Manuel Miranda Sandoval
Expediente 1023/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1023/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Manuel Miranda Sandoval
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio remitido por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada por este Órgano Jurisdiccional y se avocó al conocimiento del presente asunto. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
A) Registro de demanda. Glósese a sus autos la demanda de amparo signada por *********, contra actos del Juez de Partido en Materia Penal en Salvatierra, Guanajuato y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, bajo el registro número 1023/2016-A2. B) Incompetencia. Ahora, analizado íntegramente el escrito de demanda de cuenta y sus anexos, se advierte que el acto que realmente reclama el quejoso, lo es: La resolución emitida por el Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, el ocho de noviembre de dos mil once, dentro del toca penal ****, relativa al recurso de apelación interpuesto por el impetrante y otros contra la sentencia definitiva emitida el siete de septiembre de dos mil once, por el Juez Segundo Penal de Partido de Salamanca, Guanajuato, dentro del proceso penal ****, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio calificado y secuestro agravado en grado de tentativa, condenándolo a veintiséis años de prisión. Así como todos los actos procesales que se verificaron durante la tramitación de la averiguación previa y proceso penal que diera origen a la sentencia definitiva emitida con posterioridad -y que ha de rememorarse se recurrió en apelación-; así como lo decretado por el juzgado de ejecución en cumplimiento a la resolución de segunda instancia de que se duele. Esto es así, dado que de la lectura integra de su libelo constitucional, así como del análisis de los documentos que adjuntó, se advierte que se duele de actos propios de analizarse en amparo directo, esto es, al impugnar directamente la resolución de segunda instancia, que modificó la sentencia condenatoria emitida dentro del proceso penal ****, del índice del Juzgado Segundo Penal de Partido de Salamanca, Guanajuato. En ese orden de ideas, se llega a la convicción, de acuerdo a los preceptos legales 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47, y 170, fracción I de la Ley de Amparo, que los actos de que se duele el impetrante, es materia de amparo directo, de competencia acorde con el diverso 37, fracción I, inciso a), de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de los Tribunales Colegiados de Circuito, respecto a la materia del amparo uniinstancial. En efecto, los artículos antes citados establecen: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas; Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado." Artículo 34. Los Tribunales colegiados de circuito son competente para conocer del juicio de amparo directo. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda [.] Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencia definitivas, laudo y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. De los preceptos transcritos, se obtiene que cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, entre otros, el juicio de amparo sólo procederá contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, agotándose previamente el recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, según lo disponen los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal. Asimismo, de acuerdo con el diverso artículo 170, fracción I, de la ley de la materia, se entiende por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En ese orden de ideas, se tiene que la resolución que sustancialmente reclama la parte quejosa, se trata de la resolución emitida por el Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, el ocho de noviembre de dos mil once, dentro del toca penal 322/2011, relativa al recurso de apelación interpuesto por el impetrante y otros contra la sentencia definitiva emitida el siete de septiembre de dos mil once, por el Juez Segundo Penal de Partido de Salamanca, Guanajuato, dentro del proceso penal 189/2008, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio calificado y secuestro agravado en grado de tentativa, condenándolo a cuarenta y dos años de prisión, que tiene como efecto jurídico dar por concluido el proceso penal instaurado en su contra. En tal virtud, de acuerdo a los artículos antes trascritos, la materia del juicio que se promueve, es de amparo directo, y en atención a ello, este Juzgado de Distrito declara su legal incompetencia para seguir conociendo del presente asunto, y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se estima que quien debe conocer de la demanda es el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, capital. En consecuencia, remanse los presentes autos, así como los anexos de la misma, consistentes en: - Ocho de la demanda inicial; - Tres legajos de copias simples; - Dos de copias certificadas; y, - Cuatro constancias de actividades y buena conducta, las que fueron exhibidas por la parte quejosa con su escrito de demanda. Para los efectos legales a que haya lugar y que tenga a bien determinar. Solicítese comedidamente el acuse de recibo correspondiente, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. C) Transparencia. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. D) Domicilio y autorizados. Por otra parte, toda vez que el impetrante señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad "los estrado de este tribunal", con sustento en lo dispuesto por el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que pueda proporcionar domicilio para tal efecto. Asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita cédula profesional federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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