Manuel García Pinedo
Expediente 506/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 506/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Manuel García Pinedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
El veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado, Certifica: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del seis al diecinueve de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veintiocho de noviembre de la presente anualidad (fojas 772 a 785), dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 506/2017. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo cual no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día veintiocho de noviembre del año en curso (fojas 772 a 785), en la cual se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza .- Doy fe. María del Carmen
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA MARGARITA CHÁVEZ CARLOS, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 506/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis (fojas 4-7 del tomo I del cuaderno de amparo), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Manuel García Pinedo, por propio derecho, solicitó la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se describen a continuación: Autoridades responsables: En cuanto ordenadoras Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de Zacatecas. Zacatecas. En cuanto ejecutoras Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado Zacatecas. Coordinadora Aprehensiones de la Procuraduría de Justicia del Estado Zacatecas. Actos reclamados. La orden de aprehensión dictada en su contra. La ejecución de ésta. Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos fundamentales conferidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que por auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis (fojas 9 y 10, tomo I del cuaderno de amparo), se admitió a trámite con el número 220/2016; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. En atención a los datos arrojados en los informes rendidos por las autoridades responsables y constancias de autos, en acuerdo de tres de mayo del año en curso (fojas 693 a 695, del tomo II del cuaderno de amparo), se ordenó la separación de los juicios respecto de la causas 26/2015, 150/2016, 49/2016, 57/2014, 440/2015, 112/2016, 101/2016, 158/2015, 130/2015, 242/2015 y 26/2015, por lo que se determinó que dicho juicio de amparo se seguiría únicamente respecto de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 561/2014; por tanto, se ordenó turnar la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado para que fuera remitida al Juzgado de Distrito, en turno, en relación con cada uno de los restantes procesos citado. CUARTO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en lo concerniente a la causa penal 242/2015; en acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete (fojas 739-741 del tomo II del cuaderno de amparo, se admitió a trámite con el expediente 506/2017, sin solicitarse el informe justificado a las autoridades responsables ni requerirse el emplazamiento de la parte tercero interesada, por ya obrar en autos; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial en materia penal que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal y se combate su ejecución en este lugar. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio constitucional, consisten en: La orden de aprehensión de veintinueve de junio de dos mil quince, emitida contra Manuel García Pinedo, en la causa penal 242/2015, seguida por el delito de fraude específico en agravio de Margarita Cháirez Carlos. La ejecución de dicha orden. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial del Estado, de la Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones Internacionales de la Procuraduría General de Justicia y del Director General de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia (fojas 15-16, 19-20 y 268 del tomo I del cuaderno de pruebas), todos del Estado de Zacatecas, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las constancias remitidas por la responsable consistentes en la resolución de orden de aprehensión dictada en la causa penal 242/2015, y dos discos compactos que contienen cada uno la videograbación de la audiencia privada de veintinueve de junio de dos mil quince, relativa a la audiencia de solicitud de orden de aprehensión; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. También tiene aplicación la jurisprudencia 43/2013 (10), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 703, libro XXIII, agosto de 2013 tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Luego, se encuentra acreditada la existencia de la orden de aprehensión reclamada y su ejecución. CUARTO. Estudio de fondo. Al no advertirse una causa de improcedencia que hagan valer las partes, o que la suscrita advierta de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Los conceptos de violación son infundados, aun suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a de la Ley de Amparo. El quejoso refiere que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se le pretende privar de su libertad, sin que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento, como son habérselo hecho de su conocimiento con oportunidad para su defensa. No asiste razón en lo manifestado conforme a lo siguiente: El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El artículo 16 de la carta magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar de manera escrita todos los actos de molestia que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Del análisis de dicho precepto se distinguen dos tipos de actos, que son: a) actos de molestia, son los que restringen de manera provisional o preventiva un derecho, y b) actos privativos, son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. Los actos privativos tienen como presupuesto para su emisión la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado (garantía de audiencia y debido proceso). Los actos de molestia resultan legales siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. De manera que respecto de éstos no rige la garantía de audiencia, dado que no tienen efectos privativos, sino provisionales. Por tanto, todo acto de molestia debe estar contenido en un mandato escrito de la autoridad competente en donde se funde y motive la causa legal de su objeto. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, página cinco, que dispone: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. La orden de aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye. Así lo considero la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la tesis 1a. CC/2012 (10a.), publicada en la página 1206, del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2001985, de rubro y texto: ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN., sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales. Por tanto, la orden de aprehensión constituye una forma de integrar al imputado al proceso. Así, la afectación al derecho de libertad involucrado es provisional, hasta en tanto se decida sobre la situación jurídica del reo en relación con los hechos imputados. En consecuencia, una orden de aprehensión constituye un acto de molestia, dado que no priva de manera definitiva de la libertad al inculpado. Lo que se corrobora con el contenido del tercer párrafo del artículo 16 constitucional, que establece: Artículo 16. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Del precepto anterior destaca que la audiencia del inculpado no constituye un requisito previo a la emisión de una orden de aprehensión. De ahí que, contrario a lo alegado, no es requisito para el dictado de la orden de aprehensión que se otorgue al inculpado audiencia previa, pues si bien, por regla general, todo gobernado frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 14 constitucional, goza del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo; las órdenes de aprehensión constituyen actos de molestia respecto de los que no rige la garantía pretendida. Dicha salvedad, se reitera, deriva del mismo artículo 16 constitucional, al establecer los requisitos para proceder al libramiento de la orden de aprehensión, entre los que no se encuentra que previamente se oiga al presunto indiciado en defensa. Tiene aplicación al respecto la tesis IX.1o.33, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1824, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Novena Época, del siguiente contenido literal: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Luego, lo reclamado en ese sentido resulta infundado, pues en el juicio natural no era necesario que fuera llamado al procedimiento con anterioridad a la emisión de la orden reclamada. Ahora bien, como se refirió, aun en suplencia de la deficiencia de la queja, no se advierte que el acto reclamado sea violatorio de los derechos fundamentales del amparista, conforme a lo siguiente: Se reitera, el tercer párrafo del artículo 16 constitucional, establece los presupuestos necesarios para que una autoridad judicial libre una orden de aprehensión, a saber: a) Debe existir una denuncia o querella de un hecho tipificado como delito, que se sancione con pena privativa de libertad; y b) Deben existir datos que evidencien lo siguiente: La existencia del hecho ilícito. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En relación con la orden de aprehensión, los artículos 200 y 201 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas disponen: Artículo 200. Cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se trate de delitos que tuviesen señalada pena privativa de la libertad, y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la aprehensión del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. También se decretará la aprehensión de imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no compareciere sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el párrafo anterior, salvo el último de los ahí mencionados. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión, conducirán inmediatamente al detenido ante la presencia del Juez que hubiere expedido la orden, debiendo entregar al imputado copia de la misma. Una vez que el aprehendido por orden judicial sea puesto a disposición del Juez de Garantía, éste convocará dentro de un plazo de veinticuatro horas a una audiencia para que le sea formulada la imputación. Solicitud de aprehensión del imputado. Artículo 201.- El Ministerio Público podrá solicitar el libramiento de una orden de aprehensión contra el imputado. Para tal efecto hará una relación de los hechos que le atribuya, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes que exhibirá ante la autoridad judicial, y expondrá las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán bajo protesta de decir verdad, en audiencia privada con el Juez. La conferencia privada será grabada. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión. De las trascripciones que anteceden se desprenden, como requisitos de forma y fondo para el dictado de una orden de aprehensión, los siguientes: a) Sea solicitada por el Ministerio Público bajo protesta de decir verdad; quien deberá precisar la clasificación jurídica preliminar, mencionando para ello: tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza de la conducta (dolosa o culposa). b) Exista denuncia o querella de un hecho ilícito. c) El hecho ilícito tenga sanción privativa de libertad. d) Existan datos que establezcan que se ha cometido el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. e) La comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. De igual forma, en la orden de aprehensión, la constitucionalidad del acto se satisface, con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, en la valoración de aquellos elementos, que han servido de basamento, y que llevan a establecer, como enseguida se desarrollará, si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en tal evento, razonando en todo momento porqué el juzgador de control actúa en determinado sentido. Además, a fin de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, se debe precisar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 102/2006, del rubro y contenido siguientes: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN DEBE SEÑALAR EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN DEL DELITO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO. Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no indica que en la orden de aprehensión deban expresarse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se le imputa al acusado -requisitos que establece el artículo 19 constitucional para el auto de formal prisión-, también lo es que a efecto de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, la autoridad que emite la referida orden debe señalar dichos datos, ya que son los que permiten comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, lo cual permite al acusado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su captura, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa. Por otra parte, como todo acto de autoridad, debe ser emitido por autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado, para lo cual es menester que el acto plasme los conceptos en los cuales se sustenta la concordancia entre la situación jurídica individualizada y la abstracción normativa que le sirvió de fundamento. Así, analizados los antecedentes y datos proporcionados por la agente del Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión materia del presente sumario constitucional y lo resuelto por el juez de control se concluye que sí se reúnen los requisitos previstos por el artículo 16 constitucional, como a continuación se expone: Solicitud del Ministerio Público bajo protesta de decir verdad. La cual realizó Laura Ruelas Carrillo, agente del Ministerio Público de Investigación Mixta, en audiencia privada de veintinueve de junio de dos mil quince, dentro de la causa penal 242/2015. Por los hechos que a criterio de la Ministerio Público calificó de manera preliminar como constitutivos del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 339 fracción IV y 340 fracción VII del Código Penal del Estado de Zacatecas. Denuncia o querella. Según los datos de prueba expuestos por la Ministerio Público, fue interpuesta por César Orlando Cháirez Carlos el siete de octubre de dos mil trece. Sanción privativa de libertad. Por lo que hace a este requisito, se acredita porque el tipo penal de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 339 fracción IV y 340 fracción VII del Estado de Zacatecas, prevé una pena privativa de libertad de cuatro a doce años de prisión. La existencia de datos que acrediten los hechos delictuosos y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; aspectos que se encuentran demostrados en el caso El delito de fraude específico materia del acto reclamado se encuentra regulado en el artículo 340, fracción VII, del Código Penal en el Estado de Zacatecas, los cuales establecen: Artículo 340. Se considerarán casos especiales de defraudación, a los que se aplicarán las mismas penas que señala el artículo anterior, los siguientes: (.) VII. Al que venda a dos o más personas una misma cosa, sea mueble o raíz y reciba el precio de la primera, de la segunda o siguientes enajenaciones, de dos o más de ellas o parte del precio, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o de los siguientes compradores; . Del precepto anterior se desprenden los elementos que integran el delito de fraude, en tratándose de la doble venta de una misma cosa, a saber: La existencia de una venta a dos o más personas una misma cosa, sea mueble o raíz; y La recepción por parte del sujeto activo del precio de la primera, de la segunda o siguientes enajenaciones, de dos o más de ellas o parte del precio, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o de los siguientes compradores. En relación con los elementos destacados, la autoridad responsable estimó que existían datos de prueba suficientes para acreditarlas, en esencia, porque: 1. La acusación refirió a la existencia de la denuncia de César Orlado Cháirez Carlos, de quien se adujo narró, en concreto, que: La ofendida Margarita Cháirez Carlos adquirió un terreno ubicado en el lote dos, manzana cuatro de la calle José Otón en el fraccionamiento Suave Patria de esta ciudad, con una superficie de ciento dieciocho metros con cincuenta y seis centímetros, el cual terminó de pagar el trece de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, para lo cual Manuel García Pinedo, en su carácter de presidente de la asociación civil Alianza Popular por vida digna, expidió un recibo por dicha compra. En mayo de dos mil trece, al acudir con su padre a ver el terreno de su hermana, se percataron de la existencia de una construcción dentro de dicho predio, por lo que al indagar con los vecinos se percataron que Manuel García Pinedo revendió el inmueble de referencia a Juan Cabral, pues éste se encontraba escriturado a su nombre en fecha quince de mayo de dos mil doce, ante el Registro Público de la Propiedad bajo el acta 23743, volumen 588. 2. La carta de entrega firmada por Manuel García Pinedo a nombre de la ofendida en donde se estableció que era poseedora del lote dos, manzana cuatro de la calle José Otón de la colonia Suave Patria y el recibo de trece de diciembre de mil novecientos noventa y ocho expedido por el presidente y tesorero de la asociación civil Alianza Popular por vida digna. 3. Testimonio de Guillermo Cháirez Rodríguez, de veintiocho de abril de dos mil catorce, en el cual manifestó ser padre de la ofendida y que le constaba que en el año de mil novecientos noventa y ocho, Margarita Cháirez Carlos adquirió el predio de referencia y, que con posterioridad a ello, fue vendido a otra persona. 4. La manifestación de Juan Luis Cabral Arceo, quien se identificó como el propietario del citado bien inmueble y manifestó que la persona que adquirió dicho predio y lo puso a su nombre fue su madre Angélica Arceo Romero, asimismo, que cuenta con los documentos públicos para acreditar su propiedad. 5. Lo expresado ante el Ministerio Público el doce de noviembre de dos mil catorce, por Angélica Arceo Romero, en el sentido de que adquirió el predio ubicado en la manzana cuatro de la colonia Suave Patria de esta ciudad como resultado de una compraventa que realizó con Manuel García Pinedo, presidente de la asociación civil por una vida digna, quien, además, realizó los trámites de escrituración ante el notario público número siete del Estado, escriturándolo a nombre de su hijo Juan Luis Cabral Arceo. 6. Copia de la escritura 23743 de quince de mayo de dos mil doce, a nombre de Juan Luis Cabral Arceo ante el notario público número siete del Estado y el recibo de pago de adquisición de bienes inmuebles y plano, así como un avalúo de dieciocho de mayo a nombre de éste. 7. Informe de uno de abril de dos mil catorce, rendido por el Director de Catastro de Zacatecas, en el que se informó que el citado predio ubicado en la manzana cuatro, lote dos de la colonia Suave Patria de esta ciudad, se encuentra a nombre de Juan Luis Cabral Arceo, anexando el plano de lotificación de treinta y uno de octubre de dos mil once, del cual se corroboró que Manuel García Pinedo era presidente de la Asociación Civil Alianza Popular por una Vida Digna. 8. La inspección realizada el doce de octubre de dos mil trece por José Manuel López Ramírez, agente de la policía ministerial, en el lote número dos de la manzana cuatro de la colonia Suave Patria de esta ciudad, en la que asentó las medidas y colindancias del predio de referencia. Con base en los elementos de prueba anteriores, la autoridad responsable estimó que existían elementos suficientes para estimar que la venta realizada en favor de la agraviada había sido fraudulenta, pues con posterioridad había sido enajenado por el sujeto activo el mismo predio. En efecto, los datos de pruebas aportados son suficientes para demostrar que el sujeto activo recibió dinero por la primera y segunda venta del inmueble en referencia, causando un perjuicio directo a Margarita Cháirez Carlos, porque reflejan que existió una doble venta en donde el activo enajenó el predio descrito en párrafos que anteceden a la agraviada y después lo vendió de nueva cuenta a una tercera persona. En suma, los datos de prueba referidos, en su conjunto, son suficientes para considerar probable la compraventa imputada, pues es la hipótesis que los explica de manera conjunta y plausible, hasta este momento procesal. De lo anterior se sigue que es factible considerar que el sujeto activo realizó la doble venta del mismo bien, pues los actos jurídicos respectivos se encuentran acreditados con los datos de prueba referidos. Sin que pase inadvertido que entre los datos proporcionados en la denuncia y los contenidos en la copia certificada de la escritura pública pasada ante la fe del Notario Público Número Siete en el Estado, exista una diferencia en la superficie del referido bien inmueble, pues si bien es cierto, en la denuncia que originó el acto reclamado se señaló una superficie de ciento dieciocho metros con cincuenta y seis centímetros y, en la escritura de mérito se estableció una diversa extensión de ciento quince metros con cincuenta y seis centímetros, sin embargo, lo anterior no es obstáculo para tener por demostrado el hecho ilícito y la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión, pues en el proceso de origen obra como dato de prueba la inspección realizada el doce de octubre de dos mil trece, por el policía ministerial José Manuel López Ramírez, en la que asentó las medidas y colindancias de dicho predio y con la cual se acredita la identidad de éste. Probable responsabilidad. En la orden de aprehensión reclamada se advierte que la autoridad responsable acertadamente consideró que con los antecedentes de la investigación se acreditó que probablemente Manuel García Pinedo cometió la figura delictiva de fraude específico contra Margarita Cháirez Carlos, en términos del artículo artículo 340, fracción VII, del Código Penal en el Estado de Zacatecas, en particular con los siguientes antecedentes de investigación: Denuncia de César Orlando Cháirez Carlos, quien refiere que Manuel García Pinero fue la persona que vendió a Margarita Cháirez Carlos el predio referido, y que el quince de mayo de dos mil doce, se percató que había sido revendido por aquél a una persona de nombre Juan Cabral, a quien le escrituró dicho bien inmueble y lo inscribió en el Registro Público de la Propiedad bajo el acta 23743, volumen 588; quedando demostrado que el bien ubicado en el lote número dos de la manzana cuatro, fue vendido en dos ocasiones, la primera en diciembre de mil novecientos noventa y ocho y la segunda, el quince de mayo de dos mil doce. De lo manifestado por Juan Luis Cabral Arceo y Angélica Arceo Romero, respectivamente, se advierte que la segunda en referencia compró el citado terreno, realizando el pago correspondiente a Manuel García Pinedo, quien lo escrituró a nombre del primero de los nombrados. De la copia certificada de la escritura pública realizada bajo la fe del licenciado Tarsicio Félix Serrano, Notario Público número Siete del Estado el quince de mayo de dos mil catorce, se advierte que se estableció que Manuel García Pinedo, en representación de la Asociación Civil denominada Alianza Popular por una Vida Digna, asignó el lote dos, manzana cuatro de la calle José Otón, fraccionamiento Suave Patria a Juan Luis Cabral Arceo, el cual cuenta con una superficie de ciento quince metros con cincuenta y seis centímetros cuadrados, de lo que sostuvo que Manuel García Pinedo realizó dicha venta, por segunda ocasión. Por tanto, efectivamente la probable responsabilidad del quejoso se encuentra acreditada pues es patente que tanto en la declaración de la parte agraviada como en la del tercero adquirente, se le señaló directamente como vendedor; lo que se corroboró con las documentales citadas y, consecuentemente, los datos de prueba son uniformes en atribuir la responsabilidad al quejoso, al ser quien se advierte participó como vendedor en los actos jurídicos involucrados. En suma, tal como consideró la autoridad responsable ordenadora al momento de emitir la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado, con los elementos reseñados con anterioridad hacen probable que Manuel García Pinedo realizó en el año de mil novecientos noventa y ocho la venta del lote dos de la manzana cuatro de la colonia Suave Patria a Margarita Cháirez Carlos y después, en el año dos mil doce, vendió el mismo lote a un tercero. Lo anterior, se insiste, refleja que existió una doble venta ya que el activo enajenó el predio descrito a la agraviada y tiempo después lo volvió a vender y escrituró a una tercera persona. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de datos de prueba suficientes para estimar que aconteció el hecho ilícito de fraude específico imputado y la probable participación del inculpado en su comisión. Luego, los requisitos para el dictado de la orden de aprehensión fueron colmados en el caso en concreto, en virtud de que como se analizó existió denuncia y obran datos de prueba que acreditan que se ha cometido un ilícito y que existe la posibilidad de que el imputado lo cometió, además de que el delito por el que se solicitó se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad y amerita prisión preventiva. Así las cosas, contrario a lo sostenido por el accionante del amparo sí se cumplieron con los requisitos para la emisión de la orden de aprehensión, que prevé el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos asentados en la presente resolución, porque se inició una averiguación previa, se recabaron los elementos de prueba pertinentes, se solicitó a la juez competente librar la orden de captura, la cual se expidió con apoyo en los fundamentos legales vigentes al momento de la emisión del acto, aunado a ello, en la causa penal que se le instruye al aquí quejoso, existen datos de prueba que acreditan el hecho delictivo de fraude específico y hacen probable su responsabilidad penal. Lo anterior, debido a que el auto por el que se libra una orden de aprehensión, sin que previamente se hubiera llamado a comparecer al indiciado no es violatorio del artículo 14 constitucional, de ahí que resulte infundado el concepto de violación en el que aduce el quejoso de que no se llevó a cabo una audiencia en la cual pudiera esgrimir la medida cautelar de prisión preventiva que le será impuesta, pues para el libramiento de una orden de dicha naturaleza los requisitos son que exista una querella o denuncia de un hecho o hechos que constituyan delito, que sea sancionado cuando menos con pena privativa de la libertad y que existan datos que acrediten los elementos que integren el cuerpo del delito, así como que hagan probable la responsabilidad del imputado. Aunado a que la juez responsable estimó procedente librar la orden de captura reclamada porque la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, porque existan diversos procesos en los que se sigan investigando al aquí quejoso, además como se consideró en el acto reclamado, este requisito se justifica con los informes remitidos por la Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Policía Ministerial del Estado, de los cuales se advierte, en esencia, que no ha sido posible localizar al quejoso de mérito De manera que existen datos de prueba suficientes para estimar como desconocido el domicilio o paradero del inculpado pues no ha podido ser localizado; lo que revela que no es de fácil localización y que, por ende, su presencia en el proceso puede verse en peligro de demorarse. Además, debe precisarse que para motivar la orden de captura reclamada no se requieren pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado, sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos establecidos en el numeral 16 constitucional y que se desprendan datos que hagan probable que el indiciado haya cometido o participado en la comisión del injusto que se atribuya, lo que así aconteció. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/182 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Tomo IX, Marzo de 1992, página 104, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguiente: ORDEN DE APREHENSION. SU LIBRAMIENTO NO REQUIERE DE PRUEBAS PLENAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO. En ese contexto, se insiste que del análisis de las relaciones reclamadas se advierte que la responsable ordenadora emitió la determinación reclamada, con apego al artículo 16 constitucional, toda vez que fundó y motivó respectivamente el acto de autoridad que se le atribuye, tomando en consideración que de acuerdo con los criterios que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una resolución se encuentra fundada cunado se expresan con precisión los preceptos legales al caso y motivada cuando se expongan las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas del caso que se hubieran tenido en consideración para la emisión de la aludida orden de aprehensión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 204 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 166 del tomo VI del apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 del rubro y texto siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En consecuencia, resulta correcto que en el acto reclamado se hubiera determinado la existencia del hecho ilícito de fraude específico y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, ya que hasta el momento procesal en que fue emitido es la hipótesis con mayor sustento. Por último, debe precisarse que en la causa penal natural, hasta el momento procesal en que fue emitido el auto reclamado, no se encuentra demostrado un error invencible de tipo o un caso fortuito, que excluyan el dolo acreditado en la comisión del hecho delictivo; o una causa de justificación o inculpabilidad que impida que se emita el mandamiento de captura reclamado por el quejoso. Sobre la base de lo considerado, no se advierte que la resolución reclamada sea violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque, como ya se analizó, lejos de ello, en el acto reclamado se respetó y actuó con base en el contenido de esos preceptos fundamentales sin irrogar perjuicio al peticionario de amparo. En conclusión, desestimados los conceptos de violación y sin que exista deficiencia en la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que, hasta ese momento, se acreditaron los elementos que integran el hecho delictuoso imputado, así como la probable responsabilidad del indiciado, se niega el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones Internacionales de la Procuraduría General de Justicia y Director General de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, dado que éstos no se reclaman por vicios propios sino que se hacen depender del reclamado a la ordenadora. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, publicada en la página 146, tomo I, segunda pare, enero a junio de 1988, materia común, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGATIVA DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Manuel García Pinedo, respecto de los actos reclamados a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Director de la Policía Ministerial y Directora de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia, todos del estado de Zacatecas, por los motivos precisados en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 506/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis (fojas 4-7 del tomo I del cuaderno de amparo), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Manuel García Pinedo, por propio derecho, solicitó la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se describen a continuación: Autoridades responsables: En cuanto ordenadoras Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de Zacatecas. Zacatecas. En cuanto ejecutoras Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado Zacatecas. Coordinadora Aprehensiones de la Procuraduría de Justicia del Estado Zacatecas. Actos reclamados. La orden de aprehensión dictada en su contra. La ejecución de ésta. Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos fundamentales conferidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que por auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis (fojas 9 y 10, tomo I del cuaderno de amparo), se admitió a trámite con el número 220/2016; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. En atención a los datos arrojados en los informes rendidos por las autoridades responsables y constancias de autos, en acuerdo de tres de mayo del año en curso (fojas 693 a 695, del tomo II del cuaderno de amparo), se ordenó la separación de los juicios respecto de la causas 26/2015, 150/2016, 49/2016, 57/2014, 440/2015, 112/2016, 101/2016, 158/2015, 130/2015, 242/2015 y 26/2015, por lo que se determinó que dicho juicio de amparo se seguiría únicamente respecto de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 561/2014; por tanto, se ordenó turnar la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado para que fuera remitida al Juzgado de Distrito, en turno, en relación con cada uno de los restantes procesos citado. CUARTO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en lo concerniente a la causa penal 242/2015; en acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete (fojas 739-741 del tomo II del cuaderno de amparo, se admitió a trámite con el expediente 506/2017, sin solicitarse el informe justificado a las autoridades responsables ni requerirse el emplazamiento de la parte tercero interesada, por ya obrar en autos; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial en materia penal que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal y se combate su ejecución en este lugar. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio constitucional, consisten en: La orden de aprehensión de veintinueve de junio de dos mil quince, emitida contra Manuel García Pinedo, en la causa penal 242/2015, seguida por el delito de fraude específico en agravio de Margarita Cháirez Carlos. La ejecución de dicha orden. