Manuel García Pinedo

Expediente 504/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
504/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
11/08/2017

Partes del expediente

  • Manuel García Pinedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    EJECUTORIA SOBRESEE El once de agosto de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta al Secretario encargado del despacho del Juzgado. CERTIFICO: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió del veintisiete de julio al nueve de agosto del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno dentro del juicio de amparo 504/2017. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Se hace constar que no se tramitó incidente de suspensión y que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Secretario encargado del despacho del Juzgado con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los autos así como la certificación que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de derechos en que se actúa, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Manuel García Pinedo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido (dos tomos), previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En ese sentido, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por se determina que el expediente principal en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en virtud que se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. AleM.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 504/2017 prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo, en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa con el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin la comparecencia de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas (foja 83), Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones Internacionales de la Procuraduría General de Justicia (fojas 14 y 15) y Director General de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia (fojas 18 y 19), ambos del Estado de Zacatecas, del emplazamiento a las terceros interesadas María del Rocío Félix Saucedo (foja 168) y la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigaciones Mixtas de la Procuraduría General del Estado de Zacatecas (foja 186), así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que la juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta a la juez con las documentales exhibidas por la autoridad responsable la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de Zacatecas, consistentes en las copias certificadas la resolución de orden de aprensión dictada en la causa penal 430/2014, y dos discos compactos que contienen cada uno la videograbación de la audiencia privada de catorce de octubre de dos mil catorce, relativa a la audiencia de solicitud de orden de aprehensión. A lo que la juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas por la parte procesal citada, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los realizados por la representación social de la adscripción en el pedimento 555/2017 (foja 754). A lo que la Juez determina: Ténganse reproducidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 504/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Manuel García Pinedo, por propio derecho, solicitó la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se describen a continuación: Autoridades responsables: En cuanto ordenadoras Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de Zacatecas. Zacatecas. En cuanto ejecutoras Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado Zacatecas. Coordinadora Aprehensiones de la Procuraduría de Justicia del Estado Zacatecas. Actos reclamados. La orden de aprehensión dictada en su contra. La ejecución de ésta. Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos fundamentales conferidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que por auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis (fojas 9 y 10, tomo I del amparo), se admitió a trámite con el número 220/2016; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. En atención a los datos arrojados en los informes rendidos por las autoridades responsables y constancias de autos, en acuerdo de tres de mayo del año en curso (fojas 693 a 695, del tomo I citado), se ordenó la separación de los juicios respecto de la causas 26/2015, 150/2016, 49/2016, 57/2014, 440/2015, 112/2016, 101/2016, 158/2015, 130/2015, 242/2015 y 26/2015, por lo que se determinó que dicho juicio de amparo se seguiría únicamente respecto de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 561/2014; por tanto, se ordenó turnar la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado para que fuera remitida al Juzgado de Distrito, en turno, en relación con cada uno de los restantes procesos citado. CUARTO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en lo concerniente a la causa penal 430/2014; en acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite con el expediente 504/2017, sin solicitarse el informe justificado a las autoridades responsables ni requerirse el emplazamiento de la parte tercero interesada, por ya obrar en autos; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial en materia penal que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal y se combate su ejecución en este lugar. