Marco Antonio González Padilla
Expediente 1049/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1049/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marco Antonio González Padilla
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1049/2023. Puebla, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado Informa admisión de Queja. Se agrega al expediente el oficio del Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ****, a través de su defensor particular ****, contra el proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional. Además, comunica que el mencionado recurso, quedó radicado con el número de expediente Q-****/2023, de su índice. De lo que esta juzgadora toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintitrés. Recurso de queja.Visto el ocurso de cuenta, signado por Christian Uriel Cazares Trejo, defensor privado del directo quejoso Marco Antonio González Padilla, a través del cual interpone recurso de queja y formula agravios contra el proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, en el que fue desechada la solicitud de tutela constitucional. Por ello, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Ahora, el análisis efectuado al escrito de cuenta, permitió detectar una omisión del promovente: no señaló las constancias que desea se remitan en copia a la superioridad, para el trámite del recurso de queja. Sin embargo, toda vez que el mismo se presentó en forma electrónica, no es necesario realizar dicho señalamiento por así disponerlo el artículo 100, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Así también, es innecesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso) pues el recurrente resulta ser la única parte en el presente juicio, dado el desechamiento de la demanda, así como esperar a que transcurra el plazo de tres días a que se refiere dicho artículo, ya que en términos de los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- sólo debe constar en el expediente electrónico sin necesidad de imprimirse, aunado a que las promociones recibidas físicamente deben integrarse al expediente electrónico mediante la utilización de la FIREL, con lo cual producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Por tanto, sólo se generará un oficio para la remisión del recurso y que deberá dirigirse al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, para que éste los turne al órgano que deba substanciar el recurso de queja. Remisión del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del escrito donde obran los agravios, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano encargado de substanciar el citado recurso de queja. Ahora, toda vez que el recurso fue interpuesto a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, desde este momento se procederá a vincular el expediente electrónico con la superioridad, para su resolución, por lo que resultará innecesario remitir copias certificadas de los autos que integran el presente asunto, pues tendrá acceso a todas ellas, a través del expediente electrónico. Por lo tanto, se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano". Informe de la queja. Entonces, con motivo de todo lo anterior, en este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Sin suspensión del procedimiento. Se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Notificación por lista. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para la parte quejosa, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Notifíquese; por oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y cúmplase. Así lo proveyó y firma la jueza María del Carmen Ruiz Medina, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante la secretaria Linda Margarita Bautista Fontes, que autoriza y da fe.
- Principal
Puebla, Puebla, seis de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe el oficio 24160/2023, signado por la Actuaria de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, por el cual comunica el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo xxx, de la estadística de este órgano jurisdiccional, en el que determinó enviar el escrito de ampliación de demanda presentada vía electrónica porxxx defensor privado del directo quejoso xxxx, contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones Penales de Puebla. Por tal motivo, al indicado oficio se anexó el escrito original de ampliación de demanda presentada en el expediente de origen. Por tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del referido escrito de ampliación de demanda. El artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En el presente caso, se examinó de manera integral el escrito de ampliación de demanda -la cual se tramitara como nueva demanda- y, se detectó que el promovente señaló textualmente como nuevo acto reclamado: -La omisión de hacer el cálculo de la pena impuesta al directo quejoso dentro de la carpeta de ejecución xxxx, de la estadística del Juez de Ejecución de Sanciones Penales de Puebla, Puebla. Establecido lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Para demostrar la afirmación previa, se acude a los numerales 116, fracción IV y 118, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque estos disponen que los jueces de ejecución conocerán sobre las controversias relacionadas con la duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, así como que estas controversias pueden ser planteadas por la persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público. En cuyo caso, el citado Juez de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Así es, porque el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia presenta las siguientes características: ? El promovente de la petición acudirá directamente ante el Juez para plantearle su controversia. ? Hasta en tanto se resuelva la controversia en definitiva, el Juez de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el Juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada, el Juez reparará la afectación. ? Del mismo modo, contra la resolución emitida por el Juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Entonces, como se ve, cuando la persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público reclamen actos inherentes a la duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues dicho procedimiento judicial cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, la persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus derechos relativos a la duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos. Y es ahí, justo en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades judiciales -como lo es en el caso-, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, a través del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, si el ahora quejoso estima que el acto reclamado -consistente en la omisión de hacer el cálculo de la pena impuesta al directo quejoso dentro de la carpeta de ejecución xxxx, de la estadística del Juez de Ejecución de Sanciones Penales de Puebla, Puebla-, vulnera su esfera jurídica de derechos humanos, tiene la posibilidad -a través del mecanismo judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal-, de acudir directamente al Juez de Ejecución que corresponda a presentar su controversia. Por lo que se insiste, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de las personas sentenciadas, sus defensores públicos o privados, así como del Ministerio Público, sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna. En esa virtud, es evidente que la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a la duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, debe agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese contexto normativo, y tomando en consideración que precisamente el acto reclamado es el hecho de que el Juez de Ejecución haya sido omiso en hacer el cálculo de la pena impuesta al directo quejoso, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, la parte quejosa debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, relacionado con el diverso 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En particular, la que opera con el principio de definitividad, pues dicho actos debe impugnarlo a través del medio judicial mencionado con antelación. Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo.
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