Marco Antonio Estrada Lopez

Expediente 617/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
617/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Estrada Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 617/2023-IX Puebla, Puebla, siete de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 617/2023-VII. Puebla, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Radicación del escrito de demanda. Se recibe el escrito de demanda con evidencia criptográfica de *, quien promueve por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la ciudad de Puebla y otra. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Por ello, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico-. Digitalización de la demanda. Debido a que el oficio de marras y la demanda de amparo fueron recibidas de manera física, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de esos documentos y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Cierto, el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se examinó de manera integral la demanda para detectar los actos reclamados, los cuales consisten en: la orden de aprehensión, presentación, carpeta de investigación, búsqueda y detención o de cualquier otro que atente contra la libertad de la parte quejosa, reclamados exclusivamente al Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la ciudad de Puebla y al Titular de la Dirección General de la Policía Ministerial en la Ciudad de Puebla. Y, bajo ese contexto, esta operadora jurídica estima que la demanda de protección de derechos fundamentales es improcedente. 1. Orden de presentación. Referente al acto reclamado consistente en la orden de presentación y su ejecución, es importante precisar que, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no prevé en el sistema penal acusatorio esa figura jurídica; de ahí que, con independencia de que, la emisión de alguno de los medios de conducción a proceso es facultad exclusiva de una autoridad judicial -la cual no fue señalado en la demanda de amparo-, es relevante tener presente que, en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, no existe la orden de presentación. Ahora, no se pierde de vista que, por tratarse de una autoridad ministerial, es posible -bajo las reglas del Sistema Penal Inquisitivo- la emisión de una orden de presentación; pues, el artículo 47 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social en el Estado de Puebla, estatuye esa facultad en favor del Ministerio Público; sin embargo, esta se encuentra supeditada a un requisito de precedencia indispensable, a saber: que la persona que haya sido debidamente citada a declarar y, a pesar de ello, no comparezca sin justificación. En efecto, la orden de presentación -prevista únicamente en el Sistema Penal Inquisitivo- solo pued librarse cuando una persona debidamente notificada no se presente a su citación, sin causa que lo justifique; entonces, en ese supuesto, es indispensable que el quejoso tuviera conocimiento de una citación previa a fin de que, su inasistencia traiga aparejada la orden de presentación. Pero, en la especie, el quejoso refiere: ".que habían ido tres personas a buscarme, quienes se identificaron como policías ministeriales. Y que me estaban buscando debido a que traían una orden de aprehensión en mi contra. Hecho que me sorprendió, pues a la fecha no he cometido ninguna conducta que se tipifique como delito." Del fragmento transcrito es posible de deducir que el quejoso no tenía conocimiento de una citación previa; pues, causó extrañeza que elementos de la policía pretendieran ejecutar una supuesta orden de aprehensión. Entonces, se descarta la posibilidad de que, la autoridad ministerial señalada como responsable haya podido emitir la orden de presentación reclamada; y, sobre todo, que esa figura jurídica se encuentra prevista únicamente en el Sistema Penal Inquisitivo. En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, respecto del acto consistente en la orden de presentación y su ejecución. 2. Orden de detención. De nueva cuenta, es importante destacar -aun cuando no se señaló ninguna autoridad judicial- que, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tampoco prevé la figura de la detención. Sin embargo, de conformidad con el artículo 150 del Código Nacional de Procedimiento Penales el Ministerio Púbico tienen la facultad de ordenar la detención de una persona cuando se actualice un supuesto de urgencia conforme lo establecido en dicho numeral. Es importante destacar que, bajo este supuesto, a autoridad ministerial puede actuar, provisionalmente, sin la autorización judicial; pues, la necesidad de urgencia permite que dicha autoridad, bajo su más estricta responsabilidad, ordene la detención de una persona, lo cual, en su momento será revisado por la autoridad judicial al verificarse la etapa de control de detención. Pues, aun y cuando constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, es decir, que se aparta de la regla de detención de control judicial previo, no dispensa su validación por un juez de control. Ahora, de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se advierte que, al parecer, elementos de la policía realizaron actos de investigación encaminados a poder ejecutar un mandato de captura, lo cual descarta la hipótesis prevista en el a artículo 150 del Código Nacional de Procedimiento Penales. En efecto, para que un representante social ordene una detención de esta envergadura es indispensable medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. En otras palabras, la detención urgente resulta inminente; pues, el contexto extraordinario que rodea este tipo de detención, implica que la autoridad realice la detención sin mayor formalidad -bajo su propia responsabilidad-, porque la premura de la situación impide acudir ante una autoridad judicial. Luego, si la parte quejosa destacó que al llegar a su domicilio unos los elementos ministeriales realizaban gestiones para cumplimentar un mandato de captura, es evidente que, no existen condiciones para establecer una detención urgente, porque ninguna cuestión extraordinaria impedía al Ministerio Público para acudir ante el Juez de Control a solicitar una forma de conducción a la audiencia inicial. De ahí que, aun cuando no se haya señalado una autoridad judicial -lo que permitiría descartar de facto la orden de detención-, los hechos de la demanda de amparo, expresados bajo protesta de decir verdad, son suficientes para desechar la demanda de amparo respecto de la orden de detención y su ejecución. 