Mara Marin Contreras

Expediente 1724/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1724/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Mara Marin Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: agréguense los oficios de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán y de la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales, dan cumplimiento al requerimiento de veintinueve de julio pasado. Así, la primera informa fechas y horas que le fueron designadas por las autoridades estatales correspondientes para la asesoría que les solicitó; y la segunda informa que señaló las doce horas del doce de agosto de este año para brindar al Municipio de Seyé, Yucatán, las orientaciones y parámetros a modo de asesoría que fue solicitada por éste, lo cual se hizo de su conocimiento mediante oficio recibido el cuatro de agosto de este año. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad para que, dentro del término de tres días, computado a partir de que se lleve a cabo la reunión agendada, señale el resultado de la indicada asesoría al Municipio de Seyé, Yucatán. Además, se requiere a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, para que dentro del término de tres días, computado a partir de dicha reunión, tomando en consideración la asesoría que, en su caso, le brinde la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, señale los actos que ha realizado con el fin de obtener los recursos correspondientes para hacer pago a la parte quejosa del laudo dictado en el juicio laboral de origen. Apercibidas que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la cuenta que antecede, se agrega el oficio firmado por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, con anexos, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado a las autoridades municipales en auto de diez de junio de este año, señala que, a través de oficios de veinticinco de julio de la anualidad, solicitó al Congreso, al Secretario de Administración y Finanzas y al Secretario de Gobierno, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que, mediante reuniones interinstitucionales, les brindaran la asesoría en temas presupuestarios con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, se requiere al Congreso, al Secretario de Administración y Finanzas y al Secretario de Gobierno, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad para que, dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, señale la respuesta que otorgó al Municipio de Seyé. Apercibidas que, de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos, para resolver el presente juicio de amparo 913/2022-II-B, promovido por , quien se ostenta apoderado legal de la persona moral quejosa denominada , SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció , quien se ostenta apoderado legal de la persona moral quejosa denominada , SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento dado al requerimiento efectuado en proveído de uno de abril de dos mil veintidós, por auto de once de abril siguiente, se admitió a trámite, la cual quedó registrada con el número 913/2022-II-B. En tal virtud, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad las demandas de amparo, examinando no sólo los capítulos que contienen los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la Litis efectivamente planteada, se advierte que la quejosa acude a esta instancia a reclamar de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y actuario de su adscripción, ambas con sede en esta ciudad, lo siguiente: La ilegal notificación y emplazamiento al juicio laboral , así como todos y cada uno de los actos reclamados en dicho procedimiento o que pretendan realizarse. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y actuario de su adscripción, ambas con sede en esta ciudad, pues así se advierte de sus informes justificados, el primero rendido por conducto de su Presidente, lo que además se corrobora con las constancias que al mismo adjuntó. CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello. Y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, por lo que deberá concedérsele la protección de la Justicia Federal solicitada, por los motivos que a continuación se indican. Cabe señalar que en la especie, la quejosa reclama el ilegal emplazamiento que se le practicó en los autos del juicio laboral número , promovido en su contra y otros, por , así como todo lo actuado en el mismo, y al respecto aduce que la notificación que se le practicó se hizo en forma contraria a las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, y que debido a ello se le privó de toda oportunidad de defenderse de la demanda entablada en su contra, violándose en su perjuicio sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Ahora bien, de las constancias que la Presidente de la Junta Laboral responsable envió a este órgano de control constitucional, relativas al expediente , de donde emanan los actos reclamados. Copias certificadas a las que se les confiere pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte lo siguiente: 1. Que mediante escrito presentado de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, , entabló formal demanda laboral en contra de SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y , reclamándoles el cumplimiento y pago de diversas prestaciones (fojas 63 y 64 de autos). 