Marcela del Carmen Be y Cetz
Expediente 941/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 941/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marcela del Carmen Be y Cetz
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente expediente, se acuerda: agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, con el que acusa recibo del diverso oficio que se le giró en estos autos remitiéndole el anexo consistente en el legajo de copias certificadas del juicio ordinario civil de divorcio 2104/1992 que acompañó a su informe justificado. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el dieciséis de agosto del año en curso, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que siga al resguardo de la secretaría de este Juzgado, el legajo de copias certificadas del juicio ordinario civil de divorcio 2104/1992, que el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, remitió con su informe justificado; en consecuencia, por medio de oficio que al efecto se le gire, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que acuse recibo del mismo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de julio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: es importante precisar que la parte quejosa reclamó que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, así como de su Presidente y actuario de su adscripción, todos con sede en esta ciudad, transgreden en su perjuicio lo preceptuado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en el juicio laboral de origen han omitido aplicar los medios eficaces para lograr la ejecución del laudo dictado en autos del juicio laboral 212/2007. Al estimarse que el acto reclamado era inconstitucional, para la aquí parte quejosa, en sentencia firmada el veinticinco de enero de dos mil doce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sólo para el efecto de que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios dictaran las medidas pertinentes para la eficaz e inmediata ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 212/2007, dentro del término establecido por los artículos 160 bis, 160 ter, 161 y 162, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, y los diversos 945 y 946 de la Ley Federal del Trabajo; es decir, que cumpliera puntualmente lo que al efecto disponen los indicados preceptos legales. Posteriormente, en auto de dieciséis de marzo de dos mil doce, se tuvo por ejecutoriada la sentencia en la que en su único punto resolutivo, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, y se requirió el cumplimiento de la misma a las autoridades señaladas como responsables. Seguidos los trámites de ley, mediante determinación de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, se consideró que EL FALLO PROTECTOR HABÍA QUEDADO CUMPLIDO (fojas 1655 a 1676 del expediente original), debido a que el Tribunal responsable, a fin de cumplimentar el laudo en el juicio de origen, había emitido las medidas necesarias para lograr el cumplimiento contenido en la ejecutoria de amparo. Tales como los requerimientos de cumplimiento al Ayuntamiento demandado, al Cabildo e incluso al Congreso, así como los apercibimientos en caso de incumplimiento, y las multas que impuso; el haber ordenado al Presidente Municipal que instruyera al Tesorero del Ayuntamiento a realizar dicho pago, de manera inmediata y en caso de no tener alguna partida específica para ello, o no contar con los ingresos suficientes, empleara los mecanismos legales para ello. Igualmente, el Tribunal responsable, ordenó al Presidente Municipal que éste a su vez impusiera al Tesorero a que en el próximo presupuesto de egresos contemplara una partida específica para el pago del laudo condenatorio de referencia; lo que se traduce en que el Tribunal responsable realizó las medidas pertinentes a efecto de lograr el debido cumplimiento del laudo emitido en el juicio laboral 212/2007 y si éste no se ha logrado no es por una causa atribuible al tribunal responsable sino al Ayuntamiento demandado, quien no obstante los distintos requerimientos que se le realizaron acompañados de apercibimientos de multas e incluso de la aplicación y cobro de las mismas no ha cumplido con el pago del laudo condenatorio. En contra de la referida determinación de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el que mediante ejecutoria de quince de marzo de dos mil dieciocho, dictada en autos del 6/2017 de su índice, declaró fundado dicho medio de impugnación. Es por ello, que una vez recepcionada la ejecutoria de mérito, por auto de tres de abril de dos mil dieciocho, y en estricto cumplimiento a lo resuelto por la Superioridad, se estimó procedente vincular al cumplimiento de la referida ejecutoria al Presidente Municipal, Síndico de Hacienda, y Tesorero del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, quienes debían realizar los ajustes, modificaciones, ampliaciones, reestructuraciones y adecuaciones necesarias con cargo al presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales correspondientes, instrumentar todos los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, y en caso de no existir partida presupuestal para realizar el pago requerido, debía incluirse ese pago en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal siguiente. En el propio proveído, se requirió a las citadas autoridades vinculadas para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de su notificación, cumplieran sin demora con la sentencia ejecutoria pronunciada, o bien, informaran las gestiones que hubieran realizado con dicha finalidad, y en su caso, remitieran las constancias certificadas que así lo acreditasen. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se les impondría una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitiría el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es el caso, que habiendo realizado múltiples requerimientos sin que las nombradas autoridades vinculadas dieran cumplimiento, por auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se les requirió por última ocasión para que dentro de un plazo definitivo de cinco días hábiles legalmente computados, dieran cumplimiento a la ejecutoria de mérito, en la inteligencia que los mecanismos que adoptaran, deberían ser útiles, prácticos y eficaces, y no insistir en las posturas adoptadas previamente, las que como se dijo, habían resultado infructíferas (foja 1936). No obstante lo anterior, y los múltiples requerimientos realizados posteriores al acuerdo señalado, por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, toda vez que como hecho notorio que el uno de septiembre de dicho año, aconteció el cambio de Administración de los Ayuntamientos Municipales del Estado de Yucatán, entre ellos el Ayuntamiento de Motul, Yucatán, tercero perjudicado en el presente asunto, con fundamento en lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo abrogada, se requirió a los actuales funcionarios Presidente Municipal, Síndico de Hacienda y Tesorero, todos del citado Ayuntamiento, electos para el periodo de dos mil dieciocho a dos mil veintiuno, como autoridades ya vinculadas al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. Apercibiendo al Presidente Municipal y al Síndico de Hacienda y Tesorero del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, que de no cumplir con lo requerido sin causa justificada, se les impondría una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, con fundamento en los artículos 192, en relación con el 258, ambos de la ley de Amparo. Posteriormente, mediante acuerdos de diez y veintiséis de octubre del año en curso, se requirió nuevamente a las nombradas autoridades el cumplimiento del fallo protector, efectuándoseles el mismo apercibimiento legal. Es el caso, que a pesar de los anteriores requerimientos al Presidente Municipal, Síndico de Hacienda, y Tesorero del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, y de estar legalmente notificados como se aprecia de las constancias de notificación realizadas por oficios 25148/2018, 25149/2018 y 25150/2018, respectivamente (fojas 2091-2093 del expediente original), han omitido realizar acciones efectivas y encaminadas a dar debido cumplimiento a la sentencia. Lo anterior es así, porque no obstante que el veintidós de septiembre de dos mil dieciocho, se les notificó en forma personal el acuerdo dictado por este juzgado el veintiuno del referido mes y año, en el que se les requería el debido cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, o bien, informaran las gestiones que realizaran con esa finalidad, se les hizo saber que para cumplir a cabalidad con la sentencia, debían: ".realizar los ajustes, modificaciones, ampliaciones, reestructuraciones adecuaciones necesarias con cargo al presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales correspondientes, instrumentar todos los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, para realizar el pago requerido por el tribunal responsable laboral. Lo cual se les requiere para que dentro del término de diez días hábiles siguientes al de su notificación de este acuerdo, cumplan sin demora con la sentencia ejecutoria pronunciada, o bien, informen las gestiones que hayan realizado con dicha finalidad, y en su caso, remitan las constancias certificadas que así lo acrediten. Sin que lo anterior, implique el desconocimiento al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del rubro: AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Ello, debido a que el requerimiento al cumplimiento de la ejecutoria realizado al Presidente, Síndico de Hacienda y Tesorero Municipales, es en su obligación individual de acuerdo a las facultades conferidas por la norma, atendiendo a lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y en cumplimiento estricto a lo señalado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, en resolución de quince de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de inconformidad 6/2017, más no así al ente demandado, esto es, al Ayuntamiento, que precisamente es lo que prohíbe el criterio jurisprudencial aludido, pues la relación con la parte actora en el juicio laboral no se dio en lo individual con tales sujetos; por lo que atendiendo a tales razones se estima procedente la vinculación al cumplimiento del laudo. APERCIBIDOS el Presidente Municipal, el Síndico de Hacienda, y Tesorero del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, con fundamento en los artículos 192, en relación con el 258, ambos de la ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto la Jurisprudencia Materia Común, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, marzo de 2007, visible en la página 80, con número de registro 173014, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO..." Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado Federal, entreguen los oficios correspondientes tanto al tercero perjudicado Ayuntamiento de Motul, Yucatán, como a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia ejecutoria Presidente Municipal, Síndico de Hacienda y Tesorero de dicho Ayuntamiento, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto; debiendo anexarles copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1569/2011-IV-A, de donde deriva este expedientillo, del auto que declaró ejecutoriada dicha sentencia, de la resolución de quince de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, en el recurso de inconformidad 6/2017, y del acuerdo donde se tuvo por recibido el testimonio de la citada Superioridad; lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de cumplir con la ejecutoria de mérito". Lo cierto es que el Presidente Municipal únicamente convocó al Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, a una sesión extraordinaria que se celebraría el dieciocho de octubre del dos mil dieciocho, en la que se sometió a su consideración la posibilidad del pago al aquí quejoso del laudo condenatorio, y a su vez, se instruyó al Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento que realizara las adecuaciones para que se aprobara o no el presupuesto para tal fin; lo que debería informar al Cabildo en un plazo de quince días sobre los ingresos que estima que recibiría en los próximos meses. De todo lo cual fue evidente que sería hasta ese día (doce de noviembre de dos mil dieciocho), en que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, reportaría al Cabildo los ingresos que recibiría en los próximos meses -sin especificar cuáles- para que se pudiera determinar si existía la posibilidad de realizar el pago al impetrante del amparo de lo establecido en el laudo dictado en el juicio de origen. En acuerdo de seis de noviembre de dos mil dieciocho, el suscrito juzgador estimó que ante la contumacia demostrada, EXISTIÓ UN INCUMPLIMIENTO DE LAS AUTORIDADES VINCULADAS AL INCURRIR EN UNA ACTITUD EVASIVA, propiciando el retardo en el cumplimiento de la ejecutoria, por lo que se remitió a la Superioridad el expediente a efecto de que se sustanciara lo relativo a la inejecución de sentencia de amparo. Posteriormente, el doce de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio TTSEM/MP/SRÍA.-1360/2018, del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, en el que, en lo que interesa, remite la constancia de notificación hecha al Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, del acuerdo de treinta de octubre del año próximo pasado. Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunicó que se admitió el incidente de inejecución de sentencia, el que se registró con el número de toca 19/2018. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se agregó el oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, mediante el cual proporcionó el nombre completo, registro federal de contribuyentes (RFC), domicilio y fecha de nacimiento de Roger Rafael Aguilar Arroyo, Diana Gliset Kuk Kok y Francisco Javier Aguilar Avilés -personas físicas que conforman el Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán-. En virtud de lo anterior, se ordenó girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, a fin de que se sirva hacer efectiva la multa impuesta a cada uno de los miembros que conforman el Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, por acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciocho. El siete de diciembre de dos mil dieciocho, en atención a lo solicitado por la apoderada del quejoso, se le informó que mediante oficio presentando el tres de julio del año en cita, el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado, con residencia en esta ciudad, informó a este órgano jurisdiccional que el treinta de abril de dos mil dieciocho, dio contestación a los escritos presentados por el Presidente, Secretaria y Tesorero Municipal del Ayutamiento de Motul, Yucatán, en el sentido de que no se encontraba dentro de las facultades del Congreso autorizar a los Ayuntamientos una partida extraordinaria o ampliación de recursos; lo que se le notificó a dichas autoridades en la misma fecha. En atención a lo solicitado por la apoderada del quejoso, se requirió al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que de manera inmediata, remitiera a este Juzgado copia certificada de las actuaciones posteriores al acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, apercibiéndolo con multa en caso de incumplimiento. De igual manera, se requirió al Congreso del Estado de Yucatán, para que de manera inmediata, informara a este órgano jurisdiccional si recibió la sesión celebrada por el Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, y de ser el caso, la respuesta que dio al citado Ayuntamiento, debiendo para ello remitir copia certificada de las constancias conducentes, apercibiéndolo con la imposición de una multa. Lo anterior, también se hizo del conocimiento del Tribunal responsable, a fin de que, a su vez, comunicara a este Juzgado Federal lo acordado en el juicio laboral de origen en relación con la referida sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán. En auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho se ordenó glosar el oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, con el que informó que el once de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión extraordinaria en la que se aprobó la modificación a la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Motul, Yucatán, para el ejercicio de dos mil diecinueve, a fin de incluir una partida presupuestal denominada convenio con el Gobierno del Estado, Federal o particulares para el pago de laudos a ex trabajadores del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, la cual fue enviada al Congreso para su aprobación. Ahora bien, toda vez que se tuvo como hecho notorio que en el diverso juicio constitucional 635/2015-III-B del índice de este órgano jurisdiccional, obraba el remitido por el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, del que se agregó copia certificada, mediante la cual hizo del conocimiento de este Juzgado Federal que por diversa misiva de diez de octubre del año en curso, el Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, solicitó la aprobación de los proyectos de modificación a la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de su ejercicio fiscal dos mil dieciocho, para el pago del laudo del expediente 285/2007. A lo que el Congreso del Estado, por conducto de su Director Jurídico, le indicó al referido Ayuntamiento que no se encuentra dentro de sus facultades aprobar los proyectos de modificación de su Ley de Ingresos y de su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente al año en cita. En consecuencia, al haber realizado las autoridades vinculadas en el presente asunto una solicitud similar al Congreso del Estado, y habiendo ya informado este último que no tiene dicha facultad; se previno al Presidente Municipal, Síndico de Hacienda y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, para que cumplieran con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que se estimaron violados como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que debían informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surtiera sus efectos la notificación de dicho acuerdo. En el que se les precisó a las autoridades municipales que debían informar las actuaciones realizadas con el objeto de concretar actos tendentes al cumplimiento de la sentencia ejecutoria, y en su caso, remitieran las constancias certificadas que así lo acreditaran y qué propuestas adoptaran, las cuales deberían ser mecanismos útiles, prácticos y eficaces, pues de lo contrario, se entendería que continuaban evadiendo el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibiéndolos con la imposición de una multa. Mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió el oficio TTSEM/MP/SRÍA.