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio constitucional, consisten en: La orden de aprehensión de catorce de octubre de dos mil catorce, emitida contra Manuel García Pinedo, en la causa penal 430/2014, seguida por el delito de fraude específico en agravio de María del Rocío Félix Saucedo. La ejecución de dicha orden. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral (foja 83), de la Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones Internacionales de la Procuraduría General de Justicia (fojas 14 y 15) y del Director General de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia (fojas 18 y 19), todos del Estado de Zacatecas, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las constancias remitidas por la responsable consistentes en la resolución de orden de aprensión dictada en la causa penal 430/2014, y dos discos compactos que contienen cada uno la videograbación de la audiencia privada de catorce de octubre de dos mil catorce, relativa a la audiencia de solicitud de orden de aprehensión; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También tiene aplicación la jurisprudencia 43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 703, libro XXIII, agosto de 2013 tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Luego, se encuentra acreditada la existencia de la orden de aprehensión reclamada y su ejeución. CUARTO. Estudio de fondo. Al no advertirse una causa de improcedencia que hagan valer las partes, o que la suscrita advierta de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación son infundados, aun suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. El quejoso refiere que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se le pretende privar de su libertad, sin que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento, como son habérselo hecho de su conocimiento con oportunidad para su defensa. No asiste razón en lo manifestado conforme a lo siguiente: El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El artículo 16 de la carta magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar de manera escrita todos los actos de molestia que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Del análisis de dicho precepto se distinguen dos tipos de actos, que son: a) actos de molestia, son los que restringen de manera provisional o preventiva un derecho, y b) actos privativos, son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. Los actos privativos tienen como presupuesto para su emisión la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado (garantía de audiencia y debido proceso). Los actos de molestia resultan legales siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. De manera que respecto de éstos no rige la garantía de audiencia, dado que no tienen efectos privativos, sino provisionales. Por tanto, todo acto de molestia debe estar contenido en un mandato escrito de la autoridad competente en donde se funde y motive la causa legal de su objeto. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, página cinco, que dispone: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". La orden de aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye. Así lo considero la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la tesis 1a. CC/2012 (10a.), publicada en la página 1206, del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2001985, de rubro y texto: "ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales." Por tanto, la orden de aprehensión constituye una forma de integrar al imputado al proceso. Así, la afectación al derecho de libertad involucrado es provisional, hasta en tanto se decida sobre la situación jurídica del reo en relación con los hechos imputados. En consecuencia, una orden de aprehensión constituye un acto de molestia, dado que no priva de manera definitiva de la libertad al inculpado. Lo que se corrobora con el contenido del tercer párrafo del artículo 16 constitucional, que establece: "Artículo 16. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Del precepto anterior destaca que la audiencia del inculpado no constituye un requisito previo a la emisión de una orden de aprehensión. De ahí que, contrario a lo alegado, no es requisito para el dictado de la orden de aprehensión que se otorgue al inculpado audiencia previa, pues si bien, por regla general, todo gobernado frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 14 constitucional, goza del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo; las órdenes de aprehensión constituyen actos de molestia respecto de los que no rige la garantía pretendida. Dicha salvedad, se reitera, deriva del mismo artículo 16 constitucional, al establecer los requisitos para proceder al libramiento de la orden de aprehensión, entre los que no se encuentra que previamente se oiga al presunto indiciado en defensa. Tiene aplicación al respecto la tesis IX.1o.33, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1824, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Novena Época, del siguiente contenido literal: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." Luego, lo reclamado en ese sentido resulta infundado, pues en el juicio natural no era necesario que fuera llamado al procedimiento con anterioridad