2. Que en proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, admitió a trámite la demanda, la cual registró con el número , y ordenó en ese propio proveído, entre otras cosas, emplazar a juicio a la parte demandada, (foja 65). 3. Mediante diligencias actuariales de fechas veinte y veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el actuario adscrito a la Junta responsable, emplazó a juicio a la parte demandada, entre ellas, la aquí quejosa (fojas 66 y 71). 4. En fechas veintiséis de abril de dos mil dieciocho, tuvieron verificativos las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, y la de pruebas, en la que se hizo constar la inasistencia de la parte demandada, con excepción del demandado en esas circunstancias, se le tuvo por inconforme con todo arreglo conciliatorio, y por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido su derecho para ofrecer pruebas a su favor, (fojas 80 y 81). 5. En fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte, la Junta responsable dictó el proyecto de laudo condenando únicamente al demandado al pago de las cantidades reclamadas por parte del actor, el cual fue elevado a la categoría de laudo el trece de octubre siguiente, (fojas 100 a 107). 6. Con motivo del juicio de amparo directo promovido por , la Junta responsable, en fecha cinco de julio de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el laudo reclamado en dicho procedimiento, y emitió una nuevo en el que condenó además de , a como responsable de la fuente de trabajo y a la persona moral SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, al pago de las cantidades reclamadas por parte del actor (fojas 119 y 120). Ahora bien, como ya se dijo, resultan fundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa, por los motivos que a continuación se exponen. Como ya se señaló anteriormente, el aquí promovente se duele de que no fue debidamente emplazado y notificado para comparecer al juicio laboral número , alegando que la notificación que se le realizó, se hizo en forma contraria a las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Además, señala que el actuario responsable no dio cumplimiento a lo señalado en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, pues omitió manifestar los medios de convicción que lo llevaron a la conclusión de que la diligencia que dijo practicar la efectuó después de haberse cerciorado que la persona que va a notificar, habita, trabaja o tiene su domicilio en el lugar en el que se constituyó, lo que ocasionó que quedara en estado de indefensión. En tal orden de ideas, la lectura y análisis efectuado a las diligencias practicadas por el actuario responsable los días catorce y quince de mayo de dos mil dieciocho, permiten al suscrito llegar a la conclusión de que en efecto, el acto reclamado resulta violatorio de derechos fundamentales en perjuicio de la quejosa, toda vez que el emplazamiento que se le hizo no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que dispone: "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." Ciertamente, en las constancias de emplazamiento de referencia, el actuario responsable fue omiso al señalar cuáles fueron los medios por los que pudo cerciorarse de que, en efecto, el domicilio en el que se encontraba pertenecía a la demandada, y para poner de manifiesto dicha omisión, se precisa transcribir las diligencias actuariales de fechas veinte y veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, que dicen lo siguiente: "CITATORIO PREVIO. . - - - En la ciudad de Mérida, México, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día veinte de marzo del año dos mil dieciocho, me constituí en el predio número de la calle del Centro de esta ciudad, domicilio señalado en autos para llevar a cabo la notificación y/o emplazamiento a juicio de los demandados antes mencionados, y cerciorado de ser el domicilio correcto porque así me lo manifiesta la persona con la cual entiendo la diligencia, no teniendo a la mano documento alguno como identificarse misma que se encuentra en el interior del predio, siendo específico en las oficinas de los demandados y además, en la puerta existe una nomenclatura con la numeración del predio señalado, por la información proporcionada por uno de los empleados que se encontraba en el interior, quien me manifestó que efectivamente tienen su domicilio en esta ubicación dichos demandados, así mismo en la parte superior de dicho predio existe un anuncio pintado con la leyenda en letras molde. Estando presente y siendo la misma el (la) C. , quien dijo llamarse como queda escrito y dijo ser mayor de edad y empleado (a) de la parte demandada y que la persona por la que se pregunta, efectivamente labora y/o trabaja, y tiene su domicilio y/u oficinas, en el predio donde me encuentro realizando la diligencia, misma que por el momento no se encuentra. Por lo que procedí a dejarle citatorio para que se sirva esperar al suscrito ACTUARIO en este domicilio a las catorce horas con cincuenta minutos del día veintiuno del mes de marzo de año dos mil dieciocho, con el objeto de notificarle el acuerdo dictado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, y le apercibí que en caso de no hacerlo le comunique, que