Marcelo Gutiérrez Arroyo
Expediente 393/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marcelo Gutiérrez Arroyo
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 393/2023-IX. Puebla, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, por el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el referido proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Sin devolución de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos irremplazables) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa; motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Caratula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer en la declaración de causa estado. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede realizarlo por tener acceso a la consulta electrónica del expediente por así haberlo solicitado. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 393/2023-IX. Puebla, Puebla, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Homologo federal informa vinculación. Se agrega al expediente el oficio signado (electrónicamente con evidencia criptográfica) por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual informa que fue autorizada la consulta del expediente electrónico relativo al juicio de amparo 679/2023-VIII, de su índice. De lo cual se toma el debido conocimiento para los efectos legales conducentes. Por último, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, el módulo correspondiente a "vincular con otro órgano" para que esta juzgadora se encuentre en oportunidad de consultar el referido sumario. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 393/2023-VII. Puebla, Puebla, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Se acepta competencia. Se agrega a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. A través de él, remite el juicio de amparo, promovido por. Lo anterior, por la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo, por las razones ahí expuestas que determinan que el conocimiento debe ser de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno en el Estado de Puebla. Competencia que por razón de turno le fue asignada a este órgano federal. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada, por lo que este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo correspondiente. Solicitud de vinculación para acceso a expediente electrónico. Atento a lo anterior, se solicita de manera comedida a la autoridad oficiante, autorice la consulta del expediente electrónico relativo al juicio de amparo , promovido por. Lo anterior, a fin de facilitar la consulta del expediente y el acceso pleno a dicha información, de ahí que de no existir inconveniente deberá instruir a la Oficial Judicial "A" para que habilite en el expediente electrónico de dicho juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano" para que esta juzgadora se encuentre en oportunidad de consultarlo de manera íntegra y pueda recabar las constancias que estime pertinentes. Radicación del expediente. Se recibe la demanda amparo, signada por Marcelo Gutiérrez Arroyo, por derecho propio, contra actos de la Directora del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el promovente reclama: De la Directora del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, la omisión o falta de contestación al escrito de fecha diecisiete de febrero del año en curso, presentado en la oficialía de partes el veintitrés de febrero del mismo año. De ahí que, resulta evidente que el acto reclamado que le atribuye a la única autoridad que señaló como responsable, versa en una solicitud respecto de las condiciones de internamiento a que es objeto el quejoso, al interior del centro en el que se encuentra recluido actualmente. Lo anterior, porque de los antecedentes del acto reclamado menciona que en dicho escrito solicitó se le permitiera la visita íntima e intracarcelaria con su esposa, en el entendido que él se encuentra recluido en el Centro de Internamiento para Adultos mayores con Enfermedades crónico degenerativas, en el Estado de Puebla, y aquélla, a su vez, recluida en el Centro Penitenciario de Puebla, puesto que ambos se encuentran compurgando una sentencia. Derivado de ello, puede afirmarse que el acto que reclama es propio de la Directora del Centro de Reinserción Social "San Miguel" en esta ciudad de Puebla, pues es aquélla quien se dirigió su petición, al ser la autoridad ante la cual la realizó, sobre todo porque su esposa se encuentra recluida en dicho centro penitenciario. En el entendido que, conforme lo prevé el artículo 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal3 las peticiones se realizarán por escrito y también las puede realizar una persona distinta a la privada de la libertad. De ahí que los actos reclamados se analizarán bajo el tamiz de la única autoridad responsable encargada, en su caso, de atender la solicitud del quejoso: La Directora del Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla. Bajo ese contexto, resulta notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicho numeral obliga al quejoso, por regla general, a agotar previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse. En un primer momento, contra los actos emitidos por el personal del centro penitenciario en el cual el sentenciado compurga su pena -sin que se ubique en ningún supuesto de excepción al principio de definitividad-, es improcedente el juicio de amparo, pues no constituye una resolución definitiva, dado que, acorde con el artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal4 , dicha resolución es impugnable ante el director del centro en el que se encuentre recluida la persona privada de su libertad. Ello, mediante el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de salud, lugar de reclusión, régimen de visitas, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros. Éstas, son impugnables por cualquier medio ante las instancias correspondientes; de modo que si la petición se resuelve en contra de los intereses del peticionario, o la autoridad penitenciaria omite atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé su impugnación ante el Juez de ejecución, procedimientos que son tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a los intereses de la persona privada de su libertad, y que atento al principio de