Marco Antonio Galindo Garcia
Expediente 278/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marco Antonio Galindo Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 278/2023-VIII. En Puebla, Puebla, a las diez horas con veintiocho minutos del diecinueve de abril de dos mil veintitrés, hora y día señalados para celebrar la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 278/2023-VIII, se encuentra presente María del Carmen Ruiz Medina, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de la secretaria Martha Alicia Carballido Zamora, que autoriza y da fe. De inmediato, la jueza declara abierta la presente audiencia constitucional. Entonces, la secretaria relata las constancias del expediente constitucional, entre las que resalta la demanda de amparo, el proveído de admisión y los informes justificados de las responsables; las cuales se omiten transcribir en atención al principio de economía procesal y porque han quedado recibidas en este acto. La jueza acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Acto seguido, se abre la etapa de pruebas y la secretaria da cuenta que las partes no aportaron medios de convicción. Al respecto, la jueza acuerda: al no haber medio de convicción que relacionar, ofrecido por las partes, se cierra el período probatorio. Enseguida, se abre el periodo de alegatos y la secretaria da cuenta que las partes no los expresaron. Al respecto, la jueza acuerda: al no haber alegatos formulados por las partes, se cierra dicho período. Por ende, como última parte de la audiencia constitucional, se dicta la siguiente sentencia. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 278/2023-VIII, promovido por XXXXXX, por derecho propio, contra actos del ".Juez de Oralidad Penal y Ejecución del sistema acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla." (sic) y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se recibió la demanda de amparo promovida por el quejoso, en la cual solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades que ahí se señalaron. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se radicó con el número de expediente 278/2023-VIII, se admitió a trámite su escrito de tutela constitucional por las autoridades y actos que se señalan en dicho auto; además, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del ministerio público de la adscripción, y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. Así, una vez integrado el presente asunto, la audiencia constitucional se celebró en esta fecha, en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. La jueza que suscribe, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de protección, en términos de la constitución, la ley y la normatividad administrativa aplicable, porque los actos combatidos en la demanda y por los cuales fue admitido el juicio, pretenden ejecutarse en el territorio donde se ejerce jurisdicción -según el quejoso-. SEGUNDO. Materia del juicio. La lectura integral que se hizo a la demanda de amparo frente al proveído de admisión parcial, permite determinar los siguientes actos reclamados: 1. Orden de aprehensión emitida en contra del aquí quejoso; y 2. La ejecución de esa orden. TERCERO. Inexistencia. Todas las autoridades responsables que se puntualizan a continuación, negaron los actos combatidos al rendir sus informes justificados: XXXXXX, Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla; quien además señaló: "(.) Es por lo que, de búsqueda minuciosa de los libros de gobierno de los Juzgados de Oralidad Penal de las Regiones Judiciales de Centro (Puebla, Tepeaca), Centro Poniente (Cholula, Atlixco, San Martín), Sur (Izúcar de Matamoros, Chiautla, Acatlán), Oriente (Teziutlán, Ciudad Serdán, Libres), Sur Oriente (Tehuacán, Tecamachalco) y Norte (Huauchinango, Zacatlán) señaladas como autoridades responsables en la demanda de garantías, se advierte que no hay registro de haberse decretado orden de aprehensión en contra del quejoso, por lo que, NO SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS ATRIBUIDOS A LAS SEDES JUDICIALES DE REFERENCIA." y; Titular de la Agencia Estatal de Investigación. En suma a lo anterior, cabe destacar que el referido administrador, a su informe agregó: "(.) XXXXXX, dentro de la cual, el Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín, el Abogado XXXXXX, es quien conoce de dicha carpeta, en la cual se libró orden de aprehensión en fecha 04 de marzo de la presente anualidad, los hechos con apariencia de delito de robo agravado, cumpliéndose dicha orden en fecha 13 de marzo de la presente anualidad. Actualmente dicha carpeta se encuentra en plazo de investigación complementaria. Por este motivo, es de informarse que dicho antecedente judicial no se ha librado acto restrictivo de la libertad. (.) De la transcripción previa se desprende que en contra del aquí quejoso, existe la carpeta judicial XXXXXX, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, sin embargo, no se ha ordenado en ese asunto otro acto tendiente de restringir la libertad del quejoso. Además, en esa carpeta, al momento de la emisión del informe justificado, se indicó el estado procesal que guarda ese expediente, el cual se encuentra en la etapa de investigación complementaria. Sobre todo porque en la demanda, en los puntos "PRIMERO" y "SEGUNDO", de su capítulo de antecedentes rendidos bajo protesta de decir verdad, el quejoso establece que su pretensión es combatir a través de este juicio de amparo, una orden de captura diversa de la que actualmente se le ejecuta en la referida carpeta judicial. En ese sentido, dado que se tiene una negativa de los actos reclamados, expresada por las autoridades responsables, tanto ordenadoras como ejecutora, aunado a que el quejoso no aportó pruebas en el trámite de este sumario constitucional, ello pese a que el ofrecimiento de medios de convicción era indispensable para desvirtuar los informes justificados y acreditar la existencia de los actos combatidos. Por consiguiente, ninguna