a la emisión de la orden reclamada. Ahora bien, como se refirió, aun en suplencia de la deficiencia de la queja, no se advierte que el acto reclamado sea violatorio de los derechos fundamentales del amparista, conforme a lo siguiente: Se reitera, el tercer párrafo del artículo 16 constitucional, establece los presupuestos necesarios para que una autoridad judicial libre una orden de aprehensión, a saber: a) Debe existir una denuncia o querella de un hecho tipificado como delito, que se sancione con pena privativa de libertad; y b) Deben existir datos que evidencien: 1. la existencia del hecho ilícito; y 2. la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En relación con la orden de aprehensión, los artículos 200 y 201 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas disponen: "Artículo 200. Cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se trate de delitos que tuviesen señalada pena privativa de la libertad, y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la aprehensión del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. También se decretará la aprehensión de imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no compareciere sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el párrafo anterior, salvo el último de los ahí mencionados. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión, conducirán inmediatamente al detenido ante la presencia del Juez que hubiere expedido la orden, debiendo entregar al imputado copia de la misma. Una vez que el aprehendido por orden judicial sea puesto a disposición del Juez de Garantía, éste convocará dentro de un plazo de veinticuatro horas a una audiencia para que le sea formulada la imputación. Solicitud de aprehensión del imputado". "Artículo 201.- El Ministerio Público podrá solicitar el libramiento de una orden de aprehensión contra el imputado. Para tal efecto hará una relación de los hechos que le atribuya, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes que exhibirá ante la autoridad judicial, y expondrá las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán bajo protesta de decir verdad, en audiencia privada con el Juez. La conferencia privada será grabada. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión." De las trascripciones que anteceden se desprenden, como requisitos de forma y fondo para el dictado de una orden de aprehensión, los siguientes: a) Sea solicitada por el Ministerio Público bajo protesta de decir verdad; quien deberá precisar la clasificación jurídica preliminar, mencionando para ello: tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza de la conducta -dolosa o culposa- b) Exista denuncia o querella de un hecho ilícito. c) El hecho ilícito tenga sanción privativa de libertad. d) Existan datos que establezcan que se ha cometido el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. e) La comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. De igual forma, en la orden de aprehensión, la constitucionalidad del acto se satisface, con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, en la valoración de aquellos elementos, que han servido de basamento, y que llevan a establecer, como enseguida se desarrollará, si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en tal evento, razonando en todo momento porqué el juzgador de control actúa en determinado sentido. Además, a fin de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, se debe precisar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 102/2006, del rubro y contenido siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN DEBE SEÑALAR EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN DEL DELITO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO. Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no indica que en la orden de aprehensión deban expresarse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se le imputa al acusado -requisitos que establece el artículo 19 constitucional para el auto de formal prisión-, también lo es que a efecto de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, la autoridad que emite la referida orden debe señalar dichos datos, ya que son los que permiten comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, lo cual permite al acusado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su captura, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa." Por otra parte, como todo acto de autoridad, debe ser emitido por autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado, para lo cual es menester que el acto plasme los conceptos en los cuales se sustenta la concordancia entre la situación jurídica individualizada y la abstracción normativa que le sirvió de fundamento. Así, analizados los antecedentes y datos proporcionados por la agente del Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión materia del presente sumario constitucional y lo resuelto por el juez de control se concluye que sí se reúnen los requisitos previstos por el artículo 16 constitucional, toda vez que se colmaron como a continuación se expone: Solicitud del Ministerio Público bajo protesta de decir verdad. La cual realizó Ma. Esther Flores Cortes agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigaciones Mixtas, en audiencia privada de catorce de