-1556/2018, al que adjuntó en copias certificadas las constancias posteriores al acuerdo de treinta de octubre del citado año, así como el acuerdo de diecisiete del referido mes y año, en el que requirió al Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, para que le informara la respuesta del Tesorero sobre la posibilidad de realizar el pago de lo condenado. Mediante proveído de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho se agregó el oficio de cuenta del Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado, con el que, en contestación al requerimiento realizado el trece del citado mes y año, informó que no había recibido las actas de sesión de cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, de fechas dieciséis y dieciocho de octubre del año próximo pasado. Asimismo, señaló que el veintitrés del citado mes, recibió el oficio PMRAXII-CEY-106/2018, del indicado Ayuntamiento, con el cual se le solicitó recursos extraordinarios para dar cumplimiento al pago del laudo de origen, a lo que se le dio la debida contestación con su respectiva notificación; por lo que se tuvo por desahogado dicho requerimiento. Por otra parte, toda vez que obraba en autos el oficio TTSEM/MP/SRÍA.-1556/2018, del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, al que anexó entre otros documentos, el correspondiente al acta número catorce, relativa a la Cuarta Sesión Extraordinaria de cabildo llevada a cabo el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en la que, en lo que interesa, se aprobó por unanimidad, la solicitud del Presidente Municipal a fin de girar oficio al Tesorero Municipal para el efecto de que en el ámbito de sus facultades informara a dicho Cabildo en el término de quince días hábiles sobre la posibilidad de que se realizara el pago de lo laudado en el procedimiento laboral de origen, realizando las modificaciones, ampliaciones o reestructuraciones, para implementar todos los mecanismos posibles o adecuaciones de las partidas, para que se apruebe o no el presupuesto de pago de lo laudado o en su caso manifestara el impedimento que existiere para ello, así como también informara dentro del mismo plazo sobre los ingresos propios estimados a percibir en los próximos meses. A lo que el Tribunal responsable en fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, proveyó lo conducente, que fue señalado en párrafos precedentes. En consecuencia, este órgano jurisdiccional, toda vez que de la documentación remitida al aludido oficio, no obraba la relativa a la notificación realizada al indicado Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán; por tanto, se requirió al Tribunal responsable para que remitiera a este Juzgado copia certificada de dicha constancia de notificación, apercibiéndolo que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con el artículo 192 en relación con el 258 de la Ley de Amparo, se le impondría multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. El once de enero de dos mil diecinueve se agregó el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, residente en esta ciudad, y anexo que acompañó, en el que, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, remitió las constancias de notificación al Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, del acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio laboral de origen. Por tanto, se requirió al Tribunal responsable para que una vez que feneciera el plazo concedido al Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán (diez días hábiles), comunicara a este Juzgado con las constancias respectivas, lo que al caso hubiere acordado. Apercibido que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de la materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del Articulo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve se glosó el oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de once de enero del año en curso, remitió copia certificada del proveído de veintitrés del referido mes y año, dictado en autos del juicio laboral de origen, de donde se desprende que el cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto se encuentra en vías de ejecución. Por otro lado, se agregó el escrito signado por Ligia Linda Martín Várguez, autorizada del quejoso Simón Demetrio Pool Ciau, con el que en atención a lo solicitado se acordó lo siguiente: Se requirió al Tesorero, Alcalde y Secretario Municipal, todos del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, remitieran a este Juzgado Federal copia certificada de las constancias conducentes a las sesiones extraordinarias de Cabildo señaladas por la ocursante en el escrito de cuenta, así como lo acordado respecto a la respuesta, en su caso, otorgada por el Congreso del Estado, con el apercibimiento correspondiente. En cuanto a la solicitud de vincular al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Congreso del Estado, no se accedió favorablemente a dicha solicitud, toda vez que se sostuvo que el suscrito juzgador de amparo no puede sustituirse a las funciones que le corresponden al Magistrado Presidente que conoce del procedimiento laboral de origen, pues si bien es cierto que para lograr el pronto y eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de amparo está obligada a cumplir la sentencia, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tuviera que intervenir en la ejecución de este fallo. Por lo que, se determinó, que en el caso en concreto, el Congreso del Estado de Yucatán, no se encuentra constreñida directamente por sus funciones a intervenir en el presente juicio. Tampoco se accedió a que el Tribunal responsable informara la secuela procesal respecto al acuerdo dictado en los presentes autos el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, así como que se hiciera efectivo el apercibimiento efectuado en diverso proveído de once de enero del año en curso. Lo anterior, toda vez que en el auto de once de enero del presente año, se tuvo al Tribunal responsable dando cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, y en ese propio auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, también se tuvo al Tribunal responsable dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de once del citado mes y año En cuanto a la solicitud de que se requiriera la secuela procesal de las multas impuestas a las autoridades responsables, se requirió al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, el tratamiento dado al oficio 31258/2018 de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se remitió la información proporcionada por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, relativa al nombre completo, Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), domicilio y fecha de nacimiento de las personas físicas que conforman el Cabildo del referido Ayuntamiento, a fin de que se hicieran efectivas las multas impuestas. Finalmente, en cuanto a lo solicitado en el sentido de que se diera vista al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, de todo lo actuado hasta la presente fecha; se reservó acordar lo conducente hasta en tanto las autoridades responsables dieran cumplimiento a los requerimientos realizados en ese propio auto. El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve se agregó el oficio signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, que remite en relación con la multa impuesta a Roger Rafael Aguilar Arroyo Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. En el que asentó que para hacer efectiva dicha multa, era necesario le fueran proporcionados diversos datos correctos, de conformidad con lo dispuesto en la regla 2.1.1., fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. En consecuencia, se requirió al Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Yucatán "1", con sede en esta ciudad (autoridad auxiliar en el presente asunto), para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, proporcionara los datos solicitados, apercibiéndolo con multa. Y que una vez hecho lo anterior o efectuada alguna posterior investigación, en su oportunidad se proporcionaran los datos a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", con residencia en esta ciudad, a fin de que se sirviera hacer efectiva la sanción impuesta. El siete de febrero siguiente se agregó el oficio signado por la Administradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Yucatán "1", con residencia en ciudad, que remitió en cumplimiento al último requerimiento que se le hizo mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, por lo que se tuvo por cumplido el referido requerimiento. En virtud de lo anterior, se giró atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, a fin de que se sirviera hacer efectiva la multa impuesta a Roger Rafael Aguilar Arroyo, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, en acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, remitiéndole para tal efecto copia certificada de ese, así como simple del oficio mencionado en líneas precedentes. Mediante proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve se agregó el escrito y anexo de Ligia Linda Martín Várguez, autorizada de la parte quejosa y en atención a lo solicitado se acordó: En cuanto a que se le requiriera al Presidente del Tribunal responsable informara la secuela que sobrevino a su acuerdo de veintitrés de enero del año en curso, no se accedió, toda vez que por auto de veintiocho de enero último, se tuvieron por recibidas las