Manuela de JesùS Ochoa Machado
Expediente 494/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Manuela de JesùS Ochoa Machado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
6744 veinticinco de septiembre de dos mil veinte El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifica que: Que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del veintiuno. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. EL plazo de diez días previsto por el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el acuerdo dictado el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente asunto, transcurrió del ocho al veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Sí se tramitó incidente de suspensión, en el cual se negó la suspensión definitiva. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese interpuesto recurso alguno en contra del proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en cita, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos de ley; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el asunto como concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se negó la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIBLE. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de destruible e inclúyanse en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. 19794 y 19795 En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del treinta de mayo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. 19794 y 19795
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, siete de octubre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos la promoción con registro 15129, signada por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Zacatecas "1" con sede en esta ciudad; en atención a su contenido y por las razones que expone, hágase de su conocimiento que el nombre del Subdelegado de Registro y Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, es ********************; y la multa que deberá hacerse efectiva a dicha autoridad, lo es la consistente en la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) que resulta de multiplicar 89.62 (Unidad de Medida y Actualización correspondiente al año dos mil veintiuno) por cien unidades; en la inteligencia de que la aludida parte procesal posee los siguientes datos: - Fecha de nacimiento ********************- Domicilio el ubicado en ********************. Se solicita a la autoridad hacendaria, que una vez que se haya hecho efectiva la aludida medida de apremio, remita a este juzgado las constancias con las que así lo acredite. Notifíquese. ...
- Principal
El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con la promoción con registro 14418 y anexos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese al sumario para que obre como corresponda la promoción de cuenta, firmada por el encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de Zacatecas, mediante la cual remite copia certificada del acuse de recibo y anexos de entrega del certificado parcelario número 1042838, que ampara la titularidad de la parcela 543, con superficie de 12-37-77.000, expedido a nombre de Manuela de Jesús Ochoa Machado, sobre bienes ubicados en el ejido denominado Zaragoza, municipio de Sombrerete, estado de Zacatecas, dentro de los autos del expediente 679/2014; el cual fue entregado a la aludida quejosa por conducto de su apoderado legal Gerardo Villegas Briseño, el veintiséis de marzo del al año en curso; y, solicita se decrete el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo en que se actúa, en virtud de que se dio cumplimiento a la omisión señalada como acto reclamado por la parte. Ahora, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que la quejosa Manuela de Jesús Ochoa Machado, señaló en su escrito inicial de demanda como acto reclamado: "(.) la omisión para expedir el certificado parcelario en base a la resolución del Tribunal Unitario Agrario, sede principal Zacatecas número de expediente 679/2014, en favor de la suscrita Manuela de Jesús Ochoa Machado (.)" Ahora, la referida autoridad responsable al rendir su informe justificado señaló que era cierto el acto reclamado por la quejosa de mérito, en relación a la petición hecha por ésta respecto a la omisión por parte de la autoridad responsable a expedir el certificado parcelario dentro de los autos del expediente 679/2014, en favor de la ahora quejosa; no obstante, en el oficio que se provee en este proveído, la responsable señala que el veintiséis de marzo del al año en curso, hizo entrega a la quejosa Manuela de Jesús Ochoa Machado, por conducto de su apoderado legal Gerardo Villegas Briseño, del certificado parcelario número 1042838, que ampara la titularidad de la parcela 543, con superficie de 12-37-77.000, dentro de los autos del expediente antes indicado; y, para acreditar lo anterior, la responsable adjuntó a su comunicado copia certificada de las constancias enunciadas. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, el suscrito juzgador advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Ello es así, pues el contenido de las constancias aludidas, ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de Zacatecas, el veintiséis de marzo del al año en curso, hizo entrega a la quejosa Manuela de Jesús Ochoa Machado, por conducto de su apoderado legal Gerardo Villegas Briseño, del certificado parcelario número 1042838, que ampara la titularidad de la parcela 543, con superficie de 12-37-77.000, dentro de los autos del expediente 679/2014 de su estadística; por lo que, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos de los actos impugnados en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se dejan sin efecto las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional por los razonamientos anteriormente expuestos. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. mash
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con la promoción con registro 14418 y anexos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese al sumario para que obre como corresponda la promoción de cuenta, firmada por el encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de Zacatecas, mediante la cual remite copia certificada del acuse de recibo y anexos de entrega del certificado parcelario número 1042838, que ampara la titularidad de la parcela 543, con superficie de 12-37-77.000, expedido a nombre de Manuela de Jesús Ochoa Machado, sobre bienes ubicados en el ejido denominado Zaragoza, municipio de Sombrerete, estado de Zacatecas, dentro de los autos del expediente 679/2014; el cual fue entregado a la aludida quejosa por conducto de su apoderado legal Gerardo Villegas Briseño, el veintiséis de marzo del al año en curso; y, solicita se decrete el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo en que se actúa, en virtud de que se dio cumplimiento a la omisión señalada como acto reclamado por la parte. Ahora, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que la quejosa Manuela de Jesús Ochoa Machado, señaló en su escrito inicial de demanda como acto reclamado: "(.) la omisión para expedir el certificado parcelario en base a la resolución del Tribunal Unitario Agrario, sede principal Zacatecas número de expediente 679/2014, en favor de la suscrita Manuela de Jesús Ochoa Machado (.)" Ahora, la referida autoridad responsable al rendir su informe justificado señaló que era cierto el acto reclamado por la quejosa de mérito, en relación a la petición hecha por ésta respecto a la omisión por parte de la autoridad responsable a expedir el certificado parcelario dentro de los autos del expediente 679/2014, en favor de la ahora quejosa; no obstante, en el oficio que se provee en este proveído, la responsable señala que el veintiséis de marzo del al año en curso, hizo entrega a la quejosa Manuela de Jesús Ochoa Machado, por conducto de su apoderado legal Gerardo Villegas Briseño, del certificado parcelario número 1042838, que ampara la titularidad de la parcela 543, con superficie de 12-37-77.000, dentro de los autos del expediente antes indicado; y, para acreditar lo anterior, la responsable adjuntó a su comunicado copia certificada de las constancias enunciadas. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, el suscrito juzgador advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Ello es así, pues el contenido de las constancias aludidas, ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de Zacatecas, el veintiséis de marzo del al año en curso, hizo entrega a la quejosa Manuela de Jesús Ochoa Machado, por conducto de su apoderado legal Gerardo Villegas Briseño, del certificado parcelario número 1042838, que ampara la titularidad de la parcela 543, con superficie de 12-37-77.000, dentro de los autos del expediente 679/2014 de su estadística; por lo que, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos de los actos impugnados en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se dejan sin efecto las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional por los razonamientos anteriormente expuestos. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. mash
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