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial del Estado, de la Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones Internacionales de la Procuraduría General de Justicia y del Director General de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia (fojas 15-16, 19-20 y 268 del tomo I del cuaderno de pruebas), todos del Estado de Zacatecas, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las constancias remitidas por la responsable consistentes en la resolución de orden de aprehensión dictada en la causa penal 242/2015, y dos discos compactos que contienen cada uno la videograbación de la audiencia privada de veintinueve de junio de dos mil quince, relativa a la audiencia de solicitud de orden de aprehensión; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. También tiene aplicación la jurisprudencia 43/2013 (10), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 703, libro XXIII, agosto de 2013 tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Luego, se encuentra acreditada la existencia de la orden de aprehensión reclamada y su ejecución. CUARTO. Estudio de fondo. Al no advertirse una causa de improcedencia que hagan valer las partes, o que la suscrita advierta de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Los conceptos de violación son infundados, aun suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a de la Ley de Amparo. El quejoso refiere que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se le pretende privar de su libertad, sin que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento, como son habérselo hecho de su conocimiento con oportunidad para su defensa. No asiste razón en lo manifestado conforme a lo siguiente: El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El artículo 16 de la carta magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar de manera escrita todos los actos de molestia que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Del análisis de dicho precepto se distinguen dos tipos de actos, que son: a) actos de molestia, son los que restringen de manera provisional o preventiva un derecho, y b) actos privativos, son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. Los actos privativos tienen como presupuesto para su emisión la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado (garantía de audiencia y debido proceso). Los actos de molestia resultan legales siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. De manera que respecto de éstos no rige la garantía de audiencia, dado que no tienen efectos privativos, sino provisionales. Por tanto, todo acto de molestia debe estar contenido en un mandato escrito de la autoridad competente en donde se funde y motive la causa legal de su objeto. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, página cinco, que dispone: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. La orden de aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye. Así lo considero la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la tesis 1a. CC/2012 (10a.), publicada en la página 1206, del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2001985, de rubro y texto: ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN., sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales. Por tanto, la orden de aprehensión constituye una forma de integrar al imputado al proceso. Así, la afectación al derecho de libertad involucrado es provisional, hasta en tanto se decida sobre la situación jurídica del reo en relación con los hechos imputados. En consecuencia, una orden de aprehensión constituye un acto de molestia, dado que no priva de manera definitiva de la libertad al inculpado. Lo que se corrobora con el contenido del tercer párrafo del artículo 16 constitucional, que establece: Artículo 16. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Del precepto anterior destaca que la audiencia del inculpado no constituye un requisito previo a la emisión de una orden de aprehensión. De ahí que, contrario a lo alegado, no es requisito para el dictado de la orden de aprehensión que se otorgue al inculpado audiencia previa, pues si bien, por regla general, todo gobernado frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 14 constitucional, goza del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo; las órdenes de aprehensión constituyen actos de molestia respecto de los que no rige la garantía pretendida. Dicha salvedad, se reitera, deriva del mismo artículo 16 constitucional, al establecer los requisitos para proceder al libramiento de la orden de aprehensión, entre los que no se encuentra que previamente se oiga al presunto indiciado en defensa. Tiene aplicación al respecto la tesis IX.1o.33, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1824, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Novena Época, del siguiente contenido literal: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Luego, lo reclamado en ese sentido resulta infundado, pues en el juicio natural no era necesario que fuera llamado al procedimiento con anterioridad a la emisión de la orden reclamada. Ahora bien, como se refirió, aun en suplencia de la deficiencia de la queja, no se advierte que el acto reclamado sea violatorio de los derechos fundamentales del amparista, conforme a lo siguiente: Se reitera, el tercer párrafo del artículo 16 constitucional, establece los presupuestos necesarios para que una autoridad judicial libre una orden de aprehensión, a saber: a) Debe existir una denuncia o querella de un hecho tipificado como delito, que se sancione con pena privativa de libertad; y b) Deben existir datos que evidencien lo siguiente: La existencia del hecho ilícito. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En relación con la orden de aprehensión, los artículos 200 y 201 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas disponen: Artículo 200. Cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se trate de delitos que tuviesen señalada pena privativa de la libertad, y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la aprehensión del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. También se decretará la aprehensión de imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no compareciere sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el párrafo anterior, salvo el último de los ahí mencionados. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión, conducirán inmediatamente al detenido ante la presencia del Juez que hubiere expedido la orden, debiendo entregar al imputado copia de la misma. Una vez que el aprehendido por orden judicial sea puesto a disposición del Juez de Garantía, éste convocará dentro de un plazo de veinticuatro horas a una audiencia para que le sea formulada la imputación. Solicitud de aprehensión del imputado. Artículo 201.- El Ministerio Público podrá solicitar el libramiento de una orden de aprehensión contra el imputado. Para tal efecto hará una relación de los hechos que le atribuya, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes que exhibirá ante la autoridad judicial, y expondrá las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán bajo protesta de decir verdad, en audiencia privada con el Juez. La conferencia privada será grabada. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión. De las trascripciones que anteceden se desprenden, como requisitos de forma y fondo para el dictado de una orden de aprehensión, los siguientes: a) Sea solicitada por el Ministerio Público bajo protesta de decir verdad; quien deberá precisar la clasificación jurídica preliminar, mencionando para ello: tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza de la conducta (dolosa o culposa). b) Exista denuncia o querella de un hecho ilícito. c) El hecho ilícito tenga sanción privativa de libertad. d) Existan datos que establezcan que se ha cometido el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. e) La comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. De igual forma, en la orden de aprehensión, la constitucionalidad del acto se satisface, con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, en la valoración de aquellos elementos, que han servido de basamento, y que llevan a establecer, como enseguida se desarrollará, si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en tal evento, razonando en todo momento porqué el juzgador de control actúa en determinado sentido. Además, a fin de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, se debe precisar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 102/2006, del rubro y contenido siguientes: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN DEBE SEÑALAR EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN DEL DELITO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO. Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no indica que en la orden de aprehensión deban expresarse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se le imputa al acusado -requisitos que establece el artículo 19 constitucional para el auto de formal prisión-, también lo es que a efecto de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, la autoridad que emite la referida orden debe señalar dichos datos, ya que son los que permiten comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, lo cual permite al acusado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su captura, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa. Por otra parte, como todo acto de autoridad, debe ser emitido por autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado, para lo cual es menester que el acto plasme los conceptos en los cuales se sustenta la concordancia entre la situación jurídica individualizada y la abstracción normativa que le sirvió de fundamento. Así, analizados los antecedentes y datos proporcionados por la agente del Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión materia del presente sumario constitucional y lo resuelto por el juez de control se concluye que sí se reúnen los requisitos previstos por el artículo 16 constitucional, como a continuación se expone: Solicitud del Ministerio Público bajo protesta de decir verdad. La cual realizó Laura Ruelas Carrillo, agente del Ministerio Público de Investigación Mixta, en audiencia privada de veintinueve de junio de dos mil quince, dentro de la causa penal 242/2015. Por los hechos que a criterio de la Ministerio Público calificó de manera preliminar como constitutivos del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 339 fracción IV y 340 fracción VII del Código Penal del Estado de Zacatecas. Denuncia o querella. Según los datos de prueba expuestos por la Ministerio Público, fue interpuesta por César Orlando Cháirez Carlos el siete de octubre de dos mil trece. Sanción privativa de libertad. Por lo que hace a este requisito, se acredita porque el tipo penal de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 339 fracción IV y 340 fracción VII del Estado de Zacatecas, prevé una pena privativa de libertad de cuatro a doce años de prisión. La existencia de datos que acrediten los hechos delictuosos y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; aspectos que se encuentran demostrados en el caso El delito de fraude específico materia del acto reclamado se encuentra regulado en el artículo 340, fracción VII, del Código Penal en el Estado de Zacatecas, los cuales establecen: Artículo 340. Se considerarán casos especiales de defraudación, a los que se aplicarán las mismas penas que señala el artículo anterior, los siguientes: (.) VII. Al que venda a dos o más personas una misma cosa, sea mueble o raíz y reciba el precio de la primera, de la segunda o siguientes enajenaciones, de dos o más de ellas o parte del precio, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o de los siguientes compradores; . Del precepto anterior se desprenden los elementos que integran el delito de fraude, en tratándose de la doble venta de una misma cosa, a saber: La existencia de una venta a dos o más personas una misma cosa, sea mueble o raíz; y La recepción por parte del sujeto activo del precio de la primera, de la segunda o siguientes enajenaciones, de dos o más de ellas o parte del precio, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o de los siguientes compradores. En relación con los elementos destacados, la autoridad responsable estimó que existían datos de prueba suficientes para acreditarlas, en esencia, porque: 1. La acusación refirió a la existencia de la denuncia de César Orlado Cháirez Carlos, de quien se adujo narró, en concreto, que: La ofendida Margarita Cháirez Carlos adquirió un terreno ubicado en el lote dos, manzana cuatro de la calle José Otón en el fraccionamiento Suave Patria de esta ciudad, con una superficie de ciento dieciocho metros con cincuenta y seis centímetros, el cual terminó de pagar el trece de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, para lo cual Manuel García Pinedo, en su carácter de presidente de la asociación civil Alianza Popular por vida digna, expidió un recibo por dicha compra. En mayo de dos mil trece, al acudir con su padre a ver el terreno de su hermana, se percataron de la existencia de una construcción dentro de dicho predio, por lo que al indagar con los vecinos se percataron que Manuel García Pinedo revendió el inmueble de referencia a Juan Cabral, pues éste se encontraba escriturado a su nombre en fecha quince de mayo de dos mil doce, ante el Registro Público de la Propiedad bajo el acta 23743, volumen 588. 