constancias, con las que las autoridades responsables acreditaron que se encontraban realizando los trámites para el cumplimiento del fallo. Además, de que si su pretensión era conocer la secuela que sobrevino al acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, emitida en el juicio natural, al ser parte en dicho asunto, se encontraba en aptitud de imponerse de dichos autos para enterarse de tal consecuencia. Por otra parte, se requirió al Congreso del Estado de Yucatán, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este acuerdo, informara si le fue presentada para su autorización el acta de la sesión de Cabildo de Motul, Yucatán, de once de diciembre de dos mil dieciocho, donde se hizo una modificación a la Ley de Ingresos para incluir una partida denominada convenio con el Gobierno del Estado, Federal o Particulares para el pago de laudo a extrabajadores por un monto de hasta quince millones de pesos y si dentro de la Ley de Ingresos del Municipio de Motul, Yucatán, que aprobó y está vigente, ha autorizado con posterioridad la obtención de ingresos extraordinarios para el pago de laudo del aquí quejoso SIMÓN DEMETRIO POOL CIAU o para el pago de laudos a que está condenado el municipio de Motul, Yucatán, y en lo particular, respecto del radicado con el número 212/2007. Para lo cual, debería remitir las constancias necesarias para acreditar su dicho, debiendo además acompañar copia del presupuesto de egresos presentado por el Ayuntamiento de mérito para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar, apercibiéndolo con multa. Luego, por auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve se ordenó agregar para los efectos legales correspondientes, el escrito y anexo de Ligia Linda Martín Várguez, autorizada de la parte quejosa y al respecto se acordó: En cuanto a su solicitud de que se le requiriera al Presidente del Tribunal responsable informara la secuela que sobrevino a su acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Al respecto, se le dijo que debería estarse a lo acordado el veinte de febrero del año en cita. Por otra parte, en cuanto la diversa petición de que se decretara el retraso a la impartición de justicia, se determinó que no había lugar a acceder de conformidad, toda vez que este órgano de control jurisdiccional por auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se pronunció al respecto, y al determinar que existía un incumplimiento de las autoridades vinculadas al incurrir en una actitud evasiva, propiciando el retardo en el cumplimiento de la sentencia, estimó procedente remitir el original del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativo del Decimocuarto Circuito, para resolver la inejecución de la sentencia decretada. El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve se agregó el oficio signado por el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, así como el anexo, con el que solicitó se le concediera una prórroga para dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo por acuerdo de veinte de los corrientes, a lo que se accedió, otorgándole una prórroga de cinco días hábiles, subsistiendo el apercibimiento dictado en el referido auto de veinte de febrero del año en curso. El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó agregar el oficio signado por la Administradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Yucatán "1", con residencia en ciudad, así como de los anexos, en el que comunicó esencialmente que se estaban realizado las acciones correspondientes para hacer efectivo el cobro de las sanciones impuestas a la Secretaria Municipal y Tesorero, ambos del Ayuntamiento de Motul, Yucatán. Por otra parte, se glosó el diverso oficio signado por el Presidente Municipal de Motul, Yucatán, que remitió en relación al requerimiento que se le hizo por acuerdo de veintiocho de enero último. Y atención a lo que solicitó, se remitió copia simple del escrito a que hizo referencia, quedando, subsistiendo el apercibimiento dictado en el referido auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Por auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, se agregó a este expediente el oficio signado por el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remitió en cumplimiento al requerimiento realizado el veinte de febrero último; e informó, que el doce de diciembre de dos mil dieciocho, fue recibida por ese Congreso, el acta de la sesión de cabildo del municipio de Motul, Yucatán, donde se presentó una propuesta de modificación a la iniciativa de la Ley de Ingresos del mencionado municipio, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, e incluir una partida denominada convenio con el Gobierno del Estado, Federal o particulares para el pago de un laudo. Asimismo, hizo del conocimiento a este Juzgado, que no se autorizó la mencionada modificación a la Ley de Ingresos del municipio de Motul, Yucatán. Por auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio y anexo de cuenta del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, remitido en relación con el cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este juicio, de los que se advirtió que el mismo se encontraba en vías de ejecución. En dos de abril de dos mil diecinueve, se agregó el oficio signado por el Presidente Municipal de Motul, Yucatán y anexos que acompañó, con relación al requerimiento que se le hizo por acuerdo de veintiocho de enero último. De los que de la lectura de las actas de sesiones extraordinarias de Cabildo celebradas el veintisiete de noviembre, once y veintiuno de diciembre, todos de dos mil dieciocho, se desprendió que las autoridades municipales vinculadas al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente asunto, continuaron con una actitud contumaz, pues siguieron dando evasivas al cumplimiento de la misma, pues de dichas sesiones únicamente se desprendió, por lo que respecta a la primera, que se aprobó por unanimidad la propuesta del Presidente Municipal de que se esté en la posibilidad de pagar al actor Víctor Manuel Chiyean y otros, las cantidades a las que los condenó el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán, esto es, la cantidad de $1´852,793.30 (Un millón ochocientos cincuenta y dos mil setecientos noventa y tres pesos con treinta centavos, moneda nacional), en el expediente laboral 212/2007, por lo que instruyó al Tesorero Municipal para que dentro del término de quince días hábiles implementara los mecanismos conducentes para lograrlo, sin afectar el interés social e interés público de los habitantes de Motul, Yucatán. Con relación a la de once de diciembre de dos mil dieciocho, el Cabildo aprobó la modificación de la iniciativa de la Ley de Ingresos del municipio de Motul, Yucatán, para el ejercicio de dos mil diecinueve, a fin de incluir una partida presupuestal denominada Convenio con el Gobierno del Estado, Federal o Particulares para el pago de laudos de ex trabajadores por un monto de hasta quince millones de pesos, por lo que instruyó al secretario municipal para que remitiera copia certificada de dicha acta, así como sus anexos al Congreso del Estado para su análisis. Y respecto a la de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, se apreció que se aprobó por unanimidad la propuesta del Presidente Municipal de que se esté en la posibilidad de pagar al actor Simón Demetrio Pool Ciau, aquí quejoso, las cantidades a las que los condenó el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán, esto es, la cantidad de $1´852,793.30 (Un millón ochocientos cincuenta y dos mil setecientos noventa y tres pesos con treinta centavos, moneda nacional), en el expediente laboral 212/2007, por lo que instruyó al Tesorero Municipal para que dentro del término de quince días hábiles implementara los mecanismos conducentes para lograrlo, sin afectar el interés social e interés público de los habitantes de Motul, Yucatán. De lo que no se desprendió que las autoridades municipales hubiesen implementado mecanismos eficaces a fin de lograr de manera efectiva el pago de los laudos ordenados por el Magistrado Presidente del Tribunal responsable. También, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, informó que hasta esa fecha no se recibió respuesta del Congreso del Estado de Yucatán, con relación a la solicitud que le hizo en acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho. A lo inmediatamente anterior, no hubo lugar a hacer pronunciamiento alguno, toda vez que por auto de doce de marzo último, se agregó el diverso oficio LXII-SG-DJ-951/2019 signado por el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, en el cual hizo del conocimiento a este Juzgado, que no autorizó la propuesta de modificación a la iniciativa de la Ley de Ingresos del municipio Motul, Yucatán, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, a efecto de incluir una partida denominada Convenio con el Gobierno del Estado, Federal o Particulares para el pago de laudos de ex trabajadores del municipio de Motul, Yucatán, al que anexó copia certificada del acta de la sesión de trabajo de la Gran Comisión del Poder Legislativo del Estado, de veintiuno de enero de dos mil ocho y de la Ley de Ingresos del Municipio de Motul, Yucatán, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Por lo que se remitió al Presidente Municipal de Motul, Yucatán, para su conocimiento y los efectos legales correspondientes, copia certificada del