prueba se tiene para dudar de los informes justificados, y la revisión efectuada a estos frente a las demás actuaciones del expediente, sólo conduce a la inexistencia de los actos reclamados. Bajo este contexto, se estima que deben prevalecer las negativas de las autoridades responsables y por ende, declarar la inexistencia de los actos -precisados en el segundo punto considerativo-. En tales condiciones, se decreta el sobreseimiento en este juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dada la inexistencia de los actos imputados a las autoridades emplazadas como responsables. CUARTO. Publicación de datos. En el presente juicio de amparo, se indicó a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. Sin embargo, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la constitución federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación. Por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. PUNTOS RESOLUTIVOS: Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103, 107 de la constitución federal; 63, 74, 75, 124 de la Ley de Amparo; y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: RESUELVE: PRIMERO. Se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso XXXXXX, por derecho propio, debido a la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, conforme a lo establecido en los puntos considerativos segundo y tercero. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, trece de abril de dos mil veintitrés. Diferimiento Visto el estado que guardan los autos, se observa que se señalaron las diez horas con ocho minutos de este día para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, cabe destacar que en acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso, se recibieron los informes justificados del Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla; y del Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Con la llegada de dichos informes, se otorgó a las partes una vista de ocho días para que se impusieran de su contenido, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. Dicho plazo ha de fenecer el catorce de este mes y año, sin tomar en consideración en el cómputo de ese plazo los días inhábiles que mediaron. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Al respecto tiene aplicación, la jurisprudencia VI.3o.A. J/12 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible a página 663, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS." Notifíquese.
- Incidental
R E S U E L V E ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por XXXXXXXXX, contra los actos que reclaman a las autoridades señaladas como responsables, conforme con lo expuesto en los considerandos primero y segundo de esta resolución interlocutoria y por los razonamientos expuestos en este último. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Informes justificados Se agregan al expediente los oficios signados por las siguientes autoridades responsables, a través de los cuales rinden su informe justificado: ? Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla. ? Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Las citadas autoridades responsables niegan los actos que se le reclaman. Luego, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga, y serán relacionados los informes con el valor que la ley les concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual modo, la segunda de las mencionadas autoridades, la proporciona un número telefónico y correo electrónico, de los cuales se precisa podrán ser considerados por los actuarios en caso de que se estime necesario establecer pronto contacto, empero, las notificaciones se realizarán conforme lo establece la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen formuladas las manifestaciones de la citada autoridad ejecutora, consistentes en no tener dato alguno de que la parte quejosa cuente con otro juicio de amparo; así como contar con registros de personas que tengan el carácter de terceros interesados. Por otro lado, no se inadvierte que el administrador general oficiante, al rendir su informe, señaló: "(.) CJA 061/2023/SAN MARTIN, dentro de la cual, el Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín, el Abogado Gerardo Gutiérrez Gayosso, es quien conoce de dicha carpeta, en la cual se libró orden de aprehensión en fecha 04 de marzo de la presente anualidad, los hechos con apariencia de delito de robo agravado, cumpliéndose dicha orden en fecha 13 de marzo de la presente anualidad. Actualmente dicha carpeta se encuentra en plazo de investigación complementaria. Por este motivo, es de informarse que dicho antecedente judicial no se ha librado acto restrictivo de la libertad. (.) Es por lo que, de búsqueda minuciosa de los libros de gobierno de los Juzgados de Oralidad Penal de las Regiones Judiciales de Centro (Puebla, Tepeaca), Centro Poniente (Cholula, Atlixco, San Martín), Sur (Izúcar de Matamoros, Chiautla, Acatlán), Oriente (Teziutlán, Ciudad Serdán, Libres), Sur Oriente (Tehuacán, Tecamachalco) y Norte (Huauchinango, Zacatlán) señaladas como autoridades responsables en la demanda de garantías, se advierte que no hay registro de haberse decretado orden de aprehensión en contra del quejoso, por lo que, NO SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS ATRIBUIDOS A LAS SEDES JUDICIALES DE REFERENCIA." De la transcripción del contenido del informe del administrador general, se obtiene que en contra del aquí quejoso, existe la carpeta judicial administrativa CJA 061/2023/SAN MARTIN, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, sin que se haya ordenado en ese asunto otro acto tendiente de restringir la libertad del quejoso. De igual forma, de ese informe se desprende que por lo que respecta a las regiones judiciales que ahí se detallan, tampoco existe antecedente alguno de la emisión de orden de captura alguna. De lo anterior, esta operadora jurídica toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
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