octubre de dos mil catorce dentro de la causa penal 430/2014. Por los hechos que a criterio de la Ministerio Público calificó de manera preliminar como constitutivos del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 339 fracción III y 340 fracción VII del Código Penal del Estado de Zacatecas. Denuncia o querella. Según los datos de prueba expuestos por la Ministerio Público, fue interpuesta por María del Rocío Félix Saucedo el trece de julio de dos mil doce. Sanción privativa de libertad. Por lo que hace a este requisito, se acredita porque el tipo penal de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 339 fracción III y 340 fracción VII del Estado de Zacatecas, prevé una pena privativa de libertad de tres a seis años de prisión. La existencia de datos que acrediten los hechos delictuosos y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; aspectos que se encuentran demostrados en el caso El delito de fraude específico materia del acto reclamado se encuentra regulado en el artículo 340, fracción VII, del Código Penal en el Estado, los cuales establecen: "Artículo 340.- Se considerarán casos especiales de defraudación, a los que se aplicarán las mismas penas que señala el artículo anterior, los siguientes: VII.- Al que venda a dos o más personas una misma cosa, sea mueble o raíz y reciba el precio de la primera, de la segunda o siguientes enajenaciones, de dos o más de ellas o parte del precio, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o de los siguientes compradores; ." Del precepto anterior se desprenden los elementos que integran el delito de fraude, en tratándose de la doble venta de una misma cosa, a saber: La existencia de una venta a dos o más personas una misma cosa, sea mueble o raíz.; y La recepción por parte del sujeto activo del precio de la primera, de la segunda o siguientes enajenaciones, de dos o más de ellas o parte del precio, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o de los siguientes compradores. En relación con los elementos destacados, la autoridad responsable estimó que existían datos de prueba suficientes para acreditarlas, en esencia, porque: 1. La acusación refirió a la existencia de la denuncia de la agraviada, de quien se adujo narró, en concreto, que: En el mes de abril de dos mil once, realizó una compra a Manuel García Pinedo; el bien inmueble objeto de la compraventa fue el lote catorce, de la manzana dos de la colonia Suave Patria de la ciudad de Zacatecas. El precio que pagó por el bien inmueble de referencia fue de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) que realizó en dos parcialidades, la primera hecha en el mes de abril por $1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.), pago realizado por concepto de enganche y en presencia de Carlos Félix Saucedo hermano de la denunciante, y la segunda realizada de ocho a quince días después de la primera por $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100), monto restante para el pago total de la compraventa, realizado en presencia de Juan Manuel Rubio Velasco esposo de la denunciante; ambos pagos se realizaron afuera de la casa de Manuel García Pinedo (minuto 06:20). El veintinueve de mayo de dos mil once, Manuel García Pinedo entregó la carta de liberación a María del Rocío Félix Saucedo, que contenía los datos del lote catorce, de la manzana dos de la colonia Suave Patria de la ciudad de Zacatecas; el imputado refirió que ya es suyo el terreno, que sólo hace falta esperar a que salieran las escrituración de COPROVI, pero que ya puede empezar a construir en su terreno. Por lo anterior, María del Rocío Félix Saucedo contrató a una persona para que comenzara con los trabajos de construcción sin que nadie le dijera nada respecto de que no podía construir en el referido terrero. En julio de dos mil once, una persona vecina del fraccionamiento le comentó a María del Rocío Félix Saucedo que el terreno donde estaba construyendo le pertenecía a Olicer Gaytán González; por lo que acudió con Manuel García Pinedo para cuestionarlo respecto de esa información, a lo que le manifestó que no existía problema alguno puesto que el tercero referido había desistido de la compraventa. En virtud de lo anterior, acudió con el inculpado a las oficinas de COPROVI y éste presentó un documento de fecha trece de julio de dos mil once (recibido por COPROVI el dieciocho de julio de dos mil once) donde solicitaba a esa autoridad retirar los documentos de Olicer Gaytán y los cambiara por los de María del Rocío Félix Saucedo, toda vez que aquel había desistido de la compraventa (minuto 08:35). El doce de julio de dos mil doce, una señorita de COPROVI le informa a María del Rocío Félix Saucedo, que no le podían expedir la escritura correspondiente del lote en comento pues el terreno tenía dos dueños Olicer Gaytán González y ella, por lo que el trece de julio de dos mil doce presentó la denuncia a la que ya se hizo referencia. 2. La constancia expedida el veintinueve mayo de dos mil once, en la que el inculpado, como presidente de la asociación civil Alianza Popular por una Vida Digna, hizo entrega del terreno en comento a la agraviada. 