Marcial Villegas Cruz

Expediente 956/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
956/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/10/2021

Partes del expediente

  • Marcial Villegas Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 956/2021-VI. Puebla, Puebla, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 97, fracción I), inciso a), de la Ley de Amparo; sin embargo, la parte quejosa no se inconformó contra el auto de veintidós de septiembre del presente año que desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar...se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que por conducto del personal a su cargo realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá verificar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que por conducto del personal a su cargo haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 956/2021-VI. Puebla, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por , por propio derecho, contra actos de la Juez de Control de la Región Judicial Centro. Materia del amparo. De la lectura armónica de la demanda de amparo se obtiene que los actos reclamados son: ? ".. . Reclamo las dilaciones procesales que han tenido como efecto el dejar a la parte quejosa en estado de indefensión dada su insistencia en sugerir una salida alterna a la controversia de origen, y por ende la omisión a dictar señalar fecha de audiencia intermedia para la prosecución ordinaria del procedimiento penal.". Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, respecto de los actos reclamados se advierte la actualización de las causales de improcedencia previstas en las fracciones XXIII y XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación los diversos 134, fracción IV, y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De dichas causales referidas se desprende: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...". Luego, los artículos 134 y 135 Código Nacional de Procedimientos Penales establecen lo siguiente: "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, . La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido". Luego, la interpretación del artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con la sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional, así como atender la oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. En ese orden de ideas, del diverso artículo 135 de dicho código, establece el recurso de queja ante el órgano jurisdiccional omiso, cuando se considere que un juzgador de primera instancia no realizó un acto procesal dentro del plazo señalado por dicho código, otorgando el derecho a cualquiera de las partes para interponerla. De esto, se infiere que el legislador contempló el derecho de las partes de recurrir ante el propio juez de control de las actuaciones omisas o negligentes, como es en esta caso la omisión para dictar fecha de audiencia intermedia a efecto de continuar con el proceso ordinario dentro de la causa penal número * Del cual tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar esa omisión y que de conformidad con dicho artículo y el diverso 3, fracción X, ambos del mencionado código el tribunal de enjuiciamiento o el tribunal de alzada (local o federal) tiene la atribución de conocer de las quejas interpuestas en contra del juez de control, y deberá tramitarse y resolverse si la omisión se ha verificado en un plazo de veinticuatro horas, en cuyo caso, ordenará la realización del acto omitido. Se afirma lo anterior, pues constituye un derecho fundamental de las partes en el proceso promover la queja en contra de las omisiones o negligencias en que el juzgador de primera instancia puede incurrir, dentro de ellas las omisiones ahora reclamadas; prerrogativa otorgada y que no es opcional. Así, ello refuerza el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que al no encontrarse en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que pueda dejar sin efecto el acto de autoridad que le produce afectación antes de promover el juicio de amparo indirecto. De ahí que se actualice en la especie el motivo de improcedencia en estudio, pues es inconcuso que respecto de los actos omisivos ahora reclamados debió agotarse el principio de definitividad antes de acudir a esta instancia de amparo. Por otra parte, se estima que también cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso artículo 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), de la Ley de Amparo. ; [.]". En efecto, en cuanto a dichos actos reclamados planteados por el quejoso tampoco se advierte que tengan una ejecución que sea de imposible reparación, pues el juez señalado como responsable ha iniciado el trámite y éste se sigue substanciando en la causa penal * para seguir con la etapa intermedia del sistema acusatorio. Incluso, en los antecedentes de la demanda de amparo se hace mención, en su parte conducente, de lo siguiente: ".Finalmente en fecha 17 de septiembre de 2021 mediante acuerdo de fecha 8 de septiembre signado por la responsable se me hace del conocimiento la negativa a fijar día y hora para la celebración de audiencia intermedia por causa de que el defensor del imputado fue revocado por este y en tal virtud debe constar la asignación del defensor público.". De lo anterior, se advierte que en acuerdo de ocho de septiembre del presente año, no se fijó día y hora para la celebración de la audiencia intermedia en el proceso penal de origen, pero ello deriva de la asignación de un defensor público (para la parte imputada); de tal modo que es evidente que a la fecha, todavía no existen circunstancias para visualizar una paralización en el trámite del mismo, ni que haya transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual puedan estimarse tales omisiones reclamadas como fruto de un deliberado descuido u olvido en el trámite de la causa penal. Bajo este contexto, es válido afirmar que a la presente fecha no pueden estimarse como actos de imposible reparación, a las omisiones reclamadas y dilaciones reclamados, habida cuenta que no paralizan de manera definitiva el procedimiento natural, sino únicamente se proveyó en función de integrar de manera debida la relación jurídico procesal, en particular respecto de la defensa de la parte imputada. Así pues, los antecedentes del acto permiten advertir que la falta la celebración de la audiencia intermedia, fue con motivo de que el defensor del imputado fue revocado por la autoridad responsable y al no constar (todavía) la asignación del defensor público. De ahí que, se insiste, no existan circunstancias a la presente fecha, para estimar una paralización en su trámite de la causa penal. Entonces, debe concluirse que los actos reclamados en su demanda encuentran las causales manifiestas e indudables de improcedencia, que resultan de las fracciones XXIII y XVIII, del artículo 61 y diverso artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo (esta última interpretada en sentido contrario), en relación con los diversos 134, fracción IV, y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo de cuenta. Domicilio físico y autorizados. