Marco Antonio Ramírez Solís
Expediente 129/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 16/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Marco Antonio Ramírez Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los oficios y anexos remitidos por el Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla y el Tesorero, ambos del Municipio de Juárez. Se tiene al primero, aduciendo el cumplimiento al fallo protector; sin embargo, se reserva proveer al respecto hasta en tanto la diversa autoridad oficiante, también lo efectúe. Enseguida, se tiene al Tesorero Municipal de Ciudad Juárez, informando las gestiones tendientes a cumplir con el fallo protector; asimismo, para estar en posibilidad de cumplimentar lo anterior, solicita le sea otorgada una prórroga, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del arábigo 192 de la Ley de Amparo, le es concedido un plazo de diez días hábiles a fin de que cumpla total y cabalmente el fallo protector, mismos que comenzarán a computarse a partir de que reciba el oficio correspondiente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, al que anexa los autos originales del juicio de amparo 129/2019-IV, así como copia certificada de la resolución pronunciada por el referido Tribunal Colegiado, en el toca de amparo en revisión 227/2019, con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, de cuyo contenido se advierte que resolvió: PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados por el a quo, la Justicia de la Unión ampara y protege a *******, contra al acto que reclamó al Juez Cívico del Centro de Recuperación Cívica Total del Municipio de Juárez (.). Por tanto, se ordena con transcripción del presente proveído, acusar de recibo a la Alzada y hacer las anotaciones relativas en el libro de gobierno y libros electrónicos. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, se requiere al Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla, al Tesorero y al Director de Ingresos, todos del Municipio de Juárez, su cumplimiento, dentro del ámbito respectivo de sus competencias, mismo que fue concedido para que los efectos siguientes: En ese sentido, lo que procede es otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos de que: 1. El Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, deje insubsistente, de manera lisa y llana, la resolución dictada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, relativa a la remisión con número de folio *******, en la cual sancionó a *******, a cumplir treinta y seis horas de arresto inconmutables en las instalaciones del Centro de Recuperación Cívica Total (CE.RE.CI.TO.). 2. El Tesorero y el Director de Ingresos, ambos del Municipio de Juárez, Chihuahua, devuelvan al quejoso, únicamente, el importe que pago por concepto de "salida anticipada", al ser éste la consecuencia derivada del arresto aquí reclamado. Por ello, se requiere a las autoridades de referencia, para que dentro del término de tres días posteriores a la recepción del oficio relativo a este auto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, informen a este Juzgado el cumplimiento de la sentencia concesoria, mismo que deberán acreditar con las constancias pertinentes. Se les apercibe, que en caso de no dar cumplimiento a lo que antecede, en el periodo concedido para ello, se remitirá este juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación. Aunado a lo previo, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá una multa por cien unidades de medida y actualización -a cada una- equivalente a ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, moneda nacional ($8,449.00). Finalmente, según lo dispuesto por los arábigos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente Municipal de Juárez, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables aludidas, para que en el mismo término de tres días a partir de su legal notificación, les ordene que cumplan con lo anterior y que lo acrediten ante este juzgado con las constancias respectivas, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio las órdenes, incurrirá en las mismas responsabilidades que ellas. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta localidad, mediante acusa recibo del diverso remitido por este Juzgado, al que se anexaron los autos del juicio de amparo 129/2019, así como original y copia del escrito de expresión de agravios relativo al recurso de revisión interpuesto. Asimismo, comunica que la Superioridad admitió y registró dicho medio de impugnación bajo el número 227/2019. Lo previo, acorde a lo dispuesto por el arábigo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.
- Principal
