Manuel Rivera Taizán

Expediente 1127/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 23 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1127/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • Manuel Rivera Taizán
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, presentado vía electrónica por Thoth Aldrin Lomelí Aguilar, autorizado de la parte quejosa, a través del cual, informa la imposibilidad que tuvo para consultar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación la versión electrónica de la sentencia terminada de engrosar el tres de agosto de dos mil dieciocho, por lo que solicita el acceso electrónico a dicho fallo; o bien, le sea proporcionada copia de éste. En esas condiciones, ante una posible omisión comisiónese al actuario judicial de la adscripción a efecto de que realice las diligencias necesarias con el propósito de que el ocursante de referencia pueda efectuar la consulta de la resolución de tres de agosto previamente aludida, en forma electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con independencia de lo anterior, en atención a lo que pide el promovente de referencia, con sustento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se autoriza la expedición de la copia simple que indica. Con la finalidad de coadyuvar a las medidas de distanciamiento social y evitar la propagación del agente infeccioso COVID-19, envíesele al correo electrónico thothaldrin@icloud.com, que proporcionó, el archivo digital que contenga las copias simples solicitadas, autorizadas con la firma electrónica (FIREL) del secretario de este juzgado. Luego, cabe precisar que una vez que se envíe el archivo digital que contenga las copias simples al correo electrónico indicado, ésta deberá acusar recibo al emisor a través de ese mismo medio; en caso de no hacerlo, el envío se tendrá por realizado cumplidas veinticuatro horas. Ahora, en caso de que, por la voluminosidad del documento digitalizado, el tamaño del archivo informático resultante exceda la capacidad de los sistemas de comunicación electrónica y no se pueda enviar, se hará saber oportunamente a la citada parte procesal, para que, previa cita que agende a través del sistema "Agenda OJ", acuda a este juzgado a obtener impresiones de lo actuado en este expediente, a través de los medios electrónicos con que cuente en ese momento la solicitante; en ese caso, no se permitirá la salida del personal de este juzgado de sus instalaciones ni la extracción de este expediente, con la finalidad de obtener copias por otros medios. De igual manera, de conformidad con el artículo 7 del mencionado Acuerdo General 21/2020, se conmina a la promovente que de ser necesario presentarse en la instalaciones de este órgano jurisdiccional, acuda respetando las medidas de sana distancia, conforme a la señalización respectiva (flechas de tránsito y cuadros en el área de espera y atención), evite permanecer en las áreas de tránsito y usar cubrebocas en todo momento; apercibida que de no cumplir a estas medidas se hará acreedor en principio una llamada de atención y en caso de reincidir o subsista el incumplimiento, generará su expulsión inmediata del juzgado federal. Notifíquese.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, signado por el quejoso *****, a través del cual; Revoca su domicilio procesal; así como, sus autorizados y señala nuevos. Proporciona el usurario "THOTHLOMELI" y correo electrónico thothaldrin@icloud.com, para recibir todo tipo de notificaciones vía electrónica. Ahora, respecto a lo que se pide en el punto número 1 (uno), de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de la materia, se le tiene revocando el domicilio procesal que obra en autos. Asimismo, se le tiene revocando a los autorizados señalados con anterioridad y se le tiene autorizado en términos amplios del arábigo 12 de la Ley de Amparo a *****; toda vez, que, tienen su cédula profesional registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en tanto que, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las restantes personas que menciona, por no contar con dicho registro. Por otra parte, en cuanto al punto número 2 (dos), con sustento en lo establecido por el ordinal 108, fracción I, en relación con el numeral 26, fracción IV de la ley de la materia, como fue solicitado se autoriza que las notificaciones personales que se realicen al impetrante el amparo se hagan vía electrónica por conducto del usuario "THOTHLOMELI". Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene señalando la cuenta de correo electrónico thothaldrin@icloud.com, únicamente con el propósito de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, pues el objetivo de ello es, que el personal de actuaría de este juzgado federal establezca contacto con la propia parte quejosa para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicársele resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Notifíquese.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el siete de septiembre del año en curso (fojas 109 a 114), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicios del Estado de Nayarit y Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de diez de septiembre de dos mil diecisiete (foja 115), se dio vista a la parte promovente con las comunicaciones y anexos señalados en el párrafo que antecede, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al peticionario de amparo el once de septiembre del año en curso (foja 116); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del trece al diecisiete del mismo mes y año, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***En ese sentido, mediante resolución terminada de engrosar el tres de agosto de dos mil dieciocho (fojas 55 a 79) se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que las autoridades responsables ejecutoras realicen las gestiones necesarias y devuelva al peticionario de amparo las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales, desde la fecha del primer acto de aplicación de las normas tildadas inconstitucionales, esto es, desde el quince de mayo de dos mil dieciocho. Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector." Luego, en proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables ejecutoras para que dentro del plazo de diez días la acataran (fojas 100 a 101). Ahora, por oficios y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el siete de septiembre del año en curso (foja 109 a 114), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicios del Estado de Nayarit y Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, informaron que desincorporaron de la esfera jurídica del quejoso, los preceptos declarados inconstitucionales; asimismo, realizaron la devolución a la parte quejosa de la cantidad retenida por concepto de los referidos artículos declarados inconstitucionales, por medio de transferencia bancaria (foja 111 y 114). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la Materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de amparo, es depurable, una vez transcurridos más de cinco años de dictada la interlocutoria, contados a partir del presente auto, debido a que la suspensión definitiva se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 38 a 43 del cuaderno incidental original); en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el siete de septiembre del año en curso (fojas 109 a 114), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicios del Estado de Nayarit y Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de diez de septiembre de dos mil diecisiete (foja 115), se dio vista a la parte promovente con las comunicaciones y anexos señalados en el párrafo que antecede, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al peticionario de amparo el once de septiembre del año en curso (foja 116); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del trece al diecisiete del mismo mes y año, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***En ese sentido, mediante resolución terminada de engrosar el tres de agosto de dos mil dieciocho (fojas 55 a 79) se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que las autoridades responsables ejecutoras realicen las gestiones necesarias y devuelva al peticionario de amparo las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales, desde la fecha del primer acto de aplicación de las normas tildadas inconstitucionales, esto es, desde el quince de mayo de dos mil dieciocho. Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector." Luego, en proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables ejecutoras para que dentro del plazo de diez días la acataran (fojas 100 a 101). Ahora, por oficios y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el siete de septiembre del año en curso (foja 109 a 114), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicios del Estado de Nayarit y Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, informaron que desincorporaron de la esfera jurídica del quejoso, los preceptos declarados inconstitucionales; asimismo, realizaron la devolución a la parte quejosa de la cantidad retenida por concepto de los referidos artículos declarados inconstitucionales, por medio de transferencia bancaria (foja 111 y 114). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la Materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de amparo, es depurable, una vez transcurridos más de cinco años de dictada la interlocutoria, contados a partir del presente auto, debido a que la suspensión definitiva se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 38 a 43 del cuaderno incidental original); en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. **

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