3. El escrito signado por el imputado con el carácter referido, recibido por el COPROVI el dieciocho de julio de dos mil once, mediante el que solicita se retiren los documentos de la venta primigenia y se ingresaran los de la agraviada, porque habían sido devueltas las cuotas y aportaciones por la primera se habían entregado. 4. La entrevista realizada a Isidro Martínez Benítez, quien refirió haber sido contratado por la agraviada como peón para realizar trabajo de albañilería en el terreno que había comprado del inculpado. 5. El testimonio del esposo de la víctima (Juan Manuel Rubio Velasco), quien refirió acompañar a ésta a finiquitar la compreventa en controversia. 6. Informe de Héctor de la Luz Mares, en su carácter de liquidador del Consejo Promotor de la Vivienda Popular, en el que especificó que el lote involucrado no se ha escriturado porque hay un conflicto entre la agraviada y Olicer Gaitán. 6.1. Diverso oficio signado por el liquidador referido en el que manifiesta que el predio en comento aparece vendido por el inculpado, como presidente de la asociación referida, al tercero adquirente en cita. 7. La declaración de Olicer Gaytán González, quien refirió que en el dos mil ocho se enteró que Manuel García Pinedo vendía terrenos, por lo que le compró el lote catorce, de la manzana dos de la colonia Suave Patria de la ciudad de Zacatecas, que le fue vendido por $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m.n.) que pagó en tres parcialidades; una vez hecho el pagó total, Manuel García Pinedo le dio la posesión y le dijo que ya podía disponer de él; que asistía a reuniones que realizaban los miembros del fraccionamiento y tomaban lista a los dueños de los lotes; que en varias ocasiones le renovó su carta de asignación, la primera que dio fue en el dos mil ocho, después en el dos mil diez y la ultima el veintiocho de mayo de dos mil once. Con base en los elementos anteriores, la autoridad responsable estimó que existían elementos suficientes para estimar que la venta realizada en favor de la agraviada había sido fraudulenta, pues con anterioridad había sido enajenado por el sujeto activo el mismo predio. Lo considerado resulta correcto, debido a que: 1. De la querella presentada se desprende substancialmente la existencia de la compraventa reclamada y el entero al sujeto activo del precio pactado, porque así lo refirió expresamente la agraviada; lo que se corrobora periféricamente con: el informe rendido por el liquidador del entonces Consejo Promotor de la Vivienda Popular, en el sentido de que existía registro de que a la agraviada le correspondía el carácter de dueña; la entrevista al esposo de la sujeto pasivo, quien manifestó haber presenciado la entrega del finiquito del numerario para la compraventa; y, la constancia de la entrega del terreno a la agraviado por parte del inculpado, como presidente de la asociación civil que realizaba las enajenaciones. Además, existe la declaración del trabajador que contrató la agraviada para realizar trabajos en el terreno involucrado, lo que, como se consideró en el acto reclamado, revela que ésta se consideraba dueña de tal inmueble; lo que constituye un indicio en favor de la existencia de la compraventa en referencia. En suma, los datos de prueba referidos, en su conjunto, son suficientes para considerar probable la compraventa imputada, pues es la hipótesis que los explica de manera conjunta y plausible, hasta este momento procesal. 2. Respecto de la existencia de la compraventa también existen datos de prueba suficientes para considerar su existencia, pues se refirió al informe que realizó el liquidador del consejo en comento en relación con que existe registro de que el inculpado enajenó el inmueble en controversia a un tercero; y a la declaración de este comprador en el sentido de que en dos mil ocho adquirió tal propiedad en veinticinco mil pesos y que en mayo de dos mil once recibió la asignación de ese lote. Luego, la existencia del registro y declaración en comento hacen probable que el lote involucrado ya había sido enajenado con anterioridad a la adquisición de la agraviada, pues ésta refirió concretar la compraventa hasta el dos mil once. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el dato de prueba que se refirió respecto a la existencia del escrito mediante el que el inculpado refirió ante el consejo en referencia sobre la rescisión de la primera compraventa realizada del terreno adquirido por la víctima, pues, en todo caso, se trata de una manifestación unilateral, por lo que por sí sola no puede implicar la ineficacia del acto jurídico y, en ese sentido, el tercero adquirente no corroboró tal circunstancia, sino, como se expuso, aceptó que realizó la adquisición. Máxime que, como se expuso, en el Consejo Promotor de la Vivienda Popular las dos adquisiciones se encuentran registradas, sin que se hubiera aclarado a quién corresponde el derecho de propiedad. De lo anterior se sigue que es plausible considerar que el sujeto activo realizó la doble venta del mismo bien, pues los actos jurídicos respectivos se encuentran acreditados con los datos de prueba referidos. Ahora, la probable responsabilidad del quejoso se encuentra acreditada pues es patente que tanto en la declaración de la agraviada como en la del tercero adquirente, se le señaló directamente como vendedor; lo que se corroboró con los informes rendidos por el liquidador citado, en el sentido