Manuela Emilia Mena Magaña

Expediente 2047/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2047/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Manuela Emilia Mena Magaña
  • Nelson Eddy Rosales Rendón
  • MANUELA EMILIA MENA MAGAÑA y Otros.
  • Reina Guadalupe Vázquez Mena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 2047/2022-VIII-B, promovido por Manuela Emilia Mena Magaña y otros, contra actos del Congreso del Estado de Yucatán y de otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, turnado el veintiséis siguiente a este juzgado, comparecieron Manuela Emilia Mena Magaña, Alina Guadalupe Vázquez Mena, Nelson Eddy Rosales Rendón, Paula Concepción Rosado Quijano, Lucrecia Golib Piña, Santos Alberto Puc Can, Cindy Mayanin Burgos González, Rosa de Lourdes Pacho Matos, Jessica Ivonne Burgos Vázquez y Giovanny Israel Herrera Espinosa, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y de otras autoridades. SEGUNDO. Desechamiento parcial y admisión de la demanda. Por auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 2047/2022-VIII-B, se desechó la demanda respecto a los actos atribuidos al Director del Diario Oficial del Gobierno del Estado; por otra parte, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete. TERCERO. Inconforme con dicha determinación, los quejosos interpusieron recurso de queja en contra de la parte conducente del auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que desechó la demanda. Por ejecutoria de dieciséis de marzo del año en curso, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró parcialmente fundado el recurso de queja y ordenó al suscrito que admita la demanda de amparo respecto del acto atribuido al Director del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, al impugnarse por vicios propios. CUARTO. Por auto de treinta y uno de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el testimonio de ejecutoria, se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y ordenó continuarlo por su secuela legal; se admitió a trámite la demanda respecto del acto reclamado al Director del Diario Oficial del Gobierno del Estado; se solicitó su informe justificado; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete igual forma, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES: PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 61, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, como se precisó desde el auto admisorio, la parte quejosa reclama: Del Gobernador y Congreso del Estado de Yucatán, la iniciativa, discusión, aprobación, sanción y promulgación del decreto 532/2022, por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, aprobado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, y publicado el mismo día en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el cual entró en vigor al día siguiente, en concreto los artículos 2, 3 fracciones XI, XIX y XXI, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 27, 49 fracciones I inciso c), 72, 107, 111, 112, 113, 116, 119, 125, 126, 127, 129, 130, 136, 137, transitorios primero, segundo, sexto, séptimo, octavo, noveno, decimoprimero, decimosegundo y decimocuarto del mencionado decreto. Y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), la aplicación de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), la aplicación de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Del Director del Diario Oficial del Gobierno del Estado, la transgresión y violación al artículo 19 de la Ley del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán al publicar en forma inmediata el Decreto 532/2022, por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, el cual fue aprobado por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, el veintiuno de julio de dos mil veintidós, el cual se publicó ese mismo día en la Edición Vespertina, entrando en vigor el veintidós de julio de dos mil veintidós. TERCERA. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman al Gobernador, Congreso y Director del Diario Oficial, todos del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo señalaron expresamente al rendir sus informes justificados. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Máxime que no es necesario acreditar la existencia de las normas reclamadas, pues basta su publicación en el Diario Oficial respectivo para comprobar esta circunstancia, ya que esa divulgación constituye un hecho notorio para un órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del código supletorio a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, visible a página 260, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por su parte, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, por conducto de su apoderada, manifestó que no era cierto el acto reclamado, empero realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye. Razón por la que se tiene por existente los actos reclamado por el quejoso en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTA. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, tal y como lo señalaron las responsables, se actualiza el motivo de inejercibilidad previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 5º, ambos de la Ley de Amparo. Esto, porque el quejoso no acreditó la afectación que la legislación tildada de inconstitucional causa a su interés jurídico o legítimo, ya que no exhibió documento alguno para acreditar que se encuentra dentro de las hipótesis normativas que dispone esa porción legal o frente a una especial situación jurídica. El artículo mencionado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley." Por su parte, el artículo 5 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". De la intelección de los numerales antes transcritos, se desprende que para la procedencia del juicio de amparo se requiere que la parte quejosa acredite contar con un interés jurídico o legítimo a tutelar por parte del órgano de control constitucional, pues dicha figura se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido por el artículo 6º de la Ley de Amparo, conforme al cual, el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. En el presente caso, la parte quejosa acude a la presente acción constitucional a reclamar diversos artículos del decreto 532/2022, por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, el cual señala, le causa perjuicio por su sola entrada en vigor, por lo que -aduce- se trata de una norma autoaplicativa. Ahora bien, en tratándose de amparo contra leyes, las normas jurídicas pueden ser impugnadas según sea su naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concretice la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En cualquier caso, debe quedar acreditado que las normas generales reclamadas produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicitó la protección constitucional, porque su entrada en vigor produjo efectos de inmediato, o bien, porque se llevaron a cabo por una actuación, ya sea que se trate de un acto de autoridad o que, tratándose de actos de un particular, éstos vinculen al peticionario a la ley, por actualizarse los supuestos de la norma. Es decir, para que una norma autoaplicativa, o bien, heteroaplicativa, produzca efectos en la esfera jurídica de un gobernado, éste debe tener incorporado el derecho afectado por la misma (interés jurídico), pues si quien promueve el juicio de amparo no demuestra esa titularidad o la afectación a su esfera de derechos, carece de interés jurídico para combatir acto o norma alguna. El criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada"; se ha entendido la noción de norma autoaplicativa, como aquella que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, con lo que se superó la antigua idea de "autoejecución", con la cual se explicaba esta categoría de normas. Es decir, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, Materias(s): Constitucional, Común, con registro digital 198200, que es del tenor siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En virtud de las diferencias existentes entre una ley de carácter autoaplicativo y otra de orden heteroaplicativo, en el supuesto de la norma autoaplicativa, el estudio de la afectación jurídica debe partir de la premisa de que la norma ocasionó agravio al particular desde el inicio de su vigencia. Mientras que en el caso de leyes heteroaplicativas, el examen del perjuicio al interés jurídico del gobernado es a partir del agravio que produce el acto de aplicación de dichas leyes, debido a que éstas no causan perjuicio por su sola vigencia, sino que es necesaria la existencia de la condición que materializa los efectos perjudiciales en agravio del particular que, con motivo de esa condición, ve individualizado en su perjuicio el mandato dispuesto en tales normas. En el presente asunto no es necesario realizar el estudio correspondiente a la naturaleza de las disposiciones legales reclamadas, esto es, si se tratan de normas autoaplicativas o heteroaplicativas, ya que, para llegar a tal conclusión, necesariamente se debe establecer previamente si el peticionario del amparo es sujeto de la norma, ya sea por su sola entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación, lo que se traduce en la acreditación de su interés jurídico o legítimo; que en el caso no acontece como se expondrá. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a.CCLXXXI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, visible a página 148, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." Al respecto, debe distinguirse si, atendiendo a la situación concreta en la que se encuentra el peticionario del amparo, se debe acreditar un interés jurídico o legítimo para acudir al juicio de control constitucional, pues en cada caso es diferente el estándar probatorio que se debe demostrar previo a analizar el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.A.C.3 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, visible a página 1499, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA PROBATORIA PARA ACREDITARLOS CUANDO SE IMPUGNAN LEYES AUTOAPLICATIVAS. El interés jurídico, entendido bajo la idea de que el amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, carácter que tiene el quejoso que aduce ser titular exclusivo del derecho defendido, se modificó con las reformas constitucionales en las materias de amparo y derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 y 10 de junio de 2011, respectivamente, en que se incorpora el interés legítimo como una vía más amplia para lograr la tutela de los derechos. Por lo anterior, entre el interés jurídico y el interés legítimo existen diferencias en materia probatoria para acreditarlos, en tanto que de una interpretación teleológica y funcional del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, se colige que los alcances del derecho que se defiende no necesariamente se reducen a lo puramente personal del agravio directo, en tanto que el sentido amplio al que se dirige, supone una afectación indirecta en la esfera jurídica de la persona, derivada de la especial situación en que se coloca frente al orden jurídico. En ese sentido, para que la afectación sea actual y real, no hipotética ni incierta, es necesario identificar que los grados de afectación del derecho se mueven en diversas intensidades, y en forma diferente a lo que sucede con el interés jurídico. Esto implica, por consecuencia, entender que los criterios de valoración de pruebas son diferentes entre sí, en tanto que la doctrina tradicional del interés jurídico exige medios directos para acreditar de manera fehaciente que el promovente resultó agraviado, y ello lo faculta para acudir al amparo, a diferencia de lo que ocurre con el interés legítimo, el cual requiere identificar el tipo de derecho y la calidad con que se defiende, así como la gradualidad de la posible afectación para, con base en ello, determinar, en un análisis concreto, según la situación de cada caso, la exigencia en materia de prueba. Por tanto, el interés legítimo se rige por un principio de prueba que tiene diferencias respecto del interés jurídico, pero que no se reduce a la sola manifestación del interesado de que goza de un interés suficiente para controvertir una norma autoaplicativa, ya que, se reitera, la sola circunstancia de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que no deba acreditarse en cada caso." Al respecto, el interés jurídico debe entenderse como la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por las responsables; esto es, la existencia de un derecho legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura 1a./J. 168/2007, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, visible en la página 225 que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Mientras que para el interés legítimo se requiere acreditar que el impetrante del amparo se encuentra ante una situación especial frente al orden jurídico que, de resultar favorable su pretensión, se traduzca en un beneficio cierto e inmediato. Apoya lo anterior la tesis LXXX*2013 (10a.), perteneciente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Bajo ese contexto, en el presente sumario los quejosos debieron acreditar su interés jurídico, porque como ya se señaló, reclamaron diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, al indicar que son destinatarios de la misma desde su sola entrada en vigor, por lo cual se encontraba obligada a demostrar que es sujeto de ésta al momento de su promulgación y vigencia. Ahora bien, los artículos de esa legislación que en esta vía se tildan de inconstitucionales disponen, en esencia, lo siguiente: artículo 2, artículo 3, fracciones XI, XIX y XXI; 6, naturaleza y objeto del Instituto; 7, atribuciones del instituto; 11, integración del consejo directivo; 13, nombramiento y remoción de la persona titular de la dirección general; 15, órgano de vigilancia y supervisión; 20, cuotas de seguridad social; 27, adeudo de otras autoridades; 49 fracción I, inciso C, inversión de reservas; 72, integración; 107, incremento a la cuantía de pensiones; 111, pensión por retiro anticipado, 112, pensión por vejez¸113, pensión por retiro anticipado; 116, pensión por riesgo de trabajo por incapacidad permanente total; 119, pensión por invalidez por causa ajenas al trabajo; 125, fallecimiento de las personas pensionadas; 126, fallecimiento por riesgo de trabajo; 127, fallecimiento por causa ajenas al riesgo de trabajo; 129, revisión de pensiones; 130, modificación de la pensión; 136, impugnación de las resoluciones; 137, supletoriedad; y así como los transitorios PRIMERO, Entrada en vigor; SEGUNDO, Abrogación; SEXTO, Personas servidoras públicas en transición; SÉPTIMO, Salario regulador de las personas servidoras públicas en transición; OCTAVO, Cuotas de las personas