con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del Artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, la notificación se practicará con cualquier persona que ahí se encuentre y para el caso de encontrarse cerrado, se procederá fijando copia de la misma en la puerta de acceso a este domicilio. Enterado (a) la (el) compareciente del objeto de la presente. DOY FE. EL ACTUARIO.... " "NOTIFICADO. C . - - - En la ciudad de Mérida, Yucatán, México, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho, el suscrito actuario de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, me constituí en el domicilio señalado en autos para llevar a cabo la notificación y/o emplazamiento a juicio de los demandados antes mencionados, en el predio número de la calle del Centro de esta ciudad, con el objeto de notificarle el acuerdo de veintiséis de febrero del año dos mil dieciocho dictado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. RAZÓN PARA COPIA DE AUTOS: Y en vista de no encontrarse presente la persona antes señalada a pesar de haberla citado con anticipación, se procede a entender la diligencia con la misma persona que me atendió con anterioridad, no teniendo a la mano documento alguno como identificarse, el (la) C. , quien dijo ser mayor de edad, trabajar en ese domicilio como empleado de los demandados, y como lo había manifestado con anterioridad, efectivamente laboran y/o trabajan y tiene su domicilio y/u oficinas, en el predio donde me encuentro realizando la diligencia, mismo que por el momento no se encuentra. RECIBE copia autorizada del acuerdo de fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciocho, dictado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, copia debidamente cotejada de la demanda inicial y ACTA DE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN no firmando por no creerlo necesario, de recibido al calce del proveído original que se le entrega. En la inteligencia que me cercioré de que era el lugar para practicar la notificación por así manifestarlo la persona con quien entiendo la diligencia; así mismo, en la puerta existe una nomenclatura con la numeración del predio señalado, por la información proporcionada por uno de los empleados que se encontraba en el interior, quien me manifestó que efectivamente tienen su domicilio en esta ubicación dichos demandados, así mismo en la parte superior de dicho predio existe un anuncio pintado con la leyenda en letras de molde. DOY FE EL ACTUARIO..." De las anteriores transcripciones se advierte con meridiana claridad que el actuario responsable para cerciorarse que efectivamente se encontraba en el domicilio de la demandada , se limitó a decir ".por así manifestarlo la persona con quien entiendo la diligencia; así mismo, en la puerta existe una nomenclatura con la numeración del predio señalado, por la información proporcionada por uno de los empleados que se encontraba en el interior, quien me manifestó que efectivamente tienen su domicilio en esta ubicación dichos demandados, así mismo en la parte superior de dicho predio existe un anuncio pintado con la leyenda en letras de molde...", pero se reitera, se advierte que el notificador no precisó cuáles fueron los medios o datos que tuvo a la vista para dicho cercioramiento. Por lo que son insuficientes los medios usados para llegar a la conclusión de que en ese lugar tenía su domicilio la persona moral demandada, aquí quejosa, ya que con el carácter de fedatario público con que cuenta, debió cerciorarse previamente, de si la persona a la que pretendía emplazar a juicio tenía su domicilio en el local o casa en donde realizó la diligencia, y si en la misma podía encontrar a su representante legal, debiendo asentar con precisión los medios por los cuales llevó a cabo tal cercioramiento, lo que no ocurrió en la especie. En este caso, el actuario adscrito a la Junta responsable, debió señalar en su razón actuarial, cuáles fueron los medios por los que pudo cerciorarse del domicilio de la demandada, aquí quejosa, tales como la forma en que se cercioró que se constituyó en el lugar correcto por señalarse así en el nombre de la calle, por la numeración del inmueble o a qué se refiere cuando señala que existe un anuncio en la parte superior sin referir que dice el mismo, considerando que eran varias las personas a las que estaba emplazando, por lo que era necesario que detallara tales aspectos a fin de corroborar que se ubicó en el lugar correcto, y todos los demás datos que la llevaran a constatar que efectivamente se constituyó en el domicilio indicado para llevar a cabo la diligencia, y donde tenía su domicilio la demandada. Ya que con los medios señalados, no se desprende que se haya cerciorado debidamente que se encontraba en el predio número " de la calle del Centro de esta ciudad", que fue el señalado por el actor en el juicio natural. Además de que no se cercioró en modo alguno que en ese lugar tenía su domicilio la persona moral demandada y que en el mismo podía notificarse por conducto de su representante legal, por quien ni siquiera solicitó su presencia, a fin de poder emplazarla a juicio, resultando insuficiente, como ya se dijo, que señalara en su constancia respectiva que se había cerciorado, por la nomenclatura y por el nombre pintado en letras molde -sin hacer referencia a cuál y dónde se ubicaba- y por el dicho de una persona con la que entendió la diligencia, la que no se identificó ni se advierte que le hubiese requerido que lo hiciera. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 743 fracciones II a IV, de la Ley Federal del Trabajo, al tratarse de una persona moral la demandada, la diligencia debe practicarse con su representante legal, y en el supuesto de que éste no se encontrare presente, se le dejará citatorio al mismo, para que espere al actuario al día siguiente a una hora determinada. Si no obstante el citatorio, el representante legal no esperare al actuario, la notificación se podrá realizar con cualquier persona que se encuentre en la casa o local. De donde se obtiene que tratándose de personas morales, es obligación del fedatario requerir la presencia del representante legal de quien se pretende emplazar, tanto al realizar esa diligencia en la primera búsqueda, como cuando se realiza previo citatorio. Lo que no realizó el notificador responsable, ya que de la lectura de las constancias respectivas no se advierte que hubiese solicitado la presencia de dicho representante. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sostenido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que señala lo que sigue: "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO SE REALIZA CON UNA PERSONA MORAL, PREVIO CITATORIO, EL ACTUARIO DEBE REQUERIR LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL, ANTES DE HACERLO CON QUIEN LO ATIENDE, SI ÉSTE CARECE DE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN (SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES II Y IV DEL ARTÍCULO 743 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). Conforme a lo establecido en las fracciones I a IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo -precepto que establece las reglas básicas de la primera notificación personal-, el actuario debe cumplir, entre otras, con las siguientes formalidades: I) cerciorarse de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado para hacer la notificación; II) tratándose de persona moral, asegurarse de que entiende la diligencia con el representante legal de aquélla; III) en los casos en que no se encuentre presente el interesado o su representante, dejar el citatorio para que éste lo espere al día siguiente a hora determinada; y IV) si no obstante el citatorio, no se encuentra presente el representante, hacer la notificación con cualquier persona que se encuentre en la casa o local. En congruencia con lo anterior, tratándose de personas morales, es obligación del fedatario requerir la presencia del representante legal de quien se pretende emplazar, tanto al realizar esa diligencia en la primera búsqueda, como cuando se realiza previo citatorio, pues según las fracciones II y IV del ordenamiento legal invocado el emplazamiento siempre debe entenderse con persona facultada para representar a la parte demandada, lo que de manera imbíbita lleva la obligación de requerir la presencia del referido representante, cuando el actuario se constituye nuevamente en el domicilio respectivo a la hora que fijó en el citatorio, y sólo cuando dicho apoderado no lo espere, podrá practicar el emplazamiento con quien no tenga la calidad apuntada." Aunado a lo anterior, si bien es verdad que la persona con quien entendió la diligencia le refirió ser empleada de la demandada, el actuario fue omiso en establecer el cargo y/o puesto que dicha persona desempeñaba en el lugar donde se ubicaba, es decir, no recabó datos objetivos que le permitieran asegurarse de que verdaderamente ahí tenía su domicilio el destinatario de la notificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO LABORAL. NO BASTA QUE ALGUIEN INFORME QUE "POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRA LA PERSONA QUE BUSCA" PARA CONSIDERAR QUE EL ACTUARIO SE CERCIORÓ QUE EN ESE LUGAR HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO EL DEMANDADO. El emplazamiento a juicio laboral es un acto procesal que reviste gran importancia, por permitir el cumplimiento de la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional y, por eso, el artículo 743, fracción 1, de la Ley Federal del Trabajo, establece que al realizarlo el actuario debe cerciorarse que en el lugar señalado en autos habita, trabaja o tiene su domicilio la persona que busca; por lo que cuando alguien le informa que "por el momento no se encuentra" la persona que busca, ese funcionario debe recabar otros datos objetivos que le permitan asegurarse de que verdaderamente ahí habita, trabaja o tiene su domicilio el destinatario de la notificación, puesto que aquella afirmación no conduce inequívocamente al estado de certeza que exige el precepto legal en cuestión, sino que puede llevar a cometer errores que no permitirían o impedirían al particular conocer el inicio del procedimiento." Igualmente encuentra apoyo lo anterior en la siguiente jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que es del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO, CERCIORAMIENTO DEFICIENTE DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO. No es bastante el cercioramiento que efectúa el actuario acerca de que el domicilio en que practica el emplazamiento es el del