oficio LXII-SG-DJ-951/2019 del Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado y anexos que adjuntó, a fin de que atendiendo a lo anterior, instrumente mecanismos efectivos para el cumplimiento del laudo y no meros acuerdos dilatorios sin eficacia jurídica ni material alguna. Aunado a lo anterior, el quince de marzo de dos mil diecinueve, se dictó un acuerdo en el que se requirió al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para que vinculara al Congreso del Estado de Yucatán, al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán y al Secretario de Planeación y Presupuesto actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas de esta propia entidad, para que auxilien al Tribunal de los Trabajadores a fin de que el Ayuntamiento del Municipio de Motul, Yucatán, obtenga mediante los mecanismos eficaces que estimen pertinentes, los recursos necesarios para cubrir las prestaciones establecidas en el laudo pronunciado en el juicio natural, por lo que hace al aquí quejoso Simón Demetrio Pool Ciau. En cumplimiento a lo anterior, el Magistrado Presidente del Tribunal responsable dictó el acuerdo de veinte marzo de dos mil diecinueve; sin embargo, omitió remitir las constancias de notificación realizadas a las autoridades vinculadas en ese acuerdo, por lo que se le requirió para que así lo haga. En diverso proveído de ocho de abril de dos mil diecinueve, se agregó el oficio y anexo del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, remitidos con relación al requerimiento que se le hizo en acuerdo dos de abril del presente año, con los que remitió copia de las notificaciones relativas al auto de veinte de marzo del año en curso, en la cual vinculó al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada al Congreso del Estado de Yucatán y Secretario de Administración y Finanzas de esta propia entidad; en consecuencia, se solicitó al Tribunal responsable, para que una vez que las citadas autoridades, cumpliesen con lo ordenado en el citado auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, o bien, habiendo transcurrido el término que les fue concedido, no lo hubieren hecho, de inmediato acuerde lo relativo o bien certifique el incumplimiento a dicho proveído y lo informe de inmediato a este Juzgado, a fin de proveer lo conducente. En doce de abril de dos mil diecinueve, se agregó el oficio del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, que remitió en relación con el requerimiento que se le hizo en acuerdo ocho de los corrientes, del que se advirtió que la autoridad responsable tuvo por desahogado el requerimiento que le hizo a las autoridades vinculadas Congreso del Estado de Yucatán y Secretario de Administración y Finanzas de esta propia entidad y por consiguiente dio vista por el lapso de tres días a la aquí quejosa para que manifestara lo que a su derecho convenga respecto de lo informado, lapso que según se evidenció de las constancias de notificación que en esa fecha se encontraba transcurriendo. Por consiguiente se solicitó al Magistrado de dicho Tribunal, para que una vez que el aquí quejoso, desahogara la vista que le fue otorgada, o bien, habiendo transcurrido el término que le fue concedido, no lo hubiere hecho, de inmediato acordase lo relativo o bien certificase la falta de contestación a dicho proveído y lo informara de inmediato a este Juzgado, a fin de proveer lo conducente. Por proveído de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se agregó el oficio del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, que remitió en cumplimiento con relación al requerimiento que se le hizo en acuerdo de doce abril del año en curso, en el que se comunicó que el veintidós de abril de este propio año, requirió al Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, para que realizara una sesión extraordinaria, a efecto de dar respuesta a la petición marcada con el inciso "c", del escrito de la parte aquí quejosa, con relación a la vista que se le dio el diez de abril de dos mil diecinueve, dictado por ese Tribunal; y toda vez que del mismo se advirtió que sólo remitió la notificación hecha a la parte quejosa, y omitió enviar la constancia de notificación realizada al citado Cabildo. Por tanto, se requirió al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que de manera inmediata, remitiera a este Juzgado, copia certificada de la constancia de notificación hecha al Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, a fin de tener conocimiento de la fecha en la que se le notificó, y en consecuencia, la fecha en la que vencía el término otorgado a la referida autoridad. Apercibido que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondría una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de la materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del Articulo 26 de la Constitución Federal, y se remitiría el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se agregó el oficio del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, que remitió con relación al requerimiento que se le hizo en acuerdo veintitrés abril siguiente, con el que la autoridad responsable remitió copia de las notificaciones relativas al auto de veintidós de abril del año en curso, efectuadas al Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, para que realizara una sesión extraordinaria, a efecto de dar respuesta a la petición marcada con el inciso "c", del escrito de la parte aquí quejosa, en relación a la vista que se le dio el diez de abril de dos mil diecinueve, dictado por ese Tribunal. En consecuencia, se solicitó al Tribunal responsable, para que una vez que la citada autoridad, cumpla con lo ordenado en el citado auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, o bien, habiendo transcurrido el término que le fue concedido, no lo hubiere hecho, de inmediato acordara lo relativo o bien certificase el incumplimiento a dicho proveído y lo informara de inmediato a este Juzgado, a fin de que se provea lo conducente. Apercibido que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondría una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de la materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del Articulo 26 de la Constitución Federal, y se remitiría el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. En veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, se agregó el oficio del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, remitido con relación al requerimiento que se le hizo por acuerdo de catorce mayo de este propio año, con el que se informó que requirió al Congreso del Estado y al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado para que implementaran y realizaran todos los mecanismos y actos necesarios que tuviesen a su alcance para lograr el cumplimiento de laudo correspondiente, adoptando todas las medidas que estuviese a su alcance, a fin de que auxiliaran tanto a ese Tribunal y al Ayuntamiento de Motul, Yucatán, para el cumplimiento requerido, otorgándoles diez días para ello, apercibiéndolos con multa para el caso de incumplimiento. Al respecto, se advirtió de lo informado por la referida autoridad responsable, que el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en juicio se encontraba en vías de ejecución. De igual manera, se requirió al Magistrado responsable para que una vez fenecido el término de diez días que otorgó a las citadas autoridades, comunicara lo relativo a este juzgado Federal; en el entendido que de obtener una respuesta dentro de dicha temporalidad, debería acordar lo legalmente conducente y remitir las constancias resultantes a la brevedad, de lo contrario, se le aplicaría el apercibimiento establecido en el párrafo anterior. Por diverso acuerdo de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se agregó el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de las constancias de notificación realizadas al Congreso del Estado de Yucatán y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, ambos con sede en esta ciudad, relativas a su proveído de dieciséis de los corrientes. Al efecto, se tuvo por recibidas las constancias de notificación remitidas, para los efectos legales conducentes; sin embargo, se indicó a la autoridad oficiante que debería estarse a lo acordado en auto de veintiuno de mayo del año en curso, subsistiendo el apercibimiento efectuado en el referido proveído. En veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, a fin de efectivizar el cumplimiento de la sentencia amparadora dictada en el presente juicio constitucional, y en aplicación estricta de lo resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia 15/2018, formado con motivo de la remisión de esos autos por parte de este Juzgador, respecto del juicio de amparo 636/2015-IV-B promovido por José Luis Fernández Balam, que es un asunto similar al en que se actúa; se agregó copia certificada del oficio 320/2019-P-3, de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, del Secretario de Acuerdos de dicho Tribunal Colegiado, así como del testimonio de la resolución que pronunció en el citado incidente de inejecución. Lo anterior, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del supuesto en el numeral 2° de la Ley de la Materia, pues para este Juzgado resultó un hecho notorio que dentro del juicio principal del expediente 636/2015-IV-B, obra la resolución del aludido recurso de inconformidad 15/2018. En ese sentido, en estricto cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, en virtud de que de conformidad con los numerales 115 constitucional y 20, 31, 33, 39, 41 inciso A), fracción VII, 54, 55, fracción I, y 56, fracción I, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, que por su orden establecen: "Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes:" I. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado. Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa (.). Artículo 20. Las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado. Artículo 31. Los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo en aquellos casos en que la Constitución Política del Estado de Yucatán y esta Ley, exijan mayoría calificada. En caso de empate, el Presidente Municipal o quien lo sustituya legalmente, tendrá voto de calidad (.) Artículo 33. En todo caso corresponde al Presidente Municipal, convocar a las sesiones de Cabildo y, a falta de este, lo hará el Secretario Municipal (.) Artículo 39. Durante el mes de agosto, el Presidente Municipal en sesión solemne de Cabildo, rendirá a este y a los habitantes, un informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal y los avances logrados del Plan Municipal de Desarrollo. Artículo 41. El Ayuntamiento tiene las atribuciones siguientes, las cuales serán ejercidas por el Cabildo: De Gobierno: (.) VII. Otorgar licencia por causa debidamente justificada y calificada, al Presidente Municipal, en los términos establecidos en esta Ley; (.) Artículo 54. El Presidente Municipal, el Síndico, el Secretario y los Regidores deberán cumplir con las obligaciones dispuestas en esta Ley; su contravención será causa de responsabilidad administrativa y penal, en su caso, por lo que serán sancionados de acuerdo al procedimiento previsto en esta Ley y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. Artículo 55. Al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le corresponde: I. Representar al Ayuntamiento política y jurídicamente, delegar en su caso, esta representación; y cuando se trate de cuestiones fiscales y hacendarias, representarlo separada o conjuntamente con el Síndico;" Artículo 56. Son obligaciones del Presidente Municipal: I. Presidir y dirigir las sesiones de Cabildo; (.). Por tanto, de acuerdo con estos dispositivos, el Presidente Municipal además de ser un elemento integrante del cuerpo colegiado que es el Ayuntamiento, con las funciones de presidir sus sesiones, de deliberar con los demás miembros del mismo y de expresar, en su caso, un voto de calidad, también se encuentra subordinado al Cabildo. Lo anterior, por cuanto dicho funcionario es quien debe convocar en todo caso a las sesiones de Cabildo, así como rendir al citado órgano un informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal y los avances del Plan Municipal de Desarrollo, sin que deba soslayarse que también ha de solicitarle licencia por causas debidamente justificadas pero lo más importante, el mencionado órgano colegiado por disposición legal, es el ejecutor de las atribuciones y funciones conferidas a los Ayuntamientos por la Carta Magna. En estos términos, si el Presidente Municipal se halla investido de dos calidades, una, como miembro del Ayuntamiento en funciones deliberativas, y otra, como ejecutor de sus determinaciones encontrándose constreñido a rendir informes y a obtener su autorización en caso de solicitar licencia, resulta obligado concluir que para efectos de un juicio de amparo en donde se reclamen actos realizados por dicho funcionario como autoridad administrativa, el Cabildo como órgano supremo de administración del Municipio, constituye su superior inmediato y a él debe dirigirse el requerimiento previsto por el artículo 192 de la ley de la materia, pues de acuerdo con el artículo 194 del propio ordenamiento, ese órgano colegiado ejerce sobre el presidente responsable poder de mando para obligarlo a actuar o dejar de hacerlo. Entonces, para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo, el juzgador de amparo debe ordenar notificar y requerir al mencionado superior jerárquico de la autoridad responsable para el efecto de que le ordene acatar el fallo federal, bajo el apercibimiento de multa y de que incurrirá en las mismas responsabilidades de un inferior. De ahí que como se expuso en párrafos precedentes, resultase a quien se debería requerir el cumplimiento de la ejecutoria de conformidad con el numeral 194 de la ley de la materia. Es aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya literalidad es: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO LA AUTORIDAD RENUENTE ES UN PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBE REQUERIRSE AL AYUNTAMIENTO COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, POR LO QUE SI ELLO NO SE HIZO, DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el procedimiento previsto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable renuente a acatar la ejecutoria constitucional es un presidente municipal, debe tenerse en cuenta que éste, conforme al artículo 115 constitucional, se halla investido de dos calidades, una, como miembro del Ayuntamiento respectivo, y otra, como ejecutor de sus determinaciones en funciones administrativas. Por ello debe inferirse que para efectos de un juicio de amparo donde se reclamen actos de dicho servidor público, el Ayuntamiento, órgano supremo de administración del Municipio, constituye el superior inmediato y a él debe dirigirse el requerimiento previsto por el citado artículo 105, con el propósito de lograr el cumplimiento del fallo protector. Consecuentemente, si no se ha producido el requerimiento al Ayuntamiento, como superior inmediato del presidente municipal, ni por lo mismo se ha agotado el procedimiento en comento, resulta improcedente el incidente de inejecución relativo y debe ordenarse la reposición de aquél." Por lo anteriormente planteado, con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, se previno al CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en este juicio, Presidente Municipal, Síndico de Hacienda y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de su notificación de este acuerdo, cumpliera sin demora con la sentencia ejecutoria pronunciada como lo dispone el artículo 77, del propio ordenamiento legal, o bien, informara las gestiones que haya realizado con dicha finalidad, para lo cual debería implementar y realizar todos los mecanismos y actos necesarios que tuviese a su alcance para lograr el cumplimiento del laudo; y lo hiciera del conocimiento de este juzgado, con las constancias conducentes que lo acreditaran. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondría una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitiría el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. En acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve, se agregó el escrito signado por el quejoso SIMÓN DEMETRIO POOL CIAU, y en atención a su contenido, en relación con la solicitud marcada con el inciso a) en el sentido de que se requiera al Tribunal responsable, para que cumpla con su función de vigilar que las notificaciones que ordene en sus acuerdos, no se accedió a lo solicitado, en razón de que el promovente no justificó el porqué de dicha solicitud, puesto que no refirió algún evento que justifique la intervención de este Juzgado Federal para reiterarle a la autoridad lo que la ley establece. Por otra parte, en relación con la petición efectuada en el inciso b), se evidenció que no es clara la pretensión del ocursante, ni tampoco resaltó la necesidad de la medida, es decir, no expuso a este órgano jurisdiccional las razones por las cuales solicitó la información que requiere; por lo que se le previno la parte promovente, para que en término de tres días reformulara su planteamiento de acuerdo a lo antes referido, en el entendido que de no manifestar algo al respecto, no se atendería su solicitud. Ahora bien, por lo que correspondió a la diversa petición identificada con la letra c), en el sentido de requerir al citado Tribunal, para que cumpliera con su obligación de exigir el cobro de las multas que ha impuesto a la Agencia de Administración Fiscal en Yucatán, ya que refirió que no ha cobrado dos multas, la primera impuesta en auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y la segunda, en proveído de veintidós de abril de dos mil diecinueve, por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional). Con lo anterior, se dio vista al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes al de la notificación de este acuerdo, informara al respecto. Apercibido que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le podría imponer una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de la materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del Articulo 26 de la Constitución Federal. En relación con el inciso d), el ocursante solicitó se aplique al Tribunal responsable, la multa de la prevención del auto de veintiséis de abril del presente año, toda vez que no cumplió con acordar las consecuencias legales derivadas de la omisión del Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, a lo ordenado por el referido Tribunal en el acuerdo de veintidós de abril de dos mil diecinueve; a lo que no hubo lugar a acceder a lo que solicitó, en virtud de que por acuerdo de catorce de los corrientes, se agregó y acordó el oficio TTSEM/MP/SRÍA.