Manuel Lopez Aguado

Expediente 663/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
663/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • Manuel Lopez Aguado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta, se tiene a la parte quejosa cumpliendo con la prevención formulada en proveído de seis de los corrientes y, para ello, realiza manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente juicio. En razón de lo anterior y a que transcurrió el plazo concedido a la tercera interesada para que formulara manifestaciones, sin que lo haya hecho, este Tribunal se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector, en el siguiente sentido: El cinco de noviembre de dos mil veintiuno se dictó sentencia en la que se concedió la protección federal. Al efecto, se declaró la inconstitucionalidad de la resolución emitida por la jueza de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, dentro de la causa penal ***** en la que el quejoso funge como imputado. Tal acto fue dictado en audiencia de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno; en ella se amplió por seis meses más, la suspensión condicional del proceso concedida en diversa audiencia de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Las razones por las que se amplió la suspensión enunciada son las siguientes: la primigenia suspensión condicional del proceso se concedió, sujeta a dos condiciones: 1) prohibición para el imputado de acercarse al domicilio tanto de la ofendida como de la víctima; evitar contacto directo, agresiones verbales o electrónicas y residir en un lugar determinado; además de 2) pago de reparación del daño, consistente en el pago por parte del imputado, de veinticuatro sesiones de terapia psicológica en favor de la víctima. En diversa audiencia de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, que constituye el acto reclamado, la jueza de control responsable revisó el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso y determinó, en lo que concierne a la reparación del daño, que se incumplió con las veinticuatro sesiones de terapia psicológica, pues la menor víctima solo acudió a la primera de ellas, y esa circunstancia era corresponsabilidad de los intervinientes (fiscalía, madre de la menor víctima, dependencia denominada Unidad de Revisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso), por lo que se amplió el plazo a seis meses adicionales, a fin de que se cumpliera cabalmente con el resarcimiento del daño. Además, desestimó el pago de diez mil pesos que había efectuado el imputado a la psicóloga para el pago de las sesiones, al haberse efectuado de forma extemporánea. Ahora bien, la protección federal tuvo como sustento que la responsabilidad formal de la supervisión de la medida, corresponde a la Unidad de Revisión de Medidas Cautelares y Supervisión Condicional del Proceso; además de que, al margen de que las erogaciones efectuadas por el quejoso fueran extemporáneas, debió considerar que sí existió un desembolso y pronunciarse sobre el destino de ellas. Los efectos precisos fueron que la jueza responsable: "1. Deje insubsistente la resolución sobre la petición de ampliación de suspensión condicional del proceso. 2. Dicte otra en la que resuelva la solicitud, lo que podrá hacer con libertad de jurisdicción en el mismo sentido o en uno diverso, pero deberá tomar en cuenta que la responsabilidad formal de la supervisión en el cumplimiento de la medida, corresponde a los funcionarios de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso y también deberá pronunciarse sobre el destino que deben tener las cantidades erogadas por el aquí quejoso, relativo al pago de diversas sesiones." En cumplimiento de lo anterior, se verificó la audiencia de dos de diciembre de dos mil veintiuno remitida en formato DVD y adjuntada al presente asunto en la que la juzgadora dejó insubsistente la anterior audiencia de revisión de medidas y se pronunció nuevamente, acotando que sería únicamente respecto de la controversia relacionada con la reparación del daño. Al respecto, se asentó que: Corresponde a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso la vigilancia formal del cumplimiento de las medidas y que esta circunstancia implicó que la víctima no fuera reparada del daño en los términos ordenados. Que, como las partes acordaron cambiar de psicóloga para la atención de la menor, ordenó a la anterior profesionista que en un plazo que no excediera de cinco días hábiles a partir de que fuera notificada, devolviera en certificado de depósito la cantidad de diez mil pesos que le efectuó el imputado. Que ese monto sería utilizado para pagar a la nueva profesionista con quien ya la infante acudió a cuatro sesiones (dos pagadas por el imputado y dos por la madre). Que ésta nueva terapeuta debía informar sobre la totalidad de los honorarios correspondiente a las terapias faltantes, en un plazo que no excediera de tres días y, acorde con esto, se cubriría el faltante por parte del imputado o se le devolvería el remanente. Que, si bien, se fijaron nuevamente seis meses de prórroga, esto solo se precisó como plazo máximo, pues una vez cubierto el costo de las terapias a la nueva profesionista, no tendría que supeditarse la reparación del daño al verificativo de las sesiones, sino que con esto bastaría para que las partes estuvieran en posibilidad de solicitar una nueva revisión de la medida y, en su caso, declarar cumplida la obligación. Como puede advertirse, la juzgadora responsable nuevamente se pronunció con libertad de jurisdicción, pero lo hizo pronunciándose sobre la responsabilidad atribuida a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, además de que se pronunció sobre el destino de la cantidad erogada por el imputado. Con ello, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos, en términos del numeral 196 de la ley de la materia. No pasa inadvertido el escrito de cuenta, en el que el promovente expone que: ".de acuerdo a la fecha en que se celebró la audiencia de control para dar cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa, esta se celebró el dos como se dijo, y cinco días después para el reembolso de los ******* pesos M.N. y tres días más para que la nueva terapeuta informara que había recibido el dinero y proceder a informar a este H. Recinto de oralidad lo que nos conlleva de manera cronológica, dichos términos fenecen el 14 del presente mes y año. Por lo anterior expresado, se ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria, en razón de que la jueza de oralidad estableció que una vez que se hubiese dado cumplimiento a los oficios en comento, se celebraría una nueva audiencia a efecto de estar de manera objetiva, resolver de fondo la situación jurídica del imputado, es decir, la extinción de la acción penal y del sobreseimiento, es por ello que esta parte señala que es parcialmente dado el cumplimiento de la ejecutoria en razón de no haber transcurrido el tiempo necesario para cumplir al 100% con su mandamiento." Al respecto, dígasele que los efectos de la protección federal fueron, como ya se explicó, únicamente para que se pronunciara sobre la responsabilidad en la vigilancia de la reparación del daño y el destino del dinero erogado; empero, se otorgó plenitud de jurisdicción para que resolviera lo que a su interés conviniera, por lo que la eventual decisión sobre la extinción de la acción penal forma parte de esa libertad de atribuciones y escapa a los puntos sobre el cumplimiento ya explicado. Archivo y clasificación del expediente. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En ese contexto, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo, y se concedió tanto la suspensión provisional como definitiva, en cumplimiento al artículo 18 incisos a) y b), del acuerdo en cita, el presente expediente y cuaderno original de suspensión son susceptibles de depuración, una vez que trascurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento, y en su caso de su violación, y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Al tratarse de un asunto concluido, devuélvase al juez responsable el DVD que adjuntó al rendir su informe justificado.