definitividad, deben agotarse previo a la promoción del juicio de amparo. Así lo señaló el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito en la jurisprudencia XXII.P.A. J/1 (10a.), visible en la página 2187, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.5" Entonces, de acuerdo a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, como en este caso la solicitud que presentó el veintitrés de febrero del año en curso ante la Directora del Centro Penitenciario de Puebla. Pero no solo eso, en particular el artículo 114 de esa legislación prevé el medio de impugnación al que se debe acudir una vez que la autoridad administrativa resuelve la petición sometida a su consideración, o bien cuando deja de proveer al respecto, para lo cual señala la controversia, misma que debe promoverse ante el Juez de Ejecución competente. En consecuencia, si el promovente se duele de la omisión de dar contestación a su solicitud donde pidió se le permita la visita íntima e intracarcelaria con su esposa, al encontrarse, ambos, privados de la libertad al compurgar una sentencia, previo acudir al juicio de amparo, debe agotar el medio de impugnación previsto en el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal ante el Juez de Ejecución competente y demandar esa omisión. En sentido similiar lo interpretó el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito al interpretar los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, criterio que quedó plasmado en la jurisprudencia que se cita a continuación, la cual tiene aplicación por analogía de razón, la cual es de rubro: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO."6 (el resaltado es propio) En esta, el Pleno de Circuito estableció, en primera instancia, que la Ley de Ejecución Penal prevé varios regímenes con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, entre las cuáles destacó que el régimen de internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de reclusión deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Que en efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a su vida íntima; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. Además la legislación citada establece de manera específica cómo deben efectuarse los escritos y la forma en que deben sustanciarse las peticiones, lo cual pone de manifiesto la existencia de un procedimiento administrativo de peticiones, destinado a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, como lo es la visita íntima, el cual se estima ágil y eficaz para que el interno pueda ver satisfechas sus necesidades, entre ellas, la falta o negativa de atención médica, incluso, de carácter urgente. Así, dicho procedimiento debe agotarse previo acudir al juicio de amparo. Y no solo eso, en segundo término señaló que no basta agotar ese procedimiento administrativo de peticiones, sino que también deben agotarse los medios de impugnación previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a la promoción del juicio de amparo. Y en ese sentido, adujo, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues en su artículo 114 dispone que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste puede formular controversia ante el Juez de Ejecución, dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución, o bien, en cualquier momento si los efectos del acto son continuos o permanentes. Sin embargo, en caso de que la petición no fuera resuelta dentro del término legal (de cinco días) el referido numeral también prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, la parte promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Por consiguiente, si el quejoso como antecedente refirió que el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés presentó una petición a la Directora del Centro Penitenciario (la cual está relacionada con las cuestiones cualitativas del internamiento) y aquélla todavía no da contestación al mismo, por lo que le reclama la omisión acordar el escrito donde solicitó le fuera permitida la visita íntima e intercarcelaria, debió agotar la ruta ordinaria de impugnación que se encuentra prevista en el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, previo presentar el juicio de amparo, debió acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esa omisión. Así, al no haberse agotado dicho medio de impugnación previsto en el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se visualiza la improcedencia del presente juicio a partir de la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Y, en virtud de lo anterior, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues, se insiste, se actualiza la causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 61, fracción XX. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro establece: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" Es así pues en esta también se indica que, previo acudir al juicio de amparo se debe agotar dicho mecanismo de peticiones administrativas y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Notificaciones, y autorizados del quejoso. Ahora, del escrito de tutela, se hace notar que el quejoso señala como domicilio para recibir notificaciones el Centro de Internamiento para Adultos Mayores con Enfermedades Crónico Degenerativas, en el Estado de Puebla, de ahí que se autoriza la práctica de notificaciones en el mismo, las estrictamente personales, el resto de ellas se realizará por lista, en términos de lo señalado en el artículo 29 de la Ley de Amparo. En relación a los medios de contacto no procesales (correo electrónico y teléfono) que indica en su demanda, solo serán considerados por los actuarios judiciales, cuando la situación lo amerite para tener contacto con el quejoso. En otro orden de ideas, queda autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a, lo anterior es así, ya que cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Respecto de*, solo se le tiene por autorizado para recibir notificaciones en virtud de que así lo solicitó el quejoso. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Luego, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma personal al quejoso en su lugar de internamiento; por oficio a la autoridad que declino competencia y cúmplase.
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