Manuela Adriana Gálvez Márquez

Expediente 16/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
16/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
14/03/2018

Partes del expediente

  • Manuela Adriana Gálvez Márquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El catorce de marzo de dos mil dieciocho, el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado, CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintiocho de febrero al trece de marzo del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (fojas 27 a 28), dictada por este Juzgado dentro del juicio de amparo 16/2018. Que después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo cual no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este juzgado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las once horas con diez minutos del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 16/2018, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por el procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas (foja 14), así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta al juez con las documentales exhibidas por el procurador responsable adjuntadas a su informe justificado (fojas 16 y 17). A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la probanza referida, la cual será tomada en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los vertidos por la representante social de la adscripción en su pedimento 156/2018 (foja 23). A lo que el juez determina: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse reproducidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. e octubre de dos mil dieciséis VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 16/2018, promovido por Manuela Adriana y Mayra Paloma, ambas de apellidos Gálvez Márquez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Manuela Adriana y Mayra Paloma, ambas de apellidos Gálvez Márquez, por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que enseguida se describe (fojas 2 a 3). Autoridad responsable: Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Acto omisivo consistente en no darnos respuesta por escrito, fundado y motivado, en breve término, a la petición que le hiciéramos mediante escrito respetuoso presentado el día quince de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante la cual le solicitamos nos informara la situación jurídico penal en que se encuentran ciertas propiedades de las Suscritas, y que dependencia a su cargo tiene el conocimiento de dicha causa." Acto que, a su parecer, es violatorio de los derechos contenidos en los artículos 8°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de diez de enero de dos mil dieciocho (fojas 7 a 10), se registró la demanda con el número 16/2018 y se admitió a trámite; asimismo, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se ordenó dar la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en esta misma fecha, al tenor del acta que antecede; por lo que se procede a dictar la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridad que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consiste en: Del Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas: La falta de respuesta a la petición realizada por las quejosas mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecisiete. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas negó la existencia del acto reclamado, sobre la base de que el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete se dio contestación al escrito formulado por las quejosas el catorce de noviembre de la citada anualidad (foja 14). No obstante, de la copia certificada que remite la responsable del acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, a foja 16 vuelta, se desprende que la notificación del referido proveído se realizó a las aquí quejosas el once de enero de dos mil dieciocho, lo que pone en evidencia que al momento de la presentación de la demanda de amparo aún no se había notificado el acuerdo que recayó a la petición realizada por las impetrantes del amparo, por lo que no tenían conocimiento de la respuesta dada, lo que precisamente integra el supuesto básico de la reclamación. Por tanto, al existir manifestación de certeza en el informe justificado en análisis, debe tenerse por existente la falta de dar respuesta reclamada y, por ende, el fondo del asunto envuelve el análisis de la justificación de la actuación de la autoridad responsable. Es ilustrativa de lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Octava Época, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para la plena comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado. El quince de noviembre de dos mil diecisiete, Manuela Adriana y Mayra Paloma ambas de apellidos Gálvez Márquez, presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, escrito por el cual solicitaron información sobre la agencia del Ministerio Público que investiga los hechos presuntivamente delictuosos que involucraban bienes inmuebles de su propiedad (foja 5). La omisión de respuesta de la solicitud anterior constituye la materia de la litis constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Este Juzgado de Distrito, de oficio, advierte que en el juicio en que se actúa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Es sustento de lo considerado por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De la demanda de garantías se advierte que las quejosas Manuela Adriana y Mayra Paloma, ambas de apellidos Gálvez Márquez, reclaman la falta de respuesta a su solicitud formulada el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, recibida por el procurador responsable el quince del mes y año en comento. Así, del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, en particular, del informe justificado de la autoridad responsable, se desprende que a la presentación de la demanda de amparo la responsable había emitido escrito en contestación a lo solicitado por las quejosas, como se desprende de la copia certificada del auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (foja 16). Sin embargo, hasta el once de enero de dos mil dieciocho, se notificó a Manuela Adriana y Mayra Paloma ambas de apellidos Gálvez Márquez, el citado auto, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, como se advierte de la razón asentada a foja 16 vuelta. Documentales la anteriores que goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior, implica que ya fue emitida la respuesta a la solicitud presentada y notificado a la parte quejosa; contestación que resulta congruente con lo solicitado, porque la petición versó sobre la información relativa a la agencia en que se investigaban hechos delictivos que involucraban bienes de las amparistas, lo que fue informado en la respuesta dada, al precisarse el número de carpeta de investigación y agente del Ministerio Público que se relacionaban con lo pedido. De lo anterior se colige que se dio respuesta a las quejosas, por lo que fueron restituidas en el pleno goce del derecho que estimaron vulnerados en su perjuicio; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. En las condiciones apuntadas, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, con en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías promovido por Manuela Adriana y Mayra Paloma, ambas de apellidos Gálvez Márquez. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Manuela Adriana y Mayra Paloma, ambas de apellidos Gálvez Márquez, contra el acto que reclamó del Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. Jessy*

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICA: a) Que se encuentran fijadas las diez horas del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo b) Que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejosa mediante auto de dieciséis de enero del año en curso, para que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo en relación con el escrito de contestación de veintiuno de noviembre de la pasada anualidad, signado por el procurador General de Justicia del estado, que adjunto a su informe justificado recibido en este juzgado en quince de enero del año en curso. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos y con un pedimento con folio 1808. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las diez horas del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejosa mediante auto de dieciséis de enero del año en curso, para que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo en relación con el escrito de contestación de veintiuno de noviembre de la pasada anualidad, signado por el procurador General de Justicia del estado, que adjunto a su informe justificado recibido en este juzgado en quince de enero del año en curso; por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el pedimento 156/2018, con folio 1808 signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno; asimismo, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Jorge Martin Zamora González, secretario de Juzgado quien autoriza y da fe. AleM. En la misma fecha se giró el oficio 2888

  4. Principal

    En dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción con folio 633, con anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable procurador General de Justicia del estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad; con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la legislación en consulta, se tiene como prueba de la aludida autoridad responsable la documental que adjunta a su oficio; misma que dada su propia y especial naturaleza se tiene por desahogada; sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la audiencia respectiva. Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, con fundamento en el diverso numeral 9 de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen como delegados de su parte a los profesionistas que al efecto designa y como domicilio el que indica en su oficio. Ahora bien, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado en esta instancia constitucional, se reclama la violación al artículo 8° constitucional, lo procedente es dar vista a las quejosas con la constancia relativa a la contestación de su solicitud, a efecto de que dentro del término de quince días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, con dos copias de su escrito de ampliación de demanda, por corresponder una para la autoridad responsable, y otra más para correr traslado al agente del Ministerio Público de la adscripción, cumplan con lo siguiente: Único: manifiesten si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la respuesta externada por la autoridad responsable, en contestación a la petición cuya omisión reclaman. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 801, Tomo 1, Libro VIII, Mayo de 2012, Decima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Así como la Jurisprudencia 2a./J. 149/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Apercibido de que en caso de no hacer manifestación alguna se continuará con el trámite del presente juicio únicamente respecto del acto y autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda. Notifíquese haciéndolo personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe.

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