-606/2019, así como el anexo que adjuntó el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, mediante el cual informó al respecto, por lo que, no ha lugar a hacerle efectivo apercibimiento alguno de multa, pues cumplió con lo que se le solicitó en el acuerdo de referencia y ha estado informando los actos que ha realizado tendentes al cumplimiento de la sentencia amparadora. Finalmente, en lo que atañe a la última petición, la cual se contuvo en el inciso e), formulada en el sentido de que se aplicase al Presidente Municipal de Motul, Yucatán, la multa en relación con el acuerdo de dos de abril del año que transcurre, no fue posible acceder a su petición, toda vez que en el proveído al que hace referencia, no se le apercibió de multa, al citado Presiente Municipal. En auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, se agregó el oficio signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de la localidad de Motul, Yucatán, con el que con relación con el requerimiento que se le hizo al Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, mediante acuerdo de veintisiete de mayo último, solicitó se le concediera una prórroga a fin de cumplir con la ejecutoria de mérito. Y dado que del anexo que se acompañó al oficio de cuenta, se advirtió que el aludido Presidente Municipal realizó una sesión de cabildo el dieciséis de mayo de año en curso, en la cual se le facultó a fin de hacer las gestiones necesarias ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, así como en cualquier otra institución, a fin de conseguir los recursos financieros para cubrir el pago del laudo en cuestión; en tal virtud, se concedió por única ocasión al Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, una prórroga de TRES DÍAS hábiles, contados a partir del siguiente al en que sea notificado del presente acuerdo cumpliera sin demora con la sentencia ejecutoria pronunciada como lo dispone el artículo 77, del propio ordenamiento legal, o bien, informara las gestiones que hubiera realizado con dicha finalidad, para lo cual debería implementar y realizar todos los mecanismos y actos necesarios que tenga a su alcance para lograr el cumplimiento del citado laudo; y lo hiciera del conocimiento de este juzgado, con las constancias conducentes que lo acreditasen. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondría una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitiría el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se glosó el escrito de Ligia Linda Martín Várguez, autorizada de la parte quejosa, que exhibió en cumplimiento a la prevención que se le hizo en auto de treinta de mayo del presente año. Y en atención a su contenido, relativo a la solicitud que refiere, en el sentido de que se requiriera al Tribunal responsable, para que informara cuáles son las secuelas legales de la reserva que hizo en acuerdo de dieciséis de mayo del actual año, de las peticiones que hizo la parte aquí quejosa en el escrito de nueve de ese mismo mes y año. Al respecto, se accedió a lo solicitado; y se requirió al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que de manera inmediata, comunicara a este Juzgado, en un plazo de tres días, lo acordado al respecto, para lo cual, debería remitir copia certificada de las constancias conducentes, adjuntando el documento o los documentos que acreditasen sus manifestaciones, o bien, informara a este juzgado el impedimento legal que tuviera para hacerlo; por tanto, se le remitió copia simple del aludido ocurso de que se trata, a fin de que la referida autoridad proveyera lo conducente. Apercibido que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondría una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de la materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del Articulo 26 de la Constitución Federal, y se remitiría el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por auto de seis de junio de dos mil diecinueve, se glosó al sumario el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remitió con relación a los requerimientos efectuados por veintiuno y treinta de mayo último, oficio del cual se advirtió que mediante proveído de cuatro de los corrientes, dictado en autos del juicio laboral de origen 212/2007, entre otras cuestiones, requirió al Presidente y Secretario Municipales del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, para que dentro del término de cinco días computados legalmente, informaran con las constancias respectivas haber realizado ante la Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, así como ante cualquier otra institución las gestiones para conseguir los recursos financieros para dar cumplimiento al laudo dictado; asimismo, se fijó la cantidad actualizada de $2´037,054.54 (dos millones, treinta y siete mil cincuenta y cuatro pesos, con cincuenta y cuatro centavos, moneda nacional), para tal circunstancia. Por tanto, se requirió al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para que una vez que las citadas autoridades cumplieran con el requerimiento de mérito, o bien, fenecido el plazo que les fue otorgado, acordaran lo conducente y lo hicieran del conocimiento de este juzgado, debiendo remitir las constancias conducentes que lo acreditaran, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. De lo contrario, se le tendría evadiendo dicho requerimiento y por ende, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Sin que con dicho proveído por parte de la autoridad responsable laboral, se tuviera en vías de cumplimiento, ya que es un hecho notorio que dicha orden de celebrar sesiones de cabildo para instrumentar el pago del laudo a nada condujeron hasta ese momento, por lo que no resultó ser un acto tendente a la ejecución de la ejecutoria de amparo al no ser un mecanismo eficaz para ese efecto. Por consiguiente, se ordenó al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, implementara acciones efectivas para tal efecto. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondría una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitiría el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Luego, el Tribunal responsable comunicó que en cuanto a la multa por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) impuesta al Ayuntamiento de Motul, Yucatán, mediante proveído de treinta de octubre de dos mil ocho, el día veintinueve de mayo del año en curso, giró un oficio recordatorio a fin de que la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, informara el estado que guarda el cobro de la misma. Por otro lado, en lo referente a la diversa multa de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), que la parte quejosa señaló se impuso en proveído de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, se hizo de su conocimiento que en dicho acuerdo no se impuso tal multa, determinación que le dio a conocer a la mencionada parte amparista mediante el proveído de cuatro de junio en curso. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional quedó enterado, para los efectos legales conducentes. En auto de once de junio de dos mil diecinueve, se agregó el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, que remitió con relación al requerimiento efectuado el cuatro de ese propio mes, y en el cual comunicó que el siete de este mismo mes y año, dio respuesta a las peticiones efectuadas en escrito de nueve de mayo último, por la parte aquí quejosa, mismas que se reservaron en acuerdo de dieciséis de mayo del actual año, y que fue notificada a ésta, el diez de dicho mes. Al respecto, se hizo del conocimiento del Magistrado responsable que la determinación de cumplimiento de sentencia fue sólo por SIMÓN DEMETRIO POOL CIAU, por lo que los actos de cumplimiento que realice debería llevarlos a cabo en forma destacada por cuanto hace a dicha persona, puesto que es quien promovió el juicio constitucional relativo. Si bien, de la información que remitió se observó que hizo del conocimiento del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, en lo que respecta al amparista POOL CIAU, que la cantidad actualizada que se le adeudaba hasta ese entonces, según acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve, es $919,096.42 (novecientos diecinueve mil noventa y seis pesos 42/100 moneda nacional); se le precisó al oficiante que a la brevedad debería solicitar al Municipio en comento, que al margen de lo que ya ha determinado, realizara una sesión de Cabildo de manera específica para solventar la situación particular del citado promovente del amparo. Lo anterior en aras de eficientar las medidas tendentes al cumplimiento de sentencia, por lo que se le destacó al Magistrado oficiante que en lo sucesivo, las acciones que ordenara en relación con el presente juicio constitucional, debería enfocarlas a atender primordialmente lo concerniente al quejoso SIMÓN DEMETRIO POOL CIAU. Por otra parte, en proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se agregó a estos autos el oficio signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, remitido con relación con el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente asunto. Oficio y anexo del cual se evidenció que la autoridad vinculada al cumplimiento informó que mediante misiva de veintisiete de mayo del año en curso, dirigida a la Secretaría de Administración y Finanzas de Yucatán, le solicitó que otorgue recursos al referido municipio por la cantidad de $2´018,982.93 (dos