2. La carta de entrega firmada por Manuel García Pinedo a nombre de la ofendida en donde se estableció que era poseedora del lote dos, manzana cuatro de la calle José Otón de la colonia Suave Patria y el recibo de trece de diciembre de mil novecientos noventa y ocho expedido por el presidente y tesorero de la asociación civil Alianza Popular por vida digna. 3. Testimonio de Guillermo Cháirez Rodríguez, de veintiocho de abril de dos mil catorce, en el cual manifestó ser padre de la ofendida y que le constaba que en el año de mil novecientos noventa y ocho, Margarita Cháirez Carlos adquirió el predio de referencia y, que con posterioridad a ello, fue vendido a otra persona. 4. La manifestación de Juan Luis Cabral Arceo, quien se identificó como el propietario del citado bien inmueble y manifestó que la persona que adquirió dicho predio y lo puso a su nombre fue su madre Angélica Arceo Romero, asimismo, que cuenta con los documentos públicos para acreditar su propiedad. 5. Lo expresado ante el Ministerio Público el doce de noviembre de dos mil catorce, por Angélica Arceo Romero, en el sentido de que adquirió el predio ubicado en la manzana cuatro de la colonia Suave Patria de esta ciudad como resultado de una compraventa que realizó con Manuel García Pinedo, presidente de la asociación civil por una vida digna, quien, además, realizó los trámites de escrituración ante el notario público número siete del Estado, escriturándolo a nombre de su hijo Juan Luis Cabral Arceo. 6. Copia de la escritura 23743 de quince de mayo de dos mil doce, a nombre de Juan Luis Cabral Arceo ante el notario público número siete del Estado y el recibo de pago de adquisición de bienes inmuebles y plano, así como un avalúo de dieciocho de mayo a nombre de éste. 7. Informe de uno de abril de dos mil catorce, rendido por el Director de Catastro de Zacatecas, en el que se informó que el citado predio ubicado en la manzana cuatro, lote dos de la colonia Suave Patria de esta ciudad, se encuentra a nombre de Juan Luis Cabral Arceo, anexando el plano de lotificación de treinta y uno de octubre de dos mil once, del cual se corroboró que Manuel García Pinedo era presidente de la Asociación Civil Alianza Popular por una Vida Digna. 8. La inspección realizada el doce de octubre de dos mil trece por José Manuel López Ramírez, agente de la policía ministerial, en el lote número dos de la manzana cuatro de la colonia Suave Patria de esta ciudad, en la que asentó las medidas y colindancias del predio de referencia. Con base en los elementos de prueba anteriores, la autoridad responsable estimó que existían elementos suficientes para estimar que la venta realizada en favor de la agraviada había sido fraudulenta, pues con posterioridad había sido enajenado por el sujeto activo el mismo predio. En efecto, los datos de pruebas aportados son suficientes para demostrar que el sujeto activo recibió dinero por la primera y segunda venta del inmueble en referencia, causando un perjuicio directo a Margarita Cháirez Carlos, porque reflejan que existió una doble venta en donde el activo enajenó el predio descrito en párrafos que anteceden a la agraviada y después lo vendió de nueva cuenta a una tercera persona. En suma, los datos de prueba referidos, en su conjunto, son suficientes para considerar probable la compraventa imputada, pues es la hipótesis que los explica de manera conjunta y plausible, hasta este momento procesal. De lo anterior se sigue que es factible considerar que el sujeto activo realizó la doble venta del mismo bien, pues los actos jurídicos respectivos se encuentran acreditados con los datos de prueba referidos. Sin que pase inadvertido que entre los datos proporcionados en la denuncia y los contenidos en la copia certificada de la escritura pública pasada ante la fe del Notario Público Número Siete en el Estado, exista una diferencia en la superficie del referido bien inmueble, pues si bien es cierto, en la denuncia que originó el acto reclamado se señaló una superficie de ciento dieciocho metros con cincuenta y seis centímetros y, en la escritura de mérito se estableció una diversa extensión de ciento quince metros con cincuenta y seis centímetros, sin embargo, lo anterior no es obstáculo para tener por demostrado el hecho ilícito y la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión, pues en el proceso de origen obra como dato de prueba la inspección realizada el doce de octubre de dos mil trece, por el policía ministerial José Manuel López Ramírez, en la que asentó las medidas y colindancias de dicho predio y con la cual se acredita la identidad de éste. Probable responsabilidad. En la orden de aprehensión reclamada se advierte que la autoridad responsable acertadamente consideró que con los antecedentes de la investigación se acreditó que probablemente Manuel García Pinedo cometió la figura delictiva de fraude específico contra Margarita Cháirez Carlos, en términos del artículo artículo 340, fracción VII, del Código Penal en el Estado de Zacatecas, en particular con los siguientes antecedentes de investigación: Denuncia de César Orlando Cháirez Carlos, quien refiere que Manuel García Pinero fue la persona que vendió a Margarita Cháirez Carlos el predio referido, y que el quince de mayo de dos mil doce, se percató que había sido revendido por aquél a una persona de nombre Juan Cabral, a quien le escrituró dicho bien inmueble y lo inscribió en el Registro Público de la Propiedad bajo el acta 23743, volumen 588; quedando demostrado que el bien ubicado en el lote número dos de la manzana cuatro, fue vendido en dos ocasiones, la primera en diciembre de mil novecientos noventa y ocho y la segunda, el quince de mayo de dos mil doce. De lo manifestado por Juan Luis Cabral Arceo y Angélica Arceo Romero, respectivamente, se advierte que la segunda en referencia compró el citado terreno, realizando el pago correspondiente a Manuel García Pinedo, quien lo escrituró a nombre del primero de los nombrados. De la copia certificada de la escritura pública realizada bajo la fe del licenciado Tarsicio Félix Serrano, Notario Público número Siete del Estado el quince de mayo de dos mil catorce, se advierte que se estableció que Manuel García Pinedo, en representación de la Asociación Civil denominada Alianza Popular por una Vida Digna, asignó el lote dos, manzana cuatro de la calle José Otón, fraccionamiento Suave Patria a Juan Luis Cabral Arceo, el cual cuenta con una superficie de ciento quince metros con cincuenta y seis centímetros cuadrados, de lo que sostuvo que Manuel García Pinedo realizó dicha venta, por segunda ocasión. Por tanto, efectivamente la probable responsabilidad del quejoso se encuentra acreditada pues es patente que tanto en la declaración de la parte agraviada como en la del tercero adquirente, se le señaló directamente como vendedor; lo que se corroboró con las documentales citadas y, consecuentemente, los datos de prueba son uniformes en atribuir la responsabilidad al quejoso, al ser quien se advierte participó como vendedor en los actos jurídicos involucrados. En suma, tal como consideró la autoridad responsable ordenadora al momento de emitir la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado, con los elementos reseñados con anterioridad hacen probable que Manuel García Pinedo realizó en el año de mil novecientos noventa y ocho la venta del lote dos de la manzana cuatro de la colonia Suave Patria a Margarita Cháirez Carlos y después, en el año dos mil doce, vendió el mismo lote a un tercero. Lo anterior, se insiste, refleja que existió una doble venta ya que el activo enajenó el predio descrito a la agraviada y tiempo después lo volvió a vender y escrituró a una tercera persona. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de datos de prueba suficientes para estimar que aconteció el hecho ilícito de fraude específico imputado y la probable participación del inculpado en su comisión. Luego, los requisitos para el dictado de la orden de aprehensión fueron colmados en el caso en concreto, en virtud de que como se analizó existió denuncia y obran datos de prueba que acreditan que se ha cometido un ilícito y que existe la posibilidad de que el imputado lo cometió, además de que el delito por el que se solicitó se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad y amerita prisión preventiva. Así las cosas, contrario a lo sostenido por el accionante del amparo sí se cumplieron con los requisitos para la emisión de la orden de aprehensión, que prevé el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos asentados en la presente resolución, porque se inició una averiguación previa, se recabaron los elementos de prueba pertinentes, se solicitó a la juez competente librar la orden de captura, la cual se expidió con apoyo en los fundamentos legales vigentes al momento de la emisión del acto, aunado a ello, en la causa penal que se le instruye al aquí quejoso, existen datos de prueba que acreditan el hecho delictivo de fraude específico y hacen probable su responsabilidad penal. Lo anterior, debido a que el auto por el que se libra una orden de aprehensión, sin que previamente se hubiera llamado a comparecer al indiciado no es violatorio del artículo 14 constitucional, de ahí que resulte infundado el concepto de violación en el que aduce el quejoso de que no se llevó a cabo una audiencia en la cual pudiera esgrimir la medida cautelar de prisión preventiva que le será impuesta, pues para el libramiento de una orden de dicha naturaleza los requisitos son que exista una querella o denuncia de un hecho o hechos que constituyan delito, que sea sancionado cuando menos con pena privativa de la libertad y que existan datos que acrediten los elementos que integren el cuerpo del delito, así como que hagan probable la responsabilidad del imputado. Aunado a que la juez responsable estimó procedente librar la orden de captura reclamada porque la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, porque existan diversos procesos en los que se sigan investigando al aquí quejoso, además como se consideró en el acto reclamado, este requisito se justifica con los informes remitidos por la Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Policía Ministerial del Estado, de los cuales se advierte, en esencia, que no ha sido posible localizar al quejoso de mérito De manera que existen datos de prueba suficientes para estimar como desconocido el domicilio o paradero del inculpado pues no ha podido ser localizado; lo que revela que no es de fácil localización y que, por ende, su presencia en el proceso puede verse en peligro de demorarse. Además, debe precisarse que para motivar la orden de captura reclamada no se requieren pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado, sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos establecidos en el numeral 16 constitucional y que se desprendan datos que hagan probable que el indiciado haya cometido o participado en la comisión del injusto que se atribuya, lo que así aconteció. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/182 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Tomo IX, Marzo de 1992, página 104, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguiente: ORDEN DE APREHENSION. SU LIBRAMIENTO NO REQUIERE DE PRUEBAS PLENAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO. En ese contexto, se insiste que del análisis de las relaciones reclamadas se advierte que la responsable ordenadora emitió la determinación reclamada, con apego al artículo 16 constitucional, toda vez que fundó y motivó respectivamente el acto de autoridad que se le atribuye, tomando en consideración que de acuerdo con los criterios que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una resolución se encuentra fundada cunado se expresan con precisión los preceptos legales al caso y motivada cuando se expongan las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas del caso que se hubieran tenido en consideración para la emisión de la aludida orden de aprehensión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 204 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 166 del tomo VI del apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 del rubro y texto siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En consecuencia, resulta correcto que en el acto reclamado se hubiera determinado la existencia del hecho ilícito de fraude específico y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, ya que hasta el momento procesal en que fue emitido es la hipótesis con mayor sustento. Por último, debe precisarse que en la causa penal natural, hasta el momento procesal en que fue emitido el auto reclamado, no se encuentra demostrado un error invencible de tipo o un caso fortuito, que excluyan el dolo acreditado en la comisión del hecho delictivo; o una causa de justificación o inculpabilidad que impida que se emita el mandamiento de captura reclamado por el quejoso. Sobre la base de lo considerado, no se advierte que la resolución reclamada sea violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque, como ya se analizó, lejos de ello, en el acto reclamado se respetó y actuó con base en el contenido de esos preceptos fundamentales sin irrogar perjuicio al peticionario de amparo. En conclusión, desestimados los conceptos de violación y sin que exista deficiencia en la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que, hasta ese momento, se acreditaron los elementos que integran el hecho delictuoso imputado, así como la probable responsabilidad del indiciado, se niega el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones Internacionales de la Procuraduría General de Justicia y Director General de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, dado que éstos no se reclaman por vicios propios sino que se hacen depender del reclamado a la ordenadora. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, publicada en la página 146, tomo I, segunda pare, enero a junio de 1988, materia común, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGATIVA DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Manuel García Pinedo, respecto de los actos reclamados a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Director de la Policía Ministerial y Directora de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia, todos del estado de Zacatecas, por los motivos precisados en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 506/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis (fojas 4-7 del tomo I del cuaderno de amparo), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Manuel García Pinedo, por propio derecho, solicitó la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se describen a continuación: Autoridades responsables: En cuanto ordenadoras Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de Zacatecas. Zacatecas. En cuanto ejecutoras Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado Zacatecas. Coordinadora Aprehensiones de la Procuraduría de Justicia del Estado Zacatecas. Actos reclamados. La orden de aprehensión dictada en su contra. La ejecución de ésta. Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos fundamentales conferidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que por auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis (fojas 9 y 10, tomo I del cuaderno de amparo), se admitió a trámite con el número 220/2016; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. En atención a los datos arrojados en los informes rendidos por las autoridades responsables y constancias de autos, en acuerdo de tres de mayo del año en curso (fojas 693 a 695, del tomo II del cuaderno de amparo), se ordenó la separación de los juicios respecto de la causas 26/2015, 150/2016, 49/2016, 57/2014, 440/2015, 112/2016, 101/2016, 158/2015, 130/2015, 242/2015 y 26/2015, por lo que se determinó que dicho juicio de amparo se seguiría únicamente respecto de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 561/2014; por tanto, se ordenó turnar la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado para que fuera remitida al Juzgado de Distrito, en turno, en relación con cada uno de los restantes procesos citado. CUARTO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en lo concerniente a la causa penal 242/2015; en acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete (fojas 739-741 del tomo II del cuaderno de amparo, se admitió a trámite con el expediente 506/2017, sin solicitarse el informe justificado a las autoridades responsables ni requerirse el emplazamiento de la parte tercero interesada, por ya obrar en autos; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial en materia penal que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal y se combate su ejecución en este lugar. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio constitucional, consisten en: La orden de aprehensión de veintinueve de junio de dos mil quince, emitida contra Manuel García Pinedo, en la causa penal 242/2015, seguida por el delito de fraude específico en agravio de Margarita Cháirez Carlos. La ejecución de dicha orden. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial del Estado, de la Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones Internacionales de la Procuraduría General de Justicia y del Director General de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia (fojas 15-16, 19-20 y 268 del tomo I del cuaderno de pruebas), todos del Estado de Zacatecas, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las constancias remitidas por la responsable consistentes en la resolución de orden de aprehensión dictada en la causa penal 242/2015, y dos discos compactos que contienen cada uno la videograbación de la audiencia privada de veintinueve de junio de dos mil quince, relativa a la audiencia de solicitud de orden de aprehensión; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. También tiene aplicación la jurisprudencia 43/2013 (10), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 703, libro XXIII, agosto de 2013 tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Luego, se encuentra acreditada la existencia de la orden de aprehensión reclamada y su ejecución. CUARTO. Estudio de fondo. Al no advertirse una causa de improcedencia que hagan valer las partes, o que la suscrita advierta de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Los conceptos de violación son infundados, aun suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a de la Ley de Amparo. El quejoso refiere que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se le pretende privar de su libertad, sin que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento, como son habérselo hecho de su conocimiento con oportunidad para su defensa. No asiste razón en lo manifestado conforme a lo siguiente: El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El artículo 16 de la carta magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar de manera escrita todos los actos de molestia que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Del análisis de dicho precepto se distinguen dos tipos de actos, que son: a) actos de molestia, son los que restringen de manera provisional o preventiva un derecho, y b) actos privativos, son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. Los actos privativos tienen como presupuesto para su emisión la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado (garantía de audiencia y debido proceso). Los actos de molestia resultan legales siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. De manera que respecto de éstos no rige la garantía de audiencia, dado que no tienen efectos privativos, sino provisionales. Por tanto, todo acto de molestia debe estar contenido en un mandato escrito de la autoridad competente en donde se funde y motive la causa legal de su objeto. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, página cinco, que dispone: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. La orden de aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye. Así lo considero la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la tesis 1a. CC/2012 (10a.), publicada en la página 1206, del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2001985, de rubro y texto: ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN., sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales. Por tanto, la orden de aprehensión constituye una forma de integrar al imputado al proceso. Así, la afectación al derecho de libertad involucrado es provisional, hasta en tanto se decida sobre la situación jurídica del reo en relación con los hechos imputados. En consecuencia, una orden de aprehensión constituye un acto de molestia, dado que no priva de manera definitiva de la libertad al inculpado. Lo que se corrobora con el contenido del tercer párrafo del artículo 16 constitucional, que establece: Artículo 16. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Del precepto anterior destaca que la audiencia del inculpado no constituye un requisito previo a la emisión de una orden de aprehensión. De ahí que, contrario a lo alegado, no es requisito para el dictado de la orden de aprehensión que se otorgue al inculpado audiencia previa, pues si bien, por regla general, todo gobernado frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 14 constitucional, goza del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo; las órdenes de aprehensión constituyen actos de molestia respecto de los que no rige la garantía pretendida. Dicha salvedad, se reitera, deriva del mismo artículo 16 constitucional, al establecer los requisitos para proceder al libramiento de la orden de aprehensión, entre los que no se encuentra que previamente se oiga al presunto indiciado en defensa. Tiene aplicación al respecto la tesis IX.1o.33, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1824, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Novena Época, del siguiente contenido literal: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Luego, lo reclamado en ese sentido resulta infundado, pues en el juicio natural no era necesario que fuera llamado al procedimiento con anterioridad a la emisión de la orden reclamada. Ahora bien, como se refirió, aun en suplencia de la deficiencia de la queja, no se advierte que el acto reclamado sea violatorio de los derechos fundamentales del amparista, conforme a lo siguiente: Se reitera, el tercer párrafo del artículo 16 constitucional, establece los presupuestos necesarios para que una autoridad judicial libre una orden de aprehensión, a saber: a) Debe existir una denuncia o querella de un hecho tipificado como delito, que se sancione con pena privativa de libertad; y b) Deben existir datos que evidencien lo siguiente: La existencia del hecho ilícito. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En relación con la orden de aprehensión, los artículos 200 y 201 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas disponen: Artículo 200. Cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se trate de delitos que tuviesen señalada pena privativa de la libertad, y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la aprehensión del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. También se decretará la aprehensión de imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no compareciere sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el párrafo anterior, salvo el último de los ahí mencionados. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión, conducirán inmediatamente al detenido ante la presencia del Juez que hubiere expedido la orden, debiendo entregar al imputado copia de la misma. Una vez que el aprehendido por orden judicial sea puesto a disposición del Juez de Garantía, éste convocará dentro de un plazo de veinticuatro horas a una audiencia para que le sea formulada la imputación. Solicitud de aprehensión del imputado. Artículo 201.- El Ministerio Público podrá solicitar el libramiento de una orden de aprehensión contra el imputado. Para tal efecto hará una relación de los hechos que le atribuya, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes que exhibirá ante la autoridad judicial, y expondrá las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán bajo protesta de decir verdad, en audiencia privada con el Juez. La conferencia privada será grabada. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión. De las trascripciones que anteceden se desprenden, como requisitos de forma y fondo para el dictado de una orden de aprehensión, los siguientes: a) Sea solicitada por el Ministerio Público bajo protesta de decir verdad; quien deberá precisar la clasificación jurídica preliminar, mencionando para ello: tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza de la conducta (dolosa o culposa). b) Exista denuncia o querella de un hecho ilícito. c) El hecho ilícito tenga sanción privativa de libertad. d) Existan datos que establezcan que se ha cometido el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. e) La comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. De igual forma, en la orden de aprehensión, la constitucionalidad del acto se satisface, con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, en la valoración de aquellos elementos, que han servido de basamento, y que llevan a establecer, como enseguida se desarrollará, si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en tal evento, razonando en todo momento porqué el juzgador de control actúa en determinado sentido. Además, a fin de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, se debe precisar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 102/2006, del rubro y contenido siguientes: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN DEBE SEÑALAR EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN DEL DELITO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO. Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no indica que en la orden de aprehensión deban expresarse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se le imputa al acusado -requisitos que establece el artículo 19 constitucional para el auto de formal prisión-, también lo es que a efecto de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, la autoridad que emite la referida orden debe señalar dichos datos, ya que son los que permiten comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, lo cual permite al acusado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su captura, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa. Por otra parte, como todo acto de autoridad, debe ser emitido por autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado, para lo cual es menester que el acto plasme los conceptos en los cuales se sustenta la concordancia entre la situación jurídica individualizada y la abstracción normativa que le sirvió de fundamento. Así, analizados los antecedentes y datos proporcionados por la agente del Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión materia del presente sumario constitucional y lo resuelto por el juez de control se concluye que sí se reúnen los requisitos previstos por el artículo 16 constitucional, como a continuación se expone: Solicitud del Ministerio Público bajo protesta de decir verdad. La cual realizó Laura Ruelas Carrillo, agente del Ministerio Público de Investigación Mixta, en audiencia privada de veintinueve de junio de dos mil quince, dentro de la causa penal 242/2015. Por los hechos que a criterio de la Ministerio Público calificó de manera preliminar como constitutivos del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 339 fracción IV y 340 fracción VII del Código Penal del Estado de Zacatecas. Denuncia o querella. Según los datos de prueba expuestos por la Ministerio Público, fue interpuesta por César Orlando Cháirez Carlos el siete de octubre de dos mil trece. Sanción privativa de libertad. Por lo que hace a este requisito, se acredita porque el tipo penal de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 339 fracción IV y 340 fracción VII del Estado de Zacatecas, prevé una pena privativa de libertad de cuatro a doce años de prisión. La existencia de datos que acrediten los hechos delictuosos y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; aspectos que se encuentran demostrados en el caso El delito de fraude específico materia del acto reclamado se encuentra regulado en el artículo 340, fracción VII, del Código Penal en el Estado de Zacatecas, los cuales establecen: Artículo 340. Se considerarán casos especiales de defraudación, a los que se aplicarán las mismas penas que señala el artículo anterior, los siguientes: (.) VII. Al que venda a dos o más personas una misma cosa, sea mueble o raíz y reciba el precio de la primera, de la segunda o siguientes enajenaciones, de dos o más de ellas o parte del precio, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o de los siguientes compradores; . Del precepto anterior se desprenden los elementos que integran el delito de fraude, en tratándose de la doble venta de una misma cosa, a saber: La existencia de una venta a dos o más personas una misma cosa, sea mueble o raíz; y La recepción por parte del sujeto activo del precio de la primera, de la segunda o siguientes enajenaciones, de dos o más de ellas o parte del precio, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o de los siguientes compradores. En relación con los elementos destacados, la autoridad responsable estimó que existían datos de prueba suficientes para acreditarlas, en esencia, porque: 1. La acusación refirió a la existencia de la denuncia de César Orlado Cháirez Carlos, de quien se adujo narró, en concreto, que: La ofendida Margarita Cháirez Carlos adquirió un terreno ubicado en el lote dos, manzana cuatro de la calle José Otón en el fraccionamiento Suave Patria de esta ciudad, con una superficie de ciento dieciocho metros con cincuenta y seis centímetros, el cual terminó de pagar el trece de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, para lo cual Manuel García Pinedo, en su carácter de presidente de la asociación civil Alianza Popular por vida digna, expidió un recibo por dicha compra. En mayo de dos mil trece, al acudir con su padre a ver el terreno de su hermana, se percataron de la existencia de una construcción dentro de dicho predio, por lo que al indagar con los vecinos se percataron que Manuel García Pinedo revendió el inmueble de referencia a Juan Cabral, pues éste se encontraba escriturado a su nombre en fecha quince de mayo de dos mil doce, ante el Registro Público de la Propiedad bajo el acta 23743, volumen 588. 2. La carta de entrega firmada por Manuel García Pinedo a nombre de la ofendida en donde se estableció que era poseedora del lote dos, manzana cuatro de la calle José Otón de la colonia Suave Patria y el recibo de trece de diciembre de mil novecientos noventa y ocho expedido por el presidente y tesorero de la asociación civil Alianza Popular por vida digna. 3. Testimonio de Guillermo Cháirez Rodríguez, de veintiocho de abril de dos mil catorce, en el cual manifestó ser padre de la ofendida y que le constaba que en el año de mil novecientos noventa y ocho, Margarita Cháirez Carlos adquirió el predio de referencia y, que con posterioridad a ello, fue vendido a otra persona. 4. La manifestación de Juan Luis Cabral Arceo, quien se identificó como el propietario del citado bien inmueble y manifestó que la persona que adquirió dicho predio y lo puso a su nombre fue su madre Angélica Arceo Romero, asimismo, que cuenta con los documentos públicos para acreditar su propiedad. 5. Lo expresado ante el Ministerio Público el doce de noviembre de dos mil catorce, por Angélica Arceo Romero, en el sentido de que adquirió el predio ubicado en la manzana cuatro de la colonia Suave Patria de esta ciudad como resultado de una compraventa que realizó con Manuel García Pinedo, presidente de la asociación civil por una vida digna, quien, además, realizó los trámites de escrituración ante el notario público número siete del Estado, escriturándolo a nombre de su hijo Juan Luis Cabral Arceo. 6. Copia de la escritura 23743 de quince de mayo de dos mil doce, a nombre de Juan Luis Cabral Arceo ante el notario público número siete del Estado y el recibo de pago de adquisición de bienes inmuebles y plano, así como un avalúo de dieciocho de mayo a nombre de éste. 7. Informe de uno de abril de dos mil catorce, rendido por el Director de Catastro de Zacatecas, en el que se informó que el citado predio ubicado en la manzana cuatro, lote dos de la colonia Suave Patria de esta ciudad, se encuentra a nombre de Juan Luis Cabral Arceo, anexando el plano de lotificación de treinta y uno de octubre de dos mil once, del cual se corroboró que Manuel García Pinedo era presidente de la Asociación Civil Alianza Popular por una Vida Digna. 