Manuel García Pinedo

Expediente 502/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
502/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
21/08/2017

Partes del expediente

  • Manuel García Pinedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del siete al dieciocho de agoto de dos mil diecisiete, sin contar los días doce y trece del mes y año en curso, por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada por este Juzgado, el veintiocho de julio del año que transcurre, dentro del juicio de amparo número 502/2017; Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; No se tramitó incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa y, por tanto, la parte quejosa no exhibió billete de depósito. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TERCERO INTERESADA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. AJC.

  2. Principal

    El uno de agosto de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, CERTIFICO: que el término de tres días que se concedió a la tercero interesada María Guadalupe Adriana Miranda, por auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete (fojas 739-741), para que señalara domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, transcurrió del uno al cinco de junio del mismo año, sin que lo haya hecho. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado Juan García Trejo da cuenta al secretario encargado del despacho del juzgado con la certificación y la razón actuarial que anteceden. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la razón asentada el treinta y uno de julio del año en curso, por el actuario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que no le fue posible notificar a la tercero interesada María Guadalupe Adriana Miranda, la resolución de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, dictada por este órgano jurisdiccional, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; no obstante de haber sido emplazada al presente juicio de amparo; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento señalado en proveído de veinticuatro de mayo del presente año y se ordena notificarle la citada sentencia, así como las subsecuentes de carácter de personal, por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso b) y artículo 29, de la Ley de Amparo. Notifíquese por medio de lista. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. AleM.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 28 DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b)DE LA LEY DE AMPARO:"V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 502/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Manuel García Pinedo, por propio derecho, solicitó la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se describen a continuación: Autoridades responsables: En cuanto ordenadoras Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial Zacatecas. En cuanto ejecutoras Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado Zacatecas. Coordinadora Aprehensiones de la Procuraduría de Justicia del Estado Zacatecas. Actos reclamados. La orden de aprehensión dictada en su contra. La ejecución de ésta. Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos fundamentales conferidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que por auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis (fojas 7 y 8), se admitió a trámite con el número 220/2016; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. En atención a los datos arrojados en los informes rendidos por las autoridades responsables y constancias de autos, en auto de tres de mayo del año en curso, se ordenó la separación de los juicios respecto de la causas 26/2015, 150/2016, 49/2016, 57/2014, 440/2015, 112/2016, 430/2014, 158/2015, 130/2015, 242/2015 y 26/2015, por lo que el presente juicio de amparo únicamente se resolverá respecto de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 101/2016; se ordenó turnar la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado para que la demanda fuera remitida al Juzgado de Distrito en turno. CUARTO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, la admitió a trámite con el expediente 502/2017; sin solicitarse el informe justificado a las autoridades responsables por ya obran en autos; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se dio la intervención que legalmente compete a la Representación Social Federal; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial en materia penal que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de garantías, consisten en: La orden de aprehensión de catorce de marzo de dos mil dieciséis, emitida contra Manuel García Pinedo, en la causa penal 101/2016, seguida por el delito de fraude específico en agravio de María Guadalupe Adriana Miranda. La ejecución de dicha orden. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral (foja 47), Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones Internacionales de la Procuraduría General de Justicia (foja 765 a 766) y Director General de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia (fojas 769 a 770), todos del Estado de Zacatecas, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las constancias remitidas por la responsable consistentes en la resolución de orden de aprensión dictada en la causa penal 101/2016, y dos discos compactos que contienen cada uno la videograbación de la audiencia privada de catorce de marzo de dos mil dieciséis, relativa a la audiencia de solicitud de orden de aprehensión; documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También tiene aplicación la jurisprudencia 43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 703, libro XXIII, agosto de 2013 tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Estudio de fondo. Al no advertirse una causa de improcedencia que hagan valer las partes, o que la suscrita advierta de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación son infundados, aun suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En éstos, el quejoso refiere que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se le pretende privar de su libertad, sin que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento, como son habérselo hecho de su conocimiento con oportunidad para su defensa. No asiste razón en lo manifestado conforme a lo siguiente: El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El artículo 16 de la carta magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar de manera escrita todos los actos de molestia que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Del análisis de dicho precepto se distinguen dos tipos de actos, que son: a) actos de molestia, son los que restringen de manera provisional o preventiva un derecho, y b) actos privativos, son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. Los actos privativos tienen como presupuesto para su emisión la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado (garantía de audiencia y debido proceso). Los actos de molestia resultan legales siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. De manera que respecto de éstos no rige la garantía de audiencia, dado que no tienen efectos privativos, sino provisionales. Por tanto, todo acto de molestia debe estar contenido en un mandato escrito de la autoridad competente en donde se funde y motive la causa legal de su objeto. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, página cinco, que dispone: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". La orden de aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye. Así lo considero la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la tesis 1a. CC/2012 (10a.), publicada en la página 1206, del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2001985, de rubro y texto: "ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales." Por tanto, la orden de aprehensión constituye una forma de integrar al imputado al proceso. Así, la afectación al derecho de libertad involucrado es provisional, hasta en tanto se decida sobre la situación jurídica del reo en relación con los hechos imputados. En consecuencia, una orden de aprehensión constituye un acto de molestia, dado que no priva de manera definitiva de la libertad al inculpado. Lo que se corrobora con el contenido del tercer párrafo del artículo 16 constitucional, que establece: "Artículo 16. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Del precepto anterior destaca que la audiencia del inculpado no constituye un requisito previo a la emisión de una orden de aprehensión. De ahí que, contrario a lo alegado, no es requisito para el dictado de la orden de aprehensión que se otorgue al inculpado audiencia previa, pues si bien, por regla general, todo gobernado frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 14 constitucional, goza del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo; las órdenes de aprehensión constituyen actos de molestia respecto de los que no rige la garantía pretendida. Dicha salvedad, se reitera, deriva del mismo artículo 16 constitucional, al establecer los requisitos para proceder al libramiento de la orden de aprehensión, entre los que no se encuentra que previamente se oiga al presunto indiciado en defensa. Tiene aplicación al respecto la tesis IX.1o.33, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1824, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Novena Época, del siguiente contenido literal: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." Luego, lo reclamado en ese sentido resulta infundado, pues en el juicio natural no era necesario que fuera llamado al procedimiento con anterioridad a la emisión de la orden reclamada. Ahora bien, como se refirió, aun en suplencia de la deficiencia de la queja, no se advierte que el acto reclamado sea violatorio de los derechos fundamentales del amparista, conforme a lo siguiente: Se reitera, el tercer párrafo del artículo 16 constitucional, establece los presupuestos necesarios para que una autoridad judicial libre una orden de aprehensión, a saber: a) Debe existir una denuncia o querella de un hecho tipificado como delito, que se sancione con pena privativa de libertad; y b) Deben existir datos que evidencien: 1. la existencia del hecho ilícito; y 2. la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, en relación con la orden de aprehensión, los artículos 200 y 201 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, disponen: "Artículo 200. Cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se trate de delitos que tuviesen señalada pena privativa de la libertad, y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la aprehensión del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. También se decretará la aprehensión de imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no compareciere sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el párrafo anterior, salvo el último de los ahí mencionados. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión, conducirán inmediatamente al detenido ante la presencia del Juez que hubiere expedido la orden, debiendo entregar al imputado copia de la misma. Una vez que el aprehendido por orden judicial sea puesto a disposición del Juez de Garantía, éste convocará dentro de un plazo de veinticuatro horas a una audiencia para que le sea formulada la imputación. Solicitud de aprehensión del imputado". "Artículo 201.- El Ministerio Público podrá solicitar el libramiento de una orden de aprehensión contra el imputado. Para tal efecto hará una relación de los hechos que le atribuya, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes que exhibirá ante la autoridad judicial, y expondrá las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán bajo protesta de decir verdad, en audiencia privada con el Juez. La conferencia privada será grabada. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión." De las trascripciones que anteceden, se desprende que el dictado de una orden de aprehensión debe cumplir como requisitos de forma y fondo, los siguientes: a) Sea solicitada por el Ministerio Público bajo protesta de decir verdad; quien deberá precisar la clasificación jurídica preliminar, mencionando para ello: tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza de la conducta -dolosa o culposa- b) Exista denuncia o querella de un hecho ilícito. c) El hecho ilícito tenga sanción privativa de libertad. d) Existan datos que establezcan que se ha cometido el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. e) La comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. De igual forma, en la orden de aprehensión, la constitucionalidad del acto se satisface, con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, en la valoración de aquellos elementos, que han servido de basamento, y que llevan a establecer, como enseguida se desarrollará, si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en tal evento, razonando en todo momento porqué el juzgador de control actúa en determinado sentido. Además, a fin de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, se debe precisar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 102/2006, del rubro y contenido siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN DEBE SEÑALAR EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN DEL DELITO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO. Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no indica que en la orden de aprehensión deban expresarse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se le imputa al acusado -requisitos que establece el artículo 19 constitucional para el auto de formal prisión-, también lo es que a efecto de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, la autoridad que emite la referida orden debe señalar dichos datos, ya que son los que permiten comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, lo cual permite al acusado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su captura, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa." Por otra parte, como todo acto de autoridad, debe ser emitido por autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado, es menester que el acto plasme los conceptos en los cuales, se sustenta la concordancia entre la situación jurídica individualizada y la abstracción normativa que le sirvió de fundamento. Así, analizados los antecedentes y datos proporcionados por la agente del Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión materia del presente sumario constitucional y lo resuelto por el juez de control se concluye que sí se reúnen los requisitos previstos por el artículo 16 constitucional, toda vez que se colmaron como a continuación se expone: Solicitud del Ministerio Público bajo protesta de decir verdad. La cual realizó Anaid Arellano Alvarado agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigaciones Mixtas, en audiencia privada de catorce de marzo de dos mil dieciséis dentro de la causa penal 101/2016. Por los hechos que a criterio de la Ministerio Público calificó de manera preliminar como constitutivos del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 339 fracción IV y 340 fracción VII del Código Penal del Estado de Zacatecas. Denuncia o querella. Según los datos de prueba expuestos por la Ministerio Público, fue interpuesta por María Guadalupe Adriana Miranda el quince de enero de dos mil catorce. Sanción privativa de libertad. Por lo que hace a este requisito, se acredita porque el tipo penal de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 339 fracción IV y 340 fracción VII del Código Penal del Estado de Zacatecas, prevé una pena privativa de libertad de cuatro a doce años de prisión, circunstancia que se corroboró con el dictamen emitido por perito valuador dentro de la causa penal 101/2016. La existencia de datos que acrediten los hechos delictuosos y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se procede al análisis de los datos de prueba que se desprenden del propio acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, siendo que de ésta se advierten indicios suficientes para tener por acreditadas las anteriores circunstancias, empero, el juez de amparo al no poder sustituirse al juez natural en la apreciación de los datos de prueba, está impedido para revisar el juicio de valoración que de estos se desarrolló, ya que el juicio de amparo se circunscribe a analizar sólo la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no de los datos de prueba en sí. Esto es así, ya que en la resolución que se impugna, estableció los elementos de la conducta antisocial que se le reprocha por el delito de fraude específico. Dicho ilícito se encuentra regulado en el artículo 340, fracción VII, del Código Penal en el Estado, los cuales establecen: "Artículo 340.- Se considerarán casos especiales de defraudación, a los que se aplicarán las mismas penas que señala el artículo anterior, los siguientes: VII.- Al que venda a dos o más personas una misma cosa, sea mueble o raíz y reciba el precio de la primera, de la segunda o siguientes enajenaciones, de dos o más de ellas o parte del precio, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o de los siguientes compradores; ." De lo anterior, los elementos que integran el delito de fraude, son: Al que venda a dos o más personas una misma cosa, sea mueble o raíz; y reciba el precio de la primera, de la segunda o siguientes enajenaciones, de dos o más de ellas o parte del precio, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o de los siguientes compradores. En relación con los elementos, la autoridad responsable estimó que existían datos de prueba suficientes para acreditarlos, específicamente con la denuncia de María Guadalupe Adriana Miranda, en la cual narró que en el año mil novecientos noventa y siete adquirió del quejoso, representante de la asociación "Alianza Popular para una vida digna, Asociación Civil" el lote de terreno número veintiuno, manzana cuatro, ubicado en la colonia Suave Patria, de la comunidad de Ojo de Agua de Meléndrez, del municipio de Zacatecas; acordaron la venta, la víctima afirmó que realizó varias aportaciones por la compra, a lo que presentó los recibos que se describen a continuación, todos según su dicho, expedidos a favor de Manuel García Pinedo, (a partir del minuto 03:09, del archivo señalado como VTS_01_2): 1. Recibo de octubre de mil novecientos noventa y siete, expedido por "Alianza Popular para una vida digna, Asociación Civil" por concepto de compra de un terreno ubicado en Rancho de Agua de Meléndez identificado como el lote veintiuno, manzana cuatro, con una firma ilegible que indicaba corresponder al presidente de la referida asociación, por $2,502.00 (dos mil quinientos dos pesos 00/100 m.n.). 2. Recibo de seis de enero de mil novecientos noventa y ocho, por concepto de aportación para gastos por la cantidad de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 m.n.), con firma ilegible. 3. Recibo de veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho, por concepto de aportación a la mesa directiva, por la cantidad de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 m.n.), con firma ilegible. 4. Recibo de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por concepto de aportación para la escritura general, por la cantidad de $180.00 (ciento ochenta pesos 00/100 m.n.). 5. Recibo de tres de abril de dos mil tres, por concepto de cuanta a intereses, por la cantidad de $200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.), con firma ilegible. 6. Recibo de cuatro de mayo de dos mil tres, por concepto pago total de intereses, por la cantidad de $360.00 (trescientos sesenta pesos 00/100 m.n.), con firma ilegible, en el que se señala que es con respecto al lote veinticuatro, manzana cuatro. 7. Recibo con número sesenta y siete, sin fecha, por concepto de aportación a la voluntaria para escritura general, por la cantidad de $100.00 (cinen pesos 00/100 m.n.), con firma ilegible. 8. Recibo de doce de julio de dos mil tres, con la mención que pertenece la firma a Manuel García, por la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.). 9. Recibo de seis de julio de dos mil tres, por concepto de pago total de escritura individuales, por la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), con firma ilegible, y donde se identifica a la persona que recibe dicho cantidad como Manuel García Pinedo. 