Manuel Gomez González
Expediente 579/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Manuel Gomez González
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos...el documento que exhibió será destruido.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Causa estado Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, donde se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, no fue recurrido dentro del plazo de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo Al no existir diligencias pendientes que realizar dentro del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido. ... Devolución de documento Ahora, toda vez que existe documento original exhibido en el juicio de amparo, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días hábiles, a recoger el documento que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo será destruido con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En el entendido de que a efecto de que se le haga entrega de dicho documento, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se otorgará un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en horario laboral, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso al recinto, de conformidad con el artículo 7 del acuerdo general en cita. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Demanda de amparo e identificación de partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con residencia en ciudad de México y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 3, 4, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 579/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Precisión del acto reclamado Del estudio integral que se efectúa a la demanda se colige que la parte quejosa reclama la orden y contenido del oficio GN/UOEC/DGSCI/9929/2022 de veinticinco de julio de dos mil veintidós, notificado el veintiocho siguiente, mediante el cual se le hizo de su conocimiento que con fecha uno de agosto de dos mil veintidós, cambiaría de adscripción a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional denominada Dirección General de Servicios Especiales, en la Ciudad de México. Causa de improcedencia La suscrita estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el propio artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en cita no es limitativo sino enunciativo. Asimismo, el artículo 5, fracción II de la referida legislación establece: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; [...]" De acuerdo al contenido del invocado artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquélla que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, es decir, actúa como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Al efecto cabe invocar la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39 del Tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2001, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Es decir, si el acto desplegado por la autoridad como órgano de gobierno del estado, es unilateral, porque no requiere la aprobación del gobernado, imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad, y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley, se dice que la relación entre el estado y su súbdito es de supra a subordinación; puesto que la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana, entre el estado como persona jurídico política a través de sus órganos de autoridad, y el gobernado, y porque aquél, desempeña frente a éste la autoridad soberana o de gobierno que le fue encomendada. En cambio, cuando la relación surge entre dos o más sujetos físicos o jurídicos dentro de su condición de gobernados, jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación, la cual puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado, o socioeconómica, regulada al cobijo del derecho social. Caso concreto En el caso, el quejoso reclama la orden y contenido del oficio GN/UOEC/DGSCI/9929/2022 de veinticinco de julio de dos mil veintidós, notificado el veintiocho siguiente, mediante el cual se le hizo de su conocimiento que con fecha uno de agosto de dos mil veintidós, cambiaría de adscripción a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional denominada Dirección General de Servicios Especiales, en la Ciudad de México De la demanda se advierte que el justiciable tiene el cargo de Segundo Subinspector, adscrito a la Guardia Nacional y que prestaba sus servicios en esta ciudad, sin embargo, fue informado por el Agente de la Guardia Nacional José Aurelio Hérnandez Llanos, Titular de la Dirección de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Coordinación de Secciones de Seguridad a Vías de Comunicación y Aeropuerto Estación Ciudad Valles, que por indicaciones del Comandante, sería cambiado de adscripción para continuar sus labores en la Guardia Nacional. Ahora, con base en la calidad de elemento de la Guardia Nacional que ostenta el quejoso, conviene puntualizar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, primer párrafo, establece una exclusión respecto de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores. Dicho dispositivo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. [.] B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: [.] XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes." Bajo ese contexto, es posible afirmar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, excluye, entre otros, a los miembros de los cuerpos de seguridad pública y policías de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores; dado que el nombramiento de cargos públicos, como en la Guardia Nacional, no representa una relación laboral, en virtud de que sus investiduras no se concretan mediante un acto unilateral emitido por la persona facultada para hacer la designación, pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo público a un administrado sin su aceptación, ni tampoco se trata de un contrato porque el nombramiento no origina situaciones jurídicas individuales; sino que, conforme a la constitución federal, tal elemento policiaco tendrá el carácter de agente depositario de autoridad y su relación con la administración pública será de