SentenciaVistos los autos para resolver el juicio de amparo 129/2019, promovido por *******, en nombre del quejoso *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. El veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, la demanda promovida por *******, en nombre del quejoso *******, la cual fue turnada a este juzgado el mismo día. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Cívico del Centro de Recuperación Cívica Total y Director General de Tránsito, ambos con residencia en esta ciudad, a quienes les reclamó las órdenes de arresto y la incomunicación ejecutadas sobre la persona del quejoso, así como el decomiso del vehículo de este último, identificado con número de serie *******, marca *******, línea *******, modelo ******* y color *******. Segundo. Ampliación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil diecinueve (foja 36), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, remitido a este juzgado hasta el día hábil siguiente (foja 36), el quejoso amplió su demanda inicial, señalando como nuevas autoridades responsables al Tesorero y al Director de Ingresos, ambos de la Tesorería del Municipio de Juárez, Chihuahua, a quienes les reclamó el cobro de la multa que se le impuso en la infracción de tránsito con número *******, por la cantidad de $*******. Tercero. Ampliación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de abril de dos mil diecinueve (foja 113), en la oficialía de partes de este juzgado, el quejoso amplió por segunda ocasión su demanda inicial, esta vez, reclamando del Juez Cívico del Centro de Recuperación Cívica Total (autoridad previamente señalada como responsable), la resolución que emitió el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en la que determinó sancionarlo con treinta y seis horas de arresto, por conducir en estado de ebriedad. Cuarto. Derechos humanos que la parte quejosa estima violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 21, 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quinto. Tramitación de la demanda. Previa ratificación, auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (foja 16), se admitió a trámite la demanda inicial y en proveídos de doce de marzo de la presente anualidad (foja 39) y diez de abril del año en curso (foja 115), las ampliaciones, por lo que se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, tal como se hizo constar en la audiencia constitucional, en auto de veintitrés de abril de dos mil diecinueve (foja 125), se dio vista al quejoso para que ampliara su demanda de amparo, respecto de los agentes de tránsito ******* y *******, sin embargo, mediante escrito presentado por el quejoso en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, manifestó su deseo de no señalarlos como autoridades responsables. Seguido el trámite, se celebró la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el quejoso reclama lo siguiente: a) Del Juez Cívico del Centro de Recuperación Cívica Total, con residencia en esta ciudad: - La resolución que emitió el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, relativa a la remisión con número de folio *******, en la que determinó sancionarlo con treinta y seis horas de arresto, por conducir en estado de ebriedad. - La incomunicación ejecutada sobre su persona, durante el tiempo que permaneció recluido el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en las instalaciones del Centro de Recuperación Cívica Total, con sede en esta ciudad. b) Del Director de Tránsito del Municipio de Juárez, Chihuahua: - La detención que se efectuó sobre su persona, el veintidós de febrero de dos mil diecinueve. - La incomunicación ejecutada sobre su persona, durante el tiempo que permaneció recluido el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en las instalaciones del Centro de Recuperación Cívica Total, con sede en esta ciudad. - El decomiso del vehículo identificado con número de serie *******, marca *******, línea *******, modelo ******* y color *******, respecto del cual se ostenta propietario. c) Del Tesorero y Director de Ingresos, ambos de la Tesorería del Municipio de Juárez, Chihuahua: - El cobro de la multa que se le impuso en la infracción de tránsito con número *******, por la cantidad de $*******. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Juez Cívico del Centro de Recuperación Cívica Total, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado (foja 47), negó el acto que le atribuyó, el accionante del amparo, consistente en la incomunicación ejecutada sobre su persona. Por su parte, el Director de Tránsito del Municipio de Juárez, Chihuahua, al rendir su informe justificado (foja 52), negó los actos que le endilgó, el promovente del amparo, consistentes en la detención e incomunicación, ejecutadas sobre su persona, así como el decomiso del vehículo identificado con número de serie *******, marca *******, línea *******, modelo ******* y color *******, respecto del cual, se ostenta propietario. Lo que se corrobora con la orden de remisión con número de folio *******, enviada en copia certificada por el Juez Cívico del Centro de Recuperación Cívica Total (foja 57) y de la infracción de tránsito con número *******, presentada al carbón por el quejoso (foja 30), de las cuales se desprende que quienes realizaron la detención y el decomiso descrito, fueron los agentes de tránsito ******* y *******, quienes no fueron señalados como autoridades responsables, pese a que se dio la oportunidad de hacerlo (fojas 125 y 133). Ello, sin que pase desapercibido para este juzgador que, respecto del decomiso multicitado, a foja 38 del escrito relativo a la primer ampliación de demanda, el quejoso manifestó que ya recuperó el vehículo en comento. Luego, el Tesorero y el Director de Ingresos, ambos de la Tesorería del Municipio de Juárez, Chihuahua, al rendir en conjunto su informe justificado (foja 75), manifestaron que no es cierto el acto que les fue reclamado, pues si bien recibieron el pago de la multa que le impusieron los agentes de tránsito ******* y ******* (quienes no fueron señalados como autoridades