Marco Antonio López Del Río
Expediente 460/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Marco Antonio López Del Río
- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como destruible según lo dispuesto por la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento, mientras que el duplicado es susceptible de destrucción, por lo que, una vez que transcurran seis meses, procédase a su destrucción. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto para resolver el juicio de amparo 460/2018-V, promovido por xxx; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, xxxxdemandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número Tres, en esta ciudad y el Actuario de su adscripción, a quienes reclamó el laudo emitido en autos del expediente 3/16/1294 y su ejecución. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Previa prevención y desahogo de ésta, por proveído de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite el juicio el amparo 469/2018-V, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente; y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que una vez diferida, se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, conlleva una ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la promovente y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Cobra aplicación la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así pues, analizadas todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en el laudo emitido en autos del expediente 3/16/1294 y su ejecución, el cual fue promovido por Luis Javier García Canales en contra de José Diego de León Enríquez y César Alberto Rodríguez Granados. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado por la hoy parte quejosa quedó plenamente demostrada en el juicio que nos ocupa. Efectivamente, resultan ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables en este juicio, pues al rendir el informe justificado reconocieron su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia del presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Este juzgador estima que el juicio de amparo es procedente contra el laudo emitido en autos del expediente 3/16/1294 y su ejecución, pues la parte quejosa acude a esta vía con el carácter de persona extraña al juicio de origen, con lo cual opera el supuesto previsto en el artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia. 107. VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; QUINTO. Cuestiones previas para resolver el asunto. De los autos y constancias que conforman el sumario se desprende lo siguiente: El doce de abril de dos mil dieciséis, se presentó en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la demanda promovida porxxx, por conducto de su apoderado legalxxx, en contra de xxxx quien resulte responsable, precisando que éstos podrían ser emplazados en el domicilio ubicado en xxxx, en esta ciudad (el cual el quejoso aduce es de su propiedad). Por auto de doce de abril de dos mil dieciséis, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje turnó dicha demanda a la Junta Especial Número Tres, para que le diera el trámite correspondiente, quien mediante proveído de la misma data, la admitió y ordenó se notificara a los demandados en el domicilio ubicado en xxxx, en esta ciudad, a fin de que hicieran de su conocimiento que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones tendría verificativo el diez de agosto de dos mil dieciséis, a las trece horas con diez minutos. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, el Actuario Número 5 adscrito a la Junta Especial Número Tres, a fin de emplazar a la parte demandada, devolvió el expediente 3/16/1294, devolvió el mismo, toda vez que no fue posible emplazar a la parte actora, en virtud de que al constituirse en el xxxx, en hizo un recorrido en su totalidad no logró localizar la calle señalada por lo que el funcionario solicitó ser acompañada por la parte actora a efecto de que señale su ubicación, lo que motivo que el diez de agosto de dos mil dieciséis, la parte actora insistiera en el domicilio y se comprometió a acompañar al Actuario a efecto de realizar la diligencia de emplazamiento; en consecuencia, se difirió la audiencia y se señalaron las once horas con diez minutos del dos de diciembre de dos mil dieciséis. El dieciséis de noviembre del citado año, la Actuaria Número Dos, adscrita a la Junta Responsable fue en busca del domicilio precisado por el quejoso, sin lograr un resultado positivo. El dos de diciembre de dos mil dieciséis, la parte actora aclaró que el domicilio para emplazar a los demandados era el ubicado en xxxxx en esta ciudad, atento a ello, se señalaron las doce horas con diez minutos del veintiocho de abril de dos mil diecisiete, a fin de celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y se turnaron los autos al Actuario a fin de que notificara a la parte demandada, en atención a ello, el nueve de marzo de dos mil diecisiete, el Actuario se constituyó en el domicilio precisado en líneas precedentes, y cerciorado de ser es el domicilio correcto, al establecer las características del mismo, se entrevistó conxxxx, quien se identificó como hermana del demandado, al no querer firmar el citatorio, el Actuario procedió a narrar su físico, por lo que dejó citatorio para las dieciséis horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil diecisiete, sin haber obtenido respuesta favorable. El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, a las doce horas con diez minutos, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, con la presencia de las partes por medio de sus apoderados legales, y una vez celebradas las audiencias correspondientes, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictó el laudo en el expediente 3/16/1294, en el cual determinó lo siguiente: RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La parte actora acreditó la acción ejercitada; y la parte demandada no justificó sus excepciones, es por lo que en consecuencia: SEGUNDO.- Se CONDENA xxxx y xxxx al pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el actor en su escrito inicial de demanda, así como a exhibir las constancias del pago de las aportaciones efectuadas ante elxxx, xxx y xxx. TERCERO.- Se concede a xxxx y xxxx, un término de quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación, a fin de que dé cumplimiento al resolutivo que antecede, en términos del artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo. 7.- Por auto de veinticinco de junio del año en curso, se decretó el mandato de ejecución el cual fue por la cantidad de $189,597.19 pesos (ciento ochenta y nueve mil quinientos noventa y siete pesos 19/100 moneda nacional), por lo que de conformidad con el artículo 951, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, se ordenó que en caso de que no se efectuara el pago se procediera al embargo sobre bienes propiedad de la parte ejecutada en cualquiera de los domicilios que refiere el citado artículo, y en caso de que los bienes embargados sean muebles estos se pondrán en depósito de la persona que designe la parte ejecutante bajo su responsabilidad, absteniéndose de embargar los bienes que señala el numeral 952 de la citada legislación. 