Manuel Fernando Chávez Raigoza
Expediente 953/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 60 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 60
- Última actuación
- 19/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Manuel Fernando Chávez Raigoza
- Juez Quinto En Materia Penal En la Ciudad de Torreón, Coahuila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 60.
- Principal
El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 18942. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la promoción de cuenta signada por el licenciado Martín Arturo Soto Juárez, autorizado de la parte quejosa; y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa solo las copias certificadas del informe justificado rendido por la autoridad responsable juez Quinto en Materia Penal en Torreón, Coahuila, toda vez que las constancias que dicha responsable anexó como justificación de sus actos, le fueron devueltas mediante oficio 31899/2018 de doce del presente mes y año; se tiene como autorizados para que en su nombre y representación la reciba a las personas que al efecto designa. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
- Principal
El doce de septiembre de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintitrés de agosto al cinco de septiembre del año en curso, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de catorce de agosto de la presente anualidad, dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 953/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del estado de Coahuila, con residencia en Torreón. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva; y la parte quejosa exhibió los billetes de depósito N 817588 y N 817609, para que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional y definitiva, respectivamente. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el catorce de agosto de dos mil dieciocho, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido se concedió la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, y en el momento oportuno se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió los billetes de depósito N 817588 y N 817609, cada uno por la cantidad de cinco mil pesos, moneda nacional, a fin de que surtiera efectos la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados y que, como ha quedado precisado, en esta fecha quedó firme la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento; en consecuencia, hágase saber a la parte quejosa que cuenta con un lapso de dos años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que se presente ante este órgano jurisdiccional a reclamar su devolución; apercibido que de no hacerlo, operará la prescripción de su importe en favor del Erario Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. En el entendido de que deberá identificarse con documento idóneo de carácter oficial, previamente a la entrega que se le haga de dichos documentos mercantiles, de lo que se dejará la constancia de recibo correspondiente. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que amerite ser devuelto. Por otra parte, devuélvase al juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del estado de Coahuila, con residencia en Torreón, la documental consistente en copias certificadas del proceso penal 17/2017, que remitió en alcance a su informe justificado y que obra por separado. Finalmente, del estado de autos se advierte que mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, la parte quejosa exhibió como pruebas los instrumentos notariales números treinta y cinco mil veinticuatro y treinta y cinco mil trescientos veinte, mismos que dado su volumen se ordenó guardar por separado, ahora bien, toda vez que en esta propia fecha, el presente asunto ha causado ejecutoria, agréguense al sumario las pruebas en comento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Brenda.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: El doce de septiembre de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintitrés de agosto al cinco de septiembre del año en curso, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de catorce de agosto de la presente anualidad, dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 953/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del estado de Coahuila, con residencia en Torreón. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva; y la parte quejosa exhibió los billetes de depósito N 817588 y N 817609, para que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional y definitiva, respectivamente. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el catorce de agosto de dos mil dieciocho, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido se concedió la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, y en el momento oportuno se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió los billetes de depósito N 817588 y N 817609, cada uno por la cantidad de cinco mil pesos, moneda nacional, a fin de que surtiera efectos la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados y que, como ha quedado precisado, en esta fecha quedó firme la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento; en consecuencia, hágase saber a la parte quejosa que cuenta con un lapso de dos años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que se presente ante este órgano jurisdiccional a reclamar su devolución; apercibido que de no hacerlo, operará la prescripción de su importe en favor del Erario Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. En el entendido de que deberá identificarse con documento idóneo de carácter oficial, previamente a la entrega que se le haga de dichos documentos mercantiles, de lo que se dejará la constancia de recibo correspondiente. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que amerite ser devuelto. Por otra parte, devuélvase al juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del estado de Coahuila, con residencia en Torreón, la documental consistente en copias certificadas del proceso penal 17/2017, que remitió en alcance a su informe justificado y que obra por separado. Finalmente, del estado de autos se advierte que mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, la parte quejosa exhibió como pruebas los instrumentos notariales números treinta y cinco mil veinticuatro y treinta y cinco mil trescientos veinte, mismos que dado su volumen se ordenó guardar por separado, ahora bien, toda vez que en esta propia fecha, el presente asunto ha causado ejecutoria, agréguense al sumario las pruebas en comento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Brenda.
