Manuela Acevedo Rodríguez

Expediente 1177/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1177/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
13/08/2018

Partes del expediente

  • Manuela Acevedo Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del veintiséis de julio al ocho del mes y año que transcurre, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de julio del propio año, dentro del juicio de amparo número 1177/2018-7; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitado, por lo que no se exhibió billete de depósito. No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, trece de agosto de dos mil dieciocho. Doy Fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2608/2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1177/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, asistido de Armando Agustín Solís Monroy, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Acto continuo, el secretario da cuenta con un pedimento de la agente del Ministerio Público Federal adscrita, registrado con el folio 14827; en atención a su contenido, el juez determina acordar lo que proceda en la etapa procesal correspondiente. Enseguida, el secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el juez acuerda: téngase hecha la relación de constancias y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de la autoridad magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en esta ciudad; asimismo, por emplazado al tercero interesado Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas (foja 104). En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se da cuenta con las documentales que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado (fojas 14-61); asimismo, con las que allegó con su oficio N°TCA/1349/2018, registrado con el folio 13787 y recibido en este juzgado el cuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 69-102). Al respecto, el juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la ley en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las pruebas relacionadas, con lo que se declara cerrada la etapa probatoria. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual, con fundamento en el artículo 124 de la ley de amparo, se da cuenta con los que formuló la agente del Ministerio Público de la Federación, en sus pedimentos 1104/2018 y 1250/2018, recibidos en veintiséis de junio y veinte de julio, ambos de dos mil dieciocho (fojas 63-64 y 104-105). Por otra parte, como lo solicita la citada fiscal federal en su pedimento mencionado en último término, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1177/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Manuela Acevedo Rodríguez demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: "III. LA AUTORIDAD RESPONSABLE: La Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado Zacatecas, con domicilio en: Circuito Cerro del Gato, Planta Baja, Edificio F, Ciudad Administrativa, Zacatecas, capital.". "IV. EL ACTO QUE SE RECLAMA: La omisión o abstención de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 58/2017, ya que la demandada al no pagarme las prestaciones condenadas en el laudo de fecha 15 de diciembre del 2017, está en peligro mi subsistencia a encontrarme desempleada.". SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos en referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo en vigor y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en razón de que la omisión reclamada se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - La omisión de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 58/2017, promovido por la quejosa contra el Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado, pues al rendir el informe con justificación señaló que el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se dictaron por parte del tribunal a su cargo los autos de ejecución de hacer, del primer requerimiento de pago y de reinstalación. Sin embargo, dentro del mismo expediente laboral ordinario, se presentó demanda de amparo contra el laudo de quince de diciembre de dos mil diecisiete, misma que fuera admitida por ese Tribunal Laboral dentro de la carpeta de amparo 12/2018 A. D. de su índice, en el que se solicitó la suspensión del acto reclamado, por lo que, se requirió a la parte quejosa (demandada en el juicio de origen) que garantizara la subsistencia de la trabajadora (aquí quejosa) mientras se resuelve en definitiva el juicio de amparo laboral directo, razón por la cual dejó sin efectos dichos autos. Lo anterior se corrobora con las documentales que anexo al referido informe y a su oficio N°TCA/1349/2018, recibido en este juzgado el cuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 69-102), consistentes en copias certificadas del expediente laboral 58/2017 y de la carpeta de amparo directo 12/2018; las que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese contexto, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se narrarán los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil diecisiete, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, Manuela Acevedo Rodríguez, por propio derecho, demandó al Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas, ejercitando la acción de reinstalación y pago de diversas prestaciones 2. El quince de diciembre de dos mil diecisiete, el Tribunal Laboral emitió laudo (fojas 70-93), en el que se resolvió lo siguiente: [.] "RESUELVE: PRIMERO. La C. Manuela Acevedo Rodríguez, sí acreditó en juicio la acción de reinstalación; en cambio la demandada Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, no acreditó sus excepciones y defensas; por consecuencia: SEGUNDO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, a reinstalar a la C. Manuela Acevedo Rodríguez; como auxiliar administrativa adscrita al Departamento de Oficialía Mayor, de la Presidencia Municipal de Villa Hidalgo, Zacatecas, bajo los mismos términos y condiciones en los que se desempeñaba, hasta antes de su despido injustificado. TERCERO. Se condene al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, a pagar a favor de la C. Manuela Acevedo Rodríguez, la cantidad de $1,166.65 (mil cientos sesenta y seis pesos 65/100 M.N.), por concepto de salarios devengados. CUARTO. Se ordena abrir incidente de liquidación, para el efecto de condena a los montos de los incrementos salariales que se hayan otorgado en el lapso del primero de julio de dos mil quince a la fecha, con fundamento en el artículo 237 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. QUINTO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, a pagar a favor de la C. Manuela Acevedo Rodríguez, la cantidad de $11,666.50 (once mil seiscientos sesenta y seis pesos 50/100 M.N.), por concepto de vacaciones del año dos mil quince al año dos mil diecisiete. SEXTO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, a pagar a favor de la C. Manuela Acevedo Rodríguez, la cantidad de $3,538.44 (tres mil quinientos treinta y ocho pesos 44/100 M.N.), por concepto de prima vacacional. SÉPTIMO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, a pagar a favor de la C. Manuela Acevedo Rodríguez, la cantidad de $18,666.40 (dieciocho mil seiscientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.), por concepto de aguinaldo de los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. OCTAVO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, a pagar a favor de la C. Manuela Acevedo Rodríguez, la cantidad de $74,198.94 (setenta y cuatro mil ciento noventa y ocho pesos 94/100 M.N.), por concepto de salarios vencidos. NOVENO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, a que realice las aportaciones de la C. Manuela Acevedo Rodríguez, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.), desde el primero de febrero del año dos mil diecisiete y en la actualidad queda regularizado dicho pago, y hecho lo anterior notifique a este Tribunal; asimismo, que se condene a las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro e informe a este Tribunal sobre el cumplimiento. DÉCIMO. SE Absuelve al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, al pago de las aportaciones al Instituto del Fondo de la Vivienda Para los Trabajadores." [.] 