carácter administrativo, la cual se regirá por sus propias leyes, las cuales en el caso son de índole administrativo y no laboral. En consecuencia, se trata de un acto diverso al propiamente administrativo en cuya formación concurren las voluntades del Estado y del particular que acepta el nombramiento, cuyos efectos no son fijar derechos y obligaciones recíprocas, sino condicionar la existencia del nombramiento del que deriva el cargo a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los derechos y obligaciones que les corresponden, por lo que los nombramientos de los agentes policiales, jurídicamente no pueden considerarse contratos de trabajo conforme a la disposición constitucional referida, que excluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública y policías de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores. Por ende, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho se conoce como de supra a subordinación a que ya se hizo mención. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública, esto es, como una consecuencia inherente a la naturaleza de su encargo, lo que en este asunto no sucede. De lo anterior, se entiende que los elementos operativos de seguridad pública -policías- tienen a su vez el carácter de agentes depositarios de autoridad y su relación con la administración pública es nominalmente de carácter administrativo, no laboral, y se rige por lo establecido en los ordenamientos legales aplicables, ante los tribunales administrativos. En conclusión, con independencia de que los actos reclamados pudiesen resultar legales o ilegales, es claro que los mismos no emergen de una relación administrativa de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación administrativa derivada de la prestación de servicios personales para el Estado caracterizada por la calidad específica del referido prestador de servicios -como lo puede ser un oficial de la Guardia Nacional-; por lo que es evidente que los actos reclamados a quienes les atribuye el carácter de autoridades responsables, en realidad no actúan como tal, por lo que los referidos actos no pueden ser materia de una acción de índole constitucional, en interpretación, en sentido contrario, del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sino en todo caso mediante el ejercicio de una acción administrativa ordinaria, donde el promovente estará en aptitud de hacer valer lo que a su interés convenga en relación con los derechos que dice derivan a su favor con motivo del evento que tuvo en el desempeño de su empleo. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada puesto que el acto que se atribuye a la responsable no deriva propiamente de una actuación del ente público como gobernante, en relación con el quejoso como gobernado, sino del vínculo habido entre autoridades dependientes del Estado, en donde un miembro de éste -Guardia Nacional-, en una relación que ya se ha explicado es de naturaleza administrativa; ello, bajo ese esquema de coordinación que no es competencia de la jurisdicción constitucional mediante el juicio de amparo, sino de la ordinaria en materia administrativa, como también ya se ha explicado. Conclusión En virtud de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5 fracción II de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la citada ley, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. No se soslaya que el quejoso señaló como actos reclamados los consistentes en: malos tratos, intimidación y tortura psicológica, de los cuales aduce está siendo objeto, los que encuadran dentro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Ello, refiriendo que tales actos se ejecutan en su contra para hacerlo aceptar el cambio de adscripción de Ciudad Valles, San Luis Potosí a la Ciudad de México. Sin embargo, de los antecedentes que narra de los actos de los que se duele, no se desprenden los aludidos actos, pues al efecto se expresa que el veintiocho de julio de dos mil veintidós, el Agente de la Guardia Nacional José Aurelio Hernández Llanos, Titular de la Dirección de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Coordinación de Secciones de Seguridad a Vías de Comunicación y Aeropuerto y Estación Ciudad Valles, le hizo de su conocimiento mediante oficio GN/UOEC/DGSCI/9929/2022, que por indicaciones del comandante de la Guardia Nacional, sería cambiado de adscripción, para continuar sus labores dentro de la misma. Puntualizando que él labora en Ciudad Valles, San Luis Potosí y que será cambiado a la Ciudad de México. Es decir, no narra que cuando se le comunicó el oficio a que alude, le hayan propiciado malos tratos, lo hayan intimidado y torturado psicológicamente, tampoco que posterioridad a esa comunicación le hayan efectuado algún acto de ellos. Máxime que los actos reclamados que se destacan por el quejoso, como violatorios del artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, conforme a su pronunciamiento únicamente pueden considerarse como una apreciación que sobre el cambio de adscripción tiene el mismo, pues no aporta dato alguno de la forma en que esos actos le son propiciados o quiénes son los que los propician, por lo que no ha lugar a realizar pronunciamiento al respecto. Acceso al expediente electrónico Toda vez que el promovente solicita acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo y proporciona como nombre de usuario "gmartinezdlf", el cual se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza la consulta electrónica del presente expediente, mediante ese usuario. Notificación electrónica El quejoso señaló en su ocurso constitucional que las notificaciones le fueran practicadas vía electrónica. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que se realicen en el presente asunto, aún aquellas que sean de carácter personal, realícense por vía electrónica por así haberse solicitado. En la inteligencia que se tendrán por realizadas una vez que el promovente haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, y se consulte el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Notifíquese personalmente al promovente.
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