Manuel López Aguado

Expediente 954/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
954/2015
Año
2015
Actuaciones
16
Última actuación
16/03/2016

Partes del expediente

  • Manuel López Aguado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ninguna de las partes interpuso el recurso de inconformidad a que alude el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el proveído de dieciocho de febrero de la presente anualidad, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo pronunciada en el sumario. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se CONCEDIÓ el amparo y las medidas suspensionales provisional y definitiva, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones III y IV del acuerdo en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años contados a partir de esta data en que se ordenó su archivo, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectivas, así como las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión definitiva y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Toda vez que el presente juicio se encuentra concluido, resulta innecesaria la retención del tomo de prueba que adjuntó a su informe justificado el Juez Quinto Penal de Partido de esta ciudad, devuélvansele. Solicítese acuse de recibo.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que manifestaran lo conducente en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por lo cual se procede a analizar de oficio si dicha ejecutoria está debidamente cumplida o no. Por sentencia engrosada el veinticuatro de diciembre de dos mil quince [f. 220-225], se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso **********, contra actos del Juez Quinto Penal de Partido Judicial en esta ciudad y de diversa autoridad, al considerarse que en su resolución de ocho de octubre de dos mil quince, emitida dentro del toca de apelación 11/2015, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el susodicho ********** contra el auto de sujeción a proceso de trece de julio de dos mil quince, dictado por el Juez Único Menor Penal de esta ciudad en la causa penal 57/2015, omitió pronunciarse a si este último procedió o no en la forma prevista por el artículo 209 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, vigente en la época de comisión de los hechos sujetos a investigación, con respecto a la prueba pericial médica rendida en dicha causa. Los efectos de la concesión de amparo fueron para que la responsable, Juez Quinto Penal de Partido Judicial en esta ciudad, cumpliera con lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de ocho de octubre de dos mil quince, emitida dentro del Toca de Apelación 11/2015, y con plenitud de jurisdicción emita otra en la que atendiendo a lo prescrito en el artículo 209 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, determine el valor probatorio que corresponda al dictamen pericial médico de fecha veinte de febrero de dos mil quince, rendido por la perito médico legista Isoline del Carmen Servin Balderas, dentro de la averiguación previa subyacente. Lo que debería informar y acreditar con las constancias respectivas en un plazo que no exceda de tres días. Determinación que tuvo sustento en la siguiente consideración: "Artículo 208.- Siempre que para el examen de personas, hechos u objetos se requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos. Artículo 209.- Los peritos que dictaminen serán dos o más, pero bastará uno cuando solamente éste pueda ser habido, o cuando el caso sea urgente. Artículo 211.- Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia, arte o técnica a que se refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, y no estar impedidos para el ejercicio profesional, si la profesión o arte están legalmente reglamentados; en caso contrario, se nombrarán peritos prácticos. De la anterior transcripción, se observa que para que la prueba pericial pueda tomarse en consideración, debe practicarse durante el procedimiento en los términos y con las formalidades que la ley de la materia señala y, sobre todo, realizarse en forma colegiada de acuerdo a la interpretación de los artículos transcritos, ya que de lo contrario, tal probanza carece de validez, salvo que se esté en cualquiera de los supuestos que expresamente autoriza el invocado numeral 209, esto es, cuando uno solo pueda ser habido y en tratándose de casos urgentes, lo que en la especie no aconteció." Por acuerdo de veintisiete de enero pasado, en que adquirió firmeza dicho fallo, se requirió a la responsable Juez Quinto Penal de Partido Judicial en esta ciudad el cumplimiento (f. 230). Mediante oficio número 150, de ocho de febrero de la presente anualidad, la Juez de Partido Quinto Penal, residente en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector y al efecto remitió testimonio autorizado de la resolución de la propia data que emitió en el Toca Penal 11/2015, de la que se observa dejó insubsistente la resolución de ocho de