Manuel Othón Velazco Rocha
Expediente 2694/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2694/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/01/2021
Partes del expediente
- Manuel Othón Velazco Rocha
- Procuraduría Federal de Protección Al Ambiente, Con Sede En la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio enviado vía electrónica por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad y evidencia criptográfica del archivo magnético del libelo en cuestión, dirigido al presente juicio de amparo; sin embargo, como se advierte de la certificación que antecede, se realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), en el apartado buscar parte por diferentes órganos, el cual arrojó que el libelo de referencia, corresponde al índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; sin embargo, este juzgadora estima innecesario ordenar su envío al citado órgano federal, toda vez que se remitió el diverso 629/2020-II haciéndole del conocimiento la admisión del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa dentro de los autos del sumario constitucional 2964/2019 de su índice. En ese orden de ideas, agréguese al presente cuadernillo que al efecto se forme la comunicación de que se trata, para los efectos legales correspondientes a que haya a lugar. Finalmente, la anterior determinación hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado oficiante para los efectos legales conducentes. CÚMPLASE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 52 y 53), se determinó que le reviste el carácter de tercera interesada a quien resulte ser albacea definitivo de la sucesión a bienes de la de cujus María Corona Rivera; sin embargo, dado que se desconoce su domicilio, se giraron sendos oficios al Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Director General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nayarit, Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Gerente Integral Área Tepic de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Tepic del Servicio de la Administración Tributaria y Director General de Catastro Municipal, todos con residencia en esta ciudad, así como al Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit y Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad de dicha municipalidad, a fin de que informaran si dentro de sus registros obra algún domicilio donde pueda ser emplazada la tercera interesada. Además, mediante proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 88 y 89), tomando en consideración la propuesta del Síndico Municipal del Ayuntamiento constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se ordenó girar oficios a los Jueces Mixtos de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Nayarit, del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, a saber, Juez Primero Mixto y Juez Segundo Mixto de Primera Instancia, con sede en la población de Santiago Ixcuintla, así como al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Villa Hidalgo, todos del municipio de Santiago Ixcuintla, para que dentro del término de tres días, siguientes al recibo del oficio de notificación respectivo, tuvieran a bien informar si dentro de sus registros obra algún domicilio donde pueda ser emplazada la tercera interesada en mención. Luego, toda vez que las dependencias en mención han rendido sus respectivos informes en sentido negativo, por lo que hasta el día de hoy, no se ha logrado emplazar a juicio a la tercera interesada quien resulte albacea definitivo de la sucesión a bienes de la de cujus María Corona Rivera. En ese tenor, con fundamento en los artículos 108, fracción II de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, indique el domicilio actual de la aludida tercera interesada, apercibida que de no hacerlo, se procederá a efectuar el emplazamiento mediante edictos, en virtud de que ya se hizo la búsqueda de quien resulte albacea definitivo de la sucesión a bienes de la de cujus María Corona Rivera, en términos del numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido, que mediante oficio 1132/2019, de catorce de octubre del año en curso (foja 71), el Director General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y de Comercio informó que se encontró un inmueble a nombre de María Corona Rivera; sin embargo, dicho inmueble resulta ser el que se encuentra en litigio en el juicio de origen y del cual refiere tener la posesión la promovente de garantías. Finalmente, para dar margen a lo anterior, la audiencia programada para el día de hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que por oficios 35618/2019, 43062/019 y 43090/2019, dirigidos a las autoridades responsables denominadas Congreso del Estado de Durango, con sede en Durango, Congreso del Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz y Congreso del Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, respectivamente, se les comunicó la interposición del recurso de revisión por el Subdirector de Amparos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y por el delegado del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ambos residentes en la Ciudad de México (fojas 415 a 416 y 502, sin que obren los acuses de recibo de las piezas postales que los contenían. En consecuencia, con fundamento en el arábigo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su dispositivo 2°, requiérase al Administrador Postal, con residencia en esta ciudad, a efecto de que dentro del término de tres días siguientes al recibo del oficio de notificación correspondiente, se sirva informar el tratamiento dado a las piezas postales antedichas, para lo cual remítasele copia simple de las facturas que fueron depositadas en la oficina postal a su cargo el catorce de agosto y dos de octubre de este año; se le apercibe que en caso de omisión dentro del término indicado, se hará acreedor a una medida de apremio, consistente en una multa por la cantidad de cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el precepto 260, fracción II, de la Ley en cita. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de veinticuatro de octubre del año en curso (foja 315); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "****." Inconforme con lo anterior, las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con residencia en Valle de Banderas, por conducto de su delegado, interpusieron recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes lo registraron con el número de amparo en revisión 856/2017 y, por ejecutoria de trece de septiembre de dos mil dieciocho, confirman la sentencia y concedió el amparo y protección a la parte quejosa. De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Devolverle a la parte quejosa la cantidad que erogó el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, con motivo del anticipo que realizó del impuesto predial (correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete), respecto del predio con cuenta predial U049957, con clave catastral (20-024-01-058-001-000), ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Así, en diverso auto de uno de octubre de dos mil dieciocho (foja 217), se requirió a las autoridades ejecutoras, a fin de que dieran cumplimiento a la ejecutoria en análisis. En consecuencia, mediante acuerdo de veinticuatro de octubre del año actual (foja 315), se tuvo a la vista el juicio de amparo indirecto 483/2017 del índice de este juzgado, y se invocó como hecho notorio el oficio sin número, recibido en línea, el tres de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 333 a 339 del juicio de amparo indirecto 483/2017), el Tesorero y Director de Castro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, por conducto de su delegado, informaron la forma en que dieron cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, refirió haber llegado a un acuerdo conciliatorio con la parte quejosa, a fin de dar cumplimiento a las ejecutorias emitidas en todos los juicios de amparo promovidos por la aquí quejosa contra los mismos actos que se encontraban tramitados ante este órgano jurisdiccional, entre ellos, en el que se actúa (503/2017), así como en diversos tramitados ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. En ese contexto, comunicó que emitió tres notas de crédito a favor de la parte quejosa, la primera de ellas, por un monto de $1,043.305.87 (un millón cuarenta y tres mil trescientos cinco pesos 87/100 moneda nacional); la segunda, por la cantidad de $861.038.90 (ochocientos sesenta y un mil treinta y ocho pesos 90/100 moneda nacional) y, la tercera, por la suma de $447,252.23 (cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y dos pesos 23/100 moneda nacional), numerarios que serían aplicados a licencias permisos y autorizaciones en materia de desarrollo urbano; luego, para acreditar su dicho, remitió copia certificada de dos de las notas de crédito números uno y tres, todas de veinticuatro de julio de la presente anualidad, suscritas por el Tesorero Municipal responsable, así como del acta de recepción de pago (nota de crédito), de esa misma data, en la que se hace constar la entrega recepción de dichos documentos, al apoderado legal Carlos Núñez Macías de la parte quejosa Desarrollo Marina Vallarta, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien manifestó que recibe a su entera satisfacción el pago hecho por la responsable. En ese sentido, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Lo anterior se considera de esa forma, toda vez que si bien es cierto el amparo de mérito, se concedió para el efecto de que la autoridad exactora responsable reintegrara la cantidad que la empresa quejosa había erogado con motivo de la aplicación de la porción normativa, no menos lo es que dicho numerario no se reintegró de manera material, pero dicha circunstancia en nada impide tener por cumplida la citada ejecutoria, pues consta en autos la conformidad de la parte quejosa respecto que dicho importe se conmutara por las notas de crédito precisadas antelativamente, cuya entrega ya aconteció en la especie. Luego, al tratarse de una prestación de carácter pecuniaria, la parte quejosa puede disponer totalmente de dicha prerrogativa y pactar sobre la forma particular en que se satisface dicha devolución, ya que es la titular del derecho involucrado. De ahí que no habría razón para estimar incumplida la ejecutoria de amparo al constar la conformidad de la parte quejosa. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2ª. LI/2014, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos veinte, Libro 7, Junio de dos mil catorce, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "****." Asimismo, la Jurisprudencia 2ª./J 113/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintitrés, Tomo XXVIII, Septiembre de dos mil dieciocho, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de cuyo rubro y texto es el siguiente: "***." Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió por una parte y, por otra se negó, respecto de los actos reclamados (fojas 76 a 79 y 103 a 107 respectivamente) del original del cuaderno incidental; razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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