  2. Principal

    A sus autos los oficios de la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, por los cuales pretende acreditar el cumplimiento del fallo protector; el primero de ellos al que adjunta un disco versátil digital que contiene la audiencia de revisión de la suspensión condicional del proceso celebrada dentro de la causa penal de origen, con lo que trata de demostrarlo. Guárdese en sobre cerrado que se glose al sumario para que obre como legalmente corresponde. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, a los terceros interesados y representante especial de la menor de iniciales **** con el oficio y anexo recibido, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin perjuicio de que este juzgado dictará resolución en que se declare si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Dado que las constancias con las que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento al fallo protector se encuentran contenidas en el DVD, que al efecto adjuntó, se deja a su disposición de las partes, para que estén en condiciones de realizar su consulta de estimarlo necesario. Hágase de su conocimiento, que de conformidad con los establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, la cita que generen con la finalidad de consultarlo deberán gestionarla en los términos indicados en el referido acuerdo.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se desprende que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente juicio en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo que precede, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al juez de Control del Sistema de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo en la siguiente forma: 1. Deje insubsistente la resolución sobre la petición de ampliación de suspensión condicional del proceso. 2. Dicte otra en la que resuelva la solicitud, lo que podrá hacer con libertad de jurisdicción en el mismo sentido o en uno diverso, pero deberá tomar en cuenta que la responsabilidad formal de la supervisión en el cumplimiento de la medida, corresponde a los funcionarios de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso y también deberá pronunciarse sobre el destino que deben tener las cantidades erogadas por el aquí quejoso, relativo al pago de diversas sesiones. Lo que deberá realizar en el término de tres días, en el entendido que deberá allegar a esta instancia las constancias con que lo acredite; apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las trece horas con treinta minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo número 663/2021, promovido por **; se encuentra en audiencia pública, Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, en funciones de juez, de conformidad con los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado a través de oficio CCJ/ST/2678/2021 de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de Antonio Guiza Cabrera, secretario con quien actúa y da fe, la declara abierta, sin la comparecencia de las partes ni de persona alguna que las represente. Se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la firma se realizará de forma digital. Seguidamente, el secretario hace relación de las constancias existentes en autos, entre las que destacan: el escrito inicial de demanda; auto en el que se admitió a trámite, se dio la intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia de ley, y con el informe justificado de la autoridad responsable y los emplazamientos de la parte tercera interesada, a lo que se acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que se indica para los efectos legales conducentes y por rendidos los citados informes de las autoridades responsables. Asimismo, se tiene por llamada a juicio a la parte interesada. Enseguida se cierra la etapa. Periodo probatorio. A continuación, se abre la etapa probatoria, en la que se da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable, a lo que el secretario en funciones de juez acuerda: se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de que podrán ser tomadas en cuenta al resolver. Acto seguido, se cierra el periodo. Periodo de alegatos. Acto continuo, el secretario da cuenta que las partes no formularon. A lo que se acuerda: Se les tiene por omisas; con lo que se cierra esta etapa y se da por concluida la audiencia para, enseguida, dictar sentencia. V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 663/2021, promovido por ***; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que por razón de turno conoció este Juzgado Octavo, Manuel López Aguado solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. SEGUNDO. En auto de veinte siguiente se admitió la demanda. En ese mismo proveído se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable, dio intervención legal a la fiscal de la adscripción y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. TERCERO. El veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo como parte tercera interesada a la fiscal adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres (interviniente en el proceso de origen) y a la menor de iniciales D.C.L.J. por conducto de su representante,***(víctima), las cuales fueron emplazadas acorde con el auto de veintiocho siguiente. CUARTO. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La competencia territorial se surte conforme a la primera regla del artículo 37 en mención, pues los actos reclamados tienen ejecución en esta ciudad de Celaya, en la que ejerce jurisdicción este Tribunal. Además, en cuanto a la vía, orienta el siguiente criterio: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DETERMINACIÓN DE APROBAR O RECHAZAR SU SOLICITUD E, INCLUSO, EN EL PRIMER SUPUESTO TAMBIÉN APRUEBA EL PLAN DE REPARACIÓN O LO MODIFICA, NO PONE FIN AL JUICIO, POR LO QUE NO ES RECLAMABLE EN LA VÍA DIRECTA, LUEGO ENTONCES ES COMPETENCIA DEL JUZGADO DE DISTRITO O TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO EN LA VÍA INDIRECTA. De los artículos 184, fracción II y 191 a 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la suspensión condicional del proceso es un mecanismo autocompositivo, al requerirse de un acuerdo entre el imputado y el Ministerio Público, cuya finalidad consiste en paralizar el procedimiento y conducir a la conclusión del conflicto penal, mediante el pago de la reparación del daño y el cumplimiento del imputado de una o varias de las condiciones indicadas por el Juez, cuya observancia generará la extinción de la acción penal en delitos específicamente determinados. Por el contrario, si el imputado decide incumplir con las obligaciones pactadas en el acuerdo, o incurre en alguna causa de revocación de la suspensión del proceso, asumirá como consecuencia la reanudación del proceso penal con todo lo que implica: enfrentar un juicio y una eventual condena, con la limitante de que la información que se genere como producto de esos mecanismos alternativos no podrá ser utilizada dentro del proceso penal. En ese contexto, se concluye que la resolución que confirma la determinación del Juez de control en el que resuelve la solicitud de la suspensión condicional del proceso, ya sea que la apruebe o la rechace y, en el primer supuesto también autorice el monto del plan de reparación del daño propuesto por el imputado o lo modifique, no está en el supuesto a que se refiere la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, pues no es una sentencia o resolución que ponga fin al juicio; por tanto, en términos de los artículos 35, 36 y 107, fracción V, de la ley de la materia, es competencia del Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito, en la vía indirecta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisa como acto reclamado: La resolución emitida por la jueza de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, dentro de la causa penal **, en la que el quejoso funge como imputado. Tal acto fue dictado en audiencia de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno; en ella se amplió por seis meses más, la suspensión condicional del proceso concedida en diversa audiencia de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia de actos. La autoridad responsable, jueza de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que se corrobora con las constancias que exhibió. Es aplicable la tesis siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Las constancias fueron enviadas en disco versátil digital con archivos en formato .PDF y videograbaciones encriptados electrónicamente con resumen de verificación MD5; al que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la información contenida tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado por este operador jurisdiccional. CUARTO. Antecedentes. De las constancias remitidas por la autoridad responsable (videograbaciones de audiencias de solicitud -19-feb-21- y revisión -19-ago-21- de suspensión condicional del proceso) previamente valoradas, se desprende: El uno de octubre de dos mil veinte se vinculó a proceso al aquí quejoso por el delito de violencia familiar en contra de su menor hija de iniciales D.C.L.J. Una vez cerrado el término concedido de prórroga para la investigación complementaria, el uno de febrero se cerró quedando pendiente el escrito de acusación (a fenecer el veintidós de febrero de dos mil veintiuno). El diecinueve de febrero de dos mil veintiuno se verificó audiencia de suspensión condicional del proceso solicitada por la defensa del imputado. La jueza de control la concedió bajo las siguientes condiciones sujetas a una temporalidad de seis meses (19-feb-21 a 19-ago-21): Prohibición para el imputado de acercarse al domicilio tanto de la ofendida como de la víctima; evitar contacto directo con ellas; evitar agresiones verbales o electrónicas; residir en un lugar determinado. En cuanto a la reparación del daño a la víctima, se aprobó que la menor asistiría a veinticuatro sesiones de terapia psicológica con la experta de la propia Fiscalía, a razón de una hora semanal, durante esos seis meses; y que el imputado cubriría el costo de la terapia. Ahí se programó la primera sesión, en el entendido de que la representante de la menor acudiría también, a fin de poder programar fecha y hora de las subsecuentes, acorde a las posibilidades de las intervinientes. Finalmente, la juzgadora ordenó girar oficio a la Unidad de Revisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso "para que vigile el cumplimiento de estas condiciones" (min. 27:03) El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno se verificó, a petición de la fiscalía formulada el trece anterior, audiencia de revisión de suspensión condicional del proceso. En ella, en lo que interesa: La asesora de la víctima ofreció diversos datos de prueba, entre los que destaca: Ampliación de entrevista a madre de la víctima de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en la que informó que la menor no se encontró satisfecha con la profesionista con la que fue enviada. A razón de ello, se llamó telefónicamente a la psicóloga, quien informó que desde el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la primera visita, la menor le hizo saber que no sentía suficiente confianza con ella. El once de agosto de dos mil veintiuno se tuvo contacto con el defensor, quien informó que había realizado cuatro pagos de la terapia (1 ya verificada y 3 a las que no acudió). Oficio 4314/UMECA/2021 emitido el treinta de julio de dos mil veintiuno, por la supervisora de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, en donde asentó que tuvo comunicación con la madre de la menor, quien le dijo que únicamente asistió a la primera sesión, por la misma razón. El doce de agosto de dos mil veintiuno, se corrió traslado al defensor y al imputado con dicha misiva. Oficio de nueve de agosto de dos mil veintiuno emitido por la psicóloga a quien se encomendó la terapia, en el que refiere que le habían sido pagadas cuatro sesiones, pero desde la primera (24-feb-21), la menor refirió que no tenía confianza y que no era su deseo continuar. Promoción de la defensa, presentada el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en