Manuel Rivera Taizan

Expediente 1790/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1790/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
23/09/2019

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado
  • Manuel Rivera Taizan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Ixtlán del Río, Nayarit y anexos, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado el diez de septiembre del año en curso, informa que se le notificó personalmente al tercero interesado Juez Auxiliar o Municipal de la Comunidad de municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, la sentencia dictada el catorce de mayo de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo en que se actúa, como lo acredita con las documentales que acompaña; por tanto, agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan y surtan los efectos legales procedentes. En este orden de ideas, visto el estado de las actuaciones del sumario constitucional 1829/2018, se advierte que el presente expediente, se encuentra debidamente integrado y como está ordenado en proveído de siete de junio de dos mil diecinueve, remítase el original del sumario de previa cita, junto con el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto; así como tres legajos de constancias certificadas. Cúmplase.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE Visto el proveído de seis de agosto año en curso (foja 60), se advierte que se ordenó emplazar a la parte tercera interesada ******, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriéndola efecto de que en el término de veinte días siguientes al en que surta efectos la notificación del proveído antes mencionado, comparezca a recoger los edictos en comento, por lo que, a la fecha no ha transcurrido el lapso concedido; por tal motivo, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación contra la resolución que concedió el amparo y protección; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibida que de no dar cumplimiento con causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa, equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, acorde con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este juzgado hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejare el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. Finalmente, agréguense para los efectos legales correspondientes el escrito enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por Raúl Arellano Guzmán, en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa y evidencia criptográfica del archivo magnético del libelo en comento y en atención a su contenido, dígase que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso ** a través del cual, en cumplimiento a la prevención decretada en proveído de dos de agosto del presente año (fojas 148-149), manifiesta que el acto reclamado se hace consistir en la aplicación del artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, contenido en la interlocutoria de cinco de agosto de dos mil quince, dictada dentro de los autos del juicio civil 812/2015 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial, con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, así como el oficio 1787/2015 de veintiuno del referido año, por el que se giró exhorto a fin de que se ejecutara dicha interlocutoria. Ahora bien, del análisis de la ampliación de demanda de garantías de referencia, se advierte que la misma resulta ser NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo que disponen los numerales 111, en correlación con el 113 de la Ley de Amparo vigente, los cuales, literalmente dicen: ** Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías o ampliación de la misma sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, del análisis integral del escrito de ampliación de demanda de garantías, así como de su escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama la aplicación del artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, contenido en la interlocutoria de cinco de agosto de dos mil quince, dictada dentro de los autos del juicio civil 812/2015 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial, con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, así como el oficio 1787/2015 de veintiuno del referido año, por el que se giró exhorto a efecto de que se ejecutara dicha interlocutoria. Por lo anterior, debe decirse que en la especie se actualiza, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del numeral 61, en correlación con el 62 de la Ley de Amparo vigente, que disponen: ** En la hipótesis transcrita, se prevé la improcedencia del juicio de garantías contra actos consentidos tácitamente y se entiende como tales, aquellos en que dicho juicio no se promueva en los términos que prevén los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, los dispositivos legales 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente establecen lo siguiente: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El primer numeral trascrito, contiene el término ordinario para interponer la demanda de amparo que es de quince días, y conforme al segundo, serán hábiles contados a partir del día siguiente de aquél en que: a). Haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o b). A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 antes precisado, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, es importante destacar que si bien la parte quejosa promueve su ampliación de demanda dentro del término de quince días, otorgado por auto de nueve de julio de dos mil diecinueve (foja 143) con motivo de la vista del informe justificado y constancias que remitió el Juez Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco; sin embargo, no debe soslayarse que el impetrante ya tenía conocimiento previo de la interlocutoria de cinco de agosto de dos mil quince, dictada dentro de los autos del juicio civil 812/2015, así como del oficio 1787/2015 de veintiuno del referido año, por el que se giró exhorto a efecto de que se ejecutara tal interlocutoria y que es lo que constituye el acto reclamado en su ampliación de demanda. Ello es así, pues de las constancias relativas al juicio civil "vía de apremio" 812/2015, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, se advierte que la parte demandada, aquí quejosa, compareció ante la autoridad responsable el dos de octubre de dos mil quince y presentó un escrito en el que precisó en lo que al tema interesa, lo siguiente: a) Que el cinco de agosto de dos mil quince, se aprobó la solicitud del accionante a la categoría de sentencia ejecutoriada y se le concedió un término de cinco días para que diera cumplimiento voluntario; b) Que el viernes dieciocho de septiembre de dos mil quince, fue notificado a través del juzgado civil de Bucerías, Nayarit, para que dentro del plazo de cinco días cumpliera con la resolución de cinco de agosto de dos mil quince; y c) Que no le había sido posible dar cumplimiento al pago del adeudo con su acreedor, por lo que solicitó se le concediera una prórroga por el plazo de dos meses a partir del veinte de septiembre de dos mil quince, para el cumplimiento de las obligaciones pactadas y realizar el pago del adeudo. (foja 20 del tomo I, de las constancias que obran por separado) Asimismo, el trece de octubre de dos mil quince (fojas 22 ídem), se emitió el acuerdo por parte de la autoridad judicial en el que se reservó proveer lo conducente, hasta en tanto, se recibiera el exhorto enviado para cumplir con el convenio elevado a la categoría de cosa juzgada. Y el cuatro de noviembre de dos mil quince (foja 63 ídem), se emitió el diverso auto por el que se proveyó el escrito del quejoso en el que solicitó la prórroga para dar cumplimiento al contrato de transacción que celebró con la parte actora. De lo anteriormente expuesto, se aprecia que la parte quejosa, desde el dos de octubre de dos mil quince, ya tenía conocimiento de la existencia del juicio civil "vía de apremio" 812/2015, así como de todas las actuaciones realizadas hasta ese momento dentro de dicho procedimiento, pues, al haber comparecido a dicho juicio y solicitado prórroga para cumplir con el convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, es inconcuso, que desde ese momento estuvo en oportunidad de presentar su demanda de amparo en contra del acto que reclama en su ampliación de demanda. En efecto, el hecho de que a la parte quejosa se le haya dado vista con el informe justificado y constancias relativas al mismo y con motivo de ello ampliara su demanda de amparo argumentando que a partir de esa vista tuvo conocimiento del acto reclamado; esa circunstancia, por si sola no hace procedente la ampliación de demanda, pues como se ha demostrado de las constancias relativas al acto reclamado, que obran en dos legajos por separado, las cuales poseen valor probatorio pleno dado su carácter de público al haber sido emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones públicas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente juicio, por disposición expresa del arábigo 2° de la Ley de Amparo, el quejoso ya tenía conocimiento del acto reclamado con fecha previa a la vista otorgada, de ahí que se considere extemporánea la presentación de la ampliación de demanda de amparo. Por tanto, si la parte quejosa desde el dos de octubre de dos mil quince, tuvo conocimiento del acto que ahora reclama, debió entonces presentar su demanda de amparo dentro de los quince días hábiles siguientes a esa fecha; los cuales han transcurrido con exceso; sin embargo, la ampliación de demanda fue presentada hasta el uno de agosto de la presente anualidad, según aparece del sello de recepción de este juzgado federal y entre ambas fechas, transcurrió dicho plazo, esto es, el término de quince días, por lo que al haber presentado su ampliación de demanda hasta la fecha indicada, es evidente su extemporaneidad, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, dada la existencia de la causa de improcedencia invocada en el cuerpo de este proveído, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, procede DESECHAR DE PLANO la ampliación de demanda de amparo promovida por Luis Alberto Peña Robles, por su manifiesta e indudable improcedencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE. **

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