demandado, si tal constatación la realiza apoyándose en que ese es el que proporcionó el actor y porque tiene a la vista la nomenclatura y número exterior visible de la finca en que actúa, puesto que, para ese fin, es necesario que, con los atributos propios de su autoridad, se asegure mediante otros datos que tenga a su alcance, de la efectividad de la designación del domicilio de que se trata, esto es, debe cerciorarse que a quien pretende llamar a juicio, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación; por tanto, si el emplazamiento adolece de los requisitos formales mencionados, resulta ilegal." Asimismo, apoya lo anterior, la diversa jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO. DEBEN OBSERVARSE TODAS LAS FORMALIDADES DEL. De conformidad con lo que dispone el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, para que un emplazamiento se encuentre correctamente desahogado no basta que el actuario se cerciore de que el domicilio donde efectúa es el señalado en la demanda, por medio de las placas de nomenclatura oficiales, sino además tiene que cerciorarse de que en ese lugar habita, trabaja o tiene su domicilio el demandado, ya que de omitir esa circunstancia resulta ilegal el emplazamiento, debiendo hacerse constar en el acta que al efecto se levante los medios a través de los cuales llegó a tal conocimiento". En esas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, procede concederle el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado a partir del ilegal emplazamiento de la aquí quejosa y ordene nuevamente realizar el mismo al actuario que corresponda, en términos de ley. De igual forma la sentencia concesora de amparo, debe hacerse extensiva al codemandado , como responsable de la fuente de trabajo por existir entre ellos litisconsorcio pasivo necesario al haber sido condenados en el laudo dictado en el juicio de origen, al pago de las prestaciones reclamadas por el actor. No así los restantes codemandados, pues a los mismos se les absolvió en dicho procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Los efectos de la sentencia de amparo que concede la Protección Federal solicitada, deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de garantías, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo tanto, si se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la Protección Constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se está en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la Protección Federal." Así como la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Séptimo Circuito, del siguiente rubro y texto: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA AL DELIMITAR LOS EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE DECLARA ILEGAL EL EMPLAZAMIENTO DEL QUEJOSO QUIEN SE OSTENTÓ COMO TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN, DEBE CONSIDERARSE Y NO DESCONOCERSE LO RESUELTO EN EL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL. En la jurisprudencia P./J. 9/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 78, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos de la sentencia de amparo que concede la protección federal deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario, o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de amparo, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. En relación con ello, en la jurisprudencia 2a./J. 103/2011, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 690, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN MATERIA DE TRABAJO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD LABORAL DETERMINAR SU EXISTENCIA.", la Segunda Sala de ese Alto Tribunal precisó que en materia de trabajo corresponde a la autoridad que conoce del juicio resolver la existencia o inexistencia del litisconsorcio pasivo necesario. Consecuentemente, para determinar la existencia de litisconsorcio pasivo necesario al delimitar los efectos de la protección constitucional en el juicio de amparo indirecto, cuando se declara ilegal el emplazamiento del quejoso quien se ostentó como tercero extraño por equiparación, el juzgador de amparo debe considerar lo resuelto en el laudo dictado en el juicio común, pues mediante esa resolución la Junta de Conciliación y Arbitraje fijó la existencia o inexistencia del litisconsorcio, y tal pronunciamiento constituye una verdad legal que no fue puesta a discusión, por lo que no se debe desconocer." En mérito de lo considerado, resulta innecesario proceder al estudio de los demás conceptos de violación, pues la parte quejosa ya no podría alcanzar mayores beneficios que los alcanzados con los conceptos de violación que anteriormente fueron examinados. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia por reiteración VI.2o. J/316, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae como consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre estos". SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a , SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de los actos que reclamó a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y actuario de su adscripción, ambas con sede en esta ciudad, por las razones y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

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