el que informa que el trece de agosto de dos mil veintiuno pagó todas las sesiones y exhibió dos recibos de depósito a una cuenta bancaria, por la cantidad de diez mil pesos. Ante ello, la asesora expuso que la defensa actuó de mala fe, pues pagó un día después de que había sido informada que la menor no había acudido más que a una sesión y que es un derecho de la víctima la reparación del daño, por lo que solicitó la ampliación de la suspensión condicional del proceso, en el entendido de que la propuesta de terapias, sería con una diversa psicóloga de nombre *****. La fiscal presente expuso que la menor tiene derecho a la reparación del daño; que sí el defensor y el imputado ya sabían que la menor no había recibido terapias, al menos el doce de agosto de dos mil veintiuno que se les informó, sí actuaron dolosamente al pagar el resto de las terapias un día después, esto es, el trece siguiente. Por ello, se debe privilegiar el derecho a la reparación del daño de la menor que no ha sido cabalmente cumplido. En uso de la voz, la defensa expuso que el principio de lealtad corresponde a la Fiscalía y no puede considerarse dolosa la conducta de aquéllos, pues no pueden desconocerse los pagos efectuados; además, desde la primera cita de la menor, tanto la Unidad de Supervisión como la madre de la menor, supieron que esta ya no quería asistir, por lo que desde el mes de febrero pudieron pedir la revisión de la medida para, en su caso, cambiar de terapeuta; sin embargo, dejaron transcurrir cinco meses. También destacó que existe un oficio de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el que la psicóloga informó que dejó abierta la cita por sí la menor cambiaba de opinión. Finalmente, expone que el juez de control no estableció fechas exactas para el pago de las terapias, por lo que si se efectuaron antes del plazo concedido, debe tenerse por cubierta la reparación del daño. Retomando el uso de la voz, la asesora victimal informó que, si bien, existe ese oficio de veintitrés de abril de dos mil veintiuno signado por la psicóloga, este se le dio a conocer por la madre de la menor hasta el nueve de agosto de dos mil veintiuno y que en esa misma data, inmediatamente lo hizo del conocimiento de la fiscal. Expuso también que es cierto que existen cuatro pagos equivalentes a cuatro sesiones (4-feb a 24-feb), pero también lo es que el resto se cubrió hasta el trece de agosto de dos mil veintiuno (recordemos que es un día después de que fue informado de que la menor no había asistido a las sesiones). En suma, que están cubiertas las condiciones de la suspensión condicional del proceso, con excepción de la reparación del daño integral; que es por eso que se pidió audiencia de revisión (en oposición a revocación). Enseguida, la jueza cuestionó a la asesora, en el sentido de sí conoce por qué la madre de la menor fue omisa en dar aviso de las circunstancias acaecidas desde febrero, a lo que respondió que desconoce por qué no lo comentó. También, la juzgadora inquirió a la progenitora, en el mismo sentido, a lo que ella respondió que desde aquel momento, la propia psicóloga le informó que ella notificaría a la fiscalía. Que a finales de julio recibió una llamada del Ministerio Público y le preguntaron si ya había sido reparado el daño, a lo que ella respondió que únicamente supo, por conducto de la psicóloga, que las citas se encontraban "abiertas", es decir, disponibles. En suma, existen hechos no controvertidos, en relación con la inasistencia de la menor a las sesiones (con excepción de una) y en torno a la falta de atención de las partes intervinientes, respecto de la continuidad en la reparación del daño, al menos hasta el mes de julio. Además, del pago oportuno de cuatro sesiones y un pago posterior -cinco días antes de que feneciera el plazo de seis meses- por el resto de ellas. Ante esto, la jueza resolvió sobre la petición de ampliación de suspensión condicional del proceso, lo cual constituye el acto reclamado (min 59:30): Que está probado que no se ha dado cumplimiento a la reparación del daño respecto de la menor. Que no se le podía obligar a acudir a una terapia en la que no estuviera cómoda, por lo que la psicóloga dejó abiertas las citas para, en su caso, que la menor regresara; sin embargo, era obligación de las partes intervinientes hacerlo del conocimiento de la fiscalía, para que a su vez promoviera lo conducente. Que la progenitora expuso que la psicóloga le hizo saber que ella lo notificaría a la fiscalía, pero no lo constató. Que la asesoría comenzó su verificación hasta el mes de julio. Que el imputado también sabía de tales circunstancias. Que la obligación no estaba supeditada al "contentillo de nadie" En torno a la reparación del daño pretendida por la defensa, en cuanto a que efectuó los pagos antes del vencimiento del plazo, lo desestimó en la medida en que sí el doce de agosto de dos mil veintiuno fue informado que la menor no había tomado las terapias y la obligación la cubrió un día después, no puede aceptarse el pago liso y llano como cumplimiento de la obligación, dadas las circunstancias. Lo anterior, pues la reparación del daño no solo implica hacer el pago, sino que se cumpla con la finalidad: que la menor reciba la terapia necesaria. Es decir, que, si bien, la defensa pagó, lo hizo consciente de que con ello no se cumpliría con tal reparación, dadas las circunstancias particulares en que lo hizo. Al efecto concluyó que ninguna argumentación hecha valer por las partes es válida, dado que existió corresponsabilidad en todas las partes para vigilar e informar ese cúmulo de circunstancias (defensa, imputado, representante de la menor, fiscalía, asesoría victimal), por lo que resolvió que, a fin de no vulnerar el interés de la menor y la reparación del daño a que tiene derecho, amplió la suspensión condicional del proceso por seis meses más, hasta que sea reparado íntegramente; esto es, que se paguen de forma efectiva las sesiones psicológicas, con la profesionista propuesta por la asesora victimal, a saber, ****, en