Manuela Acevedo Rodríguez

Expediente 250/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
250/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • Manuela Acevedo Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la resolución de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente asunto fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...

  2. Principal

    .... Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese al sumario la promoción con folio 6609, firmada por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Burocrática del estado de Zacatecas, mediante la cual remite copias certificadas del auto de segundo requerimiento de pago de fecha cinco de marzo del presente año, así como de la diligencia del segundo requerimiento de pago de fecha nueve de abril del año en curso, dictados dentro de los autos del expediente laboral ordinario 58/2017; y, solicita se decrete el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo en que se actúa, en virtud de que se dio cumplimiento a la omisión señalada como acto reclamado por la parte. Ahora, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que la quejosa Manuela Acevedo Rodríguez, señaló en su escrito inicial de demanda como actos reclamados: "IV.- EL ACTO QUE SE RECLAMA: La omisión o abstención de dictar el segundo auto de requerimiento de pago y de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 58/2017, ya que ya que la demandada al no pagarme las prestaciones condenadas en el laudo de fecha 20 de marzo de 2019, está en peligro mi subsistencia" Ahora, la referida autoridad responsable al rendir su informe justificado señaló que era cierto el acto reclamado por la quejosa de mérito, en relación a la petición hecha por ésta respecto a la omisión por parte de la autoridad responsable a dictar el segundo auto de requerimiento de pago dentro de los autos del juicio laboral 58/2017; no obstante, en el oficio que se provee en este proveído, la responsable señala que el cinco de marzo del presente año, se dictó auto de segundo requerimiento de pago, y en nueve de abril del año en curso, se notificó dicha diligencia, dentro de los autos del juicio laboral antes indicado; y, para acreditar lo anterior, la responsable adjuntó a su comunicado copia certificada de las constancias enunciadas. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, el suscrito juzgador advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Ello es así, pues el contenido de las constancias aludidas, ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable dictó dentro de le los autos del juicio laboral 58/2017, el cinco de marzo del presente año, auto de segundo requerimiento de pago, y en nueve de abril del año en curso, se notificó dicha diligencia; por lo que, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos de los actos impugnados en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se dejan sin efecto las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DOS MIL VEINTIUNO, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional por los razonamientos anteriormente expuestos. Por otra parte, glósese al sumario para que obre como corresponda la promoción de cuenta firmada por la quejosa Manuela Acevedo Rodríguez; en atención a sus solicitudes, dígase a la promovente que se éste a lo acordado en este proveído; asimismo, como lo pide, se le tiene señalando el correo electrónico alfredozaca@hotmail.com y el número de teléfono celular 492 89 3 38 64, para las comunicaciones que no tengan el carácter de procesales. Notifíquese; personalmente a las partes. ...

  3. Principal

    EN ESTA PROPIA FECHA, PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, ELLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, QUE A LA LETRA DICE: Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese al sumario la promoción con folio 6609, firmada por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Burocrática del estado de Zacatecas, mediante la cual remite copias certificadas del auto de segundo requerimiento de pago de fecha cinco de marzo del presente año, así como de la diligencia del segundo requerimiento de pago de fecha nueve de abril del año en curso, dictados dentro de los autos del expediente laboral ordinario 58/2017; y, solicita se decrete el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo en que se actúa, en virtud de que se dio cumplimiento a la omisión señalada como acto reclamado por la parte. Ahora, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que la quejosa Manuela Acevedo Rodríguez, señaló en su escrito inicial de demanda como actos reclamados: "IV.- EL ACTO QUE SE RECLAMA: La omisión o abstención de dictar el segundo auto de requerimiento de pago y de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 58/2017, ya que ya que la demandada al no pagarme las prestaciones condenadas en el laudo de fecha 20 de marzo de 2019, está en peligro mi subsistencia" Ahora, la referida autoridad responsable al rendir su informe justificado señaló que era cierto el acto reclamado por la quejosa de mérito, en relación a la petición hecha por ésta respecto a la omisión por parte de la autoridad responsable a dictar el segundo auto de requerimiento de pago dentro de los autos del juicio laboral 58/2017; no obstante, en el oficio que se provee en este proveído, la responsable señala que el cinco de marzo del presente año, se dictó auto de segundo requerimiento de pago, y en nueve de abril del año en curso, se notificó dicha diligencia, dentro de los autos del juicio laboral antes indicado; y, para acreditar lo anterior, la responsable adjuntó a su comunicado copia certificada de las constancias enunciadas. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, el suscrito juzgador advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Ello es así, pues el contenido de las constancias aludidas, ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable dictó dentro de le los autos del juicio laboral 58/2017, el cinco de marzo del presente año, auto de segundo requerimiento de pago, y en nueve de abril del año en curso, se notificó dicha diligencia; por lo que, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos de los actos impugnados en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se dejan sin efecto las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DOS MIL VEINTIUNO, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional por los razonamientos anteriormente expuestos. Por otra parte, glósese al sumario para que obre como corresponda la promoción de cuenta firmada por la quejosa Manuela Acevedo Rodríguez; en atención a sus solicitudes, dígase a la promovente que se éste a lo acordado en este proveído; asimismo, como lo pide, se le tiene señalando el correo electrónico alfredozaca@hotmail.com y el número de teléfono celular 492 89 3 38 64, para las comunicaciones que no tengan el carácter de procesales. Notifíquese; personalmente a las partes. ...

  4. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la promoción de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Magistrado Presidente Interino del Tribunal de Justicia Burocrática del estado de Zacatecas, en sustitución del extinto Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas; con dicho ocurso dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. ...

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