octubre de dos mil quince, constitutiva del acto reclamado y, con plenitud de jurisdicción, pronunció una nueva con motivo de la apelación interpuesta por ********** contra el auto de sujeción a proceso que le fuera decretado en trece de julio de dos mil quince en la causa penal 57/2015, de la estadística del Juzgado Menor Penal de este partido judicial, sosteniendo confirmar el auto subido en apelación al señalar que si bien no le otorgaba valor probatorio al dictamen previo de lesiones efectuado a la agraviada, sí tenía por comprobado el cuerpo del delito de lesiones en base al cúmulo probatorio existente en la causa subyacente. En efecto, la Juez responsable señaló: ". Por lo que si en el caso particular tanto la legislación procesal local como la constitución convergen en igual sentido en beneficio de los derechos de la víctima, lo cual desde luego no puede pasar por alto cualquier tribunal en pro, cuidado y salvaguarda de los intereses de las víctimas y/o ofendidos; por lo que al ventilarse derechos de igual jerarquía (inculpado-ofendido), este tribunal asumiento una interpretación conforme, en congruencia a las nuevas reformas de la Constitución Política Federal, en su artículo 1 primero, , es decir, de las facultades de control Constitucional y/o convencionalidad que debe observar todo juzgador para salvaguardar los derechos fundamentales de toda persona en el Estado Mexicano, estima que es procedente mantener intocado el cuerpo del delito que acreditó el Juez Menor dentro de la causa que se revisa en calidad de alzada, dado que es evidente la comprobación del mismo, porque de autos obran otros elementos de convicción, que hacen factible llegar al pleno convencimiento de la existencia de dicha infracción penal, como lo es el caso de propia declaración de la agraviada, la Inspección Ministerial que de sus lesiones hiciera el Órgano Instructor de la averiguación previa, adminiculados con los testimonios que se vertieron de **********, lo que ningún agravio causa al inculpado, pues resultaría absurdo que en acatamiento de un rigorismo procesal (hablando del dictamen previo de lesiones, al que no se le ha dado valor, porque en su emisión no intervinieron dos peritos) se estableciese que no se justificó el cuerpo del delito de lesiones, cuando en autos ha quedado evidenciado. A dicho cuadro procesal, debe decirse que, para la comprobación del cuerpo del delito de lesiones, es suficiente la fe y descripción que de ellas haga la autoridad, pues el dictamen médico tiene por objeto la clasificación técnica de las lesiones, en cuanto a su naturaleza influye en la imposición de la pena que se rige por el daño causado; pero la certeza de la alteración de la salud por causas externas, se demuestra perfectamente con la fe que de dichas lesiones se asienta en autos; por ello se concluye que, la circunstancia de que no se le haya dado eficacia probatoria al dictamen médico previo de lesiones que se le practicó a la agraviada, no es óbice para que se determine comprobada la existencia del cuerpo del delito, porque como ya se dijo, en autos obran otros elementos de convicción. En este sentido, si bien es verdad que aun y cuando las lesiones puedan estar comprobadas con otros elementos de prueba, también lo es que los dictámenes clínicos (previo en este caso) es innecesario que obran en el sumario para que se esté en condiciones de calificar cuáles son ese tipo de lesiones, esto es, si son de aquellas que ponen o no en peligro la vida o si tardan o no más de 15 días en sanar, por tanto si carecer de este requisito, tal aspecto indudablemente motiva la imposición de una pena más benigna y favorable para el reo; por tanto, en el presente asunto, por la estadía procesal en que se encuentra, atendiendo al anterior criterio orientador que resulta aplicable, habrá de seguirse por las lesiones que enmarca el ordinal 143 (ciento cuarenta y tres) primer párrafo, primer supuesto del Código Penal para nuestro Estado, salvo que en instrucción, cambie su grado de clasificación, de acuerdo a dictamen pericial médico de lesiones y que desde luego así lo concluya en su pliego acusatorio el Ministerio Público adscrito a dicho juzgado." (f. 244 vuelta y 245). Con lo anterior, por auto de diez de febrero del año en curso (f. 274), se ordenó dar vista a las partes para que se pronunciaran respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo, derecho del cual solamente hizo uso la parte quejosa a través de su ocurso de esta propia data, ingresado en la oficialía de partes de este juzgado federal bajo el registro 2169, a través de su autorizado, por el que manifiesta inconformidad con respecto a dicho cumplimiento, manifestando en lo esencial que sin dictamen médico no puede corroborarse lesión alguna, que la representación social no es experta en la materia para establecer si se trata o no de una lesión con la inspección ocular, y que la responsable una vez más corrobora las lesiones presentadas por la