un domicilio en esta ciudad de Celaya. Lo anterior, en el entendido de que la asesora se comprometió a que ese mismo día presentaría la documentación que avale la profesionalidad de la terapeuta. La particularización de la ampliación es de seis meses computables a partir del día en que se actuó (19-ago-21), hasta el veintidós de febrero de dos mil veintidós (pues el 19 de febrero es inhábil), en el entendido de que son veinticuatro sesiones (una semanal) a razón de seiscientos pesos por cada una, equivalente a catorce mil cuatrocientos pesos, que el imputado debe pagar directamente a la experta. Ante ello, la juzgadora otorgó plazo a más tardar el lunes veintitrés siguiente, a que informara fecha de inicio y horario de terapias, para que el imputado esté en condiciones de efectuar los pagos. También expuso la juzgadora que si el imputado erogaba la totalidad, podría pedir una nueva revisión de medidas, a efecto de resolver si con eso se cumplía a cabalidad la reparación del daño. Finalmente, la autoridad fue reiterativa en la corresponsabilidad y apercibió tanto a la madre (representante de la menor) como a la asesora y a la fiscal, a que vigilaran el cumplimiento de la reparación del daño y, en su caso, avisar cualquier anomalía; de lo contrario, se harían acreedoras a sendas multas. Mismo mandato dirigió al imputado, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se revocaría la suspensión. El anterior fallo constituye el acto reclamado. SEXTO. Estudio de fondo. Son fundados dos conceptos de violación, en el entendido de que uno es planteado por la parte quejosa y otro se advierte, supliendo la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), dado que el promovente es imputado en el procedimiento penal de origen. No obstante, a fin de cumplir con el principio de exhaustividad que debe regir a toda sentencia, se responderá la diversa causa de pedir infundada, en un orden distinto al planteado. VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM Primeramente, expone el quejoso al imponerle de nueva cuenta la obligación de cubrir la reparación del daño, no obstante que ya le había sido impuesta y por él cubierta, se trastoca el principio general del derecho de non bis in ídem. Carece de razón el peticionario. En principio, cabe precisar que la suspensión condicional del proceso, se enmarca legislativamente en el Libro Segundo (del procedimiento), Título Primero (soluciones alternas y formas de terminación anticipada), del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que constituye una solución alterna del procedimiento, tal como lo establece el artículo 185, y que según el diverso 191, constituye el sometimiento voluntario del imputado a ciertas condiciones para garantizar la efectiva tutela de los derechos de la víctima y el ofendido que, en su caso, concluyan en la extinción de la acción penal. Bajo esta perspectiva, tanto el procedimiento como su adecuada finalización, traen como consecuencia la extinción de la acción penal, tal como lo dispone el artículo 485, fracción X, de la ley adjetiva en mención. Se está pues, ante un modo alternativo derivado del principio de oportunidad en la persecución penal que, al igual que los acuerdos reparatorios, deriva de la diversificación de respuestas a los conflictos penales, al proceso judicial, a la sentencia y a la pena. Lo importante no es sancionar, sino resolver el conflicto que deriva del delito cuando se trate de hechos que no revisten mayor gravedad ni trascendencia social. Así, presenta como objetivos: a) evitar la continuación de la persecución penal y la eventual imposición de una sanción punitiva al imputado; b) atender los intereses de la víctima a quien se reparará el daño que le fue causado; c) racionalizar la intervención de la justicia penal para lograr una correcta gestión de recursos estatales, la descongestión o descarga de casos tramitados y la concentración de los operadores del sistema penal en la investigación, persecución y juzgamiento de delitos más graves, y d) alcanzar resultados preventivos especiales en el imputado para actualizar la reinserción social. Así, podemos entender que la medida de la que emana la decisión jurisdiccional reclamada, se enmarca en el sistema de justicia penal actual, como una forma anticipada y alterna de solución del conflicto que privilegian la tutela efectiva de los derechos de la víctima y ofendido, frente a la pretensión punitiva tradicional del Estado y del Derecho Penal tradicional. Así lo corrobora el artículo 17 Constitucional en sus tercer y quinto párrafo que establecen que "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales", además de que "las leyes preverán los mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial." Por el contrario, el principio de prohibición de doble punición (non bis in ídem) no solo se enmarca en otro momento procesal y dentro de la potestad punitiva, sino que obedece a distintos hechos: el impedimento que tienen las autoridades jurisdiccionales, de juzgar a una persona por el mismo delito en dos ocasiones; es decir, está prohibida una doble declaración de absolución o condena respecto de los mismos hechos. Así lo prevé, de forma por demás, clara, el artículo 23 constitucional que, en su segunda parte, establece que "nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito". Lo anterior se corrobora con el siguiente criterio: "NON BIS IN IDEM. NO SE ACTUALIZA UNA TRANSGRESIÓN A ESTE PRINCIPIO CUANDO EN UNO DE LOS PROCESOS NO SE HIZO PRONUNCIAMIENTO EN DEFINITIVA SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA CONDUCTA DELICTIVA O DE RESPONSABILIDAD PENAL. El principio de prohibición de doble juzgamiento en su vertiente sustantiva, se refiere a que una persona no puede ser sentenciada dos veces por los mismos hechos que constituyen la misma conducta tipificada como delito y que esto puede ocurrir cuando se prevea esa conducta en ordenamientos legales de distintas entidades o fueros a partir de los cuales se instruyen diversos procesos al inculpado. En ese sentido, si un inculpado