MANUEL RAMÓN LEAL CASILLAS y Otros.
Expediente 604/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 604/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/11/2020
Partes del expediente
- MANUEL RAMÓN LEAL CASILLAS y Otros.
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
- Principal
único.- La justicia de la unión no ampara ni protege a la parte quejosa
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, siendo las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del cinco de noviembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías número 604/2020, **, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistida del Secretario Je****, que autoriza y da fe, con fundamento en el ordinal 124 de la Ley de Amparo, declaró abierta la misma, procediéndose a celebrar la diligencia en comento en el expediente electrónico del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Además, el secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, acorde con el mencionado Acuerdo General. Acto continuo, el Secretario procede a efectuar una relación de las constancias que obran en el presente expediente electrónico, entre las que destacan las siguientes: a). Escrito inicial de demanda y documentales anexas. b). Informes justificados rendidos por el Congreso del Estado, Gobernador de la Entidad, Secretario de Administración y Finanzas del Estado y el Director General del Fondo de Pensiones del Gobierno del Estado de Nayarit, todas con sede en esta ciudad, por conducto de su representante legal. Sin más constancias que deban relacionarse, la juez, acuerda: En términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas las constancias de autos. Posteriormente, con apoyo en los arábigos 119 y 123 de dicha Ley, se inicia el período probatorio, dentro del cual se tienen por admitidas las que ofrecieron las partes. Seguidamente, sin haber pruebas pendientes de proveer, se cierra la etapa correspondiente y se abre la de alegatos, sin que ninguna de las partes los hayan hecho valer. Se cierra dicha etapa, por lo que no habiendo diligencia pendiente por desahogar, enseguida se procede a dictar sentencia: VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 604/2020 promovido por ***; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, ++++ solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades responsables siguientes: Autoridades responsables: Congreso del Estado Gobernador Constitucional de la Entidad Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit Acto reclamado: Artículos 19 fracción I, inciso b), 20 fracción II y 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y el oficio FP 53/2020 de veintiuno de enero de dos mil veinte, notificado el veinticuatro de febrero siguiente. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de dos de marzo de dos mil veinte, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit registró la demanda con el número de expediente 604/2020 y se admitió a trámite, por lo que solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, la cual inicio al tenor de la presente acta; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme lo establecen los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que se promueve contra autoridades administrativas residentes en la delimitación territorial donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos reclamados siguientes: Artículos 19 fracción I, inciso b), 20 fracción II y 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y el oficio FP 53/2020 de veintiuno de enero de dos mil veinte, notificado el veinticuatro de febrero siguiente. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado atribuido al Congreso del Estado de Nayarit y Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, toda vez que al rendir su respectivo informe justificado por conducto de sus representantes legales así lo manifestaron. Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". De igual manera, resulta ser cierto el acto reclamado del Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, así como al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta localidad. Lo anterior, no obstante que al rendir su informe, el último de ellos por conducto del Director General Jurídico, negó el acto que le fue reclamado. Ello es así, pues del material probatorio que obra en el presente sumario constitucional, se advierte copia certificada del oficio reclamado así como de los talones de pago expedidos por la Secretaría de Administración Finanzas del Gobierno del Estado a nombre de la parte quejosa. Informes y constancias que dado su carácter de públicos por haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de su función pública, poseen pleno valor probatorio de conformidad con los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al presente juicio por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de la causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, página 553, del texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, al rendir el