Marcelino Santos Posadas
Expediente 45/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 45/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marcelino Santos Posadas
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 45/2022-V. Puebla, Puebla, uno de marzo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 45/2022-V. Puebla, Puebla, ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido al quejoso, para que ratificara el escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, transcurrió del dos al cuatro de febrero de dos mil veintidós, sin que hubiera presentado algún escrito manifestando su imposibilidad de ratificar el escrito aclaratorio, o bien a ratificar el mismo. En consecuencia, se hacen efectivos los apercibimientos formulados en acuerdos de diecinueve y veintiocho de enero de dos mil veintidós, se tiene por no presentado el escrito de veintisiete de enero de dos mil veintidós y por consecuencia con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se declara por no presentada la demanda que originó este juicio de protección. Notifíquese; de manera personal al quejoso (lista); y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 45/2022-V. Puebla, Puebla, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el escrito de cuenta, al parecer signado por ****, por el cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada mediante proveído de diecinueve de enero del año en curso. Sin embargo, se observa que la firma plasmada en el escrito de cuenta, difiere de la que obra en la demanda origen del presente juicio, en particular existen diferencias en la presión y los trazos que pueden implicar que persona o personas distintas del quejoso, hayan suscrito el escrito aclaratorio. Por lo anterior, tomando en consideración lo establecido en el artículo 6, fracción I1, del Acuerdo General 21/2020 reformado en cuanto a su vigencia por su similar 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se requiere al citado quejoso para que dentro de tres días siguientes a la notificación del presente proveído deberá agendar cita en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional, a fin de ratificar el escrito de cuenta. Además, se requiere al citado quejoso Marcelino Santos Posadas para que al momento en que comparezca exhiba documentos oficiales que contengan su firma original, por ejemplo, credencial de elector del Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para su identificación. Se hace notar a la parte quejosa que si existiera algún obstáculo material que impidiera su comparecencia física deberá informarlo justificadamente a este juzgado. En el entendido que, como se dijo, la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Se hace saber al promovente que, la necesidad de requerirlo para que comparezca a ratificar su firma, obedece a las diferencias en la presión y los trazos de la rúbrica que calza el escrito aclaratorio, lo cual tiene importancia, pues la firma plasma la voluntad de instaurar la acción constitucional. Es más, la firma como expresión de voluntad está vinculada con lo establecido por el artículo 107 constitucional, pues este en su fracción primera, exige la instancia de parte agraviada para sustanciar el juicio constitucional, porque de evidenciarse la falsedad de la firma en algún escrito de instauración procesal -como el aclaratorio- se estaría ante la ausencia de la instancia de parte agraviada, la cual es exigida constitucionalmente. Incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que los jueces de distrito tienen facultad para ordenar el desahogo de una pericial en caligrafía y grafoscopía, de considerar que las firmas plasmadas en la demanda, difieren con alguna que obra en otro escrito dentro del expediente (como en el caso la del escrito aclaratorio). Pese a lo anterior, este operador jurídico considera, de momento, como una forma más viable para la verificación de la autenticidad de dichas firmas, la comparecencia del promovente a este órgano jurisdiccional.Empero, se le apercibe que de no realizar ninguno de los trámites antes señalados en el tiempo concedido o bien no comparecer en la hora y fecha agendada para ello, se tendrá no presentado el escrito de cuenta. Por último, se hace del conocimiento del promovente que de omitir conducirse con la verdad, se puede actualizar el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV del artículo 247 del Código Penal Federal. Notifíquese, en forma personal al quejoso y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 45/2022-V. Puebla, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales firmada por , contra actos del Juez Penal del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, y otras autoridades. Prevención. De la lectura integral de la demanda, se advierten irregularidades respecto de la persona que solicita la protección y las autoridades señaladas con el carácter de ejecutoras. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, consultable en la página 32, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Se explica: Primeramente, se hace notar que en el proemio de la demanda se advierte el nombre del siguiente quejoso: *** Sin embargo, en el capítulo relativo al nombre del quejoso se hizo mención de la siguiente persona: *** Lo cual genera confusión, pues existe duda de la persona que solicita la protección. Todo lo cual obliga a declarar la irregularidad de la demanda; porque de admitirla en los términos propuestos, generaría confusión de la persona que promueve la acción constitucional; y este dato resulta indispensable para la debida integración de la litis, porque servirá de base a las autoridades responsables al momento de rendir su informe justificado. De ahí la necesidad de que la parte quejosa aclare su nombre. Por otra parte, llama la atención que la ejecución de la orden de aprehensión que reclama, se las atribuye a las siguientes autoridades: ? Agente del Ministerio Público de Tlatlauquitepec, Puebla; ? Agente del Ministerio Público de Hueyapan, Puebla; ? Titular de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, destacamentado en Tlatlauquitepec, Puebla; ? Titular de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, destacamentado en Teziutlán, Puebla. Al respecto, es importante señalar que de conformidad con el artículo 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la ejecución de las órdenes de aprehensión y demás mandamientos judiciales, se encuentra asignada a los agentes estatales de investigación del Estado de Puebla, al mando del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Por tanto, es necesario que el quejoso aclare si insiste en llamar a todas las autoridades señaladas en la demanda como ejecutoras, a pesar de que dentro de sus atribuciones no se encuentra la ejecución de órdenes de aprehensión. Sobre todo porque ello podría derivar en un retardo en la integración del expediente en su perjuicio. Pero la aclaración debe realizarla el quejoso, porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar el señalamiento de actos reclamados y autoridades responsables, dado que esto corresponde a los solicitantes de la protección constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI EL ACTO RECLAMADO. NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO" Por tanto, con fundamento en los artículos 108 fracciones III, IV, y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Manifieste: el nombre de la persona que solicita la acción constitucional; 2. Precise si insiste en señalar como autoridades ejecutoras a todas las indicadas en la demanda o si, en realidad, limita ese señalamiento al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (quien tiene a su mando a todos los agentes y comandantes adscritos a esa corporación). Apercibimiento. Se formula al promovente el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del promovente para recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo (las listas de este juzgado). Además, quedan autorizados únicamente para recibir notificaciones, las personas que señala en la demanda, pues omitió autorizarlos en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo. Notifíquese; de forma personal al quejoso (por lista).
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