es procesado por los mismos hechos en dos procesos de distinto fuero y la sentencia dictada en el primer asunto es absolutoria al declarar la inconstitucionalidad de los preceptos que regulan el delito, pero no se pronuncia en definitiva sobre la existencia de una conducta delictiva o la responsabilidad penal, o algún otro tema que determinara la imposibilidad de análisis del hecho, por ejemplo, que declarara la insuficiencia o inverosimilitud de las pruebas existentes que llevaren a la absolución del sentenciado y que impediría examinar ese evento, mientras que la segunda sentencia sí se ocupó de esa situación y concluyó en la existencia del delito y la intervención del inculpado en su comisión, dicho proceder no trastoca la figura de la cosa juzgada, ya que no subsistió otro pronunciamiento que generara un doble juzgamiento, en la medida en que el inculpado sólo fue sancionado en una ocasión por los hechos delictivos que se le imputaron, de modo que no se actualiza una infracción al principio non bis in idem, en su vertiente sustantiva." De ahí que, si el principio aludido opera en relación con declaraciones de condena o absolución que se enmarcan en la potestad punitiva del Estado, se deduce su inaplicabilidad ante las medidas alternas de solución de conflictos que aún no concluyen con resolución judicial definitiva. Inclusive, como puede ser, por ejemplo, la declaración de extinción de la acción penal. Estas razones tornan infundado el primer concepto de violación. EL QUEJOSO CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. En otra causa de pedir, el quejoso aduce que le causa agravio la resolución, pues "cumplió a cabalidad con todas las obligaciones que se me impusieron con anterioridad al plazo otorgado (.) y la A QUO violentó concretamente lo ordenado por el segundo párrafo del artículo 199."; es decir, que "cumplió a cabalidad con todas las medidas que se acordaron en la primera audiencia de fecha 19 de febrero del año en curso, y pagó en su totalidad las terapias psicológicas a favor de la menor dentro del plazo que contiene el citado numeral." Es infundado el concepto de violación. El artículo en comento, a la letra, dice: "Artículo 199. Cesación provisional de los efectos de la suspensión condicional del proceso La suspensión condicional del proceso interrumpirá los plazos para la prescripción de la acción penal del delito de que se trate. Cuando las condiciones establecidas por el Juez de control para la suspensión condicional del proceso, así como el plan de reparación hayan sido cumplidas por el imputado dentro del plazo establecido para tal efecto sin que se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso, se extinguirá la acción penal, para lo cual el Juez de control deberá decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento." De la lectura del precepto transcrito, se desprenden dos condiciones para considerar cumplida la suspensión condicional del proceso, a saber: Haber realizado las conductas-condición ahí establecidas, en relación con el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya citado anteriormente; y Haber cumplido con "el plan de reparación" del daño. Lo anterior, dentro del plazo establecido. En el caso, nos avocamos a los supuestos segundo y tercero que son materia de la controversia en este concepto de violación. Es cierto que el propio texto establece, de una lectura primigenia, que basta con cumplir la obligación de reparar el daño en el plazo establecido, pero la propia redacción alude a la existencia de una "planeación" para que se logre esa reparación, la cual emerge y es decidida por el Tribunal, acorde con la razonabilidad y suficiencia de la propuesta del solicitante y aceptación de los intervinientes. Además, esto es concordante con el numeral 195 ya citado en este fallo, que prevé que la solicitud de suspensión condicional "contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido". Es decir, los términos en que se debe reparar el daño, deben ser propuestos y aceptados en la audiencia correspondiente. No se puede aceptar un planteamiento vago e impreciso pues, eso contravendría la pretensión última que no es otra que salvaguardar los derechos de la víctima y ofendido. Luego, si desde la audiencia de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se hizo saber a las partes que, a partir del veinticuatro siguiente comenzarían las sesiones de terapia para la menor, a razón de una por semana para completar veinticuatro (6 meses) y que correrían a cargo del imputado como medio para lograr la reparación del daño, es inconcuso que la obligación de éste se supeditó a la periodicidad de las propias sesiones. De ahí que pagar solamente cuatro al inicio y la totalidad hasta el trece de agosto de dos mil veintiuno (seis días antes de la culminación del plazo), a sabiendas que la infante no había acudido más que a la primera sesión, se traduce en un incumplimiento de la planeación ordenada por el juzgador y, por ende, el incumplimiento de la reparación del daño. De ahí que no se actualice la hipótesis del artículo 199 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como lo pretende el quejoso. Lo anterior torna, como se dijo, infundado su concepto de violación. Es importante aclarar que lo anterior no implica, por sí, la atribución de responsabilidad total del imputado en torno a la falta de reparación del daño, sino únicamente en lo que corresponde a lo que él concierne, pues debe distinguirse el cumplimiento, de la supervisión sobre éste. ATRIBUCIÓN AL QUEJOSO DE CORRESPONSABILIDAD EN TORNO A LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Ahora bien, es un hecho probado que la reparación del daño ordenada, que implicaba que la menor recibiera veinticuatro sesiones semanales psicológicas solventadas por el imputado, no fue cumplida; no obstante, la juzgadora, en aras de salvaguardar o priorizar esa reparación, expuso una serie de acontecimientos y omisiones con las que atribuyó corresponsabilidad en la falta de supervisión de la planeación ordenada para, con eso, justificar su