Manuel Izaguirre García

Expediente 622/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
622/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Manuel Izaguirre García

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de diciembre de dos mil veintidós. Se recibe testimonio Se recibe el oficio y anexo de cuenta, proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria que dictó en el recurso de queja 586/2022 de su índice, en cuyo punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja a que este toca se refiere." En tales condiciones, acúsese recibo mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; háganse las anotaciones correspondientes en el sistema en comento. Asimismo, como lo solicita la superioridad, notifíquese personalmente a los quejosos la ejecutoria de que se trata. Archivo Al no existir trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el juicio como asunto totalmente concluido. Relevancia Este asunto NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del acuerdo en cita, el expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de octubre de dos mil veintidós. Se recibe acuse Se recibe el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, por medio del cual acusa recibo del oficio con el que se rindió informe materia de la queja y se remitieron las constancias digitalizadas del juicio de amparo 622/2022. Asimismo, se toma conocimiento de que dicho recurso fue admitido y se registró con la queja 586/2022. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Se recibe escrito Agréguese sin mayor proveído el escrito firmado electrónicamente por Luis Ángel Contreras Malibrán, ello, en atención a que carece de personalidad en el juicio de amparo en que se actúa. No es óbice a lo anterior, que del escrito de cuenta se advierte que es promovido por ...autorizado de los quejosos; sin embargo, se advierte que de la evidencia criptográfica de éste corresponde a Luis Ángel Contreras Malibrán, quien como se indicó no tiene personalidad en el juicio. Recurso de queja Por otro lado, se tienen por recibidos los escritos con registros 10496 y 10535, firmados por los quejosos *** con los cuales interponen recurso de queja en contra del proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se soslaye que los escritos de cuenta son de idéntico contenido, con la salvedad de que el primero de los referidos se presentó sin anexos, como se advierte de la certificación de cuenta. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos de la Ley de Amparo, y en atención al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase informe sobre la materia de la queja que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto reclamado, y atento a lo establecido en el artículo 39 del Acuerdo General 1/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase vía electrónica el expediente, además de los escritos mediante los cuales interponen recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, para la tramitación del medio de impugnación. En ese sentido, habilítese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE- al órgano colegiado en cita, a efecto de que se imponga de las constancias del expediente. Asimismo, resulta innecesario requerir al promovente para que dentro del plazo de tres días señale las constancias que en copia certificada deberá remitirse al superior de instancia a fin de que resuelva el recurso que se hace valer conforme lo dispone el artículo 101 de la Ley de Amparo; ello, en virtud de que solicitan sean remitidas la totalidad de las constancias que integran este expediente. Atento a lo anterior, en el caso se estima innecesario formar un cuaderno de antecedentes, ello sin perjuicio de que en caso de que el órgano destinatario, estime necesario para resolver las constancias físicas, se proveerá lo conducente.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Demanda de amparo e identificación de las partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto que reclaman del Agente Fiscal adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Violencia Familiar, que consideran violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 622/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Desechamiento Del análisis de la demanda presentada en el buzón judicial, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional, toda vez que el acto que reclaman consistente en que la autoridad responsable ha sido omisa en permitirles declarar dentro de la carpeta de investigación 2611/2022, para el efecto de imponerse de la misma, ofrecer pruebas y nombrar un defensor, con lo que indican se les niega el derecho de defensa. En efecto, el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [...]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" En términos de los numerales en comento, el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no causan un agravio real, actual, directo o indirecto en la esfera de derechos del particular y en contra de normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de la vigencia. Dicho principio, también se encuentra consagrado en la fracción I del artículo 107 constitucional, pues fue incorporado al texto constitucional como parte integrante del articulado de la ley suprema, tornándose intangible por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarse, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para el juicio de amparo. En ese sentido, respecto al concepto de "agravio personal y directo" para la procedencia del juicio de amparo, se ha establecido que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. De ahí que, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, que aduzca ser titular de un derecho o contar con un interés legítimo individual o colectivo y que éste se acredite. Por tanto, debe precisarse que, en el juicio de amparo, son aceptables dos tipos de interés: a) el jurídico; y, b) el legítimo. El interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos fundamentales de que es titular; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad en forma directa. De manera que, para acreditarlo en el juicio, la parte promovente debe, indefectiblemente, probar los siguientes extremos: ( La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. ( El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Por ello, se ha determinado que para acreditarse en juicio, se debe probar lo siguiente: ( Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; ( El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, ( El promovente pertenezca a esa colectividad. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, página 1854, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Asimismo la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 60, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". En suma, para que el juicio de amparo sea procedente, basta que los actos que se reclamen revistan las siguientes características, en relación con el interés del quejoso: a. Que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular o de alguno de los derechos difusos protegidos por las normas. b. Que ese agravio repercuta en la esfera de derechos del quejoso de forma directa o indirecta, ya sea por ser el destinatario del acto o por su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, ambas figuras (interés jurídico e interés legítimo) están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, ya que en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas esta Juzgadora Federal tiene la obligación, en función del caso concreto, de determinar si se está en presencia de un supuesto donde se deba analizar el interés jurídico o el legítimo; para ello, se debe atender a la condición legal de la parte quejosa frente al acto calificado de transgresor de derechos, para precisar cuál es la pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda de manera integral, dado que determina cuál interés se busca proteger. Sirve de sustento la tesis III.4o.(III Región) 17 K (10a.), emitida por Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, enero de 2014, Tomo IV, página 3074, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio." Así, los quejosos reclaman que la autoridad responsable ha sido omisa en permitirles declarar, y con ello acceder a la carpeta de investigación, a efecto de ofrecer pruebas, imponerse de la misma y designar un defensor, con lo que señalan se vulnera el derecho de defensa; sin embargo, debe atenderse a la regla de acreditación del interés jurídico. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el reconocimiento a las personas imputadas del derecho de poder acceder a la carpeta de investigación, esto con la finalidad de que puedan preparar de mejor forma su defensa. Derecho que tiene sustento en los artículos 20, apartado B, fracciones VI y VII, de la Constitución Federal, 113, fracción VIII y el 117, fracción IV de Código Nacional de Procedimientos Penales. Igualmente, la importancia toral que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial debe prevalecer, por lo que el Ministerio Público tiene la facultad de guardar en secrecía los registros de la carpeta de investigación a toda persona, esto con la finalidad de que no se ponga en riesgo el éxito de las indagatorias. Bajo esas circunstancias, precisó que con el fin de hacer funcional al sistema, la carpeta de investigación debe conservarse en reserva hasta en tanto el Ministerio Público no ejecute un acto de molestia concreto en contra de una persona. Dichos actos de molestia pueden ser: a) La detención; b) La citación a comparecer en carácter de imputado; c) Cualquier acto de molestia equivalente encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. En el caso de que se actualice alguno de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener los registros de la carpeta de investigación. Por lo que, en la especie, los quejosos concurren al amparo a reclamar la omisión de permitirles declarar en la carpeta de investigación, pero de lo narrado en su escrito, se advierte que no han sido detenidos, llamados a comparecer o cualquier otro acto equivalente de autoridad que les genere molestia, y únicamente pretenden basar su acción en una referencia de temor o sospecha de ser investigados, entonces, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo indirecto; ello, se reitera, de conformidad con los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior, se justifica en el hecho de que la promoción del amparo se basa a partir de un interés simple, pues no existe en este momento un derecho subjetivo a favor de los quejosos. Razones que se sustentan en la Contradicción de Criterios 2/2022, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de uno de junio de dos mil veintidós, por mayoría de cuatro votos; precedente que en términos del artículo 223 de la Ley de Amparo resulta obligatorio. En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Manuel Izaguirre García y Manuel Bernabé Izaguirre Turrubiates. Autorizados Se tiene a ****autorizado de los quejosos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Registro Nacional de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, se tiene a Bianca Erika Hernández Torres, Maricela Cantú Sánchez y Miguel Ángel Pérez Sánchez, únicamente para imponerse de autos por así haberlo solicitado expresamente los quejosos. Acceso al expediente electrónico De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta electrónica del expediente, con el usuario "LuisContrerasMalibran". Asimismo, hágase del conocimiento a la parte promovente, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Notificación electrónica Asimismo, los promoventes solicitan en su escrito de demanda la práctica de notificaciones vía electrónica. En tales condiciones, en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que los solicitantes de la protección de la justicia federal, manifestaron expresamente su pretensión para recibir las notificaciones de manera electrónica. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que de carácter personal deriven para la parte quejosa, realícense por vía electrónica por así haberse solicitado expresamente. En la inteligencia que se tendrán por realizadas una vez que la parte promovente haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, y se consulte el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirán sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Sin que se soslaye que los quejosos señalaron diverso domicilio en esta ciudad, a efecto de oír y recibir notificaciones; sin embargo, a efecto de privilegiar el uso de herramientas electrónicas como alternativa eficaz para una administración de justicia más ágil, pronta y expedita, las notificaciones deberán realizarse en los términos precisados en los párrafos que anteceden, aunado a que así fue solicitado expresamente por ellos. Correo electrónico Por otra parte, se toma conocimiento del correo electrónico que señalan los quejosos, el cual, de resultar necesario podrá ser tomado en consideración para entablar comunicación con el mismo, ello en atención a lo establecido en el numeral 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Reproducción electrónica Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren este juicio, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que a efecto de que se haga la entrega de las copias que lleguen a solicitar las partes o la obtención de imágenes por medios electrónicos de las constancias existentes en el expediente, éstas deberán generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se otorgará un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en el horario de trabajo presencial asignado a este juzgado-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso de conformidad con el artículo 7 del acuerdo general en cita. Protección de datos personales Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación al actuario En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique los subsecuentes proveídos aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Exhortación para utilizar el "juicio en línea" En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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