8.- Ahora bien, de la constancia levantada a las trece horas del once de julio de dos mil dieciocho, por el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, se desprende que al constituirse en el domicilio ubicado en xxxx en esta ciudad, al no atender la puerta, no obstante que advirtieron que había gente en la casa, y al tener a la vista una camioneta blanca, Toyota, xxxx, de doble cabina, con placas xxxx, nacional, fue declarada legalmente embargada por la parte actora. SEXTO. Improcedencia del juicio. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa que de oficio se estima acreditada. En el caso, el suscrito resolutor determina que respecto del acto que reclama xxxx se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: "[.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.] De conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, para la procedencia del juicio de amparo se requiere, como presupuesto procesal, que el promovente del amparo acredite fehacientemente el perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución del acto reclamado, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del impetrante; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En ese entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, a la existencia de una afectación del interés legítimo que pudiera tener el peticionario o peticionarios. Un acto específicamente, puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas con relación a la formación, modificación o extinción de una relación de derecho, por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta su esfera jurídica, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6 de la ley de la materia. Sobre el particular, es aplicable la tesis 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, con número de registro 170500, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Enero de 2008, página 225, cuyo tenor literal es el siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Asimismo, cobra aplicación la tesis 168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Enero de 2008, página 225, cuyo texto literal es el siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De igual forma, la jurisprudencia sustentada por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Sala Auxiliar, página 97, cuyo texto literal es el siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial. El quejoso comparece al juicio constitucional como tercero extraño al expediente 3/16/1294, en el cual se condena a José Diego de León Enríquez y César Alberto Rodríguez Granados al pago de diversas prestaciones, las cuales fueron determinadas en mandato de ejecución de laudo, de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, y al no abrir la puerta, no obstante que tanto el Actuario como la parte quejosa advirtieron que se encontraba gente en la casa, y al tener a la vista una camioneta blanca, Toyota, xxx, de doble cabina, con placas xxxx, nacional, declarándola formal y legalmente embargada por la parte actora. En este orden, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que se reclama y su ejecución. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia antes indicada, en primer término porque de las constancias que obran en el expediente 3/16/1294, el quejoso xxxx no fue señalado como demandado por la parte actora, y únicamente se condenó a xxxx y xxxxx al pago de diversas prestaciones, no obstante que el emplazamiento de los demandados fue realizado en el domicilio del agraviado, y por otra parte el bien que se embargó lo constituyó una camioneta blanca, marca Toyota, xxx,de doble cabina, con placasxxx, nacional, del cual el peticionario no demostró con documento eficaz tener interés para defender en esta vía constitucional el derecho que le corresponde sobre el vehículo automotor descrito, que fuera embargado como consecuencia del laudo dictado por la Responsable, en virtud de que su acto se basa en la ejecución que quieren hacer sobre su propiedad, esto es, la casa ubicada en el cual refiere pretenden realizar en su domicilio ubicado en Calle xxxx, en esta ciudad. En ese tenor, al no aportar prueba fehaciente que acredite el derecho que tiene para impugnar el embargo y al no ser parte en el juicio de origen, es claro que deviene improcedente el juicio de amparo por falta de interés jurídico, ello toda vez que la casa en comento no fue motivo del embargo. Lo anterior, con independencia de que se haya tenido por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues esa circunstancia no relevaba al quejoso de la obligación de acreditar su interés jurídico. Cobra aplicación, el criterio jurisprudencial número 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala del más alto Tribunal del País, consultable en la hoja 15, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido indica: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Tampoco es óbice que en su escrito constitucional, el peticionario del amparo haya narrado, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, pues ello no acredita su interés jurídico, en la medida en que era necesario que aportara pruebas fehacientes en ese sentido, según así fue razonado. Lo que encuentra sustento jurídico, en la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inscrita a foja 229, tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Corolario de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, respecto de los actos anteriormente analizados, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 460/2018-V promovido por xxxx, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado xxxx, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada xxxxx, hasta el día de hoy, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DEL ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO, LA SENTENCIA DE TRINTA Y UNO DE OCTUBBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ÚNICO: SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL CONSIDERANDO SEXTO DE ESTA RESOLUCIÓN.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el juicio principal del que deriva el presente incidente, se advierte que el siete de los actuales, la Presidenta de la Junta responsable informó que el domicilio del tercero interesado *, se ubica en calle ***, en esta ciudad. Consecuentemente, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios de la adscripción para que se constituyan en el domicilio en cita y notifiquen al tercero interesado del proveído de veintisiete de julio pasado y la interlocutoria de dos de agosto del presente año, para los efectos legales conducentes. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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