decisión de ampliar por seis meses más la suspensión condicional. Es en esta cuestión, en la que el quejoso destaca como causa de pedir, que el fallo es indebido, puesto que no correspondía a él como imputado vigilar el cumplimiento. Al respecto dice que "se violenta el debido proceso (.) por la razón que la juez atribuye al imputado la corresponsabilidad de dar aviso al juzgador de que la menor no quería ir a tomar sus terapias, contrario sensu, tal y como se dijo en audiencia de mérito (.) la obligación de haber dado aviso al juez de control (.) en primer lugar debe ser la representante de la menor (.) en segundo lugar la asesora jurídica y la fiscal." Le asiste razón y, para explicarlo, se debe insistir en la diferencia entre el incumplimiento de las obligaciones y la falta de supervisión de éstas; es decir, sin perjuicio de que el peticionario del amparo, tal como se dijo, fue omiso en cumplir con la planeación ordenada, lo cierto es que la supervisión periódica y eventual reacción ante ello, corresponde obligatoriamente a la Unidad de Asesoría. Para ello, se transcriben los numerales conducentes del Código Nacional de Procedimientos Penales: Primeramente, la legislación reconoce como sujeto del procedimiento penal a la autoridad supervisora de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso; "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico. En correlación con lo anterior, el Título Sexto correspondiente a las Medidas de Protección Durante la Investigación, Formas de Conducción del Imputado al Proceso y Medidas Cautelares; contiene el Capítulo V "De la Supervisión de las Condiciones Impuestas en la Suspensión Condicional del Proceso", cuyos numerales reglamentan las facultades de esa autoridad. A la letra, dicen: "CAPÍTULO V DE LA SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Artículo 208. Reglas para las obligaciones de la suspensión condicional del proceso Para el seguimiento de las obligaciones previstas en el artículo 195, fracciones III, IV, V, VI, VIII y XIII las instituciones públicas y privadas designadas por la autoridad judicial, informarán a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso sobre su cumplimiento. Artículo 209. Notificación de las obligaciones de la suspensión condicional del proceso Concluida la audiencia y aprobada la suspensión condicional del proceso y las obligaciones que deberá cumplir el imputado, se notificará a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, con el objeto de que ésta dé inicio al proceso de supervisión. Para tal efecto, se le deberá proporcionar la información de las condiciones impuestas. Artículo 210. Notificación del incumplimiento Cuando considere que se ha actualizado un incumplimiento injustificado, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso enviará el reporte de incumplimiento a las partes para que soliciten la audiencia de revocación de la suspensión ante el juez competente. Si el juez determina la revocación de la suspensión condicional del proceso, concluirá la supervisión de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. El Ministerio Público que reciba el reporte de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, deberá solicitar audiencia para pedir la revisión de las condiciones u obligaciones impuestas a la brevedad posible." En correlación con esto, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, emitió el acuerdo 2/2016 por el que se establece el funcionamiento y organización institucional, así como las directrices para la supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuyos artículos que interesan, a la letra, dicen: "Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el funcionamiento y organización institucional, así como las directrices generales para la supervisión de medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva, y de la suspensión condicional del proceso, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la normativa vigente y aplicable. Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: (.) V. Supervisores(as): Las y los Supervisores(as) de medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva, y de la suspensión condicional del proceso, adscritos a la UMECA de la Subprocuraduría correspondiente, de la Procuraduría. Artículo 11. Las y los Supervisores, además de las contempladas en la legislación aplicable, contarán con las siguientes atribuciones en el ámbito de su competencia, y según corresponda, acorde al marco jurídico aplicable y lo dispuesto en el presente Acuerdo: Realizar las tareas de supervisión y seguimiento a las medidas cautelares impuestas, distintas a la prisión preventiva, y las condiciones a cargo de la persona imputada en el caso de la suspensión condicional del proceso; Conducirse en todo momento con respeto a la dignidad, derechos humanos y condición específica de las personas; así como ejercer sus atribuciones con perspectiva de género y libre de estereotipos; Proteger los datos personales de las personas, resguardando su identidad y observando lo dispuesto en la normativa en la materia; Llevar un registro electrónico de las acciones realizadas, particularmente sobre el cumplimiento o incumplimiento de la obligación impuesta; Formar un expediente de cada caso en el que intervengan; Notificar a la o a el Titular de la UMECA los resultados de la supervisión, a efecto de, en su caso, emitir las notificaciones correspondientes o análisis de riesgo surgido con motivo de la misma; y VII. Las demás que, en el ámbito de su competencia, le determinen sus superiores jerárquicos. Artículo 13. Cualquier Supervisor(a) adscrito(a) a la UMECA que corresponda, será competente para dar seguimiento y evaluación a las medidas cautelares o condiciones de las investigaciones o causas que sean del conocimiento de la propia UMECA." La mera lectura del sistema normativo transcrito, permite advertir que la responsabilidad en la supervisión y vigilancia de las medidas cautelares y, en lo que interesa, de la suspensión condicional del proceso, corresponden única y exclusivamente a