3. El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, el Ayuntamiento de Villa Hidalgo; Zacatecas, promovió amparo directo y la autoridad responsable emitió la interlocutoria de suspensión del acto reclamado el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, condicionando dicha suspensión para que la quejosa (demandada en el juicio de origen), exhibiera la cantidad de $41,999.40 (cuarenta y un mil novecientos noventa y nueve pesos 40/100 moneda nacional), que serviría para la subsistencia de la trabajadora (fojas 21-47 de autos) 4. Mediante escrito presentado ante la responsable el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, la actora (aquí quejosa) promovió primer auto de requerimiento de pago y reinstalación (fojas 94-95). 5. El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, la responsable dictó autos de ejecución de hacer, reinstalación y primer requerimiento de pago (fojas 98-101) 6. Mediante promoción de nueve de abril de dos mil dieciocho, el apoderado del Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas, solicitó al Tribunal Laboral que le fuera reconsiderada la cantidad fijada como garantía (fojas 54-55) 7. El veintiséis de abril del año en curso, la responsable emitió interlocutoria de suspensión del acto reclamado por segunda vez, concediéndole al Ayuntamiento de Villa Hidalgo, el termino de cinco días para que exhibiera la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional), para garantizar la subsistencia de la trabajadora durante la tramitación del juicio de amparo (fojas 56-57) 8. El ocho de mayo de dos mil dieciocho, la responsable dictó auto en el que se dejaron sin efectos los autos de ejecución de hacer, de reinstalación y de requerimiento de pago, todos ellos a favor de la aquí quejosa, hasta en tanto no se resuelva lo conducente en el amparo que promovió el demandado aquí tercero interesado La omisión de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 58/2017, promovido por la quejosa contra el Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas constituye la materia de la presente litis constitucional. QUINTO. Estudio de fondo. Al no advertirse alguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que este juzgado advierta alguna de oficio, procede abordar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor del concepto de violación hecho valer, sin que sea necesario transcribirlo, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El concepto de violación resulta ineficaz, como se argumentará a continuación. La quejosa sostiene, medularmente, que se conculca en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, dado que la autoridad responsable no ha dictado el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral número 58/2017. Al respecto, se tiene que la administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia, los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.).". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Luego, la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. En ese contexto, los artículos 283 y 285 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas disponen: "Artículo 283.- Los laudos deben ejecutarse una vez que transcurra el plazo para que la parte condenada pueda acudir a la demanda de amparo. La o el Secretario hará la certificación del plazo contado a partir de la notificación personal del laudo. Las partes podrán convenir en las modalidades del cumplimiento.". (Lo resaltado es propio de este juzgado). "Artículo 285.- Transcurrido el término señalado en el artículo 283, la o el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento de pago, apercibiendo a la o el deudor que de no efectuarlo, se le impondrá una multa de hasta quince veces el salario mínimo general vigente en la fecha de la diligencia; de no hacerlo en un nuevo requerimiento, se librará oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba la cantidad de la condena ante la o el Presidente del Tribunal, quedando autorizada aquélla para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa.". (Lo resaltado es propio de este juzgado). De los enunciados normativos anteriores, se deduce que los laudos deben ejecutarse hasta que transcurra el plazo para que la parte condenada pueda acudir a la demanda de amparo; y, solamente hasta que trascurra éste, a petición de parte, se dictará el auto de requerimiento de pago. Por tanto, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, conforme con el derecho a la administración de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, debe tramitar y resolver los juicios laborales en los plazos y términos marcados por la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. En el caso, del informe justificado y las constancias remitidas en su apoyo, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintidós de mayo de dos mil dieciocho), ya se encontraba promovida la demanda de amparo por la parte condenada en el laudo relativo, de ahí que, tal como se desprende de los numerales 283 y 285 Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas la autoridad responsable no estaba en posibilidad de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 58/2017, como lo sostiene la parte quejosa. Lo anterior es así, pues es condicionante que para que ello pueda ocurrir, no debe haber promovida demanda de amparo, aunado a que, como se advierte de autos, existe una suspensión del acto reclamado decretada por la autoridad responsable, por lo que hace a la reinstalación y al resto de la ejecución del laudo. En ese tenor, la responsable con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo directo que promovió el demandado en el juicio de origen, es decir, el dieciséis de marzo del año en curso, emitió autos de ejecución de hacer, de reinstalación y de requerimiento de pago; sin embargo, como lo refiere en su informe, con fundamento en el numeral 172 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, el ocho de mayo de dos mil dieciocho, ordenó dejarlos sin efectos en cumplimiento al laudo en cita, en razón de que en la carpeta de amparo directo 12/2018 A. D. se solicitó a la parte quejosa (demanda en el juicio de origen) exhibiera el monto de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), que servirá para la subsistencia de la trabajadora, durante la tramitación del juicio de amparo la cual debía exhibir dentro del término de cinco días, mismo que manifiesta se encuentra en espera de ser cumplido (foja 14). Entonces, la omisión de la responsable de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 58/2017, no es violatoria de derechos en sí misma, por lo que es necesario que la impetrante acredite su inconstitucionalidad, esto es, que en el juicio laboral en que alega que no se ha dictado el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, a pesar de estar en estado procesal para ello, ya hubiera transcurrido el plazo para que la parte condenada pueda acudir a la demanda de amparo, situación que, se reitera, en la especie no aconteció. Por tanto, la parte quejosa no demostró en esta instancia constitucional, que la junta laboral incurrió en demora al omitir dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 58/2017, promovido por la quejosa contra del Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas y, por ende, que se conculque en su perjuicio el derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional. En efecto, la omisión de la autoridad laboral está justificada desde el momento en que se acredita que el laudo no puede ejecutarse virtud a la promoción de la demanda de amparo por la parte condenada en éste, y a la existencia de una suspensión que no permite la ejecución del laudo dictado en el expediente natural. No resulta obstáculo a lo anterior, lo argumentado por la parte quejosa en su demanda de amparo en el sentido de que el Ayuntamiento demandado no ha exhibido la garantía que le fue fijada por la autoridad responsable y por tanto, se debe continuar con la ejecución del laudo; lo anterior, en razón de que en caso de incumplimiento de ello, la única facultada para proveer en cuanto a dejar sin efectos o no dicha suspensión es justamente ésta última; aunado a que no existe constancia de que el auto que concedió la suspensión de la ejecución del laudo, haya dejado de surtir sus efectos con motivo de esa falta de exhibición de la garantía. Consecuentemente, al resultar ineficaz el concepto de violación y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la parte quejosa, se niega la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Manuela Acevedo Rodríguez, contra el acto que reclamó de la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 58/2017; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Armando Agustín Solís Monroy, secretario que autoriza y da fe. Luis.