servidoras públicas en transición; NOVENO, Aportaciones de las entidades públicas con personas servidoras públicas en transición; DÉCIMO PRIMERO, Pensión por vejez de las personas servidoras públicas en transición; DÉCIMO SEGUNDO, Pensión por retiro anticipado en edad avanzada de las personas servidoras públicas en transición; y DÉCIMO CUARTO, Pensión por fallecimiento por causas ajenas al trabajo de las personas servidoras públicas en transición. Ahora bien, los ordinales 1° y 2° de la referida normatividad señalan lo siguiente: "Artículo 1. Objeto Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el estado de Yucatán, y tiene por objeto establecer un régimen de seguridad social para las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal; de los poderes Legislativo y Judicial; de los organismos constitucionales autónomos estatales; de los ayuntamientos, así como de los organismos descentralizados de la administración paramunicipal que, mediante convenio, se adhieran al régimen de seguridad social." "Artículo 2. Régimen de seguridad social El régimen de seguridad social tiene por objeto garantizar a las personas servidoras públicas y a las personas beneficiarias, el derecho a la salud por medio del acceso a la asistencia médica, así como la satisfacción de sus necesidades básicas mediante el otorgamiento de diversas prestaciones económicas y sociales." De la intelección de los indicados ordinales se puede advertir que la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán tiene por objeto establecer un régimen de seguridad social para las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, entre otras, siendo éstas las destinatarias ultimas de la norma jurídica. Por ende, para que los ordinales reclamados causen un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, era necesario que ésta acreditara fehacientemente que eran servidores públicos de la Administración Pública Estatal al momento de que entró en vigor la legislación en comento, es decir, que se colija que son sujetos de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico. Lo anterior, pues no basta que haya indicado en su demanda, bajo protesta de decir verdad, que se encuentran ubicados, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla, ya que, se insiste, era necesario acreditar los extremos de la ley que lo corrobore como sujeto de aquella. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, visible a página 267, del rubro y texto siguientes: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma." Así como la diversa jurisprudencia 3a./J. 9/94 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 76, Abril de 1994, visible a página 17, del rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERES JURIDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." Con relación a lo anterior, es pertinente destacar que los quejosos Manuela Emilia Mena Magaña, Nelson Eddy Rosales Rendón, Paula Concepción Rosado Quijano, Santos Alberto Puc Can, Cindy Mayanin Burgos González y Giovanny Israel Herrera Espinosa, no acompañaron a su demanda de amparo, prueba alguna fehaciente que acreditara que son servidores públicos de la Administración Pública Estatal. Esto, ya que únicamente exhibieron copias simples de su credencial para votar, de la credencial expedida por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Yucatán y dos recibo de nómina, con excepción del quejoso Nelson Eddy Rosales Rendón, que no exhibió recibo de nómina alguno; documentales que resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico que le asiste a los quejosos para acudir a esta instancia constitucional, conforme lo dispone el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues carecen de todo valor probatorio por la facilidad de su confección, modificación o alteración. En virtud de que no contiene alguna diversa característica que permita atribuirle la calidad de documento original, tales como folio fiscal, número de serie, CSD del emisor, sello digital del CFDI, número de serie de certificado del SAT, cadena original de complemento de certificación digital del SAT o sello digital del SAT o alguna diversa, propia de este tipo de documentos. Apoya lo anterior la tesis I.11o.C.1 K del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, visible a página 1269, del rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Por lo que hace a las diversas quejosas Alina Guadalupe Vázquez Mena, Rosa de Lourdes Pacho Matos, Jessica Ivonne Burgos Vázquez y Lucrecia Golib Piña, en atención a lo señalado en párrafos precedentes y contrario a su planteamiento, es claro que las normas que impugnan tienen el carácter de heteroaplicativas, dado que la sola entrada en vigor no genera en automático una afectación a los trabajadores del Estado de Yucatán que se encuentren en activo, como en el caso, pues del decreto reclamado no se advierte una individualización incondicionada que afecte la esfera