responsables) al quejoso en la infracción con número ******* y el diverso monto por concepto de "salida anticipada", lo cual dio un total de $*******, no ejercieron ninguna gestión de cobro, sino que fue el propio accionante del amparo quien el uno de marzo de dos mil diecinueve, voluntariamente, realizó el pago correspondiente. En efecto, el acto que se les atribuye al Tesorero y al Director de Ingresos, ambos de la Tesorería del Municipio de Juárez, Chihuahua, no es cierto, pues el pago de la multa y el concepto indicados, no provino de la acción coercitiva de dichas autoridades, sino de la voluntad del quejoso de efectuarlo. Se corrobora lo previo, con el certificado de ingresos con número de folio *******, de uno de marzo de dos mil diecinueve, expedido por la Tesorería Municipal, en el que consta el sello original de la dependencia en mención, mismo que exhibió el quejoso, agregado a foja 30, del cual no se desprende dato alguno de coacción por parte de las autoridades responsables de mérito para obtener el pago de la multa y concepto referidos. Lo anterior, sin que *******, haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tales negativas. Por lo tanto, los actos reclamados a las autoridades responsables a que se refiere este considerando, se tienen como inexistentes y en consecuencia, se impone sobreseer al respecto, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Tales documentos, cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones. En cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez Cívico del Centro de Recuperación Cívica Total, con residencia en esta ciudad, negó el acto que le fue atribuido, consistente en la resolución que emitió el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, relativa a la remisión con número de folio *******, en la que determinó sancionar al quejoso con treinta y seis horas de arresto, por conducir en estado de ebriedad. No obstante lo anterior, se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, toda vez que en sus propios informes justificados manifestó que el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, instauró un procedimiento administrativo en contra del quejoso y emitió una resolución en la que lo sancionó a cumplir treinta y seis horas de arresto, por conducir en estado de ebriedad. Además, de las constancias relativas al procedimiento administrativo en comento, que remitió adjuntas a su primer informe justificado, a foja 62, se advierte precisamente la resolución descrita. Por tanto, debe reputarse cierto el acto que le fue reclamado al Juez Cívico del Centro de Recuperación Cívica Total, con residencia en esta ciudad. Es aplicable al caso, por analogía de razón, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Tomo XIV, Julio de 1994 del Semanario Judicial de la Federación Octava Época, con el rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y además expongan razones o circunstancias de las que se desprenden que esos actos sí existen, pues en ese caso lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Finalmente, se precisa que los documentos descritos, cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Quinto. Causas de improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio de fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, cuyo contenido establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, el Tesorero y el Director de Ingresos, ambos de la Tesorería del Municipio de Juárez, Chihuahua, al rendir sus informes justificados refirieron que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto que se les atribuyó, consistente en el cobro de la multa que se le impuso al quejoso en la infracción de tránsito con número *******, por la cantidad de $*******, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad, antes de acudir al presente juicio de amparo. No obstante, no se realizará el estudio de la causal de improcedencia invocada al resultar innecesario, toda vez que en el considerando tercero de esta sentencia, se sobreseyó respecto del acto que se atribuyó a tales autoridades. Se cita por igualdad de razón, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 233, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, marzo de mil novecientos noventa y tres, octava época, materia común, con número de registro 216878, cuyo rubro y texto son los siguientes: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASI COMO DE LOS DEMAS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución. En ese contexto, dado que no se advierte la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado una diversa a la aquí indicada, se impone el análisis del fondo del asunto. Sexto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Séptimo. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El accionante del amparo reclama del Juez Cívico del Centro de Recuperación Cívica Total, con residencia en esta ciudad, la resolución que emitió el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, relativa a la remisión con número de folio *******, en la que determinó sancionarlo con treinta y seis horas de arresto, por conducir en estado de ebriedad. Lo anterior, argumentando medularmente que no se le respetó su derecho de audiencia, previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la responsable no le dio oportunidad de defenderse por sí o por abogado que lo representara, ni a ofrecer pruebas o alegar respecto de la falta administrativa que se le atribuyó. Al respecto, el concepto de violación que el quejoso esgrimió en su demanda de amparo inicial, así como en su ampliación, analizado a la luz de la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, es fundado. Tal suplencia de la queja deficiente radica en el hecho de que el acto aquí reclamado consiste en un arresto administrativo que ataca directamente la libertad personal del quejoso, lo cual, protege precisamente la Ley de Amparo, al otorgar seguridad jurídica a los gobernados, a través del dictado de una resolución de amparo que examine, de manera completa y acuciosa, el acto mediante el cual se ha ordenado dicha privación de la libertad. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 16/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página: 34, que dice: ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado diversos criterios procesales y sustantivos en torno a la imposición del arresto como medida de apremio, cuando se impugna en el juicio de garantías, bajo la consideración fundamental de que si bien dicho acto es de naturaleza formalmente civil, de conformidad con la autoridad jurisdiccional que lo ordena, también ha atendido, de manera preponderante, al estado de privación de la libertad personal del gobernado a que se expone con su ejecución, privación que se ha estimado como de protección superior, jurídica y axiológicamente. Por tanto, como la suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del quejoso, siendo su finalidad proteger la libertad personal y otorgar seguridad jurídica a los gobernados, a través del dictado de una resolución de amparo que examine, de manera completa y acuciosa, el acto mediante el cual se ha ordenado dicha privación de la libertad, debe concluirse que en los juicios de amparo en que aparezca como acto reclamado la imposición del referido arresto como medida de apremio, deberá suplirse la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del afectado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del invocado precepto legal, que resulta aplicable a los actos reclamados en materia civil. Ahora, a fin de conocer el procedimiento del que se duele expresamente el quejoso, es necesario analizar el marco normativo, contenido en los artículos 97, 100, 101, 166, 175 y 180 del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Chihuahua, que establece lo siguiente: Artículo 97.- Queda prohibido conducir, manejar o maniobrar vehículos en estado de ebriedad, cuando se tenga una cantidad de alcohol en aire expirado superior a los 0.075 % BAC (miligramos por litro de concentración de alcohol en sangre), así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos; determinándose dicha condición mediante alcoholímetro, o examen clínico realizado por personal del servicio médico oficial. (.) Artículo 100.- Para verificar si el conductor de un vehículo maneja bajo los efectos del alcohol, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicas, los agentes de la Dirección General pueden detener la marcha de un vehículo cuando la Dirección General establezca y lleve a cabo programas de control y preventivos de ingestión de alcohol u otras sustancias tóxicas para conductores de vehículos, respetando en todo momento sus derechos humanos. Estos programas serán publicados en la página de internet oficial del Municipio, así como en redes sociales, sin perjuicio de que puedan también dar a conocer en un periódico de mayor circulación en el Municipio. Dentro de los programas de control y preventivos de ingestión de alcohol, la Dirección General procederá de la siguiente manera: I. Establecerá puntos de observación y revisión aleatoria para detectar conductores de alto riesgo, sujetándose a lo siguiente: a) Los agentes de la Dirección General comisionados a los puntos de observación y revisión aleatoria, previo de haberse identificado con su nombre y número de empleado, encauzarán a los conductores para que ingresen sus vehículos al carril confinado; b) El conductor será sujeto a una prueba cualitativa (entrevista inicial) en la que se le pregunte si ha ingerido bebidas alcohólicas, procurando estar a una distancia adecuada que le permita percibir si emana de su respiración aliento alcohólico; c) Si derivado de la prueba cualitativa, el agente de la Dirección General se percata que el conductor no presenta ningún signo de haber ingerido bebidas alcohólicas, le permitirá continuar con su recorrido; d) Si derivado de la prueba cualitativa el agente de la Dirección General se percata de que el conductor muestra signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, el personal del servicio médico oficial comisionado, lo someterá a una prueba cuantitativa mediante alcoholímetro o examen clínico correspondiente. En caso de que el conductor no sobrepase la cantidad de alcohol permitida conforme al artículo 97 de este ordenamiento, o bien, el personal médico determine mediante examen clínico que no se encuentra en estado de ebriedad o de intoxicación por otras sustancias, se le permitirá continuar con su recorrido; e) Cuando el conductor sobrepase la cantidad de alcohol permitida en la prueba cuantitativa conforme al artículo 97 de este ordenamiento, o el personal médico determine mediante examen clínico que se encuentra en estado de ebriedad, o