Manuel Gómez González

Expediente 569/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
569/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Manuel Gómez González

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Causa estado Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós, donde se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, no fue recurrido dentro del plazo de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo Al no existir diligencias pendientes que realizar dentro del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido. ...

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de agosto de dos mil veintidós. Demanda de amparo e identificación de partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 3, 4, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 569/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Desechamiento Del análisis de la demanda presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que carece de la firma electrónica del promovente Manuel Gómez González, lo que trae como consecuencia que se deba desechar de plano. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De la lectura del último precepto se advierte que la promoción del juicio de amparo es un acto personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directamente interesado, salvo en los casos de excepción, cuando se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. En correlación con lo anterior, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada", consagrado por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Principio que reproduce el diverso artículo 6º de la propia Ley de Amparo, al señalar que el juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, principio que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los que expresamente lo permita la propia ley. En tal sentido, la persona física dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma; formalidad indispensable tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales, y cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. Asimismo, el artículo 3 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. De ahí que, la firma electrónica es un requisito esencial necesario de los procedimientos presentados en línea para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. En el caso que nos ocupa, de la simple observación del escrito que se provee, se advierte que no obra la firma electrónica del promovente ****; por lo que, al carecer de ella dicho ocurso no tiene ningún valor. En consecuencia, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 108, ambos de la Ley de Amparo, tampoco puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso o su ratificación, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se trata de una omisión de los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. No se soslaya que, el quejoso señaló como actos reclamados los consistentes en: los malos tratos, intimidación y tortura psicológica, los cueles encuadran dentro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Ello, refiriendo que tales actos se ejecutan en su contra para hacerlo aceptar el cambio de adscripción de la ciudad de San Luis Potosí a la Ciudad de México. Sin embargo, de los antecedentes que narra de los actos de los que se duele, no se desprenden los aludidos actos, pues al efecto se expresa que el veintiocho de julio de dos mil veintidós, el Agente de la Guardia Nacional José Aurelio Hernández Llanos, Titular de la Dirección de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Coordinación de Secciones de Seguridad a Vías de Comunicación y Aeropuerto y Estación Ciudad Valles, le hizo de su conocimiento mediante oficio GN/UOEC/DGSCI/9929/2022, que por indicaciones del comandante de la Guardia Nacional, sería cambiado de adscripción, para continuar sus labores. Puntualizando, que él labora en la ciudad de San Luis Potosí y que será cambiado a la Ciudad de México. Es decir, no narra que cuando se le comunicó el oficio a que alude, le hayan propiciado malos tratos, lo hayan intimidado y torturado psicológicamente, por lo que no ha lugar a efectuar pronunciamiento al respecto. Máxime que, en el capítulo correspondiente solicita la suspensión provisional de los actos de los que se duele, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no sea cambiado de adscripción, sin hacer referencia a los actos prohibidos de mérito. Aunado a lo anterior, el promovente refiere que desempeña sus labores en la Ciudad de San Luis Potosí, y que el acto reclamado se ejecutará en aquella demarcación territorial, y no refiere el motivo por el cual presente su demanda en esta ciudad y no en aquella, por lo que tampoco es dable efectuar pronunciamiento al respecto. Acceso al expediente electrónico Toda vez que el promovente solicita acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparoy proporciona como nombre de usuario "gmartinezdlf", el cual se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza la consulta electrónica del presente expediente, mediante ese usuario. Asimismo, hágase del conocimiento del promovente, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del sub-vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Notificación electrónica El quejoso señaló en su ocurso constitucional que las notificaciones le fueran practicadas vía electrónica. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que se realicen en el presente asunto, aún aquellas que sean de carácter personal, realícense por vía electrónica por así haberse solicitado. En la inteligencia que se tendrán por realizadas una vez que el promovente haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, y se consulte el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Notifíquese personalmente al promovente del amparo.

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