10 Recibo de diecinueve de diciembre de dos mil cuatro, por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), con firma ilegible. Según los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Publico, se desprende que una vez cubierto el pago por la compra referida, María Guadalupe Adriana Miranda solicitó su carta de liberación a Manuel García Pinedo, informándole éste que su terreno ya había sido vendido, por lo que llegaron al acuerdo de reubicarla en el lote veinticuatro, manzana cuatro, de ese lugar; para marzo de dos mil doce María Guadalupe Adriana Miranda solicitó se le tramitará la escritura correspondiente, a lo que Manuel García Pinedo, le comunica que se había enajenado su lote nuevamente por lo que en un nuevo acuerdo se reubicó finalmente en el lote número veintitrés, manzana cuatro en calle Jorge Luis Urbina, de la Colonia Suave Patria. Se cuenta también con la declaración de Cristina Lerma Estrada, quien narra que compró a Manuel García Piedo y para su hermano Homero Lerma Estrada (pues éste radicaba en Estados Unidos de América) el lote veintitrés, manzana cuatro, en calle Jorge Luis Urbina de la Colonia Suave Patria, declaración adminiculada con el informe del Oficial del Registro Público de la Propiedad en el que anexa la inscripción de fecha quince de octubre de dos mil doce, donde se establece que Homero Lerma Estrada es el propietario del lote veintitrés, manzana cuatro, calle Jorge Luis Urbina; además se señala que en dicha oficina registradora aparece el contrato celebrado entre "Alianza Popular para una vida digna, Asociación Civil" y Homero Lerma Estrada de dieciséis de febrero de dos mil doce (a partir del minuto 16:41, del archivo señalado como VTS_01_2), no pasa desapercibido que en la resolución emitida por el juez de control y tribunal de enjuiciamiento refiere que Cristina Lerma Estrada compró para su hermano Homero Lerma Estrada el lote número veintisiete, de la manzana cuatro, en la calle Jorge Luis Urbina (foja 50 del sumario), sin embargo de la intervención de la agente del Ministerio Publico se desprende que el que señaló es el lote veintitrés, manzana cuatro, calle Jorge Luis Urbina, de la Colonia Suave Patria. Dentro de los datos de prueba apuntados por la agente del Ministerio Publico está el acta notarial emitida por el Notario Público siete Tarsicio Félix Serrano, donde se protocoliza en acta de asociación donde se ratifica el nombramiento de Manuel García Pinedo como presidente de la "Alianza Popular para una vida digna, Asociación Civil". Por tanto la segunda venta realizada por Manuel García Pinero, la hizo sin tener derecho para ello, virtud de que ese lote ya no le pertenecía, por haberlo vendido en la fecha anterior a diversa persona y aun conociendo lo ilícito de su proceder, realizó una doble venta respecto del citado lote, en perjuicio de la ahora tercero interesada. Esos datos de prueba, como se estimó en el acto reclamado, son suficientes para establecer que se recibió dinero por la primera y segunda enajenación de los inmuebles en perjuicio de María Guadalupe Adriana Miranda. Lo anterior refleja que existió una doble venta ya que el activo enajenó el predio descrito a la agraviada cuando ya lo había vendido con anterioridad a tercera persona. En ese contexto, la responsable, tuvo por acreditada la probabilidad de que el quejoso cometió o participó en la comisión del delito señalado, en términos del artículo 11 fracción I del Código Penal del Estado de Zacatecas y lo acreditó con lo declarado por la víctima María Guadalupe Adriana Miranda, por la declaración de Cristina Lerma Estrada, con los recibos dados como pago por parte del quejoso, con el informe del Oficial de Registro Civil del propiedad, probanzas que fueron analizadas con anterioridad y son suficientes para establecer razonablemente que Manuel García Pinedo, en las relatadas circunstancias vendió a dos personas un mismo lote, siendo el inmueble identificado como lote veintitrés, manzana cuatro, calle Jorge Luis Urbina de la colonia Suave Patria de la ciudad de Zacatecas y recibió el precio de la primera y segunda enajenación en perjuicio de la aquí tercero interesada. La comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. Este requisito se justifica, en base al informe emitido por la Policía Ministerial donde establece que el imputado no ha sido localizado, que al parecer no se encuentra en el Estado de Zacatecas, aunado a que existe una orden de aprehensión en su contra dentro de la causa penal 57/2017, por el delito de fraude especifico. Como se establece, los requisitos para el dictado de la orden de aprehensión fueron colmados en el caso en concreto, en virtud de que como se analizó existió denuncia y obran datos de prueba que acreditan que se ha cometido un ilícito y que existe la posibilidad de que el imputado lo cometió, además de que el delito por el que se solicitó se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad y amerita prisión preventiva. Así las cosas, contrario a lo sostenido por el accionante del amparo sí se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento para la emisión de la orden de aprehensión, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos asentado en la presente resolución, porque se interpuso denuncia y/o querella, se recabaron los elementos de prueba pertinentes, se solicitó a la juez competente librar la orden de captura, la cual se expidió con apoyo en los fundamentos legales vigentes al momento de la emisión del acto, aunado a ello, en la causa penal que se le instruye al aquí quejoso, existen pruebas que acreditan el hecho delictivo de fraude y hacen probable su responsabilidad penal. Sin que existan otras hipótesis plausibles que expliquen los mismos datos de pruebas y que hagan improbable la responsabilidad del acusado. En consecuencia, resulta correcto que en el acto reclamado se hubiera determinado la existencia del hecho ilícito de fraude específico y la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión, ya que hasta el momento procesal en que fue emitido es la hipótesis con mayor sustento. Por último, debe precisarse que en la causa penal natural, hasta el momento procesal en que fue emitido el acto reclamado, no se encuentra demostrado un error invencible de tipo o un caso fortuito, que excluyan el dolo acreditado en la comisión del hecho delictivo; o una causa de justificación o inculpabilidad que impida que se emita el mandamiento de captura reclamado por el quejoso. Sobre la base de lo considerado, no se advierte que la resolución reclamada sea violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque, como ya se analizó, lejos de ello, en el acto reclamado se respetó y actuó con base en el contenido de esos preceptos fundamentales sin irrogar perjuicio al peticionario de amparo. En conclusión, desestimados los conceptos de violación y sin que exista deficiencia en la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que, hasta ese momento, se acreditaron los elementos que integran el hecho delictuoso imputado, así como la probable responsabilidad del indiciado, se niega el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones Internacionales de la Procuraduría General de Justicia y Director General de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, dado que éstos no se reclaman por vicios propios sino que se hacen depender del reclamado a la ordenadora. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, publicada en la página 146, tomo I, segunda pare, enero a junio de 1988, materia común, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGATIVA DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si se niega el amparo contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, esa negativa deberá hacerse extensiva a las diversas autoridades señaladas como ejecutoras del acto reclamado por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Manuel García Pinedo, respecto de los actos reclamados al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Director de la Policía Ministerial y Directora de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia, todos del estado de Zacatecas, por los motivos precisados en el último considerando del presente fallo."