3. Orden de búsqueda. En relación con la orden de "búsqueda" que hace valer el impetrante de amparo, es evidente que constituyen consecuencias directas de la emisión de una orden de aprehensión y su ejecución, pero no es un acto que pudiera ser reclamado en lo individual. En efecto, una vez emitido el mandato de captura, las autoridades ejecutoras requieren "buscar" y "localizar" a la persona que habrán de aprehender, así una vez identificada, estar en aptitud de ejecutar la orden de aprehensión, lo que implica su "captura" y, evidentemente, "privar de la libertad personal"; sin embargo, todo ello es una consecuencia intrínseca de la emisión de una orden de aprehensión. Además, no debe perderse de vista que, la práctica de actos de investigación -como es la búsqueda de una persona para ubicarla-, no constituye un acto de molestia susceptible de analizarse en esta vía. De ahí que, el acto relativo a la búsqueda y su ejecución resulte improcedente. 4. Carpeta de investigación. Es improcedente el juicio de amparo, porque se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo Ello, porque el inicio de una carpeta de investigación por la posible comisión de un delito, obedece al mandato que tiene el Ministerio Público de esclarecer los hechos delictivos, como lo ordena el artículo 21 de la constitución federal. Aunado a que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la reserva de los actos de investigación, lo cual alude a que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en dicho código y demás disposiciones aplicables. Incluso refiere que la víctima u ofendido y su asesor jurídico son las únicas partes que podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. En cambio, el imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa, lo cual no ha acontecido en este caso, pues en las manifestaciones bajo protesta de decir verdad realizadas por el quejoso en el capítulo de los antecedentes de los actos reclamados, no se desprende que éste haya sido solicitado a comparecer ante alguna autoridad ministerial ni detenido. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto respecto a dicho acto, pues no le irroga perjuicio alguno; aunado a que la integración de mérito, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Pues, se desconoce de antemano cuál será el resultado de la investigación; por ello, el inicio o trámite no propicia afectación reparable por los medios de control constitucional. Se insiste, la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación, se materializaría, en su caso, hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la emisión de una orden de aprehensión. Sirven de sustento a lo anterior la tesis de rubro: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO". Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra el acto reclamado consistente en la existencia de una carpeta de investigación en contra del quejoso, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. Máxime que la etapa de investigación tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. En suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. 5. Autoridades ministeriales Precisado lo anterior, el acto reclamado en este juicio quedó acotado a la orden de aprehensión y el reclamo genérico de un "auto que atente contra la libertad del suscrito". No obstante, esos actos son reclamados de manera exclusiva al Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la ciudad de Puebla y al Titular de la Dirección General de la Policía Ministerial en la Ciudad de Puebla, quienes carecen de facultades para emitirlos y, en el caso del representante social, para ejecutarlos. En efecto, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta únicamente al juez de control la emisión de dichos mandatos de captura, que si bien es cierto es precedida de una solicitud ministerial, ésta solo puede ser ordenada por autoridad judicial. En otras palabras, la solicitud ministerial se realiza en calidad de parte acusadora del proceso penal, lo cual implica que se ubica en un estrato de igualdad con el imputado y no en su carácter de autoridad. Asimismo, el artículo 95 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, establece que el titular de la Agencia Estatal de Investigación tiene la facultad y obligación de coordinar el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, presentación, cateos, detención en caso urgente y otros mandamientos judiciales o ministeriales y, en su caso, establecer los mecanismos para su control y seguimiento, así como aquellas medidas que faciliten el cumplimiento de dichas funciones. De ahí que, como se señaló en un principio, las referidas autoridades responsables, carezcan de facultades para ordenar o ejecutar -en el caso del representante social- los actos atribuidos. Y, en el caso de la autoridad ejecutora, este no se reclama por vicios propios; tanto es así, que el acto reclamado no se ha materializado. Por todo lo expuesto anteriormente, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo interpuesta por Marco Antonio Estrada López. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes. Notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señaló en su demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla) Se tienen como autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a , porque así se solicitó por la parte quejosa; y, además, cuentan con su cédula profesional inscrita en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. En cuanto al correo electrónico que indica se tiene únicamente como medio de contacto no procesal. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.- JUICIO DE AMPARO 617/2023-VII. Puebla, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Radicación del escrito de demanda. Se recibe el escrito de demanda con evidencia criptográfica de *, quien promueve por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la ciudad de Puebla y otra. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Por ello, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico-. Digitalización de la demanda. Debido a que el oficio de marras y la demanda de amparo fueron recibidas de manera física, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de esos documentos y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Cierto, el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se examinó de manera integral la demanda para detectar los actos reclamados, los cuales consisten en: la orden de aprehensión, presentación, carpeta de investigación, búsqueda y detención o de cualquier otro que atente contra la libertad de la parte quejosa, reclamados exclusivamente al Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la ciudad de Puebla y al Titular de la Dirección General de la Policía Ministerial en la Ciudad de Puebla. Y, bajo ese contexto, esta operadora jurídica estima que la demanda de protección de derechos fundamentales es improcedente. 1. Orden de presentación. Referente al acto reclamado consistente en la orden de presentación y su ejecución, es importante precisar que, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no prevé en el sistema penal acusatorio esa figura jurídica; de ahí que, con independencia de que, la emisión de alguno de los medios de conducción a proceso es facultad exclusiva de una autoridad judicial -la cual no fue señalado en la demanda de amparo-, es relevante tener presente que, en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, no existe la orden de presentación. Ahora, no se pierde de vista que, por tratarse de una autoridad ministerial, es posible -bajo las reglas del Sistema Penal Inquisitivo- la emisión de una orden de presentación; pues, el artículo 47 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social en el Estado de Puebla, estatuye esa facultad en favor del Ministerio Público; sin embargo, esta se encuentra supeditada a un requisito de precedencia indispensable, a saber: que la persona que haya sido debidamente citada a declarar y, a pesar de ello, no comparezca sin justificación. En efecto, la orden de presentación -prevista únicamente en el Sistema Penal Inquisitivo- solo pued librarse cuando una persona debidamente notificada no se presente a su citación, sin causa que lo justifique; entonces, en ese supuesto, es indispensable que el quejoso tuviera conocimiento de una citación previa a fin de que, su inasistencia traiga aparejada la orden de presentación. Pero, en la especie, el quejoso refiere: ".que habían ido tres personas a buscarme, quienes se identificaron como policías ministeriales. Y que me estaban buscando debido a que traían una orden de aprehensión en mi contra. Hecho que me sorprendió, pues a la fecha no he cometido ninguna conducta que se tipifique como delito." Del fragmento transcrito es posible de deducir que el quejoso no tenía conocimiento de una citación previa; pues, causó extrañeza que elementos de la policía pretendieran ejecutar una supuesta orden de aprehensión. Entonces, se descarta la posibilidad de que, la autoridad ministerial señalada como responsable haya podido emitir la orden de presentación reclamada; y, sobre todo, que esa figura jurídica se encuentra prevista únicamente en el Sistema Penal Inquisitivo. En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, respecto del acto consistente en la orden de presentación y su ejecución. 2. Orden de detención. De nueva cuenta, es importante destacar -aun cuando no se señaló ninguna autoridad judicial- que, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tampoco prevé la figura de la detención. Sin embargo, de conformidad con el artículo 150 del Código Nacional de Procedimiento Penales el Ministerio Púbico tienen la facultad de ordenar la detención de una persona cuando se actualice un supuesto de urgencia conforme lo establecido en dicho numeral. Es importante destacar que, bajo este supuesto, a autoridad ministerial puede actuar, provisionalmente, sin la autorización judicial; pues, la necesidad de urgencia permite que dicha autoridad, bajo su más estricta responsabilidad, ordene la detención de una persona, lo cual, en su momento será revisado por la autoridad judicial al verificarse la etapa de control de detención. Pues, aun y cuando constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, es decir, que se aparta de la regla de detención de control judicial previo, no dispensa su validación por un juez de control. Ahora, de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se advierte que, al parecer, elementos de la policía realizaron actos de investigación encaminados a poder ejecutar un mandato de captura, lo cual descarta la hipótesis prevista en el a artículo 150 del Código Nacional de Procedimiento Penales. En efecto, para que un representante social ordene una detención de esta envergadura es indispensable medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. En otras palabras, la detención urgente resulta inminente; pues, el contexto extraordinario que rodea este tipo de detención, implica que la autoridad realice la detención sin mayor formalidad -bajo su propia responsabilidad-, porque la premura de la situación impide acudir ante una autoridad judicial. Luego, si la parte quejosa destacó que al llegar a su domicilio unos los elementos ministeriales realizaban gestiones para cumplimentar un mandato de captura, es evidente que, no existen condiciones para establecer una detención urgente, porque ninguna cuestión extraordinaria impedía al Ministerio Público para acudir ante el Juez de Control a solicitar una forma de conducción a la audiencia inicial. De ahí que, aun cuando no se haya señalado una autoridad judicial -lo que permitiría descartar de facto la orden de detención-, los hechos de la demanda de amparo, expresados bajo protesta de decir verdad, son suficientes para desechar la demanda de amparo respecto de la orden de detención y su ejecución. 