Manuel Loeza Acosta
Expediente 27/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Manuel Loeza Acosta
- MANUEL LOEZA ACOSTA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, al que se adjunta el testimonio de la resolución pronunciada el ocho de febrero de dos mil veintitrés en el conflicto competencial 11/2023, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- Existe el conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de León, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo indirecto que dio origen a este conflicto competencial. (.)". Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 20, inciso j) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se trata de un cuaderno auxiliar formado con motivo de la incompetencia planteada; mientras acontece lo anterior, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado.
- Principal
Téngase por recibido el oficio del actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, en el que obra inserto el auto dictado el treinta de enero actual, de donde se advierte que el presidente de dicho órgano colegiado admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guanajuato y este órgano jurisdiccional, el cual fue registrado bajo el número 11/2023 de la estadística del citado tribunal colegiado.
- Principal
Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio que suscribe la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en León, con el que informa que al considerar que este juzgado Octavo de Distrito es el competente para conocer del juicio de amparo promovido por Manuel Loeza Acosta, remitió el expediente de que se trata (juicio de amparo 580/2021 de su estadística) al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito en turno, para la sustanciación del conflicto competencial planteado.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en León, al que acompaña el expediente original del juicio de amparo 580/2021 y dos tomos de pruebas, formados con motivo de la demanda de amparo promovida por *********, por conducto de su apoderado legal **********, en contra de actos de los presidentes de las Juntas Especiales números 1, 2 y 3 de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de León, Guanajuato. Lo anterior, en atención a que dicho juzgado federal, por resolución de trece de enero pasado, declinó la competencia para conocer de la demanda de mérito en favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad, de la cual correspondió conocer a este órgano jurisdiccional; ello, bajo el argumento de que el juicio de origen se sigue en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, y lo reclamado tuvo ejecución en esta ciudad, esto es, fuera de la jurisdicción del juzgado declinante. Fórmese el expediente físico y electrónico, así mismo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 27/2023-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, este Juzgado de Distrito respetuosamente no acepta la competencia planteada por las siguientes consideraciones. En principio, es necesario señalar que el juzgado declinante precisó que el acto reclamado consiste en la diligencia de requerimiento de pago y embargo practicada en el domicilio ubicado en **********, Guanajuato, dentro del juicio laboral número ************ del índice de la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en la que se llevó a cabo la desposesión de diversos bienes muebles de los cuales el quejoso aduce ser propietario. Sin embargo, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que combate diversas actuaciones (....) De igual forma, en el ocurso de mérito, en el apartado de actos reclamados, el peticionario combate lo siguiente: (...) Asimismo, alega que se violentaron diversos derechos fundamentales, entre ellos, "DE LA PERSONA PARA DEFENDERSE EN JUICIO LIBREMENTE", "MI DERECHO DE SER OÍDO Y VENCIDO EN JUICIO". Bajo ese contexto, se advierte que si bien de forma destacada combate en esta sede constitucional el embargo practicado o llevado a cabo en esta ciudad; también lo es que se inconforma con diversas actuaciones, tales como el hecho de que no ha sido oído y vencido en juicio, así como los actos de molestia que ocurrieron en su domicilio, el cual se ubica en ************. En tal virtud, se desprende que, en el juicio de amparo indirecto de mérito, se reclama una pluralidad de actos, unos con ejecución material en las ciudades de León y Celaya, ambas del estado de Guanajuato, así como otros que carecen de ejecución. Ahora, debe indicarse que dentro de la normativa jurídica que rige el juicio de amparo, la competencia para conocer de un asunto implica reconocer en éste la nota distintiva en el acto que se reclama, es decir, si amerita o no ejecución material, así como distinguir los supuestos en que ésta se encuentre. Al respecto, el numeral 37 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: (....) Como se observa, dicho precepto legal revela las reglas para fijar la competencia de los Juzgados de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Será competente la persona juzgadora del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente la persona juzgadora ante quien se haya presentado la demanda de amparo. Lo anterior permite establecer, que la competencia de los jueces federales para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado de acuerdo con las premisas antes señaladas, por lo que es importante distinguir la procedencia de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que esto ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Es decir, la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que el juicio de amparo en contra de los actos de autoridad referidos en ese precepto se promoverá ante el Juzgado de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución del acto reclamado serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer el juicio de amparo accesible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no solo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la precisión referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37, de la Ley de Amparo. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 13/2012, sostuvo que cuando en un juicio se reclaman pluralidad de actos, esto es, actos que impliquen una ejecución material y actos que no -como en el caso- son competentes tanto el juez de Distrito con jurisdicción en donde se ejecute el acto, como el juez de Distrito con jurisdicción en donde se presentó la demanda cuando el acto no tiene ejecución material; sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál juzgador debe avocarse a su conocimiento, la competencia se surte a favor del juez que previno. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2003502, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XX, mayo de 2013, tomo 1, página 293, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." Es importante precisar que si bien el mencionado criterio interpreta la Ley de Amparo abrogada, y el tema resuelto en él, es sobre la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un distrito distinto al en que se lleva el proceso, y todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil, también lo es que en la especie sirve de referencia para dilucidar qué juzgador resulta legalmente competente por razón de territorio para conocer de una misma demanda de amparo, por actualizarse una regla de competencia a favor de uno de ellos que obedece a la ejecución material de uno de los actos reclamados, y al mismo tiempo actualizarse otra regla de competencia a favor del otro juzgador que a su vez atiende a los actos que no requieren ejecución material. Por tanto, ante la falta de regulación expresa para el caso, conforme a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en atención al principio pro persona reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia, al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia consagrado en el diverso numeral 17 constitucional, estima que esta juzgadora no debe conocer de la demanda de amparo, pues la competencia se finca en favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Lo anterior se estima así, porque en atención al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado su demanda de amparo ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgado federal resulta ser el de más fácil acceso material para el quejoso, dado que el promovente opto´ por acudir ante esa jurisdicción y no al del otro territorio relacionado, por tanto, en la especie debe prevalecer la regla de competencia aplicable para los actos que no requieren de ejecución material, es decir, la que establece que será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es orientadora al respecto, la tesis aislada I.16o.A.9 K (10a.) emitida por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro digital 2010698. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, esta juzgadora federal no acepta la competencia planteada y se ordena devolver la demanda de amparo al Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en León, para los efectos legales a que haya lugar. Se solicita atentamente el acuse de recibo y tenga a bien informar el pronunciamiento que recaiga al presente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y en el sistema correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
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