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 502/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Manuel García Pinedo, por propio derecho, solicitó la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se describen a continuación: Autoridades responsables: En cuanto ordenadoras Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial Zacatecas. En cuanto ejecutoras Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado Zacatecas. Coordinadora Aprehensiones de la Procuraduría de Justicia del Estado Zacatecas. Actos reclamados. La orden de aprehensión dictada en su contra. La ejecución de ésta. Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos fundamentales conferidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que por auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis (fojas 7 y 8), se admitió a trámite con el número 220/2016; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. En atención a los datos arrojados en los informes rendidos por las autoridades responsables y constancias de autos, en auto de tres de mayo del año en curso, se ordenó la separación de los juicios respecto de la causas 26/2015, 150/2016, 49/2016, 57/2014, 440/2015, 112/2016, 430/2014, 158/2015, 130/2015, 242/2015 y 26/2015, por lo que el presente juicio de amparo únicamente se resolverá respecto de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 101/2016; se ordenó turnar la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado para que la demanda fuera remitida al Juzgado de Distrito en turno. CUARTO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, la admitió a trámite con el expediente 502/2017; sin solicitarse el informe justificado a las autoridades responsables por ya obran en autos; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se dio la intervención que legalmente compete a la Representación Social Federal; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial en materia penal que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de garantías, consisten en: La orden de aprehensión de catorce de marzo de dos mil dieciséis, emitida contra Manuel García Pinedo, en la causa penal 101/2016, seguida por el delito de fraude específico en agravio de María Guadalupe Adriana Miranda. La ejecución de dicha orden. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral (foja 47), Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones Internacionales de la Procuraduría General de Justicia (foja 765 a 766) y Director General de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia (fojas 769 a 770), todos del Estado de Zacatecas, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las constancias remitidas por la responsable consistentes en la resolución de orden de aprensión dictada en la causa penal 101/2016, y dos discos compactos que contienen cada uno la videograbación de la audiencia privada de catorce de marzo de dos mil dieciséis, relativa a la audiencia de solicitud de orden de aprehensión; documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También tiene aplicación la jurisprudencia 43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 703, libro XXIII, agosto de 2013 tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Estudio de fondo. Al no advertirse una causa de improcedencia que hagan valer las partes, o que la suscrita advierta de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación son infundados, aun suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En éstos, el quejoso refiere que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se le pretende privar de su libertad, sin que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento, como son habérselo hecho de su conocimiento con oportunidad para su defensa. No asiste razón en lo manifestado conforme a lo siguiente: El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El artículo 16 de la carta magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar de manera escrita todos los actos de molestia que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Del análisis de dicho precepto se distinguen dos tipos de actos, que son: a) actos de molestia, son los que restringen de manera provisional o preventiva un derecho, y b) actos privativos, son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. Los actos privativos tienen como presupuesto para su emisión la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado (garantía de audiencia y debido proceso). Los actos de molestia resultan legales siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. De manera que respecto de éstos no rige la garantía de audiencia, dado que no tienen efectos privativos, sino provisionales. Por tanto, todo acto de molestia debe estar contenido en un mandato escrito de la autoridad competente en donde se funde y motive la causa legal de su objeto. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, página cinco, que dispone: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". La orden de aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye. Así lo considero la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la tesis 1a. CC/2012 (10a.), publicada en la página 1206, del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2001985, de rubro y texto: "ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales." Por tanto, la orden de aprehensión constituye una forma de integrar al imputado al proceso. Así, la afectación al derecho de libertad involucrado es provisional, hasta en tanto se decida sobre la situación jurídica del reo en relación con los hechos imputados. En consecuencia, una orden de aprehensión constituye un acto de molestia, dado que no priva de manera definitiva de la libertad al inculpado. Lo que se corrobora con el contenido del tercer párrafo del artículo 16 constitucional, que establece: "Artículo 16. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Del precepto anterior destaca que la audiencia del inculpado no constituye un requisito previo a la emisión de una orden de aprehensión. De ahí que, contrario a lo alegado, no es requisito para el dictado de la orden de aprehensión que se otorgue al inculpado audiencia previa, pues si bien, por regla general, todo gobernado frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 14 constitucional, goza del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo; las órdenes de aprehensión constituyen actos de molestia respecto de los que no rige la garantía pretendida. Dicha salvedad, se reitera, deriva del mismo artículo 16 constitucional, al establecer los requisitos para proceder al libramiento de la orden de aprehensión, entre los que no se encuentra que previamente se oiga al presunto indiciado en defensa. Tiene aplicación al respecto la tesis IX.1o.33, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1824, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Novena Época, del siguiente contenido literal: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." Luego, lo reclamado en ese sentido resulta infundado, pues en el juicio natural no era necesario que fuera llamado al procedimiento con anterioridad a la emisión de la orden reclamada. Ahora bien, como se refirió, aun en suplencia de la deficiencia de la queja, no se advierte que el acto reclamado sea violatorio de los derechos fundamentales del amparista, conforme a lo siguiente: Se reitera, el tercer párrafo del artículo 16 constitucional, establece los presupuestos necesarios para que una autoridad judicial libre una orden de aprehensión, a saber: a) Debe existir una denuncia o querella de un hecho tipificado como delito, que se sancione con pena privativa de libertad; y b) Deben existir datos que evidencien: 1. la existencia del hecho ilícito; y 2. la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, en relación con la orden de aprehensión, los artículos 200 y 201 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, disponen: "Artículo 200. Cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se trate de delitos que tuviesen señalada pena privativa de la libertad, y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la aprehensión del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. También se decretará la aprehensión de imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no compareciere sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el párrafo anterior, salvo el último de los ahí mencionados. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión, conducirán inmediatamente al detenido ante la presencia del Juez que hubiere expedido la orden, debiendo entregar al imputado copia de la misma. Una vez que el aprehendido por orden judicial sea puesto a disposición del Juez de Garantía, éste convocará dentro de un plazo de veinticuatro horas a una audiencia para que le sea formulada la imputación. Solicitud de aprehensión del imputado". "Artículo 201.- El Ministerio Público podrá solicitar el libramiento de una orden de aprehensión contra el imputado. Para tal efecto hará una relación de los hechos que le atribuya, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes que exhibirá ante la autoridad judicial, y expondrá las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán bajo protesta de decir verdad, en audiencia privada con el Juez. La conferencia privada será grabada. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión." De las trascripciones que anteceden, se desprende que el dictado de una orden de aprehensión debe cumplir como requisitos de forma y fondo, los siguientes: a) Sea solicitada por el Ministerio Público bajo protesta de decir verdad; quien deberá precisar la clasificación jurídica preliminar, mencionando para ello: tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza de la conducta -dolosa o culposa- b) Exista denuncia o querella de un hecho ilícito. c) El hecho ilícito tenga sanción privativa de libertad. d) Existan datos que establezcan que se ha cometido el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. e) La comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. De igual forma, en la orden de aprehensión, la constitucionalidad del acto se satisface, con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, en la valoración de aquellos elementos, que han servido de basamento, y que llevan a establecer, como enseguida se desarrollará, si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en tal evento, razonando en todo momento porqué el juzgador de control actúa en determinado sentido. Además, a fin de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, se debe precisar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 102/2006, del rubro y contenido siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN DEBE SEÑALAR EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN DEL DELITO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO. Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no indica que en la orden de aprehensión deban expresarse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se le imputa al acusado -requisitos que establece el artículo 19 constitucional para el auto de formal prisión-, también lo es que a efecto de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, la autoridad que emite la referida orden debe señalar dichos datos, ya que son los que permiten comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, lo cual permite al acusado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su captura, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa." Por otra parte, como todo acto de autoridad, debe ser emitido por autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado, es menester que el acto plasme los conceptos en los cuales, se sustenta la concordancia entre la situación jurídica individualizada y la abstracción normativa que le sirvió de fundamento. Así, analizados los antecedentes y datos proporcionados por la agente del Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión materia del presente sumario constitucional y lo resuelto por el juez de control se concluye que sí se reúnen los requisitos previstos por el artículo 16 constitucional, toda vez que se colmaron como a continuación se expone: Solicitud del Ministerio Público bajo protesta de decir verdad. La cual realizó Anaid Arellano Alvarado agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigaciones Mixtas, en audiencia privada de catorce de marzo de dos mil dieciséis dentro de la causa penal 101/2016. Por los hechos que a criterio de la Ministerio Público calificó de manera preliminar como constitutivos del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 339 fracción IV y 340 fracción VII del Código Penal del Estado de Zacatecas. Denuncia o querella. Según los datos de prueba expuestos por la Ministerio Público, fue interpuesta por María Guadalupe Adriana Miranda el quince de enero de dos mil catorce. Sanción privativa de libertad. Por lo que hace a este requisito, se acredita porque el tipo penal de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 339 fracción IV y 340 fracción VII del Código Penal del Estado de Zacatecas, prevé una pena privativa de libertad de cuatro