informe justificado manifestó que se actualiza una causa de improcedencia toda vez que, a su decir, la parte quejosa debió agotar los medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado prevea para tal efecto. Ahora, el artículo 61, fracción XX, que prevé la hipótesis de previa cita, establece: "Artículo 61. El amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." La fracción transcrita dispone, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente respecto de actos de autoridades administrativas distintas de las de carácter jurisdiccional, cuando las leyes que los rigen establezcan un juicio o medios ordinarios de defensa en su contra, que tenga el alcance de modificar o revocar dichos actos. No obstante, para tal efecto, es necesario que el juicio o medio ordinario de defensa contemple la suspensión de los actos reclamados, con los mismos alcances y requisitos que los que prevé la suspensión que contempla la Ley de Amparo. Luego, en sentido contrario, el juicio de amparo resulta procedente si el juicio o medio de defensa contemplado contra el acto administrativo de que se trate no tiene los mismos alcances o prevé mayores requisitos que los que prevé la ley de la materia para su suspensión. Además, la fracción transcrita establece otros supuestos de excepción al principio de definitividad, estos son cuando: - El acto reclamado carece de fundamentación y motivación. - Se alegan violaciones directas a la constitución. - El medio de defensa está previsto en un reglamento sin que en la ley que rige el acto se contemple su existencia. En consecuencia, para determinar si el juicio de amparo es procedente respecto de actos reclamados de autoridades administrativas no jurisdiccionales, en primer término, se debe analizar si respecto de estos existe algún juicio o recurso que sea procedente; y en segundo lugar, si es necesario que dicho medio de defensa se interponga. En lo conducente, por identidad jurídica sustancial, es sustento de esta decisión, el criterio dictado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 3/2001, visible en la página 8, tomo XIII, enero de 2001, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo". De igual forma, el tercer párrafo del numeral 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, dispone que cuando contra el primer acto de aplicación de una ley, proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en el juicio de amparo. Por tanto, si en el caso concreto, el quejoso optó por impugnar la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con motivo de su primer acto de aplicación, es evidente que no estaba obligado a agotar recurso o medio de impugnación alguno. Cobra aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 168/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página cuarenta, tomo XXIII, enero de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SE IMPUGNA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 693 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2004, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN. Del análisis de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que este Alto Tribunal ha emitido sobre el particular, se advierte que de ningún modo fijan límites para estimar procedente el juicio de amparo indirecto contra leyes de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso, específicamente con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha ley, en función de que no existe obligación de agotar, antes de acudir al amparo, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad. Por otra parte, si con base en dicha excepción se impugna una ley desde luego en amparo indirecto, con motivo de su primer acto concreto de aplicación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, no opera la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque al acogerse el gobernado al texto de la excepción citada, queda relevado de cumplir con el aludido principio, pudiendo acudir al amparo inmediatamente, sin que en la especie opere la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del indicado artículo 73. En tales circunstancias, procede el amparo en la vía indirecta cuando se impugna el artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, con motivo de su primer acto concreto de aplicación, sin que pueda considerarse un uso indiscriminado de dicha instancia constitucional so pretexto de combatir la inconstitucionalidad de una ley dentro de un procedimiento de naturaleza civil, ya que si alguna de las partes decide impugnar esa norma en los términos referidos, lo hará con bases objetivas en virtud de la declaratoria de inconstitucionalidad que pesa sobre esa disposición procedimental vigente en 2004, por imponer una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Federal, conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 60/2005. Por ello que no se justificaría la exigencia de agotar los recursos ordinarios procedentes, ya que en el caso la inconstitucionalidad de la citada ley no podría abordarse