Manuel Azua Camacho por conducto de su apoderado
Expediente 66/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Manuel Azua Camacho por conducto de su apoderado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este órgano jurisdiccional se abstenga de realizar el computo a que se alude en la certificación de cuenta a la parte tercero interesada y a la autoridad responsable, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia; ello, en virtud de que en el presente sumario constitucional se determinó sobreseer fuera de audiencia; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable por identidad de razón la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 10 de Agosto de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció." Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, así como el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes -SISE- y en el libro de gobierno que concierne. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Cenobio Guerrero Mata, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la tercera interesada **************, mediante proveído de dieciséis de marzo del año en curso, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el proveído en cita y se ordena realizarle las notificaciones, aún las de carácter personal a través de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que obre en autos la constancia de notificación relativa al tercero interesado **********; en obvio de dilaciones procesales túrnese el presente expediente al Actuario adscrito a este Juzgado para que realice la notificación correspondiente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese; y cúmplase Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe. ------ Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad; por medio del cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones relativas al expediente laboral 3271/2014/JE1-3 de su índice, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de recibirlas en el momento procesal oportuno. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso*********es: -La omisión de proveer el escrito de fecha uno de diciembre de dos mil veinte, presentado el dos siguiente, por el cual se solicita se dicte auto de ejecución en el expediente laboral 3271/2014/1-3, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo en relación con el 63, fracción V, de la citada legislación, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Como se advierte, los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales de la parte quejosa, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del peticionario de amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país, que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Las consideraciones expuestas tienen como sustento en la ejecutoria que originó la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, página 38, correspondiente a Junio de 1999, con número de registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto, adquieren relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b) que antecede, puesto que de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, se advierte el proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente laboral 03271/2014/JE1-3 del índice de la Junta responsable; en el cual, el cual, el Presidente de la Junta responsable proveyó lo relativo a la petición formulada en el escrito fechado el uno y presentado el dos, ambos de diciembre de dos mil veinte; asimismo, se advierte la constancia de notificación personal practicada al promovente el tres de marzo del año en curso, relativa al acuerdo de veintiocho de enero del presente año; constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Así, es evidente que la responsable constituyó una situación jurídica que destruyó el acto que originó la promoción de la demanda de amparo, en la que se reclamó la afectación de los derechos fundamentales del requirente de amparo, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la citada particular. Esto es así, pues se le ha restituido su derecho de petición, de cuya transgresión se dolía la parte quejosa. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que la Junta responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de amparo, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle al demandante de amparo, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. Sentado lo anterior, es inconcuso establecer que no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley en comento, deviene incontrovertible que este juicio de amparo debe sobreseerse fuera de audiencia con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Es aplicable al respecto la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 184572, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo asentado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para celebrarse a las catorce horas con cincuenta minutos del veinte de abril de dos mil veintiuno. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, remitido vía electrónica por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 31/2021 número de orden 68/2021 del índice de este juzgado federal, el cual fue enviado para el efecto de que se emplazara al presente juicio a la moral tercera interesada "GSI" Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable. En consecuencia, dese de baja, háganse las anotaciones en el libro de comunicaciones oficiales enviadas por este juzgado federal, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin que sea necesario acusar recibo de estilo en virtud de que dicho sistema lo genera automáticamente. Sin que haya lugar a acordar lo concerniente en cuanto al término para que la moral tercera interesada señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, toda vez que el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad; por medio del cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones relativas al expediente laboral 3271/2014/JE1-3 de su índice, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de recibirlas en el momento procesal oportuno. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso*********es: -La omisión de proveer el escrito de fecha uno de diciembre de dos mil veinte, presentado el dos siguiente, por el cual se solicita se dicte auto de ejecución en el expediente laboral 3271/2014/1-3, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo en relación con el 63, fracción V, de la citada legislación, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Como se advierte, los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales de la parte quejosa, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del peticionario de amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país, que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Las consideraciones expuestas tienen como sustento en la ejecutoria que originó la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, página 38, correspondiente a Junio de 1999, con número de registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto, adquieren relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b) que antecede, puesto que de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, se advierte el proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente laboral 03271/2014/JE1-3 del índice de la Junta responsable; en el cual, el cual, el Presidente de la Junta responsable proveyó lo relativo a la petición formulada en el escrito fechado el uno y presentado el dos, ambos de diciembre de dos mil veinte; asimismo, se advierte la constancia de notificación personal practicada al promovente el tres de marzo del año en curso, relativa al acuerdo de veintiocho de enero del presente año; constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Así, es evidente que la responsable constituyó una situación jurídica que destruyó el acto que originó la promoción de la demanda de amparo, en la que se reclamó la afectación de los derechos fundamentales del requirente de amparo, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la citada particular. Esto es así, pues se le ha restituido su derecho de petición, de cuya transgresión se dolía la parte quejosa. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que la Junta responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de amparo, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle al demandante de amparo, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. Sentado lo anterior, es inconcuso establecer que no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley en comento, deviene incontrovertible que este juicio de amparo debe sobreseerse fuera de audiencia con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Es aplicable al respecto la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 184572, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo asentado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para celebrarse a las catorce horas con cincuenta minutos del veinte de abril de dos mil veintiuno. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
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