3. Orden de búsqueda. En relación con la orden de "búsqueda" que hace valer el impetrante de amparo, es evidente que constituyen consecuencias directas de la emisión de una orden de aprehensión y su ejecución, pero no es un acto que pudiera ser reclamado en lo individual. En efecto, una vez emitido el mandato de captura, las autoridades ejecutoras requieren "buscar" y "localizar" a la persona que habrán de aprehender, así una vez identificada, estar en aptitud de ejecutar la orden de aprehensión, lo que implica su "captura" y, evidentemente, "privar de la libertad personal"; sin embargo, todo ello es una consecuencia intrínseca de la emisión de una orden de aprehensión. Además, no debe perderse de vista que, la práctica de actos de investigación -como es la búsqueda de una persona para ubicarla-, no constituye un acto de molestia susceptible de analizarse en esta vía. De ahí que, el acto relativo a la búsqueda y su ejecución resulte improcedente. 4. Carpeta de investigación. Es improcedente el juicio de amparo, porque se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo Ello, porque el inicio de una carpeta de investigación por la posible comisión de un delito, obedece al mandato que tiene el Ministerio Público de esclarecer los hechos delictivos, como lo ordena el artículo 21 de la constitución federal. Aunado a que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la reserva de los actos de investigación, lo cual alude a que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en dicho código y demás disposiciones aplicables. Incluso refiere que la víctima u ofendido y su asesor jurídico son las únicas partes que podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. En cambio, el imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa, lo cual no ha acontecido en este caso, pues en las manifestaciones bajo protesta de decir verdad realizadas por el quejoso en el capítulo de los antecedentes de los actos reclamados, no se desprende que éste haya sido solicitado a comparecer ante alguna autoridad ministerial ni detenido. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto respecto a dicho acto, pues no le irroga perjuicio alguno; aunado a que la integración de mérito, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Pues, se desconoce de antemano cuál será el resultado de la investigación; por ello, el inicio o trámite no propicia afectación reparable por los medios de control constitucional. Se insiste, la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación, se materializaría, en su caso, hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la emisión de una orden de aprehensión. Sirven de sustento a lo anterior la tesis de rubro: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO". Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra el acto reclamado consistente en la existencia de una carpeta de investigación en contra del quejoso, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. Máxime que la etapa de investigación tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. En suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. 5. Autoridades ministeriales Precisado lo anterior, el acto reclamado en este juicio quedó acotado a la orden de aprehensión y el reclamo genérico de un "auto que atente contra la libertad del suscrito". No obstante, esos actos son reclamados de manera exclusiva al Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la ciudad de Puebla y al Titular de la Dirección General de la Policía Ministerial en la Ciudad de Puebla, quienes carecen de facultades para emitirlos y, en el caso del representante social, para ejecutarlos. En efecto, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta únicamente al juez de control la emisión de dichos mandatos de captura, que si bien es cierto es precedida de una solicitud ministerial, ésta solo puede ser ordenada por autoridad judicial. En otras palabras, la solicitud ministerial se realiza en calidad de parte acusadora del proceso penal, lo cual implica que se ubica en un estrato de igualdad con el imputado y no en su carácter de autoridad. Asimismo, el artículo 95 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, establece que el titular de la Agencia Estatal de Investigación tiene la facultad y obligación de coordinar el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, presentación, cateos, detención en caso urgente y otros mandamientos judiciales o ministeriales y, en su caso, establecer los mecanismos para su control y seguimiento, así como aquellas medidas que faciliten el cumplimiento de dichas funciones. De ahí que, como se señaló en un principio, las referidas autoridades responsables, carezcan de facultades para ordenar o ejecutar -en el caso del representante social- los actos atribuidos. Y, en el caso de la autoridad ejecutora, este no se reclama por vicios propios; tanto es así, que el acto reclamado no se ha materializado. Por todo lo expuesto anteriormente, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo interpuesta por Marco Antonio Estrada López. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes. Notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señaló en su demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla) Se tienen como autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a , porque así se solicitó por la parte quejosa; y, además, cuentan con su cédula profesional inscrita en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. En cuanto al correo electrónico que indica se tiene únicamente como medio de contacto no procesal. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa.

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