Manuel Loya Valverde

Expediente 36/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
36/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Manuel Loya Valverde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicho auto, ha causado ESTADO para todos los efectos legales conducentes. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya trascurrió el término a la totalidad de las partes para la interposición del recurso de revisión; en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; de ahí que la resolución no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, el presente expediente es susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y no se tramitó incidente de suspensión, debiendo conservarse: la demanda; las resoluciones recurridas y sentencia que puso fin.

  2. Principal

    Agréguese sin mayor proveído el escrito suscrito por *******, por medio del cual anexa copia simple del documento con el cual dice que se demuestra que es asesor jurídico de los demandados en el juicio agrario de origen, en virtud de que el veinte de abril de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53 de Celaya, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de doce de abril de dos mil veintiuno, informa que ese tribunal no cuenta con presupuesto para expedir copias certificadas de todo lo actuado del juicio agrario 549/2018, por lo que solicita a este órgano jurisdiccional que mencione cuales son las actuaciones que se requieren. Al respecto, dígasele a la autoridad responsable que ya no son necesarias las constancias requeridas, en virtud de que en auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables de no tomar las medidas posibles y necesarias para la continuidad en la impartición de la justicia agraria, así como la suspensión total en la administración de justicia agraria. Ello, pues al efecto adujo en el capítulo de antecedentes que derivado de la pandemia originada por el virus COVID-19, y tomando como parámetro el semáforo rojo que existía al momento de presentar su demanda, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 53 mantiene la suspensión de la justicia agraria. Al respecto, cabe señalar que de una consulta a la página web del Tribunal Superior Agrario (https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/), lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia, que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato, el cinco de marzo de dos mil veintiuno, publicó el Acuerdo por el que levanta la suspensión de términos y se modifican las condiciones para actividades jurisdiccionales. Sobre el tema del hecho notorio, tiene ilustrativa aplicación la tesis (IV Región)1o.25 L (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, cuyo rubro y texto son: "REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. CUANDO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB OFICIAL TIENE EL CARÁCTER DE HECHO NOTORIO Y NO ES OBJETO DE PRUEBA. El hecho notorio es un acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de una misma comunidad en el momento en que se pronunció la decisión judicial reclamada respecto del cual no hay duda ni discusión por tratarse de un dato u opinión incontrovertible; por tanto, tienen tal carácter las leyes, reglamentos y normas de carácter general publicados en el Diario Oficial de la Federación o en las publicaciones oficiales de cada una de las entidades federativas; las condiciones generales de trabajo publicadas en medios electrónicos de comunicación, así como las versiones electrónicas de las resoluciones publicadas en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el caso del Poder Judicial de la Federación, o en alguna otra base de datos similar de los demás órganos jurisdiccionales federales o locales. En tales circunstancias, el referido reglamento, vigente a partir del uno de agosto de dos mil, tiene el carácter de hecho notorio y no es objeto de prueba, por haberse publicado en la página de Internet oficial de dicha paraestatal, lo que implica que está a disposición del público en general y de sus trabajadores; por ende, se trata de un documento que contiene datos respecto de los que no hay duda, ni discusión, porque son conocidos por la mayor parte de los miembros de un mismo círculo social, en el caso, los trabajadores de confianza de ***** y sus organismos subsidiarios, como lo es *****. Sobreseimiento fuera de audiencia. En ese orden de ideas, de la anterior narrativa, se desprende que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato, dictó un acuerdo en el cual tomó las medidas pertinentes para levantar suspensión de plazos y términos procesales, cuya omisión fue motivo de esta instancia constitucional. De lo anterior emerge que en el caso se actualiza en forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que ha cesado la omisión reclamada. Efectivamente, como se precisó anteriormente, en la demanda de amparo el promovente señaló como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de no tomar las medidas posibles y necesarias para la continuidad en la impartición de la justicia agraria, así como la suspensión total en la administración de justicia agraria. En ese sentido, del acuerdo publicado se desprende que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato, levantó la suspensión de plazos y términos procesales a partir del ocho de marzo de dos ml veintiuno. Corrobora lo expuesto, las siguientes imágenes: De las anteriores imágenes se desprende que el tribunal responsable emitió un acuerdo, en el cual, levantó la suspensión de plazos, asimismo, dictó una serie de lineamientos y medidas para que se lleve a cabo el trámite de asuntos ante esa autoridad. En tal virtud, es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues las omisiones reclamadas han sido destruidas en forma total e incondicional como si se hubiera concedido la protección constitucional. Por ende, se concluye que el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Es aplicable a lo anterior la tesis: 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala, visible a fojas 38, tomo IX, junio de 1999, novena época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así como, la tesis aislada 2a. XCIX/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "OMISIONES LEGISLATIVAS ABSOLUTAS. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN LA AUTORIDAD LEGISLATIVA EMITE LA NORMATIVIDAD QUE SE ENCONTRABA OBLIGADA CONSTITUCIONALMENTE A EXPEDIR.El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo prevé que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causal de improcedencia está determinada por la imposibilidad de alcanzar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, consistente en obtener la reparación constitucional, lo cual se logra, cuando el acto es de carácter negativo, constriñendo a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumplir lo que le era constitucionalmente exigible. Por tanto, si la omisión legislativa absoluta consiste en un acto de carácter negativo por el incumplimiento del deber de legislar o de proveer en la esfera administrativa un debido acatamiento, es lógico que si durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad cumple con el mandato constitucional a que estaba sujeta, expidiendo la normatividad correspondiente, deja de existir el acto omisivo reclamado y, en consecuencia, al cesar sus efectos, debe sobreseerse en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo". En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las trece horas con treinta y siete minutos del cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este Órgano Jurisdiccional.

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