agraviada con la pericial indebidamente desahogada y que, por tanto, debe declararse que la ejecutoria de amparo no está cumplida. Al respecto debe decirse que no le asiste razón a la parte quejosa, pues como quedó establecido en párrafos que anteceden, la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, se hizo para que la responsable dejara sin efectos la resolución reclamada, datada en ocho de octubre de dos mil quince, dentro del Toca Penal 11/2015 de su estadística, y con plenitud de jurisdicción emitiera una nueva en la que determinara el valor probatorio que correspondía otorgar al dictamen pericial de fecha veinte de febrero de dos mil quince, rendido por la perito médico legista Isoline del Carmen Servin Balderas, dentro de la averiguación previa subyacente, lo que así aconteció, pues de la anterior reseña se observa dejó sin efecto dicha determinación reclamada y emitió una nueva, datada en ocho de febrero de dos mil dieciséis, de la que así también se advierte denegó valor probatorio alguno a dicha experticia, y si bien sostuvo la decisión tocante a confirmar el auto de sujeción a proceso que fuera subido en apelación, ello fue en ejercicio de su plena jurisdicción, tal y como así fuera establecido en la ejecutoria de referencia. Sin que pase inadvertido para este juzgado federal, que en la resolución de cumplimiento de ejecutoria la Juez responsable estableciera que las lesiones sufridas por la pasivo estaban corroboradas con el dictamen previo de lesiones rendido por la perito médico legista doctora Isoline del Carmen Servín Balderas, en el que se estableció el grado de afectación y naturaleza de las lesiones sufridas por la agraviada, empero inmediatamente después dicha autoridad revisora estableció que tal experticia no era atendible indiciariamente al carecer de validez pues no se había sujetado a las reglas de la materia para su emisión, pero que la ausencia de esta no era indispensable para tener por acreditado el cuerpo del delito de lesiones el que, concluyó, se acreditaba con el restante caudal probatorio obrante en la causa de origen. Ahora, por cuanto a lo que señala el autorizado de la parte quejosa, por cuanto a que solamente un dictamen médico puede establecer la existencia de una lesión, y no una prueba de inspección ministerial, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y términos que estime procedentes. Por tanto, si la Juez responsable dejó insubsistente la resolución constitutiva del acto reclamado en esta instancia constitucional (ocho de octubre de dos mil quince) y emitió una nueva en la que denegó valor probatorio alguno a la prueba pericial médica de lesiones rendida dentro de la averiguación previa subyacente (ocho de febrero de dos mil dieciséis), en la que si bien sostuvo confirmar el auto de sujeción a proceso de trece de julio de dos mil quince, decretado por el Juez Menor Penal, residente en esta ciudad, dentro de la causa penal 57/2015, por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito de lesiones, ello fue, se reitera, en ejercicio pleno de su jurisdicción, como así fuera establecido en la ejecutoria de amparo de mérito; por lo que, se declara cumplida en su totalidad dicho fallo, sin excesos ni defectos, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio número 150, firmado por la Juez de Partido Quinto Penal de esta ciudad, al cual adjunta la resolución de ocho de los actuales y manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días contado a partir al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en el plazo concedido, este juzgado determinará oficiosamente si fue o no acatada.

  4. Principal

    Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la vigente Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, en la que se concedió el Amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que lo hayan hecho, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por ende, requiérase a la autoridad responsable Juez Quinto Penal de Partido en esta ciudad, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos en que se concedió la protección constitucional, a saber: "Deje insubsistente su resolución de ocho de octubre de dos mil quince, emitida dentro el Toca de Apelación 11/2015, y con plenitud de jurisdicción emita otra en la que atendiendo a lo prescrito en el artículo 209 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, determine el valor probatorio que corresponda al dictamen pericial médico de fecha veinte de febrero de dos mil quince, rendido por la perito médico legista ***********, dentro de la averiguación previa génesis de la causa penal subyacente." Lo que deberá hacer dentro del término de TRES DÍAS, debiendo remitir a este Juzgado constancias certificadas que lo acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de hasta mil días de salario mínimo general vigente, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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