Marcial Rodriguez Cruz

Expediente 806/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
806/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
03/11/2020

Partes del expediente

  • Marcial Rodriguez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 806/2020. Puebla, Puebla, tres de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que el quejoso no recurrió el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Juicio de amparo 806/2020 Puebla, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Agréguese al expediente la razón de cuenta, del actuario adscrito a este juzgado de distrito, donde informa la imposibilidad de notificar el acuerdo dieciséis de octubre del presente año, al quejoso en el domicilio que señaló para ello, pues refiere que al buscar construirse en el mismo advirtió la inexistencia de la calle que se indicó en la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se le tienen al quejoso las listas de este juzgado de distrito para oír y recibir las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale un nuevo domicilio para tal efecto ante este órgano jurisdiccional. Por consiguiente, se ordena notificar el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte por lista al quejoso. Notifíquese; de manera personal al quejoso el acuerdo de dieciséis de octubre del presente año, y cúmplase.

  3. Principal

    Juicio de amparo 806/2020 Puebla, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), presentada de manera física por *****, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales y Financieros, Mesa Uno, de la Dirección de Investigación Metropolitana de Puebla. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21 - causante de la enfermedad COVID- 19-. Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARSCoV- 2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación1; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo, porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o se haya solicitado el acceso al expediente electrónico -incluso en aquellos asuntos tramitados bajo el esquema tradicional-; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a traes del "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. Se reitera, el hecho de que el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de "juicio en línea"; por ello, se exhorta a las partes para efectos de que opten por este último modelo (juicio en línea). Desechamiento. El numeral 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano. Se considera que esa hipótesis normativa, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia, debe imponerse a la demanda presentada por el quejoso. Para demostrarlo, se transcriben los actos combatidos en la demanda: ".Se reclama de la autoridad responsable, el silencio administrativo y falta de respuesta a la petición escrita con fecha Dos de Diciembre del Año Dos Mil Diecinueve." (en la carpeta de investigación 11238/2019/ZONA CENTRO, indicada en la demanda). Esos actos permiten visualizar desde este momento, una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la inactividad y falta de respuesta combatidas en la demanda, respecto de un escrito donde se solicitaron actos de investigación en la referida carpeta - iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio- tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,2 porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. Por ello, se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma, en particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entra las cuales queda comprendida la inactividad por falta de respuesta a un escrito sobre actos de investigación. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que cesen las omisiones e incluso disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por el quejoso, contra la inactividad por falta de respuesta a un escrito, donde solicitó la emisión de actos de investigación (consistente en girar oficio al Director de Servicio Periciales dependiente de la Fiscalía General del Estado, para efecto de que personal a su cargo realizara el correspondiente dictamen en el cual se determinara el quebranto patrimonial que alude que sufrió) en la referida carpeta, debe llevarla primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258 del código en cita, a fin de cumplir el principio de definitividad. En efecto, el quejoso debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra los actos reclamados en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas de la responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la inactividad y falta de respuesta a un escrito, combatidas en la demanda de amparo, encuentran una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones del quejoso para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima por los hechos con apariencia de un delito de fraude y él presentó la denuncia que originó la mencionada carpeta, bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Entonces, procede desechar la demanda de amparo, pues los actos reclamados por el quejoso a la autoridad responsable, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la inactividad y falta de respuesta a un escrito donde solicitó actos de investigación, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de cuenta. Por otro lado, queda autorizada en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, la profesionista de nombre María del Rosario Jamangape Ángeles, porque se encontró su cédula profesional en el sistema electrónico respectivo, y aquél le otorgó facultades amplias en forma expresa. Comunicación de las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se tiene por señalado el correo electrónico del quejoso, como medio para ello. Sin embargo, a fin de complementar su información, se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número telefónico. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación (teléfono móvil y correo electrónico) sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y de estimarse necesario); sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Autorización para toma de fotografías. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal4, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto5 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma, habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

  4. Principal

    Juicio de amparo 806/2020 Puebla, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), presentada de manera física por *****, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales y Financieros, Mesa Uno, de la Dirección de Investigación Metropolitana de Puebla. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21 - causante de la enfermedad COVID- 19-. Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARSCoV- 2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación1; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo, porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o se haya solicitado el acceso al expediente electrónico -incluso en aquellos asuntos tramitados bajo el esquema tradicional-; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a traes del "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. Se reitera, el hecho de que el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de "juicio en línea"; por ello, se exhorta a las partes para efectos de que opten por este último modelo (juicio en línea). Desechamiento. El numeral 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano. Se considera que esa hipótesis normativa, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia, debe imponerse a la demanda presentada por el quejoso. Para demostrarlo, se transcriben los actos combatidos en la demanda: ".Se reclama de la autoridad responsable, el silencio administrativo y falta de respuesta a la petición escrita con fecha Dos de Diciembre del Año Dos Mil Diecinueve." (en la carpeta de investigación ***, indicada en la demanda). Esos actos permiten visualizar desde este momento, una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la inactividad y falta de respuesta combatidas en la demanda, respecto de un escrito donde se solicitaron actos de investigación en la referida carpeta - iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio- tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,2 porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. Por ello, se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma, en particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entra las cuales queda comprendida la inactividad por falta de respuesta a un escrito sobre actos de investigación. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que cesen las omisiones e incluso disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por el quejoso, contra la inactividad por falta de respuesta a un escrito, donde solicitó la emisión de actos de investigación (consistente en girar oficio al Director de Servicio Periciales dependiente de la Fiscalía General del Estado, para efecto de que personal a su cargo realizara el correspondiente dictamen en el cual se determinara el quebranto patrimonial que alude que sufrió) en la referida carpeta, debe llevarla primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258 del código en cita, a fin de cumplir el principio de definitividad. En efecto, el quejoso debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra los actos reclamados en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas de la responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la inactividad y falta de respuesta a un escrito, combatidas en la demanda de amparo, encuentran una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones del quejoso para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima por los hechos con apariencia de un delito de fraude y él presentó la denuncia que originó la mencionada carpeta, bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Entonces, procede desechar la demanda de amparo, pues los actos reclamados por el quejoso a la autoridad responsable, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la inactividad y falta de respuesta a un escrito donde solicitó actos de investigación, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de cuenta. Por otro lado, queda autorizada en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, la profesionista de nombre María del Rosario Jamangape Ángeles, porque se encontró su cédula profesional en el sistema electrónico respectivo, y aquél le otorgó facultades amplias en forma expresa. Comunicación de las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se tiene por señalado el correo electrónico del quejoso, como medio para ello. Sin embargo, a fin de complementar su información, se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número telefónico. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación (teléfono móvil y correo electrónico) sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y de estimarse necesario); sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Autorización para toma de fotografías. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal4, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto5 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma, habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

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