanto a su situación jurídica relativa a la causa penal ********************/2022, a lo que resulte de dicha comparecencia. No se pierde de vista que en este asunto, la audiencia constitucional se celebró el treinta y uno de marzo del año en curso y que las constancias que actualizan la causal de improcedencia en comento, se recibieron con posterioridad, en este Juzgado, precisamente el diecinueve de junio del año en curso, sin embargo, estas constancias pueden ser tomadas en cuenta, no obstante lo anterior, pues actualizan, sin lugar a dudas, dicha causal de improcedencia. Apoya lo anterior, la tesis II.1o.P.33 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, página 664, materia Común, Novena Época, con registro digital 189524, del rubro y texto siguientes: AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DESPUÉS DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO CON ELLOS SE ACREDITE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Si después de celebrada la audiencia constitucional, el Juez de Distrito toma en cuenta documentos que sirvieron para hacer de su conocimiento una causal de improcedencia, no puede considerarse una violación al artículo 155 de la Ley de Amparo, ya que siendo las causales de improcedencia de estudio preferente, acorde con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la ley en cita, el Juez está obligado a su análisis previo a cualquier otra cuestión. Además de que en esta hipótesis, es justificado atender a su contenido, de acuerdo con el artículo 74, fracción III, de la invocada ley, el cual establece que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga una causa de improcedencia, las que se rigen por disposiciones de orden público. Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, sobreseer este asunto. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades responsables ejecutoras, pues no se les reclamaron actos por vicios propios. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veinte de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE LA SENTENCIA DE VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE:Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 1174/2022-IV, promovido por ********************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. El quejoso ********************, promovió este juicio de amparo, mediante demanda presentada el veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnada a este Juzgado el mismo día, donde se recibió el veintiuno de diciembre siguiente. En dicha demanda, el quejoso señaló como actos reclamados y autoridades responsables, los precisados en el considerando segundo. Segundo. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés se registró la demanda de referencia bajo el expediente 1174/2023-IV, se admitió a trámite, se requirió informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede, previo emplazamiento de la tercera interesada, y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclamaron actos ocurridos dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis de las constancias que integran este juicio, se indica que el quejoso reclamó lo siguiente: Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos; Fiscal de Distrito, Zona Norte; y, Coordinadora Regional, Zona Norte, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, con residencia en esta ciudad; así como Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a quienes reclamó: La orden de aprehensión dictada en su contra. Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte y Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en el Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, en esta ciudad, a quienes reclamó: La ejecución de dicha orden de aprehensión. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Ahora bien, las autoridades ordenadoras Fiscal de Distrito, Zona Norte y Coordinadora Regional, Zona Norte, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, con residencia en esta ciudad, así como Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en sus informes justificados, manifestaron que es cierto el acto que se les reclama; sin embargo, dichas afirmativas se desvirtúan, pues la única autoridad facultada para dictar actos de molestia privativos de la libertad, como lo es la orden de aprehensión, es la autoridad jurisdiccional, esto conforme al artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. En otro orden, la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclamó, asimismo, exhibió la videograbación, en disco compacto formato DVD, de la audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en la cual el agente del Ministerio Público le solicitó que dictara esa orden de captura y la misma se dictó; posteriormente, a través de oficio recibido en este Juzgado el siete de marzo del año en curso, remitió el registro escrito de dicha orden de aprehensión, dictada en contra del quejoso, por su aparente participación en los hechos considerados por la ley penal como delito de violencia familiar. Por lo que, al contar tales constancias con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se tiene fehacientemente demostrada la existencia de la orden de aprehensión reclamada. Asimismo, las autoridades responsables Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte y Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en el Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, en esta ciudad, en sus informes justificados, manifestaron que es cierto el acto de ejecución que se les reclama. Así pues, se tiene fehacientemente demostrada la existencia de los actos reclamados a dichas autoridades responsables. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo.En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Es decir, que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclame un acto emanado de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de un cambio de situación jurídico, deban considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Se afirma que en el caso ocurrió un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión reclamada, pues de las constancias que remitió la Jueza responsable, recibidas en este juzgado el diecinueve de junio del año en curso, se desprenden las siguientes actuaciones practicadas en la causa penal ********************/2022: El auto de dos de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se recibió la comparecencia por escrito, del imputado, aquí quejoso, mediante la cual solicitó que se señalaran fecha y hora a fin de llevar a cabo audiencia para recibir su comparecencia voluntaria; para lo cual se señalaron las nueve horas del nueve de junio del año en curso. La constancia de asistencia, levantada a las nueve horas del nueve de junio del año en curso, en la cual se hizo constar que se apersonaron, entre otras personas, el imputado, aquí quejoso; así como el acuerdo de la misma fecha, en el que, por cuestiones administrativas, la audiencia señalada para esas fecha y hora, se difirió para las nueve horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Penales, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por la Jueza responsable, en ejercicio de sus funciones, quien está dotada de fe pública, conforme al artículo 82, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. De manera que, no puede analizarse la orden de aprehensión reclamada, pues se afectaría la determinación que ahora regula su situación jurídica, que es el auto de nueve de junio del año en curso, en el cual se señalaron las nueve horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés, para recibir la comparecencia del imputado y proveer lo conducente, esto es, el quejoso ahora debe estarse, en cuanto a su situación jurídica relativa a la causa penal ********************/2022, a lo que resulte de dicha comparecencia. No se pierde de vista que en este asunto, la audiencia constitucional se celebró el treinta y uno de marzo del año en curso y que las constancias que actualizan la causal de improcedencia en comento, se recibieron con posterioridad, en este Juzgado, precisamente el diecinueve de junio del año en curso, sin embargo, estas constancias pueden ser tomadas en cuenta, no obstante lo anterior, pues actualizan, sin lugar a dudas, dicha causal de improcedencia. Apoya lo anterior, la tesis II.1o.P.33 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, página 664, materia Común, Novena Época, con registro digital 189524, del rubro y texto siguientes: AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DESPUÉS DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO CON ELLOS SE ACREDITE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Si después de celebrada la audiencia constitucional, el Juez de Distrito toma en cuenta documentos que sirvieron para hacer de su conocimiento una causal de improcedencia, no puede considerarse una violación al artículo 155 de la Ley de Amparo, ya que siendo las causales de improcedencia de estudio preferente, acorde con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la ley en cita, el Juez está obligado a su análisis previo a cualquier otra cuestión. Además de que en esta hipótesis, es justificado atender a su contenido, de acuerdo con el artículo 74, fracción III, de la invocada ley, el cual establece que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga una causa de improcedencia, las que se rigen por disposiciones de orden público. Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, sobreseer este asunto. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades responsables ejecutoras, pues no se les reclamaron actos por vicios propios. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veinte de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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