las Unidades de Supervisión correspondientes. Si bien, las partes intervinientes en el proceso (víctima, ofendido, imputado, fiscal) y, particularizado al otorgamiento de una suspensión condicional, están interesadas en su cabal cumplimiento, pues son ellas quienes se adhieren de forma autocompositiva a las condiciones propuestas y aprobadas por el juez, lo cierto es que su seguimiento está a cargo de aquélla. De tal guisa que la falta de cumplimiento a la dinámica o planeación acordada por parte de cualquiera de los intervinientes, a quien obliga a tomar las medidas correspondientes es a la parte supervisora. Inclusive, así lo hizo saber la misma juzgadora que concedió la primigenia suspensión al ordenar girar oficio a la Unidad de Revisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso "para que vigile el cumplimiento de estas condiciones" (esta circunstancia está narrada en el antecedente identificado con la letra c). Lo anterior no deslinda de la responsabilidad de cada parte, en cumplir con lo convenido; empero, se insiste, debe distinguirse entre las obligaciones asumidas en la medida y la supervisión de estas. Luego, si en el caso, la consideración toral de la autoridad para conceder la ampliación de la medida fue precisamente la corresponsabilidad, no solo en el cumplimiento, sino en la vigilancia del mismo y, en su caso, el aviso correspondiente a las autoridades, esa decisión es contraria al sistema normativo referido. De ahí que resulte fundado el concepto de violación y se imponga conceder la protección federal. OMISIÓN DE PRONUCIARSE SOBRE LAS CANTIDADES EROGADAS POR EL QUEJOSO. Por otra parte, tampoco puede pasar inadvertido para este juzgador, en suplencia de la queja en favor del quejoso, la circunstancia correspondiente a la erogación de diversos montos por parte de éste, concretamente el pago de cuatro sesiones (de las cuales solo se verificó una) y un último pago de diez mil pesos. Si bien, tal como lo hizo ver la juzgadora de origen y se reiteró en este fallo, los términos en que el peticionario efectuó el último pago (diez mil pesos) ocurrieron fuera de la temporalidad necesaria para considerarse cumplida cabalmente la obligación correlativa a la reparación del daño, lo cierto es que sí fueron aportados y debe hacerse pronunciamiento al respecto por parte de la juez responsable. No solo porque, en términos formales, las resoluciones deben ser exhaustivas y contener una decisión sobre todos los hechos controvertidos y sometidos a discusión, sino que el artículo 198, tercer párrafo, de la ley adjetiva de la materia, al referirse a la revocación de la suspensión condicional del proceso prevé que "si la víctima u ofendido hubiese recibido pagos durante la suspensión condicional del proceso y ésta en forma posterior fuera revocada, el monto total a que ascendieran dichos pagos deberán ser destinados al pago de la indemnización por daños y perjuicios que en su caso corresponda a la víctima u ofendido" y esta obligación legal, se considera, debe hacerse extensiva al supuesto que nos ocupa, por existir identidad de razón. De esa guisa, la juzgadora también está obligada a pronunciarse sobre los pagos efectuados, en el entendido de que cuenta con plenitud de atribuciones, desde indagar sobre su eventual devolución por parte de la profesionista o cualquier otra circunstancia que, a su juicio, sea necesaria para dar certeza jurídica a las partes, sobre todo a la parte quejosa que fue la que erogó el citado pago. Finalmente, es importante resaltar que la determinación asumida no implica desconocer que la reparación del daño fue incumplida en detrimento de la víctima; empero, ésta circunstancia no se opone ni se contradice con las consideraciones de corresponsabilidad que motivaron la resolución combatida. Es decir, la juzgadora está en aptitud de pronunciarse nuevamente con libertad de atribuciones y decidir en el mismo sentido o en uno diverso tomando en cuenta el incumplimiento de la reparación del daño, pero deberá partir de que la responsabilidad en la supervisión de la medida, correspondía a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso y que existieron cantidades aportadas por el aquí quejoso. A mayor abundamiento, este Tribunal Constitucional está impedido para pronunciarse sobre la consecuencia que genere esta nueva perspectiva de responsabilidad, pues se estaría sustituyendo a la instancia ordinaria, trastocando los principios impugnativos que rigen al juicio de amparo; de tal guisa que lo que se impone a la autoridad responsable, es que modifique la motivación del fallo en ese punto y resuelva lo que en Derecho proceda. Luego, al declararse fundados dos de los conceptos de violación, se concede la protección federal para que la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución sobre la petición de ampliación de suspensión condicional del proceso. Dicte otra en la que resuelva la solicitud, lo que podrá hacer con libertad de jurisdicción en el mismo sentido o en uno diverso, pero deberá tomar en cuenta que la responsabilidad formal de la supervisión en el cumplimiento de la medida, corresponde a los funcionarios de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso y también deberá pronunciarse sobre el destino que deben tener las cantidades erogadas por el aquí quejoso, relativo al pago de diversas sesiones. Finalmente, como se desconoce si los términos de la protección constitucional implicarán la reiteración, cambio o modificación de la decisión, se genera impedimento para pronunciarse sobre el diverso concepto de violación, relacionado con la aparente suplencia que hizo la responsable, en torno a las deficiencias en la nueva propuesta de reparación del daño por parte de la asesora victimal; de ahí que esa causa de pedir no se analiza. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos en mención y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La justicia federal ampara y protege a***, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último.

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