8. La inspección realizada el doce de octubre de dos mil trece por José Manuel López Ramírez, agente de la policía ministerial, en el lote número dos de la manzana cuatro de la colonia Suave Patria de esta ciudad, en la que asentó las medidas y colindancias del predio de referencia. Con base en los elementos de prueba anteriores, la autoridad responsable estimó que existían elementos suficientes para estimar que la venta realizada en favor de la agraviada había sido fraudulenta, pues con posterioridad había sido enajenado por el sujeto activo el mismo predio. En efecto, los datos de pruebas aportados son suficientes para demostrar que el sujeto activo recibió dinero por la primera y segunda venta del inmueble en referencia, causando un perjuicio directo a Margarita Cháirez Carlos, porque reflejan que existió una doble venta en donde el activo enajenó el predio descrito en párrafos que anteceden a la agraviada y después lo vendió de nueva cuenta a una tercera persona. En suma, los datos de prueba referidos, en su conjunto, son suficientes para considerar probable la compraventa imputada, pues es la hipótesis que los explica de manera conjunta y plausible, hasta este momento procesal. De lo anterior se sigue que es factible considerar que el sujeto activo realizó la doble venta del mismo bien, pues los actos jurídicos respectivos se encuentran acreditados con los datos de prueba referidos. Sin que pase inadvertido que entre los datos proporcionados en la denuncia y los contenidos en la copia certificada de la escritura pública pasada ante la fe del Notario Público Número Siete en el Estado, exista una diferencia en la superficie del referido bien inmueble, pues si bien es cierto, en la denuncia que originó el acto reclamado se señaló una superficie de ciento dieciocho metros con cincuenta y seis centímetros y, en la escritura de mérito se estableció una diversa extensión de ciento quince metros con cincuenta y seis centímetros, sin embargo, lo anterior no es obstáculo para tener por demostrado el hecho ilícito y la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión, pues en el proceso de origen obra como dato de prueba la inspección realizada el doce de octubre de dos mil trece, por el policía ministerial José Manuel López Ramírez, en la que asentó las medidas y colindancias de dicho predio y con la cual se acredita la identidad de éste. Probable responsabilidad. En la orden de aprehensión reclamada se advierte que la autoridad responsable acertadamente consideró que con los antecedentes de la investigación se acreditó que probablemente Manuel García Pinedo cometió la figura delictiva de fraude específico contra Margarita Cháirez Carlos, en términos del artículo artículo 340, fracción VII, del Código Penal en el Estado de Zacatecas, en particular con los siguientes antecedentes de investigación: Denuncia de César Orlando Cháirez Carlos, quien refiere que Manuel García Pinero fue la persona que vendió a Margarita Cháirez Carlos el predio referido, y que el quince de mayo de dos mil doce, se percató que había sido revendido por aquél a una persona de nombre Juan Cabral, a quien le escrituró dicho bien inmueble y lo inscribió en el Registro Público de la Propiedad bajo el acta 23743, volumen 588; quedando demostrado que el bien ubicado en el lote número dos de la manzana cuatro, fue vendido en dos ocasiones, la primera en diciembre de mil novecientos noventa y ocho y la segunda, el quince de mayo de dos mil doce. De lo manifestado por Juan Luis Cabral Arceo y Angélica Arceo Romero, respectivamente, se advierte que la segunda en referencia compró el citado terreno, realizando el pago correspondiente a Manuel García Pinedo, quien lo escrituró a nombre del primero de los nombrados. De la copia certificada de la escritura pública realizada bajo la fe del licenciado Tarsicio Félix Serrano, Notario Público número Siete del Estado el quince de mayo de dos mil catorce, se advierte que se estableció que Manuel García Pinedo, en representación de la Asociación Civil denominada Alianza Popular por una Vida Digna, asignó el lote dos, manzana cuatro de la calle José Otón, fraccionamiento Suave Patria a Juan Luis Cabral Arceo, el cual cuenta con una superficie de ciento quince metros con cincuenta y seis centímetros cuadrados, de lo que sostuvo que Manuel García Pinedo realizó dicha venta, por segunda ocasión. Por tanto, efectivamente la probable responsabilidad del quejoso se encuentra acreditada pues es patente que tanto en la declaración de la parte agraviada como en la del tercero adquirente, se le señaló directamente como vendedor; lo que se corroboró con las documentales citadas y, consecuentemente, los datos de prueba son uniformes en atribuir la responsabilidad al quejoso, al ser quien se advierte participó como vendedor en los actos jurídicos involucrados. En suma, tal como consideró la autoridad responsable ordenadora al momento de emitir la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado, con los elementos reseñados con anterioridad hacen probable que Manuel García Pinedo realizó en el año de mil novecientos noventa y ocho la venta del lote dos de la manzana cuatro de la colonia Suave Patria a Margarita Cháirez Carlos y después, en el año dos mil doce, vendió el mismo lote a un tercero. Lo anterior, se insiste, refleja que existió una doble venta ya que el activo enajenó el predio descrito a la agraviada y tiempo después lo volvió a vender y escrituró a una tercera persona. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de datos de prueba suficientes para estimar que aconteció el hecho ilícito de fraude específico imputado y la probable participación del inculpado en su comisión. Luego, los requisitos para el dictado de la orden de aprehensión fueron colmados en el caso en concreto, en virtud de que como se analizó existió denuncia y obran datos de prueba que acreditan que se ha cometido un ilícito y que existe la posibilidad de que el imputado lo cometió, además de que el delito por el que se solicitó se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad y amerita prisión preventiva. Así las cosas, contrario a lo sostenido por el accionante del amparo sí se cumplieron con los requisitos para la emisión de la orden de aprehensión, que prevé el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos asentados en la presente resolución, porque se inició una averiguación previa, se recabaron los elementos de prueba pertinentes, se solicitó a la juez competente librar la orden de captura, la cual se expidió con apoyo en los fundamentos legales vigentes al momento de la emisión del acto, aunado a ello, en la causa penal que se le instruye al aquí quejoso, existen datos de prueba que acreditan el hecho delictivo de fraude específico y hacen probable su responsabilidad penal. Lo anterior, debido a que el auto por el que se libra una orden de aprehensión, sin que previamente se hubiera llamado a comparecer al indiciado no es violatorio del artículo 14 constitucional, de ahí que resulte infundado el concepto de violación en el que aduce el quejoso de que no se llevó a cabo una audiencia en la cual pudiera esgrimir la medida cautelar de prisión preventiva que le será impuesta, pues para el libramiento de una orden de dicha naturaleza los requisitos son que exista una querella o denuncia de un hecho o hechos que constituyan delito, que sea sancionado cuando menos con pena privativa de la libertad y que existan datos que acrediten los elementos que integren el cuerpo del delito, así como que hagan probable la responsabilidad del imputado. Aunado a que la juez responsable estimó procedente librar la orden de captura reclamada porque la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, porque existan diversos procesos en los que se sigan investigando al aquí quejoso, además como se consideró en el acto reclamado, este requisito se justifica con los informes remitidos por la Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Policía Ministerial del Estado, de los cuales se advierte, en esencia, que no ha sido posible localizar al quejoso de mérito De manera que existen datos de prueba suficientes para estimar como desconocido el domicilio o paradero del inculpado pues no ha podido ser localizado; lo que revela que no es de fácil localización y que, por ende, su presencia en el proceso puede verse en peligro de demorarse. Además, debe precisarse que para motivar la orden de captura reclamada no se requieren pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado, sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos establecidos en el numeral 16 constitucional y que se desprendan datos que hagan probable que el indiciado haya cometido o participado en la comisión del injusto que se atribuya, lo que así aconteció. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/182 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Tomo IX, Marzo de 1992, página 104, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguiente: ORDEN DE APREHENSION. SU LIBRAMIENTO NO REQUIERE DE PRUEBAS PLENAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO. En ese contexto, se insiste que del análisis de las relaciones reclamadas se advierte que la responsable ordenadora emitió la determinación reclamada, con apego al artículo 16 constitucional, toda vez que fundó y motivó respectivamente el acto de autoridad que se le atribuye, tomando en consideración que de acuerdo con los criterios que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una resolución se encuentra fundada cunado se expresan con precisión los preceptos legales al caso y motivada cuando se expongan las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas del caso que se hubieran tenido en consideración para la emisión de la aludida orden de aprehensión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 204 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 166 del tomo VI del apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 del rubro y texto siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En consecuencia, resulta correcto que en el acto reclamado se hubiera determinado la existencia del hecho ilícito de fraude específico y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, ya que hasta el momento procesal en que fue emitido es la hipótesis con mayor sustento. Por último, debe precisarse que en la causa penal natural, hasta el momento procesal en que fue emitido el auto reclamado, no se encuentra demostrado un error invencible de tipo o un caso fortuito, que excluyan el dolo acreditado en la comisión del hecho delictivo; o una causa de justificación o inculpabilidad que impida que se emita el mandamiento de captura reclamado por el quejoso. Sobre la base de lo considerado, no se advierte que la resolución reclamada sea violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque, como ya se analizó, lejos de ello, en el acto reclamado se respetó y actuó con base en el contenido de esos preceptos fundamentales sin irrogar perjuicio al peticionario de amparo. En conclusión, desestimados los conceptos de violación y sin que exista deficiencia en la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que, hasta ese momento, se acreditaron los elementos que integran el hecho delictuoso imputado, así como la probable responsabilidad del indiciado, se niega el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones Internacionales de la Procuraduría General de Justicia y Director General de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, dado que éstos no se reclaman por vicios propios sino que se hacen depender del reclamado a la ordenadora. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, publicada en la página 146, tomo I, segunda pare, enero a junio de 1988, materia común, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGATIVA DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Manuel García Pinedo, respecto de los actos reclamados a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Director de la Policía Ministerial y Directora de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia, todos del estado de Zacatecas, por los motivos precisados en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete.
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