a doce años de prisión, circunstancia que se corroboró con el dictamen emitido por perito valuador dentro de la causa penal 101/2016. La existencia de datos que acrediten los hechos delictuosos y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se procede al análisis de los datos de prueba que se desprenden del propio acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, siendo que de ésta se advierten indicios suficientes para tener por acreditadas las anteriores circunstancias, empero, el juez de amparo al no poder sustituirse al juez natural en la apreciación de los datos de prueba, está impedido para revisar el juicio de valoración que de estos se desarrolló, ya que el juicio de amparo se circunscribe a analizar sólo la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no de los datos de prueba en sí. Esto es así, ya que en la resolución que se impugna, estableció los elementos de la conducta antisocial que se le reprocha por el delito de fraude específico. Dicho ilícito se encuentra regulado en el artículo 340, fracción VII, del Código Penal en el Estado, los cuales establecen: "Artículo 340.- Se considerarán casos especiales de defraudación, a los que se aplicarán las mismas penas que señala el artículo anterior, los siguientes: VII.- Al que venda a dos o más personas una misma cosa, sea mueble o raíz y reciba el precio de la primera, de la segunda o siguientes enajenaciones, de dos o más de ellas o parte del precio, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o de los siguientes compradores; ." De lo anterior, los elementos que integran el delito de fraude, son: Al que venda a dos o más personas una misma cosa, sea mueble o raíz; y reciba el precio de la primera, de la segunda o siguientes enajenaciones, de dos o más de ellas o parte del precio, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o de los siguientes compradores. En relación con los elementos, la autoridad responsable estimó que existían datos de prueba suficientes para acreditarlos, específicamente con la denuncia de María Guadalupe Adriana Miranda, en la cual narró que en el año mil novecientos noventa y siete adquirió del quejoso, representante de la asociación "Alianza Popular para una vida digna, Asociación Civil" el lote de terreno número veintiuno, manzana cuatro, ubicado en la colonia Suave Patria, de la comunidad de Ojo de Agua de Meléndrez, del municipio de Zacatecas; acordaron la venta, la víctima afirmó que realizó varias aportaciones por la compra, a lo que presentó los recibos que se describen a continuación, todos según su dicho, expedidos a favor de Manuel García Pinedo, (a partir del minuto 03:09, del archivo señalado como VTS_01_2): 1. Recibo de octubre de mil novecientos noventa y siete, expedido por "Alianza Popular para una vida digna, Asociación Civil" por concepto de compra de un terreno ubicado en Rancho de Agua de Meléndez identificado como el lote veintiuno, manzana cuatro, con una firma ilegible que indicaba corresponder al presidente de la referida asociación, por $2,502.00 (dos mil quinientos dos pesos 00/100 m.n.). 2. Recibo de seis de enero de mil novecientos noventa y ocho, por concepto de aportación para gastos por la cantidad de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 m.n.), con firma ilegible. 3. Recibo de veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho, por concepto de aportación a la mesa directiva, por la cantidad de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 m.n.), con firma ilegible. 4. Recibo de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por concepto de aportación para la escritura general, por la cantidad de $180.00 (ciento ochenta pesos 00/100 m.n.). 5. Recibo de tres de abril de dos mil tres, por concepto de cuanta a intereses, por la cantidad de $200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.), con firma ilegible. 6. Recibo de cuatro de mayo de dos mil tres, por concepto pago total de intereses, por la cantidad de $360.00 (trescientos sesenta pesos 00/100 m.n.), con firma ilegible, en el que se señala que es con respecto al lote veinticuatro, manzana cuatro. 7. Recibo con número sesenta y siete, sin fecha, por concepto de aportación a la voluntaria para escritura general, por la cantidad de $100.00 (cinen pesos 00/100 m.n.), con firma ilegible. 8. Recibo de doce de julio de dos mil tres, con la mención que pertenece la firma a Manuel García, por la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.). 9. Recibo de seis de julio de dos mil tres, por concepto de pago total de escritura individuales, por la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), con firma ilegible, y donde se identifica a la persona que recibe dicho cantidad como Manuel García Pinedo. 10 Recibo de diecinueve de diciembre de dos mil cuatro, por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), con firma ilegible. Según los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Publico, se desprende que una vez cubierto el pago por la compra referida, María Guadalupe Adriana Miranda solicitó su carta de liberación a Manuel García Pinedo, informándole éste que su terreno ya había sido vendido, por lo que llegaron al acuerdo de reubicarla en el lote veinticuatro, manzana cuatro, de ese lugar; para marzo de dos mil doce María Guadalupe Adriana Miranda solicitó se le tramitará la escritura correspondiente, a lo que Manuel García Pinedo, le comunica que se había enajenado su lote nuevamente por lo que en un nuevo acuerdo se reubicó finalmente en el lote número veintitrés, manzana cuatro en calle Jorge Luis Urbina, de la Colonia Suave Patria. Se cuenta también con la declaración de Cristina Lerma Estrada, quien narra que compró a Manuel García Piedo y para su hermano Homero Lerma Estrada (pues éste radicaba en Estados Unidos de América) el lote veintitrés, manzana cuatro, en calle Jorge Luis Urbina de la Colonia Suave Patria, declaración adminiculada con el informe del Oficial del Registro Público de la Propiedad en el que anexa la inscripción de fecha quince de octubre de dos mil doce, donde se establece que Homero Lerma Estrada es el propietario del lote veintitrés, manzana cuatro, calle Jorge Luis Urbina; además se señala que en dicha oficina registradora aparece el contrato celebrado entre "Alianza Popular para una vida digna, Asociación Civil" y Homero Lerma Estrada de dieciséis de febrero de dos mil doce (a partir del minuto 16:41, del archivo señalado como VTS_01_2), no pasa desapercibido que en la resolución emitida por el juez de control y tribunal de enjuiciamiento refiere que