de que respecto de la venta primera se encuentra registrado como vendedor aquél; asimismo, aparece como quien otorgó la constancia de asignación de dicho terreno que el inculpado realizó en favor de la agraviada y el documento que éste presentó para manifestar que la venta primigenia había sido rescindida. Por tanto, los datos de prueba son uniformes en atribuir la responsabilidad al quejoso, al ser quien se advierte participó como vendedor en los actos jurídicos involucrados. En suma, tal como se consideró en el acto reclamado, los elementos reseñados hacen probable que en abril de dos mil once, Manuel García Pinedo realizó la venta del lote 14 de la manzana 2 de la colonia Suave Patria a María del Rocío Félix Saucedo, por la cantidad de veinte mil pesos; siendo que tal predio lo había vendido a un tercero en el dos mil ocho. Lo anterior refleja que existió una doble venta ya que el activo enajenó el predio descrito a la agraviada cuando ya lo había vendido con anterioridad a tercera persona. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de datos de prueba suficientes para estimar que aconteció el hecho ilícito de fraude específico imputado y la probable participación del inculpado en su comisión. Por último, en relación con la circunstancia de que la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. Como se consideró en el acto reclamado, este requisito se justifica con los informes recabados del comandante de la policía ministerial Luis Enrique Campos el primero de fecha veintinueve de junio de dos mil catorce, donde refiere se constituye en el domicilio ubicado en calle Claveles número siete, de la colonia Felipe Ángeles en la ciudad de Zacatecas -domicilio señalado como de Manuel García Pinedo en el acta constitutiva de la asociación Alianza Popular por una Vida Digna- y constata que se trata de un domicilio deshabitado; por lo que se constituyen también en ubicado en calle Héroes de Nacozari número 205-B domicilio -obtenido de los autos del juicio ejecutivo mercantil 924/2011 del Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, instado en contra de Manuel García Pinedo- donde son atendidos por Manuela Cabral cuñada de Manuel García Pinedo y manifiesta que a éste ya hace tiempo que no se le ve y desconoce donde pueda ser localizado, en ese mismo domicilio se constituyen de nueva cuenta los elementos de la policía ministerial el quince de septiembre de dos mil catorce y encuentran el domicilio deshabitado. De manera que existen datos de prueba suficientes para estimar como desconocido el domicilio o paradero del inculpado pues no se le pudo localizar en los domicilios que se tenían de él y un familiar por afinidad de éste manifestó que tenía tiempo sin poder ser localizado; lo que revela que no es de fácil localización y que, por ende, su presencia en el proceso puede verse en peligro de demorarse. Luego, los requisitos para el dictado de la orden de aprehensión fueron colmados en el caso en concreto, en virtud de que como se analizó existió denuncia y obran datos de prueba que acreditan que se ha cometido un ilícito y que existe la posibilidad de que el imputado lo cometió, además de que el delito por el que se solicitó se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad y amerita prisión preventiva. Así las cosas, contrario a lo sostenido por el accionante del amparo sí se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento para la emisión de la orden de aprehensión, que prevé el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos asentado en la presente resolución, porque se inició una averiguación previa, se recabaron los elementos de prueba pertinentes, se solicitó a la juez competente librar la orden de captura, la cual se expidió con apoyo en los fundamentos legales vigentes al momento de la emisión del acto, aunado a ello, en la causa penal que se le instruye al aquí quejoso, existen datos de prueba que acreditan el hecho delictivo de fraude especifico y hacen probable su responsabilidad penal. Sin que existan otras hipótesis plausibles que expliquen los mismos datos de pruebas y que hagan improbable la responsabilidad del acusado. En consecuencia, resulta correcto que en el acto reclamado se hubiera determinado la existencia del hecho ilícito de fraude específico y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, ya que hasta el momento procesal en que fue emitido es la hipótesis con mayor sustento. Por último, debe precisarse que en la causa penal natural, hasta el momento procesal en que fue emitido el auto reclamado, no se encuentra demostrado un error invencible de tipo o un caso fortuito, que excluyan el dolo acreditado en la comisión del hecho delictivo; o una causa de justificación o inculpabilidad que impida que se emita el mandamiento de captura reclamado por el quejoso. Sobre la base de lo considerado, no se advierte que la resolución reclamada sea violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque, como ya se analizó, lejos de ello, en el acto reclamado se respetó y actuó con base en el contenido de esos preceptos fundamentales sin irrogar perjuicio al peticionario de amparo. En conclusión, desestimados los conceptos de violación y sin que exista deficiencia en la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que, hasta ese momento, se acreditaron los elementos que integran el hecho delictuoso imputado, así como la probable responsabilidad del indiciado, se niega el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones Internacionales de la Procuraduría General de Justicia y Director General de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, dado que éstos no se reclaman por vicios propios sino que se hacen depender del reclamado a la ordenadora. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, publicada en la página 146, tomo I, segunda pare, enero a junio de 1988, materia común, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGATIVA DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si se niega el amparo contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, esa negativa deberá hacerse extensiva a las diversas autoridades señaladas como ejecutoras del acto reclamado por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Manuel García Pinedo, respecto de los actos reclamados a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Director de la Policía Ministerial y Directora de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia, todos del estado de Zacatecas, por los motivos precisados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida del licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. ABL

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintidós de junio de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con cuarenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González. En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede; así como con el pedimento registrado bajo el folio 8531. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de tercero interesada a la licenciada Ma. Esther Flores Cortes, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, quien intervino en la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal 430/2014, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital; por tanto, mediante oficio que derive del presente auto notifíquesele la radicación del presente juicio de amparo, a efecto de que si lo considera conveniente a los intereses que representa se apersone en el presente asunto. En otro aspecto, vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con cuarenta minutos día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; luego, para dar oportunidad a que la mencionada tercero interesada quede debidamente notificada del oficio de mérito y con ello evitar dejarla en estado de indefensión, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Finalmente, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el pedimento de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, téngasele formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ASÍ COMO A LA TERCERO INTERESADA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González. DOY FE. *María del Carmen*

  4. Principal

    El uno de junio de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con el oficio registrado con el folio 7440 y anexos que se adjuntan CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por el cual en cumplimiento a lo solicitado por oficio 12613/2017, remite copia certificada del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 220/2016 de su índice. Por otra parte, de las constancias remitidas se advierte que por interlocutoria de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se resolvió la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados la que se concedió para que el quejoso Manuel García Pinedo, no fuera privado de su libertad con motivo del mandamiento de captura girado en su contra, quedando a disposición de ese Juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición del Juez de Control que conoce del procedimiento penal respectivo, fijándose como medidas de aseguramiento, las siguientes: El quejoso debería exhibir la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS, 00/100 M.N.) para que surtiera efectos la suspensión definitiva, la cual debería presentar en el plazo de cinco días siguientes. El quejoso debería comparecer ante el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral del distrito judicial de la Capital a solicitar se le formule imputación. Se apercibió al quejoso que de no dar cumplimiento a las obligaciones impuestas, dejaría de surtir efectos la suspensión concedida y se haría efectiva la garantía exhibida a favor del Erario Federal, dejándose a la responsable en aptitud de ejecutar la orden de aprehensión reclamada e internar al quejoso en el reclusorio correspondiente. Por tanto, resulta innecesario el pronunciamiento de este órgano jurisdiccional respecto a la suspensión de los actos reclamados, en razón de que como se advierte en párrafos precedentes, ya fue resuelto lo correspondiente en el incidente de suspensión derivado del juicio de derechos 220/2016 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. Con copia certificada del oficio de cuenta, acuérdese lo conducente en los diversos juicios de amparo 505/2017 y 506/2017 del índice de este Juzgado. Finalmente, fórmese por separado el incidente de suspensión respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González. DOY FE. María del Carmen*

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