Marco Antonio González Padilla
Expediente 1019/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1019/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marco Antonio González Padilla
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1019/2023. Puebla, Puebla, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12 del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Inexistencia de documentos originales. No se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), motivo por el cual se deja de proveer al respecto. Sin cuaderno de suspensión. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió el incidente. Carátula del juicio de amparo. 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo Aunado a que si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1019/2023.. Puebla, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se integra al expediente electrónico el escrito de demanda, signado por ++++++++++++++++, por propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones Penales de Puebla, Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las parte que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Debido a que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento de la demanda. El artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Así se obtiene de la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . En el presente caso, del estudio integral del ocurso de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión del Juez de Ejecución de Sanciones Penales de Puebla de acordar su escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual solicitó la verificación de la sanción punitiva que se encuentra cumpliendo derivada de la carpeta de ejecución +++++++++++++. Bajo ese contexto, es evidente que, respecto de dicho acto, aun cuando la parte quejosa se duele en la omisión de responder el escrito que presentó el veintidós de septiembre de este año, el cual pretende enmarcar dentro del derecho de petición reconocido en el artículo 8° constitucional; en realidad, se pudiera tratar de un aparente del retraso en el emisión del acuerdo correspondiente, lo cual, en su caso, podría enmarcarse dentro del artículo 17 constitucional; sin embargo, la suscrita no advierte que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, exista una abierta dilación en el procedimiento de ejecución de origen. En efecto, en este momento la acción de amparo resulta improcedente para poder analizar una omisión reclamada, dado que el hecho de que hasta el momento no se haya emitido el acuerdo respectivo a la promoción que el quejoso presentó el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés -pues así se desprende del acuse respecto acompañado al escrito de demanda-, no implica que exista una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del aquí quejoso. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV del mismo ordenamiento. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Lo subrayado es propio. De la interpretación literal de las disposiciones legales trascritas, se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido; además, que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo, en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso, y trascendido al resultado de la resolución. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no es aquél que, en tratándose de actos de ejecución de sentencia, sea la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Se afirma lo anterior, pues del segundo de los artículos transcritos, se observa que en la etapa de ejecución de sentencia, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a la última resolución dictada en ese procedimiento; ello, con la finalidad de evitar abusos en la promoción del juicio de amparo indirecto, porque la sociedad y el estado están interesados en que se cumpla con los fallos en los que se establece la verdad legal. Con relación a lo anterior, cabe destacar que por "última resolución" se debe entender aquella que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, que será entonces, impugnable en amparo y no las que le precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, pues el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada, por lo que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de interés público. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: P./J. 32/2001, tomo XIII, abril de 2001, página: 31; cuyo epígrafe y sinopsis textual son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Ahora, el acto reclamado consiste en la omisión del Juez de Ejecución de Sanciones Penales de Puebla de acordar su escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual solicitó la verificación de la sanción punitiva que se encuentra cumpliendo derivada de la carpeta de ejecución ++++++++++++++++ De lo anterior se obtiene que, el acto reclamado se encuentra dentro de la etapa de procedimiento de ejecución, así como que dicho acto no constituye la última resolución dentro de ese procedimiento. Lo anterior se corrobora pues de los antecedentes que señala el quejoso en su escrito inicial de demanda, se advierte que dentro del proceso penal 174/2016 -relacionado con la aludida carpeta de ejecución-, del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se impuso al ahora quejoso una sanción privativa de libertad, la cual a la fecha aún se encuentra compurgando. Por lo tanto, el acto reclamado no se trata de la última resolución dictado en ejecución de sentencia; por consiguiente no procede el juicio de amparo indirecto, ya que este solamente podrá promoverse en contra de la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Apoya a lo anterior, la tesis I.11o.C.J/7K (11a), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, cuyo epígrafe y sinopsis textual son los siguientes: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada.". Aunado a lo anterior, debe decirse que aunque el peticionario de amparo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional en etapa de ejecución, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que aquí reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento de ejecución en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa relativo al conteo de la sanción privativa que se encuentra cumpliendo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Luego si en el caso concreto se reclama la abierta dilación procesal -pues así trata de hacerlo notar la parte quejosa-, en acordar el escrito de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés dentro de la carpeta de ejecución 52/2021/JES/E, es claro que no afectan de manera directa derechos sustantivos, sobre todo porque esa omisión puede ser subsanada una vez que la autoridad responsable emita el acuerdo correspondiente dentro de un plazo razonable. Para dar mayor justificación a lo anterior, resulta oportuno traer a la vista lo previsto en los artículos 1233 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, del cual se desprende que el Juez de Ejecución, cuenta con un plazo de setenta y dos horas para emitir el auto correspondiente una vez recibida la solicitud de la misma naturaleza de la que parte quejosa aquí reclama - conteo de la sanción privativa que se encuentra compurgando Además, siguiendo la idea de que para revisar si se está ante la transgresión del plazo razonable, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, para evitar una demora prolongada, sin justificación, que pueda constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, en el caso se advierte que no existe una dilación que haya operado en favor del quejoso, en la medida que al momento de la presentación del escrito de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés y a la de la presentación de su demanda de amparo, veintiséis los actuales, solo había transcurrido un día hábil, es decir, aún ni siquiera había fenecido el término previsto en la Ley Nacional de Ejecución para que la autoridad responsable emitiera la determinación correspondiente a la solicitud realizada por la parte quejosa. Una vez precisado lo anterior, debe decirse que el acto que se reclama en el presente juicio constitucional no constituye la última resolución, en términos del artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, que exige para la impugnación de los actos dictados en el procedimiento de ejecución. Ello es así, en virtud de que, el acto aquí reclamado por la quejosa no es de imposible reparación, al no atentar por sí mismo, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de ejecución, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, contra la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional. Por tanto, como se advirtió, resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Anotaciones Internas. Se instruye a la Oficial Judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. De conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el nombre de usuario "+++++++++++++++++++++", para recibir notificaciones electrónicas, en la inteligencia de que dicha facultad implica, a su vez, la posibilidad de consultar el expediente electrónico. Se tiene como autorizado para tales efectos al profesionista indicado en el ocurso de cuenta, pues así lo manifestó expresamente la parte quejosa, sin que se le tenga por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque no se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y cúmplase.
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