jurídica de las quejosas, sino que requiere de un acto de individualización condicionada, a fin de estimar que generó un perjuicio en contra de un determinado servidor público; por ende, para que esté en aptitud de impugnar dicha norma, como condición establecida para que adquiriera individualización, las quejosas tiene la obligación de demostrar la existencia del acto de aplicación en su perjuicio. En efecto, en el caso se reclaman disposiciones de naturaleza heteroaplicativa, lo que conlleva a que debe demostrarse la existencia de un acto de aplicación para que se produzca el agravio personal y directo que afecte a un gobernado para que el mismo se encuentre en aptitud de combatirla. En el caso, Alina Guadalupe Vázquez Mena, Rosa de Lourdes Pacho Matos, Jessica Ivonne Burgos Vázquez y Lucrecia Golib Piña, no acreditaron que respecto de la ley reclamada, se haya individualizado algún numeral en su perjuicio, esto es, de acuerdo a lo asentado en líneas que preceden, no demostraron que con la sola entrada en vigor del decreto citado se hayan modificado sus condiciones de trabajo o privado de sus derechos adquiridos, para así acreditar el acto de aplicación. De lo anterior, se desprende que para que la esfera jurídica de Alina Guadalupe Vázquez Mena, Rosa de Lourdes Pacho Matos, Jessica Ivonne Burgos Vázquez y Lucrecia Golib Piña, se vea afectada, depende del actuar de las autoridades correspondientes y que se verifiquen los supuestos de procedencia para su aplicación, es decir, la sola vigencia de la ley no tiene como consecuencia alguna afectación en su esfera jurídica, pues lo previsto en la misma se encuentra supeditado a que se actualice alguno de los escenarios que pudiesen acontecer, como lo es alcanzar la edad para obtener su jubilación o que le sobrevenga una incapacidad física que le impida seguir en la función y por ello sea necesario pensionarse, pues esos actos constituyen expectativas; o bien, que se le están haciendo descuentos en su nómina con motivo de la entrada en vigor de la ley y que afectan su situación económica. Lo que pone en evidencia que los perjuicios que pudieran derivar de la ley impugnada no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, es decir, no es autoaplicativa, sino que su obligatoriedad se encuentra sujeta a una condición que necesariamente ha de verificarse con posterioridad a su entrada en vigor y, será hasta cuando ello ocurra, que pueda existir un agravio en los intereses jurídicos o legítimos de las quejosas ya señaladas, que le permita combatirlas en un juicio de amparo, como norma heteroaplicativa. Es aplicable, la jurisprudencia 3a./J. 9/94 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página diecisiete, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." También se invoca por las consideraciones que la rigen, la tesis II.1o.29 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado De México, página 3092, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, de la Décima Época, con Registro digital: 2012867, cuyo rubro y texto señalan: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. EN LO CONCERNIENTE A LA EVALUACIÓN DOCENTE, LA LEY GENERAL RELATIVA TIENE EL CARÁCTER DE HETEROAPLICATIVA. Para diferenciar una norma autoaplicativa de otra heteroaplicativa se debe atender, fundamentalmente, que en la primera basta que el gobernado se sitúe en la hipótesis normativa para que con su sola entrada en vigor se afecta a su esfera jurídica (por sujetarlo a alguna conducta de hacer o no hacer, sin necesidad del surtimiento de cierta condición o de la realización de algún acto), mientras que si se trata de la segunda se requiere, necesariamente, de algún acto concreto de aplicación como condición para actualizar el supuesto normativo. En estas condiciones, de la Ley General del Servicio Profesional Docente se obtiene que, si bien la evaluación educativa es obligatoria respecto de la cual el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación determinará los periodos y las etapas evaluativas, lo cierto es que para llevarla a cabo la Secretaría de Educación Pública se lo notificará al personal docente a evaluar en el momento oportuno. Así, aunque todos los profesores podrán, en algún momento, ser sujetos de la evaluación docente, la sola expedición de dicha ley no les causa perjuicio real y actual, dado que para estar constreñidos a presentar la evaluación se requiere, indispensablemente, que sean seleccionados y notificados por la autoridad para hasta entonces ser sujetos de la aplicación del ejercicio evaluativo; por lo mismo, éste es un acontecimiento de realización futura e incierta, en tanto está supeditado a una condición aún no cumplida. Por tanto, el acreditamiento del cargo de docente sólo puede servir para sustentar, objetivamente, que en algún momento se podrá ser sujeto de la aplicación del ejercicio evaluativo, pero no que desde la fecha de vigencia de la ley se esté constreñido