por la autoridad ordinaria dentro del procedimiento civil respectivo, en tanto que ello corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la Federación. Razón anterior que determina lo infundado del motivo de improcedencia invocado por el ente responsable en cita. Al no advertirse de oficio la configuración de diversa causa de improcedencia; entonces, corresponde analizar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio y resolución del asunto. El concepto de violación formulado resulta infundado por las consideraciones que se exponen a continuación. El quejoso aduce sustancialmente en su demanda, que los preceptos legales reclamados infringen lo establecido en los artículos 1, 4 y 123 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 23.2 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 11.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en los derechos humanos de igualdad y no discriminación. Ello porque toda persona, hombre y mujer, tienen derecho a igual protección ante la ley, sin distinción alguna, circunstancia que se contraviene al negarle el derecho a la pensión que solicitó en el oficio señalado como acto reclamado bajo el argumento de que tenía la edad de cuarenta y ocho años y no los cincuenta que se exige a los hombres. Ello constituye, en su opinión un requisito gravoso de dos años adicionales a los que se exigen a las mujeres, lo que lo priva de su derecho a obtener el mismo porcentaje de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio que se otorga a las mujeres con la misma edad que él tiene. Por ello, se concluye en la demanda de amparo que no existió un motivo jurídico o social razonadamente justificado para que el legislador hiciera una distinción entre hombres y mujeres para acceder a la pensión por retiro por edad y tiempo de servicios, lo que viola los principios constitucionales de igualdad y no discriminación por razón de género. Sobre el particular, cabe destacar que el planteamiento de inconstitucionalidad resulta infundado, en la medida que a continuación se señala. Previo a demostrar lo anterior, es necesario transcribir, en su parte conducente, los arábigos 1 y 4 constitucionales, que establecen: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (.) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." "Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia (.)". De lo transcrito se desprende la premisa fundamental de la igualdad ante la ley del hombre y la mujer; que está prohibida toda discriminación derivada, entre otros aspectos, por razón de género; de ahí que se erija como derecho supremo el trato igualitario del hombre y la mujer ante la ley. Luego, el principio de igualdad jurídica se entiende la posibilidad que gozan las personas colocadas en un supuesto legal determinado, de adquirir los mismos derechos y contraer las mismas obligaciones, es decir, de ser tratadas de la misma manera. El valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efectos de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica; por ello, el principio de igualdad permite al gobernado recibir un trato acorde con la situación jurídica en que se encuentre, evitando así situaciones discriminatorias, basadas en características irrelevantes para los supuestos contemplados en las leyes. En síntesis, la igualdad en el sistema constitucional mexicano, es un principio que debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, lo que explica que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. Asimismo, la igualdad en la norma jurídica, va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 55/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXIV, Septiembre de dos mil seis, página setenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado". Así también, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 42/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXXI, Abril de dos mil diez, página cuatrocientos veintisiete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia". De igual modo, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 126/2017 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 119, libro 49, diciembre de 2017, tomo I, materia constitucional, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015678, que establece: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES. El citado derecho humano, como principio adjetivo, se configura por distintas facetas que, aunque son interdependientes y complementarias entre sí, pueden distinguirse conceptualmente en dos modalidades: 1) la igualdad formal o de derecho; y, 2) la igualdad sustantiva o de hecho. La primera es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en la norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que se dan cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación objetiva para ello. Por su parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o de hecho) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. Por ello, la violación a este principio surge cuando