Marcela Duran Rosado
Expediente 1260/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1260/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Wendy Leticia Rejon Barrancos
- Marcela Duran Rosado
- MARCELA DURAN ROSADO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por el Encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, con residencia en esa localidad, el cual remite en relación con el cumplimiento de la sentencia dictada en los presentes autos. Sin hacer mayor proveído, toda vez que el siete de octubre pasado, se tuvo por cumplida la sentencia amparo dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de veintinueve de septiembre del presente año, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el Encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera; y de acuerdo a la certificación de cuenta la temporalidad concedida para tal efecto ya transcurrió sin que hiciera manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por las autoridades responsables, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: ". El encargado, oficial 01 y Director Jurídico del Registro Civil del Estado de Yucatán, deberán: a) No aplicar a las quejosas el párrafo segundo del artículo 94, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como el artículo 49 del Código de Familia del Estado de Yucatán, en el presente ni en el futuro, en la porción normativa declarada inconstitucional, y también para que se les aplique la parte restante de los preceptos interpretados de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal suerte que se entienda que el matrimonio puede celebrarse y/o constituirse "por dos personas" con igualdad de derechos, deberes y obligaciones; y, b) Atender la solicitud para contraer matrimonio formulada por las quejosas para lo cual, el encargado deberá dejar insubsistente el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, consistente en la negativa a formalizar el matrimonio homoparental que las quejosas solicitaron por escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, ante dicha autoridad y emitir un nuevo acto en el que deberá darle trámite a la solicitud de matrimonio de aquéllas y verificar si éstos cumplen con los demás requisitos que establece el Código de Familia para contraerlo, prescindiendo del hecho de que éste sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer.". Por auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, la sentencia de amparo causó ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Encargado del Registro Civil del Estado, informó y acreditó por oficio CJ-DR-C-JUR-4156-3829-0220-2021, de trece de septiembre de dos mil veintiuno, que dejó sin efectos la diversa misiva DR-C-JUR-2335-2147-018-2021 de uno de junio pasado, en la que había manifestado la imposibilidad de autorizar el registro matrimonial civil a nombre de las quejosas y dado que las quejosas acudieron ante dicha Dirección a formalizar su unión matrimonial, se programó el veintitrés de septiembre del año en curso, para celebrar la unión matrimonial de Marcela Durán Rosado y Wendy Leticia Rejón Barrancos. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, de la Ley de la materia, se advierte que la responsable, se encontraba obligada a no aplicar el párrafo segundo del artículo 94, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como el artículo 49 del Código de Familia del Estado de Yucatán y por consecuencia, atender la solicitud para contraer matrimonio formulada por las quejosas, lo que así se hizo, como se advierte de los precedentes reseñados, y lo acreditó fehacientemente con las constancias respectivas. De ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, se ha realizado la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional para la parte quejosa. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce del derecho fundamental establecido en el artículo 16 Constitucional, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por sí y representación del oficial 01 de dicha dependencia, el cual remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. Ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de mérito, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se les haga del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, se advierte que ha fenecido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia constitucional dictada el veinte de agosto de la anualidad. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2 de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en la que en su tercer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las responsables encargado, oficial 01 y Director Jurídico del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Con el apercibimiento a dicha autoridad, que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que las diversas autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la promulgación, aprobación, expedición de las normas tildadas de inconstitucionales, la cuales no pueden quedar insubsistentes por tratarse de disposiciones de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Notifíquese y cúmplase.
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