  3. Principal

    El cinco de julio de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 13787 y anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio signado por la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de veintisiete de junio del año en curso, remite copia certificada de todas y cada una de las actuaciones que obran en el expediente laboral 12/2018 A. D., a partir del laudo; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la mencionada autoridad las documentales que adjunta, las cuales dada su propia y especial naturaleza jurídica, se tienen admitidas y desahogadas, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la etapa procesal que corresponda, con la que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.

  4. Principal

    El suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICO: Que se encuentran señaladas las nueve horas de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Doy fe. - . En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción con folio 13377. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, en su informe justificado (fojas de la 14 a la 61) informó que son ciertos los actos que se le reclaman y como justificación de sus actos solo remitió copia certificada de los autos de dieciséis de marzo y ocho de mayo del año en curso; así como las copias certificadas de la carpeta de amparo 12/2018 A. D; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase a la citada autoridad para que dentro del término de tres días, remita a este tribunal federal copias debidamente certificadas legibles de todas y cada una de las actuaciones que obren en el expediente laboral 12/2018 A. D, a partir del laudo y las subsecuentes, toda vez que se consideran necesarias para resolver el presente juicio de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo o no expresar el impedimento legal que tenga para hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Por otra parte, vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, sin embargo, a fin de dar oportunidad a que se reciban las indicadas constancias, SE DIFIERE y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el pedimento de cuenta signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulado los alegatos que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, que actúa con Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.

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