para ese efecto. Ante lo cual, se concluye que en lo concerniente a la evaluación, la Ley General del Servicio Profesional Docente tiene el carácter de norma heteroaplicativa." Entonces, si la norma controvertida al momento de presentación de la demanda no había incidido en los intereses jurídicos ni legítimos de la parte quejosa, deviene la actualización de la causa de improcedencia, habida cuenta de que no existe acto concreto de aplicación en su perjuicio, el cual es necesario al tener el carácter de heteroaplicativo el decreto impugnado. Es aplicable la tesis aislada P. XCVII/95, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, página 92, del tomo II, noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente". Inclusive, la circunstancia de que Alina Guadalupe Vázquez Mena, Rosa de Lourdes Pacho Matos y Jessica Ivonne Burgos Vázquez, hayan ofrecido como medio de prueba un recibo de pago con sello digital del CFDI y la diversa quejosa Lucrecia Golib Piña, dos recibos de pago con sello digital del CFDI, los mismos resultan insuficientes para acreditar un acto de aplicación del precepto legal reclamado. Se afirma lo anterior, ya que las quejosas no acreditaron con los medios de prueba que anexaron a la demanda de amparo, que se les haya aplicado en ese momento algún numeral de la citada ley, por cuanto de los recibos que exhibieron con su demanda y los exhibidos en memorial de once de mayo del año en curso (respecto de Alina Guadalupe Vázquez Mena, Rosa de Lourdes Pacho Matos y Jessica Ivonne Burgos Vázquez) no se aprecia aumento en el descuento realizado por el instituto; por ello, no demuestran el interés jurídico para efectos del juicio de amparo. Al respecto, debe señalarse que un derecho adquirido es plenamente identificable, cuando un acto jurídico introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; esto es, se realiza el derecho y entra al patrimonio del gobernado. Por el contrario, la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con una legislación vigente en un momento dado; es decir, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio. Sustenta lo anterior, por su razonamiento, la tesis del Plano del Alto Tribunal, publicada en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXXVI, Primera Parte, visible a página 80, del rubro y texto siguientes: "RETROACTIVIDAD, TEORIAS DE LA. Sobre la materia de irretroactividad, existen diversidad de teorías, siendo las más frecuentes, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho y la de las situaciones generales de derecho y situaciones concretas o situaciones abstractas y situaciones concretas, siendo la primera, el mandamiento de la ley, sin aplicación concreta de la misma. El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; y la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y entra al patrimonio; en el segundo, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema Corte, como puede verse en las páginas 226 y 227 del Apéndice al Tomo L del Semanario Judicial de la Federación, al establecer: "Que para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial". "La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos". "Al celebrarse un contrato, se crea una situación jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si no es incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el imperio de la ley antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye". Así como la diversa tesis 2a. LXXXVIII/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Junio de 2001, visible a página 306, del rubro y texto siguientes: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado." En ese contexto, la ampliación de los años de cotización para acceder a una pensión, no constituyen modificaciones a derechos adquiridos con la legislación abrogada, pues se tratan de meras expectativas de derecho. Esto, porque corresponden a una prerrogativa futura al no haberse cubierto los requisitos que en su momento previó la ley abrogada para disfrutar de una pensión y las prestaciones sociales inherentes a ella, es decir, que potencialmente se iban a obtener al surtirse los supuestos establecidos en ésta, pero que por el transcurso del tiempo y los años de cotización faltantes, no llegó a concretarse. Más aún, si se considera que no se tiene la certeza de que, en efecto, Alina Guadalupe Vázquez Mena, Rosa de Lourdes Pacho Matos, Jessica Ivonne Burgos Vázquez y Lucrecia Golib Piña, lleguen a cumplir con los años de servicio y de cotización respectivos, pues son actos futuros de realización incierta, ya que pueden ocurrir eventos que no lo permitan. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 125/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en al Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Septiembre de 2009, visible a página 35, del rubro y texto siguientes: "ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). Conforme a las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento de comenzar a laborar y cotizar al Instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos, incluso, el artículo 48 de la ley derogada expresamente establecía que el derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en la ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. En esa virtud, si el artículo décimo transitorio, para el otorgamiento de una pensión por jubilación a partir del 1o. de enero de 2010, además de 30 años de cotización para los hombres y 28 años para las mujeres, establece como requisito 51 años de edad para los hombres y 49 para las mujeres, la que se incrementará de manera gradual hasta llegar a los 60 y 58 años respectivamente, en el año 2026, aumento que también se refleja para la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios de 56 a 60 años y para la de cesantía en edad avanzada de 61 a 65 años, igualmente de manera gradual, lo que implica que en relación con el sistema pensionario anterior los trabajadores deben laborar más años; ello no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley actual, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo." En relación con el tema que nos ocupa, de acuerdo con la teoría de los componentes de la norma, debe advertirse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que si el supuesto se realiza, la consecuencia debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes. Sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, por lo que para que se pueda analizar la norma es necesario el estudio de las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse a través del tiempo: a) Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia en ella regulados, no se puede variar, suprimir o modificar ese supuesto o la consecuencia, toda vez que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de una nueva ley. b) Cuando la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas, si el supuesto y algunas de las consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, quedando pendientes algunas de las consecuencias jurídicas al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias ya realizadas. c) Cuando la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior no se producen durante su vigencia, pero dicha ejecución no depende de los supuestos previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico, en este caso la nueva disposición tampoco podría suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, toda vez que estas últimas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. d) Cuando para la ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, es necesario que los supuestos señalados en la misma se realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, en atención a que antes de la vigencia de dicha ley, no se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 123/2001 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001, visible a página 16, del rubro y texto siguientes: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan." Por tanto, de conformidad con lo anterior, resulta que una norma transgrede derechos fundamentales del gobernado, acreditando que le asiste un interés jurídico, cuando la ley trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos, que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, lo que no sucede cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho o de situaciones que aún no se han realizado, o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior, pues en esos casos, sí se permite que la nueva ley las regule. De ahí que, como quedó establecido en párrafos que anteceden, la ampliación de los años de cotización para acceder a una pensión no constituyen derechos adquiridos para las personas servidoras públicas estatales, pues se tratan de meras expectativas de derecho. Por ende, para que Alina Guadalupe Vázquez Mena, Rosa de Lourdes Pacho Matos, Jessica Ivonne Burgos Vázquez y Lucrecia Golib Piña, estuvieran en aptitud de impugnar dichas normas, tenía la obligación de demostrar la existencia del acto de aplicación en su perjuicio, como condición establecida para que ésta adquiriera individualización. Bajo ese contexto, la afectación a la esfera jurídica de los indicados quejosos depende enteramente de que se verifiquen los supuestos de procedencia para su aplicación por parte de las autoridades correspondientes, pues la sola vigencia de la ley no tiene como consecuencia directa la afectación a su esfera de derechos, ya que lo previsto en la misma se encuentra supeditado a que se actualice alguna de las hipótesis normativas que prevé, como lo es alcanzar la edad y el número de años cotizados para obtener su pensión por jubilación, vejez o retiro anticipado, o que le sobrevenga una incapacidad física o mental que le impida seguir en la función y por ello sea necesario pensionarse, o bien, que se le están haciendo descuentos en su nómina