intoxicado por el consumo de otras sustancias, el vehículo será remitido al corralón que acuerde la Dirección General; f) Se solicitará al conductor la licencia de conducir, así como la tarjeta de circulación del vehículo y la póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros vigente; el personal del servicio médico de la Dirección General llenará y firmara el formato de examen médico correspondiente, mismo que deberá estar foliado y contener los datos de identificación necesarios que sirvan de base para la aplicación de las sanciones que procedan, e inmediatamente a su realización y debido llenado del formato del examen médico, se le entregará al conductor un ejemplar; g) Hecho lo anterior, el conductor será presentado ante el Juez Cívico con un ejemplar del examen médico practicado, el cual servirá como prueba fehaciente del estado de ebriedad o de intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicas, para que inicie su procedimiento de recuperación, y será sancionado con arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas, a disposición de la Dirección General, cumpliendo dicha sanción en las instalaciones del Centro de Recuperación Cívica Total (CERECITO), o en la cárcel preventiva del Municipio, y en caso de secciones municipales o comisarías de policía rural, se utilizarán los lugares de detención que para tal efecto tengan dichas circunscripciones territoriales, nunca en lugares destinados a la detención de individuos sujetos a un proceso penal; ( ...) II. Podrá detener vehículos en cualquier vía ante la conducción ofensiva. Artículo 101.- Cuando en cualquier vía y debido a la conducción ofensiva de vehículos, un agente se percate que el conductor muestre signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicas, se precederá de la siguiente forma: I. Indicará al conductor detener la marcha de su vehículo; II. Se identificará con su nombre y número de empleado; III. Someterá al conductor a una prueba cualitativa (entrevista inicial) en la que le cuestionará si ha ingerido bebidas alcohólicas, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicas, procurando estar a una distancia considerable que le permita percibir si emana de su respiración aliento alcohólico o muestra signos de haber ingerido, consumido, inhalado o aspirado narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos; IV. Si derivado de la prueba cualitativa, el agente percibe que el conductor no muestra ningún signo de haber ingerido bebidas alcohólicas o haber ingerido, consumido, inhalado o aspirado narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, se le permitirá continuar su recorrido; V. En caso de que el conductor muestre signos de haber ingerido bebidas alcohólicas o haber ingerido, consumido, inhalado o aspirado narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos; se le solicitará la licencia de conducir, la tarjeta de circulación y la póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros vigente y será remitido ante el servicio médico; VI. Si el personal del servicio del médico certifica mediante una prueba cuantitativa o examen clínico que el conductor se encuentra en estado de ebriedad o de intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, dicho personal llenará y firmara el formato de examen médico correspondiente; y el vehículo será remitido al corralón que acuerde la Dirección General, debiendo el conductor cubrir los derechos por concepto del servicio de arrastre del vehículo; VII. Hecho lo anterior, el conductor será presentado ante el juez cívico con un ejemplar del examen médico practicado, el cual servirá como prueba fehaciente del estado de ebriedad o de intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, para que inicie su procedimiento de recuperación, y será sancionado con arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas, a disposición de la Dirección General, cumpliendo dicha sanción en las instalaciones del Centro de Recuperación Cívica Total (CERECITO), o en la cárcel preventiva del Municipio, y en caso de secciones municipales o comisarías de Policía rural, se utilizarán los lugares de detención que para tal efecto tengan dichas circunscripciones territoriales, nunca en lugares destinados a la detención de individuos sujetos a un proceso penal. (.) Artículo 166.- Cuando el Juez Cívico tenga intervención de acuerdo a lo establecido en los artículos 100 fracción I, inciso g) y 101 fracción VII de este ordenamiento, procederá a conocer los hechos mediante hoja de remisión que le proporcionen el o los agentes de tránsito que le presenten al infractor, obrando adjunta a dicha remisión el certificado médico, donde se indique el resultado del alcoholímetro o del examen clínico practicado; procederá al análisis de la referida documentación, emitiendo una sanción de 24 a 36 horas de arresto, que deberán cumplirse en las instalaciones del Centro de Recuperación Cívica Total (CERECITO). Dicha sanción será inconmutable. Artículo 175.- Tienen el carácter de infracciones graves a la ley y este ordenamiento; I. El conducir, maniobrar o manejar un vehículo en estado de ebriedad o embriaguez; sin menoscabo de que el conductor sea menor de edad; (.) Artículo 180.