millones, dieciocho mil novecientos ochenta y dos pesos, con noventa y tres centavos, moneda nacional), para efecto de cumplir con el pago del laudo dictado en el expediente 212/2007, mismo que fue recibido en esa Secretaría el veintiséis de dicho mes . Sin embargo, en ese propio acuerdo se le hizo de su conocimiento que mediante acuerdo de once de junio del presente año, se le ordenó a la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, que la determinación de cumplimiento de sentencia fue sólo por SIMÓN DEMETRIO POOL CIAU, por lo que los actos de cumplimiento que realizara debería llevarlos a cabo en forma destacada por cuanto hace a dicha persona, puesto que es quien promovió el juicio constitucional relativo. Dado lo manifestado por la autoridad municipal se advirtió que las medidas informadas para lograr el cumplimiento, no fueron sido prácticas y eficaces, se requirió al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán, para que dentro de los TRES DÍAS siguientes al en que fuera notificado del presente acuerdo, procediera a la individualización del monto actualizado que representa la condena del laudo sólo por cuanto hace al aquí quejoso SIMÓN DEMETRIO POOL CIAU, y de inmediato lo comunique al Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, y lo requiriera para que, al margen de lo que ya ha determinado en el plazo de CINCO DÍAS, realizara una sesión extraordinaria de Cabildo de manera específica para solventar la situación particular del citado promovente del amparo, a fin de cubrir el monto resultante en una sola exhibición. Lo anterior en aras de eficientar y agilizar las medidas tendentes al cumplimiento de la sentencia de amparo, por lo que se le destacó al Magistrado responsable que en lo sucesivo, las acciones que ordenase en relación con el presente juicio constitucional, debería acotarlas a atender primordialmente lo concerniente al quejoso SIMÓN DEMETRIO POOL CIAU. Apercibiendo al Magistrado responsable, que de no cumplir con ordenado en el presente acuerdo, se le tendría evadiendo dicho requerimiento y por ende, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y se le impondría una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, lo anterior, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitiría el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por diverso pronunciamiento de uno de julio de dos mil diecinueve, se agregó a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remitió con relación con el requerimiento efectuado el once de junio de dos mil diecinueve, y en el cual comunicó que el veinticuatro de junio del año en curso, dio respuesta a las peticiones efectuadas en escrito presentado el diez de junio de dos mil diecinueve, por la parte aquí quejosa; asimismo, informó que requirió al Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, a efecto de que señalara fecha y hora para celebrar una sesión extraordinaria y en ella se prevea el pago liso y llano del amparista SIMÓN DEMETRIO POOL CIAU, sólo por lo que respecta a éste. Igualmente, indicó que la cantidad actualizada que se le adeuda a la referida parte aquí quejosa es de $922,380.74 (novecientos veintidós mil trescientos ochenta pesos 74/100 moneda nacional), y una vez celebrada la sesión dicho Ayuntamiento, solicitara el auxilio al Congreso del Estado y a la Secretaria de Finanzas del Gobierno para que aprobaran lo acordado en ella, por lo que les concedió un término de diez días hábiles, para que le informaran y acreditaran haber dado cumplimiento a lo antes mencionado. Por otra parte, la autoridad oficiante comunicó que tuvo por recibido de la apoderada del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, el escrito y anexo presentados el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, con los cuales informó que ha realizado diferentes gestiones ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, ante el Gobierno del Estado, para la obtención de recursos financieros, y dar cumplimiento a laudo en cuestión, por lo que solicitó a las citadas autoridades, para que en el término de diez días hábiles, informasen con las constancias respectivas, si han recibido la diversa solicitud por parte del Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, y el estado que guarda la misma. Al efecto, se tuvo a la autoridad responsable comunicando lo anterior; sin embargo, se reiteró al Magistrado responsable, que deberá cumplir con lo ordenado en el acuerdo de veintiocho de junio del presente año, es decir, para que dentro de los tres días siguientes al en que haya sido notificado del citado proveído, procediera a la individualización del monto actualizado de la condena del laudo sólo por cuanto hace al aquí quejoso SIMÓN DEMETRIO POOL CIAU, y de inmediato lo comuníquese al Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, y lo requiriera para que, en el plazo de cinco días, realizara una sesión extraordinaria de Cabildo de manera específica para solventar la situación particular del citado promovente del amparo, a fin de cubrir el monto resultante en una sola exhibición. Indicándole que subsistía el apercibimiento que en él se le hizo, consistente en que se le tendría evadiendo dicho requerimiento y por ende, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y se le impondría una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, lo anterior, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitiría el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Posteriormente, en cinco de julio de dos mil diecinueve, se agregó el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, que remitió en relación con el requerimiento efectuado por auto de veintiocho de junio de esta anualidad. Así, de dicho oficio comunicó que por auto de dos de julio del año en curso, dictado en autos del juicio laboral de origen, el Magistrado responsable ordenó requerir al Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, para que dentro del término de diez días hábiles computados legalmente, celebrara una sesión extraordinaria, en la que prevea de manera preferente con los recursos con los que cuenta dicho Municipio, el pago liso y llano al aquí quejoso SIMÓN DEMETRIO POOL CIAU, por la cantidad de $922,380.74 (novecientos veintidós mil trescientos ochenta pesos, 74/100, moneda nacional). Apercibiéndolo que de no hacerlo así, le impondría como medida de apremio una multa. En atención a lo anterior, se mandó a aclarar al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, que la última instrucción que se le indicó para requerir al Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, a fin de que realizara una sesión extraordinaria de manera específica para solventar la situación particular del citado promovente del amparo, para cubrir el monto resultante en una sola exhibición, fue por CINCO DÍAS, no de diez como refirió; tal como se le señaló en proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Por tanto, se requirió al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para que una vez fenecido el plazo de CINCO DÍAS concedido al Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, acordase lo conducente y lo hiciera del conocimiento de este juzgado, debiendo remitir a este Juzgado Federal, las constancias respectivas que lo acrediten, a fin de que se provea lo que en derecho corresponda. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondría una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitiría el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, como puede advertirse de la relatoría que antecede, hasta este momento las autoridades vinculadas al cumplimiento Presidente Municipal, Síndico de Hacienda, Tesorero y Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, permanecen en su actitud contumaz y evasiva de cumplir con la sentencia ejecutoria dictada en este asunto, pues nada eficaz han informado al respecto a este juzgado que permita apreciar que hay un principio de ejecución. Es por ello, que el suscrito juzgador estima que ante la contumacia demostrada, EXISTE UN INCUMPLIMIENTO DE LAS AUTORIDADES VINCULADAS AL INCURRIR EN UNA ACTITUD EVASIVA, propiciando el retardo en el cumplimiento de la ejecutoria, pues continúan realizando actos dilatorios y evasivos sin justificación legal, pues ya han tenido un sin fin de sesiones para tratar el tema de referencia, sin que propongan una solución clara y efectiva para dar cumplimiento a la sentencia de amparo; lo cual demuestra su resistencia a cumplir el fallo constitucional en los términos ordenados, los que ya le han sido precisados y requeridos en múltiples ocasiones sin respuesta favorable. Por tanto, con fundamento en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto del apartado B), del artículo 26 de la Constitución Federal, se hace efectivo el apercibimiento ordenado en cuatro de junio del presente año y con fundamento en el citado artículo 193 de la Ley de Amparo, resulta procedente remitir el presente expediente al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO para que resuelva lo conducente en relación a la inejecución de sentencia aquí decretada. En consecuencia, ábrase el expedientillo de ley, al cual se agregará copia certificada de la ejecutoria pendiente de cumplimiento, junto con las demás constancias que se requieran para lograr su cabal observancia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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