existe una discriminación estructural en contra de un grupo social o sus integrantes individualmente considerados y la autoridad no lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; además, su violación también puede reflejarse en omisiones, en una desproporcionada aplicación de la ley o en un efecto adverso y desproporcional de cierto contenido normativo en contra de un grupo social relevante o de sus integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad formal, los elementos para verificar la violación dependerán de las características del propio grupo y la existencia acreditada de la discriminación estructural y/o sistemática. Por lo tanto, la omisión en la realización o adopción de acciones podrá dar lugar a que el gobernado demande su cumplimiento, por ejemplo, a través de la vía jurisdiccional; sin embargo, la condición para que prospere tal demanda será que la persona en cuestión pertenezca a un grupo social que sufra o haya sufrido una discriminación estructural y sistemática, y que la autoridad se encuentre efectivamente obligada a tomar determinadas acciones a favor del grupo y en posibilidad real de llevar a cabo las medidas tendentes a alcanzar la igualdad de hecho, valorando a su vez el amplio margen de apreciación del legislador, si es el caso; de ahí que tal situación deberá ser argumentada y probada por las partes o, en su caso, el juez podrá justificarla o identificarla a partir de medidas para mejor proveer." Así, para estudiar alguna trasgresión el principio de igualdad ante la ley, ésta debe haberse proyectado en relación con algún otro derecho del gobernado, pues no se puede violar el principio de igualdad en forma abstracta; bajo este supuesto, la Constitución Federal en su artículo 4 imprime un énfasis específico al sostener que el hombre y la mujer serán iguales ante la ley, entonces, cualquier norma secundaria que haga una distinción no justificada entre hombres y mujeres en algún ámbito de aplicación de sus derechos fundamentales, y que a partir de ello se otorgue un trato discriminatorio o desigual por la simple cuestión del genero de las personas, será una norma violatoria del principio de igualdad ante la ley, y por ende inconstitucional. Entonces, es evidente que el derecho de igualdad entre hombres y mujeres reconocida por el precepto 4 constitucional, prohíbe hacer distinciones o establecer diferencias respecto a las condiciones en que prestan sus servicios y desarrollan sus actividades hombres y mujeres, excepto aquellas referidas a la condición biológica de la maternidad. Una vez acotado lo anterior, conviene entonces acudir a lo que establece la norma cuya inconstitucionalidad se cuestiona, es decir, los numerales 19, fracción I, inciso b), 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, que establecen: "Artículo 19.- Los trabajadores en activo y los que ingresen a partir de la publicación de esta Ley adquieren el derecho a pensión en los siguientes términos: I.- El personal en activo, al momento en que entre en vigor la presente Ley: A).- Pensión por jubilación al cumplir 30 o más años de servicios tratándose de los hombres o 28 o más en el caso de las mujeres, siempre y cuando hayan cumplido 55 o 53 años de edad según el caso y estén al corriente de sus aportaciones al Fondo; B).- Pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, al cumplir 50 y 48 o más años de edad según se trate de hombre o mujer y 15 o más años de servicios, siempre que estén al corriente en sus aportaciones al Fondo. II.- El personal que ingrese a partir de la vigencia de esta Ley tendrá derecho a pensión por vejez al cumplir 65 años de edad y 10 de cotizar al Fondo; III.- El derecho a pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente en los casos siguientes: a).- A causa o consecuencia del servicio cualesquiera que sea el tiempo del mismo, con el 100 por ciento de sus percepciones; y b).- Por causas ajenas al servicio cuando tengan 5 años o más de antigüedad, previo dictamen colegiado emitido por el área de medicina del trabajo de los Servicios de Salud de Nayarit. EI derecho al pago de esta pensión comienza a partir del día siguiente al de la fecha en que el trabajador causa baja motivada por la inhabilitación." "Artículo 20.- La cuota diaria de la pensión que se pague al trabajador, se fijará como sigue: (.) II.- Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, el tanto por ciento del salario último en el momento de su retiro, en relación a los años de servicio se ajustará a la tabla del artículo 21, incrementándose en la proporción o cuantía que aumenten las percepciones salariales de los trabajadores en activo. Para el caso de las mujeres, los años de servicio se computarán partiendo de los 15 hasta cumplir 28 años de servicio, proporcionalmente hasta el 100 por ciento, utilizando para tal efecto la tabla de cálculo que se describe en el artículo 21; (.)" "Artículo 21.