- Cuando una infracción a la Ley o este Reglamento amerite la detención del conductor, como en el caso en que los conductores sobrepasen los límites de alcohol en la sangre en los términos del artículo 97 de este Reglamento, el agente de tránsito presentará al probable infractor ante el Juez Cívico del Centro de Recuperación Cívica Total (CERECITO), debiendo justificar la causa de la detención. (...) La intervención del Juez Cívico a que alude el presente numeral, se basará en la hoja de remisión que le proporcionen los agentes al momento de presentarle al infractor, la cual deberá contener por los menos, los siguientes datos: I. Nombre, edad y domicilio del presunto infractor; II. Hora y fecha de detención; III. Domicilio o zona de la detención; IV. Una relación sucinta de la presente infracción, anotándose las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como aquellos datos que fuesen necesarios para los fines del procedimiento; V. La descripción de objetos recogidos en su caso, que tuvieren relación con la presunta infracción, y VI. Nombre, grado y firmas de los agentes que realizaron el servicio. El Juez Cívico, una vez recibida la remisión del agente de tránsito, procederá conforme a lo siguiente: I. El procedimiento ante el juez será oral y público, salvo que por circunstancias especiales a criterio del propio Juez Cívico este determine que se desarrolle en privado; concentrándose a una audiencia en que se recibirán y desahogaran las constancias relativas al hecho, escuchándose además al presunto infractor para luego dictar la resolución respectiva; II. Concluida la audiencia, el Juez Cívico examinará y valorará las constancias presentadas; emitirá la resolución correspondiente en la que se declare si el presunto infractor es o no responsable de las infracciones que se le imputan y la sanción que en su caso imponga; resolución deberá dictarse en un término no mayor a seis horas, contadas a partir de que dio inicio el procedimiento y se notificará personalmente y en forma inmediata al infractor; (.) Los artículos transcritos revelan que los agentes de tránsito son los encargados de controlar el tránsito de vehículos en las vialidades y las calles de este municipio, por lo que se encuentran facultados para ordenar la detención de la circulación de vehículos y requerir al conductor la exhibición de los documentos vigentes que las normas jurídicas lo obligan a portar, como son la licencia de conducir, la tarjeta de circulación y la póliza de seguro con cobertura de daños a terceros que garantice su responsabilidad civil en caso de accidente. Asimismo, prevén que ninguna persona podrá conducir, manejar o maniobrar vehículos, en estado de ebriedad o bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas; en caso de que algún conductor se ubique en alguno de estos supuestos, queda obligado a someterse a las pruebas para la detección del grado de intoxicación que determine este reglamento o el médico oficial ante el cual sea presentado, por lo que una vez practicada la misma, el agente de tránsito entregará un ejemplar del comprobante de los resultados de la prueba al conductor, y de ser positivos los mismos, deberá presentar al conductor ante el Oficial Jurídico, a fin de que se instaure el procedimiento administrativo conducente, en el que procede como sanción un arresto inconmutable de veinticuatro a treinta y seis horas. En el presente asunto, obra la remisión con número de folio ******* (foja 57), de la que se desprende que en el cruce de las calles *******, a las tres horas con dos minutos del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal procedieron a marcar el alto al quejoso, quien tripulaba un vehículo automotor y una vez que lo entrevistaron, advirtieron que aparentemente había consumido bebidas embriagantes, por lo que lo condujeron ante el Médico de la Dirección de Tránsito, quien determinó que aquél sí se encontraba en estado de ebriedad, por lo cual fue llevado ante el Juez Cívico. Una vez presentado el quejoso ante el Juez Cívico, éste dio inicio a un procedimiento administrativo en su contra y dictó una resolución en la que determinó que *******, era responsable de conducir en estado de ebriedad, imponiéndole una sanción de treinta y seis horas de arresto inconmutables, en las instalaciones del Centro de Recuperación Cívica Total (CE.RE.CI.TO.). En el presente asunto, el quejoso afirma que la autoridad responsable no le dio oportunidad de aportar pruebas y sin las formalidades de ley le negó la oportunidad de encontrarse representado por un abogado defensor. Al respecto, al rendir su informe con justificación, la autoridad responsable remitió, entre otras cosas, las actuaciones relativas al expediente administrativo en cita, en el cual obra la constancia agregada a foja 61, en la que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180 del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Chihuahua, el Juez responsable asentó que escuchó al infractor, aquí quejoso, a las cuatro horas con diez minutos del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dentro del procedimiento administrativo instaurado en su contra, en una audiencia de carácter oral y pública, en la cual afirmó que se le informaron sus derechos, se le dio la opción de declarar o abstenerse de hacerlo, así como de aportar pruebas y en general estar en aptitud de defenderse por sí o por conducto de un abogado que lo represente. Ahora, dada la oposición expresa señalada por el quejoso, en cuanto al contenido, es necesario destacar, en