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Fabián Gómez y González, pues se encontró registro de su cédula profesional en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Y, por autorizado sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Jorge Sánchez Ricaño, porque así lo solicitó el quejoso. Asimismo, se le tiene como domicilio físico para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito demanda. Notifíquese; de manera personal al quejoso y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 956/2021-VI. Puebla, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por , por propio derecho, contra actos de la Juez de Control de la Región Judicial Centro. Materia del amparo. De la lectura armónica de la demanda de amparo se obtiene que los actos reclamados son: ? ".. . Reclamo las dilaciones procesales que han tenido como efecto el dejar a la parte quejosa en estado de indefensión dada su insistencia en sugerir una salida alterna a la controversia de origen, y por ende la omisión a dictar señalar fecha de audiencia intermedia para la prosecución ordinaria del procedimiento penal.". Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, respecto de los actos reclamados se advierte la actualización de las causales de improcedencia previstas en las fracciones XXIII y XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación los diversos 134, fracción IV, y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De dichas causales referidas se desprende: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...". Luego, los artículos 134 y 135 Código Nacional de Procedimientos Penales establecen lo siguiente: "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, . La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido". Luego, la interpretación del artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con la sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional, así como atender la oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. En ese orden de ideas, del diverso artículo 135 de dicho código, establece el recurso de queja ante el órgano jurisdiccional omiso, cuando se considere que un juzgador de primera instancia no realizó un acto procesal dentro del plazo señalado por dicho código, otorgando el derecho a cualquiera de las partes para interponerla. De esto, se infiere que el legislador contempló el derecho de las partes de recurrir ante el propio juez de control de las actuaciones omisas o negligentes, como es en esta caso la omisión para dictar fecha de audiencia intermedia a efecto de continuar con el proceso ordinario dentro de la causa penal número * Del cual tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar esa omisión y que de conformidad con dicho artículo y el diverso 3, fracción X, ambos del mencionado código el tribunal de enjuiciamiento o el tribunal de alzada (local o federal) tiene la atribución de conocer de las quejas interpuestas en contra del juez de control, y deberá tramitarse y resolverse si la omisión se ha verificado en un plazo de veinticuatro horas, en cuyo caso, ordenará la realización del acto omitido. Se afirma lo anterior, pues constituye un derecho fundamental de las partes en el proceso promover la queja en contra de las omisiones o negligencias en que el juzgador de primera instancia puede incurrir, dentro de ellas las omisiones ahora reclamadas; prerrogativa otorgada y que no es opcional. Así, ello refuerza el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que al no encontrarse en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que pueda dejar sin efecto el acto de autoridad que le produce afectación antes de promover el juicio de amparo indirecto. De ahí que se actualice en la especie el motivo de improcedencia en estudio, pues es inconcuso que respecto de los actos omisivos ahora reclamados debió agotarse el principio de definitividad antes de acudir a esta instancia de amparo. Por otra parte, se estima que también cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso artículo 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), de la Ley de Amparo. ; [.]". En efecto, en cuanto a dichos actos reclamados planteados por el quejoso tampoco se advierte que tengan una ejecución que sea de imposible reparación, pues el juez señalado como responsable ha iniciado el trámite y éste se sigue substanciando en la causa penal * para seguir con la etapa intermedia del sistema acusatorio. Incluso, en los antecedentes de la demanda de amparo se hace mención, en su parte conducente, de lo siguiente: ".Finalmente en fecha 17 de septiembre de 2021 mediante acuerdo de fecha 8 de septiembre signado por la responsable se me hace del conocimiento la negativa a fijar día y hora para la celebración de audiencia intermedia por causa de que el defensor del imputado fue revocado por este y en tal virtud debe constar la asignación del defensor público.". De lo anterior, se advierte que en acuerdo de ocho de septiembre del presente año, no se fijó día y hora para la celebración de la audiencia intermedia en el proceso penal de origen, pero ello deriva de la asignación de un defensor público (para la parte imputada); de tal modo que es evidente que a la fecha, todavía no existen circunstancias para visualizar una paralización en el trámite del mismo, ni que haya transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual puedan estimarse tales omisiones reclamadas como fruto de un deliberado descuido u olvido en el trámite de la causa penal. Bajo este contexto, es válido afirmar que a la presente fecha no pueden estimarse como actos de imposible reparación, a las omisiones reclamadas y dilaciones reclamados, habida cuenta que no paralizan de manera definitiva el procedimiento natural, sino únicamente se proveyó en función de integrar de manera debida la relación jurídico procesal, en particular respecto de la defensa de la parte imputada. Así pues, los antecedentes del acto permiten advertir que la falta la celebración de la audiencia intermedia, fue con motivo de que el defensor del imputado fue revocado por la autoridad responsable y al no constar (todavía) la asignación del defensor público. De ahí que, se insiste, no existan circunstancias a la presente fecha, para estimar una paralización en su trámite de la causa penal. Entonces, debe concluirse que los actos reclamados en su demanda encuentran las causales manifiestas e indudables de improcedencia, que resultan de las fracciones XXIII y XVIII, del artículo 61 y diverso artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo (esta última interpretada en sentido contrario), en relación con los diversos 134, fracción IV, y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo de cuenta. Domicilio físico y autorizados. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Fabián Gómez y González, pues se encontró registro de su cédula profesional en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Y, por autorizado sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Jorge Sánchez Ricaño, porque así lo solicitó el quejoso. Asimismo, se le tiene como domicilio físico para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito demanda. Notifíquese; de manera personal al quejoso y cúmplase.

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