Cristina Lerma Estrada compró para su hermano Homero Lerma Estrada el lote número veintisiete, de la manzana cuatro, en la calle Jorge Luis Urbina (foja 50 del sumario), sin embargo de la intervención de la agente del Ministerio Publico se desprende que el que señaló es el lote veintitrés, manzana cuatro, calle Jorge Luis Urbina, de la Colonia Suave Patria. Dentro de los datos de prueba apuntados por la agente del Ministerio Publico está el acta notarial emitida por el Notario Público siete Tarsicio Félix Serrano, donde se protocoliza en acta de asociación donde se ratifica el nombramiento de Manuel García Pinedo como presidente de la "Alianza Popular para una vida digna, Asociación Civil". Por tanto la segunda venta realizada por Manuel García Pinero, la hizo sin tener derecho para ello, virtud de que ese lote ya no le pertenecía, por haberlo vendido en la fecha anterior a diversa persona y aun conociendo lo ilícito de su proceder, realizó una doble venta respecto del citado lote, en perjuicio de la ahora tercero interesada. Esos datos de prueba, como se estimó en el acto reclamado, son suficientes para establecer que se recibió dinero por la primera y segunda enajenación de los inmuebles en perjuicio de María Guadalupe Adriana Miranda. Lo anterior refleja que existió una doble venta ya que el activo enajenó el predio descrito a la agraviada cuando ya lo había vendido con anterioridad a tercera persona. En ese contexto, la responsable, tuvo por acreditada la probabilidad de que el quejoso cometió o participó en la comisión del delito señalado, en términos del artículo 11 fracción I del Código Penal del Estado de Zacatecas y lo acreditó con lo declarado por la víctima María Guadalupe Adriana Miranda, por la declaración de Cristina Lerma Estrada, con los recibos dados como pago por parte del quejoso, con el informe del Oficial de Registro Civil del propiedad, probanzas que fueron analizadas con anterioridad y son suficientes para establecer razonablemente que Manuel García Pinedo, en las relatadas circunstancias vendió a dos personas un mismo lote, siendo el inmueble identificado como lote veintitrés, manzana cuatro, calle Jorge Luis Urbina de la colonia Suave Patria de la ciudad de Zacatecas y recibió el precio de la primera y segunda enajenación en perjuicio de la aquí tercero interesada. La comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. Este requisito se justifica, en base al informe emitido por la Policía Ministerial donde establece que el imputado no ha sido localizado, que al parecer no se encuentra en el Estado de Zacatecas, aunado a que existe una orden de aprehensión en su contra dentro de la causa penal 57/2017, por el delito de fraude especifico. Como se establece, los requisitos para el dictado de la orden de aprehensión fueron colmados en el caso en concreto, en virtud de que como se analizó existió denuncia y obran datos de prueba que acreditan que se ha cometido un ilícito y que existe la posibilidad de que el imputado lo cometió, además de que el delito por el que se solicitó se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad y amerita prisión preventiva. Así las cosas, contrario a lo sostenido por el accionante del amparo sí se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento para la emisión de la orden de aprehensión, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos asentado en la presente resolución, porque se interpuso denuncia y/o querella, se recabaron los elementos de prueba pertinentes, se solicitó a la juez competente librar la orden de captura, la cual se expidió con apoyo en los fundamentos legales vigentes al momento de la emisión del acto, aunado a ello, en la causa penal que se le instruye al aquí quejoso, existen pruebas que acreditan el hecho delictivo de fraude y hacen probable su responsabilidad penal. Sin que existan otras hipótesis plausibles que expliquen los mismos datos de pruebas y que hagan improbable la responsabilidad del acusado. En consecuencia, resulta correcto que en el acto reclamado se hubiera determinado la existencia del hecho ilícito de fraude específico y la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión, ya que hasta el momento procesal en que fue emitido es la hipótesis con mayor sustento. Por último, debe precisarse que en la causa penal natural, hasta el momento procesal en que fue emitido el acto reclamado, no se encuentra demostrado un error invencible de tipo o un caso fortuito, que excluyan el dolo acreditado en la comisión del hecho delictivo; o una causa de justificación o inculpabilidad que impida que se emita el mandamiento de captura reclamado por el quejoso. Sobre la base de lo considerado, no se advierte que la resolución reclamada sea violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque, como ya se analizó, lejos de ello, en el acto reclamado se respetó y actuó con base en el contenido de esos preceptos fundamentales sin irrogar perjuicio al peticionario de amparo. En conclusión, desestimados los conceptos de violación y sin que exista deficiencia en la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que, hasta ese momento, se acreditaron los elementos que integran el hecho delictuoso imputado, así como la probable responsabilidad del indiciado, se niega el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones Internacionales de la Procuraduría General de Justicia y Director General de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, dado que éstos no se reclaman por vicios propios sino que se hacen depender del reclamado a la ordenadora. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, publicada en la página 146, tomo I, segunda pare, enero a junio de 1988, materia común, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGATIVA DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si se niega el amparo contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, esa negativa deberá hacerse extensiva a las diversas autoridades señaladas como ejecutoras del acto reclamado por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Manuel García Pinedo, respecto de los actos reclamados al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Director de la Policía Ministerial y Directora de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia, todos del estado de Zacatecas, por los motivos precisados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, en que permitieron las labores del juzgado asistida de la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe. ABL

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