principio, que en la referida documental la responsable refirió que el quejoso no manifestó nada y que se limitó a realizar gestos negativos y despreciativos respecto a lo que en ese momento se le dijo. Luego, lo alegado expresamente por el quejoso y la lectura de la constancia de referencia, conduce a este Juzgador a concluir que no obra prueba fehaciente de que al directamente agraviado se le haya dado la oportunidad de intervenir en el procedimiento que culminó con su arresto administrativo, ya que del contenido de la multicitada constancia no se desprende que fuera levantada con anterioridad a la resolución reclamada, pues además de que en la audiencia relativa sólo consta la fecha en que se celebró, no así la hora en que se levantó la misma, de la constancia que obra a fojas 61 se desprende que en ella se asentó que el quejoso se negó a firmar "la notificación de la resolución". Además, como dicha constancia no forma parte de la audiencia relativa a la resolución reclamada y existe la negativa del quejoso en el sentido de que no se le dio la intervención señalada, tal actuación tampoco permite establecer que verdaderamente haya intervenido el quejoso en la celebración de la audiencia, pues no obra su firma, ni la razón por la que el gobernado se hubiese negado a suscribir la actuación correspondiente, pues en la referida resolución, únicamente se advierte la rúbrica del Juez Cívico, dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla. Por tanto, no puede afirmarse que antes de la audiencia o durante la misma se le hicieron saber al quejoso los derechos con los que contaba; además, no existe dato alguno que corrobore lo determinado por el mencionado Juzgador o elemento probatorio que hubiera allegado al expediente que acreditara la comparecencia del recurrente, tal como fue precisado con anterioridad, a fin de que se cumplieran con las formalidades esenciales del procedimiento. Lo cual era una exigencia que debía cumplir la autoridad responsable, pues conforme al artículo 180 del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Chihuahua, el procedimiento ante el juez será oral y público, concentrándose a una audiencia en que se recibirán y desahogarán las constancias relativas al hecho, escuchándose además al presunto infractor para luego dictar la resolución respectiva, por lo que al no haberlo realizado, se generó una violación al procedimiento, afectando el derecho de defensa de la parte agraviada, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 180 del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Chihuahua. De tal suerte, que el referido procedimiento tramitado en su contra resulta contrario a derecho ya que la culminación del mismo fue una sanción privativa de libertad consistente en treinta y seis horas de arresto inconmutable, pues no existe la certeza de que se le dio la oportunidad de participar en el mismo, para que planteara lo que a su derecho conviniera, pues se reitera, en ninguna actuación se comprueba fehacientemente lo contrario. En la relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, al resultar fundado el concepto de violación, y al ser el acto reclamado una sanción privativa de libertad, la concesión del amparo deberá ser lisa y llana, porque de otro modo no se colmaría el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, pues el procedimiento administrativo instaurado en su contra, jurídicamente, se tramitó sin su presencia, ya que en ningún momento tuvo oportunidad de defenderse, previo a la emisión del arresto recurrido, lo que demuestra que el acto reclamado derivó de un procedimiento viciado de origen. Por tanto, deviene innecesario estudiar los diversos conceptos de violación que hace valer el quejoso, pues aún en el caso de calificarse como fundados, esto no modificaría la aquiescencia de la que ahora es objeto. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el informe al Semanario Judicial de la Federación de 1982, séptima época, página 8, de rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja. En ese sentido, lo que procede es otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos de que: 1. El Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, deje insubsistente, de manera lisa y llana, la resolución dictada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, relativa a la remisión con número de folio *******, en la cual sancionó a *******, a cumplir treinta y seis horas de arresto inconmutables en las instalaciones del Centro de Recuperación Cívica Total (CE.RE.CI.TO.). 2. El Tesorero y el Director de Ingresos, ambos del Municipio de Juárez, Chihuahua, devuelvan al quejoso, únicamente, el importe que pago por concepto de "salida anticipada", al ser éste la consecuencia derivada del arresto aquí reclamado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 493, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 326, tomo VI, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, quinta época, con número de registro 394449, del tenor siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 74, 75, 76, y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *******, en relación con los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, en los términos precisados y para los efectos indicados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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