con motivo de la entrada en vigor de la ley y que afectan su situación económica. Lo que pone en evidencia que los perjuicios que pudieran derivar de la ley impugnada no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, es decir, la normativa no es autoaplicativa, sino que su obligatoriedad se encuentra sujeta a una condición que necesariamente ha de verificarse con posterioridad a su entrada en vigor y, será hasta ese momento que pueda existir un agravio en los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, que le permita combatirlas en un juicio de amparo, como norma heteroaplicativa. Es aplicable, la jurisprudencia 3a./J. 9/94 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página diecisiete, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." También se invoca por las consideraciones que la rigen, la tesis II.1o.29 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado De México, página 3092, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, de la Décima Época, con Registro digital: 2012867, cuyo rubro y texto señalan: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. EN LO CONCERNIENTE A LA EVALUACIÓN DOCENTE, LA LEY GENERAL RELATIVA TIENE EL CARÁCTER DE HETEROAPLICATIVA. Para diferenciar una norma autoaplicativa de otra heteroaplicativa se debe atender, fundamentalmente, que en la primera basta que el gobernado se sitúe en la hipótesis normativa para que con su sola entrada en vigor se afecta a su esfera jurídica (por sujetarlo a alguna conducta de hacer o no hacer, sin necesidad del surtimiento de cierta condición o de la realización de algún acto), mientras que si se trata de la segunda se requiere, necesariamente, de algún acto concreto de aplicación como condición para actualizar el supuesto normativo. En estas condiciones, de la Ley General del Servicio Profesional Docente se obtiene que, si bien la evaluación educativa es obligatoria respecto de la cual el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación determinará los periodos y las etapas evaluativas, lo cierto es que para llevarla a cabo la Secretaría de Educación Pública se lo notificará al personal docente a evaluar en el momento oportuno. Así, aunque todos los profesores podrán, en algún momento, ser sujetos de la evaluación docente, la sola expedición de dicha ley no les causa perjuicio real y actual, dado que para estar constreñidos a presentar la evaluación se requiere, indispensablemente, que sean seleccionados y notificados por la autoridad para hasta entonces ser sujetos de la aplicación del ejercicio evaluativo; por lo mismo, éste es un acontecimiento de realización futura e incierta, en tanto está supeditado a una condición aún no cumplida. Por tanto, el acreditamiento del cargo de docente sólo puede servir para sustentar, objetivamente, que en algún momento se podrá ser sujeto de la aplicación del ejercicio evaluativo, pero no que desde la fecha de vigencia de la ley se esté constreñido para ese efecto. Ante lo cual, se concluye que en lo concerniente a la evaluación, la Ley General del Servicio Profesional Docente tiene el carácter de norma heteroaplicativa." Entonces, si la norma controvertida a la fecha de la presentación de la demanda, no había incidido en los intereses jurídicos ni legítimos de los quejosos, deviene la actualización de la causa de improcedencia, habida cuenta de que no existe acto concreto de aplicación en su perjuicio, el cual es necesario al tener el carácter de heteroaplicativo el decreto impugnado. Es aplicable la tesis aislada P. XCVII/95, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, página 92, del tomo II, noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente". En las relatadas condiciones, se reitera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio, en términos del ordinal 63, fracción V, del ordenamiento legal citado. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hicieron valer los quejosos en su demanda de amparo. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Manuela Emilia Mena Magaña, Alina Guadalupe Vázquez Mena, Nelson Eddy Rosales Rendón, Paula Concepción Rosado Quijano, Lucrecia Golib Piña, Santos Alberto Puc Can, Cindy Mayanin Burgos González, Rosa de Lourdes Pacho Matos, Jessica Ivonne Burgos Vázquez y Giovanny Israel Herrera Espinosa, contra los actos que reclamó de las responsables, por el motivo señalado en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por Alejandro Alberto Burgos Jiménez, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual ofrece como pruebas documentales los anexos que acompaña, consistente en recibos de pago a nombre de tres de los quejosos; al efecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, hágase relación de las pruebas documentales exhibidas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Director del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

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