- Para los efectos del cálculo de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, con excepción de la fracción IV, se estará a la tabla de cálculo y porcentajes siguiente: ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO PENSIÓN POR RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO PENSIÓN POR VEJEZ PENSIÓN POR INVALIDEZ 1 2 3 4 5 40.00% 6 40.00% 7 40.00% 8 40.00% 9 40.00% 10 40.00% 40.00% 11 42.00% 42.00% 12 44.00% 44.00% 13 46.00% 46.00% 14 48.00% 48.00% 15 50.00% 50.00% 50.00% 16 53.33% 53.33% 53.33% 17 56.66% 56.66% 56.66% 18 60.00% 60.00% 60.00% 19 63.33% 63.33% 63.33% 20 66.66% 66.66% 66.66% 21 70.00% 70.00% 70.00% 22 73.00% 73.00% 73.00% 23 76.66% 76.66% 76.66% 24 80.00% 80.00% 80.00% 25 83.33% 83.33% 83.33% 26 86.66% 86.66% 86.66% 27 90.00% 90.00% 90.00% 28 93.33% 93.33% 93.33% 29 96.66% 96.66% 96.66% 30 100.00% 100.00% 100.00% Concatenado lo anterior, con lo expuesto al inicio del presente punto considerativo, se advierte que en efecto, el precepto 19, fracción I, inciso b), 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, señalan los diferentes tipos de pensión, a saber: por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicio, por vejez y por invalidez; que para el otorgamiento de pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, se exige a los hombres, en lo que al caso interesa, cumplir con cincuenta años de edad, mientras que para el mismo beneficio a las mujeres únicamente se exigen cuarenta y ocho años de edad, es decir, que existe una diferencia de dos años más para los hombres en relación a las mujeres para ser acreedores a la propia pensión de retiro. No obstante, es claro que existe un trato diverso acorde a las diferencias que corresponden a cada uno, pues en la mayoría de los casos la participación de la mujer durante su vida laboral activa implica la coexistencia con la maternidad y la subsecuente crianza de los hijos, lo cual trae como consecuencia una mayor ocupación, así como desgaste físico y mental para el desarrollo de las actividades laborales, además el hecho de que los roles sociales entre hombre y mujeres hayan evolucionado a fin de superar las diferencias existentes, o es razón para suponer que el trato diferenciado actualmente sea discriminatorio en contra de los hombres, ya que los derechos de ambos sexos aún no logran equipararse en su totalidad en forma sustantiva, pues la igualdad de género en el trabajo no es real, y el mercado de trabajo está diseñado en una estructura económica y de relaciones laborales jurídicas en las que la vida familiar de las personas no está incluida; por lo que esa asimetría en los años de servicio exigidos para la obtención del porcentaje máximo de una pensión entre hombres y mujeres, en favor de las primeras, no viola el primer párrafo del artículo 4 de la Constitución Federal que establece que "la mujer y el hombre son iguales ante la ley", pues el privilegio que se otorga aspira a lograr una igualdad real y no meramente formal entre ellos. Tampoco se viola la fracción V del artículo 123, apartado B, constitucional, en el sentido de que "A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo", toda vez que en lo único que reside la desigualdad es en el tiempo laborable exigido y no en el monto del salario base con el cual se otorga la pensión, ya que el trabajador queda en condiciones de aspirar al porcentaje máximo de esa prestación de seguridad social, pero para ello debe acumular más años de servicios que la trabajadora. En este orden de ideas, el principio de igualdad ante la ley que siendo trasladado al ámbito de aplicación del arábigo 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, respecto del derecho de ambos géneros a obtener su jubilación, se obtiene que es válido otorgar un trato diferencial entre ellos, pues ese trato diferenciado en favor de la mujer trabajadora se encuentra justificado ya que se trata de una acción encaminada a proteger a las mujeres para fomentar su inclusión en el mercado laboral, ya que para garantizar su igualdad material o sustantiva el legislador previó un beneficio a favor de las mujeres por formar parte de un grupo menos favorecido. En conclusión, los numerales 19, fracción I, inciso b), 20, fracción II y la tabla del ordinal 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, no son inconstitucionales, pues al establecer los montos de las pensiones jubilatorias en porcentajes de acuerdo al último salario de cotización neto dependiendo de si se trata de un hombre o mujer (aun cuando tengan los mismos años de servicio), no genera una situación contradictoria al principio de igualdad jurídica. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis (V Región) 2o.7 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, Décima Época, Registro: 2020084, Libro 67, junio de dos mil diecinueve, Tomo VI, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS. EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN II Y LA TABLA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 21, AMBOS DE LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT, AL ESTABLECER UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE HOMBRES Y MUJERES PARA OBTENERLA, BAJO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, CUMPLEN CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. El trato pensionario diferenciado en favor de la mujer trabajadora, establecido en los preceptos señalados, consistente en que ésta, partiendo de los 15 y hasta cumplir 28 años de servicio podrá obtener, proporcionalmente, hasta el 100% de la cuota diaria de la pensión de retiro, mientras que en el caso de los hombres se requieren 2 años más para alcanzar ese porcentaje, cumple con el principio de igualdad, porque en la vida del varón trabajador no se aprecian las circunstancias que enfrenta una mujer, como son: el estigma y rol proyectado en la mujer-madre (aspecto biológico) y la injusticia de dobles jornadas laborales, en tanto trabajadoras y responsables del hogar (aspectos social y cultural). Además, bajo la perspectiva de género deben estudiarse las ventajas o desventajas pensionarias en el trato de ambos sexos, y ello conduce a afirmar con justicia que la diferencia en años de servicio y porcentaje de pensión para la mujer representa un reconocimiento mínimo y una compensación y medida afirmativa para impulsar la paridad laboral; de ahí que se considere que el trato desigual indicado es justificable constitucionalmente." Asimismo, la tesis 2a. CLXVIII/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 876, libro 49, diciembre de dos mil diecisiete, tomo I, materia constitucional, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2015770, de rubor y texto siguientes: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA LOS DERECHOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El precepto citado establece que, a partir del 1 de enero de 2010, los trabajadores que hubieren cotizado 30 años o más y las trabajadoras que hubieran cotizado 28 años o más para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y tengan la edad mínima de jubilación a que se refiere, tendrán derecho a la pensión por jubilación. Ahora, el incremento en la expectativa de vida y las condiciones de salud de la población mexicana hicieron necesario que el legislador tomara medidas para resolver el déficit actuarial del antiguo sistema de pensiones del Instituto, las cuales quedaron establecidas en ese artículo décimo transitorio, entre ellas, el incremento en la edad mínima de jubilación. Pues bien, el trato distinto que otorga el legislador a las personas que no satisfacen el requisito de la edad mínima durante los años previstos en el precepto indicado para acceder a la pensión por jubilación, no viola los derechos de igualdad y no discriminación reconocidos por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que busca, por un lado, el reconocimiento del incremento en la expectativa de vida y la salud de los mexicanos y, por otro, mantener en equilibrio el fondo de pensiones y, por ende, la satisfacción de sus obligaciones de manera puntual. De ahí que su finalidad sea constitucionalmente válida, al atender a las condiciones generales de ese instituto de seguridad social, además de que la medida es adecuada y resulta proporcional, máxime que para determinar dicho requisito no se atiende a estereotipos o estigmas asociados a la edad del solicitante, relacionados con la juventud, madurez o vejez, así como con sus habilidades físicas y mentales, ni se menoscaba el derecho de solicitar la pensión por jubilación, sino que se posterga su obtención hasta en tanto se cumpla con la edad requerida." Por tanto, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Manuel Ramón Leal Casillas. Negativa que se hace extensiva al oficio reclamado como acto de aplicación, en razón de que no se reclamó por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de la inconstitucionalidad del ordenamiento de antecedentes. Sustenta la decisión que se adopta, la jurisprudencia 91 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y dos, Tomo VI, Materia Común Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a dos mil, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Por lo expuesto y con apoyo en los numerales 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a M****, contra los actos reclamados al Gobernador Constitucional y Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, consistentes en la intervención en el proceso legislativo, en el ámbito de sus facultades de los numerales 19, fracción I, inciso b), 20, fracción II y la tabla del artículo 21, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; y su ejecución atribuida a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes
- Manuel Othon Velasco Rocha1052/2018
- Manuel Othon Velazco Rocha1659/2018
- Manuel Othón Velazco Rocha2694/2019
- Manuel Pacheco Santiago517/2016
- Manuel Parra Arjona815/2017
- Manuel Pérez Berumen464/2022
- Manuel Rivera Taizán1128/2018
- Manuel Rivera Taizán1127/2018
- Manuel Rivera Taizan1839/2019
- Manuel Rivera Taizan1790/2019
- Manuel Román Martínez1072/2017
- Manuel Salvador Navarro González1208/2023