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V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 953/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Manuel Fernando Chávez Raigoza, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Ordenadora: Del Juez Quinto en Materia Penal de la Ciudad de Torreón, Coahuila: La orden de aprehensión, presentación y detención decretada contra el peticionario del amparo. El auto de formal prisión dictado en su contra. Ejecutoras: Del Director de la Policía Ministerial de Torreón, Coahuila, del Director de la Policía Ministerial en el Estado de Zacatecas, del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar y del Director de la Policía Investigadora, ambos de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas: Los actos realizados tendentes a ejecutar la orden de aprehensión, detención, presentación y auto de formal prisión reclamados. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 20, 23 y 29 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 12 a 15 del juicio de amparo), el titular de este juzgado ordenó registrar la demanda con el expediente 953/2017, y se admitió a trámite; se ordenó solicitar el respectivo informe justificado a las autoridades responsables; dar la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. TERCERO. Mediante proveídos de catorce de noviembre de dos mil diecisiete y veintitrés de enero de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional declaró como inexistentes a las autoridades responsables Director de la Policía Ministerial de Torreón, Coahuila y Director de la Policía Investigadora de Calera de Víctor Rosales, respectivamente (fojas 54 y 172); y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó el veinte de junio de dos mil dieciocho, al tenor del acta que antecede (fojas 253 y 254 del juicio de amparo). CUARTO. Recepción de documentos después de celebrada la audiencia constitucional. El trece de agosto de dos mil dieciocho, vía correo electrónico se recibió el oficio número 1403/2018, registrado con el folio 16130 (foja 255 y 256 del juicio de amparo), suscrito por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, por el que informó que el uno de junio del dos mil dieciocho, Carlos Antonio García Ramírez ofendido dentro del proceso penal 17/2017 del que emana el acto reclamado, acudió ante las instalaciones de dicha dependencia a otorgar el perdón de manera amplia en favor del inculpado aquí quejoso Manuel Fernando Chávez Raigoza, así como de los diversos inculpados Pablo Yaco, Bernardo y Hermann, todos de apellidos Reimers Campos y Gabriela Campos Bonilla, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude por simulación de actos jurídicos judiciales; lo anterior, en virtud de que le fue reparado el daño ocasionado, por lo que la autoridad responsable juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, procedió a determinar la extinción de la acción penal y decretó el sobreseimiento de la aludida causa penal 17/2017, oficio del cual se da cuenta en este momento y se ordena tomarlo en consideración para resolver este asunto. Al respecto, el oficio citado al inicio de este resultando, fue recibido con posterioridad a la celebración de la audiencia; sin embargo, ello no impide que sea tomado en cuenta para dictar la resolución correspondiente, debido a que, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia son de estudio preferente, y cuando se actualice alguna durante el juicio, la ley impone sobreseer, por tanto, tal disposición de orden público no puede soslayarse. Apoya lo expuesto, la tesis del rubro y texto siguiente: "AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DESPUÉS DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO CON ELLOS SE ACREDITE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.- Si después de celebrada la audiencia constitucional, el Juez de Distrito toma en cuenta documentos que sirvieron para hacer de su conocimiento una causal de improcedencia, no puede considerarse una violación al artículo 155 de la Ley de Amparo, ya que siendo las causales de improcedencia de estudio preferente, acorde con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la ley en cita, el Juez está obligado a su análisis previo a cualquier otra cuestión. Además de que en esta hipótesis, es justificado atender a su contenido, de acuerdo con el artículo 74, fracción III, de la invocada ley, el cual establece que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga una causa de improcedencia, las que se rigen por disposiciones de orden público." C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; por reclamarse actos de autoridades residentes en esta ciudad, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de derechos, consiste en: Ordenadoras: Del Juez Quinto en Materia Penal de la Ciudad de Torreón, Coahuila. La orden de aprehensión librada en contra del quejoso, en la causa penal 17/2017, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude por simulación de actos jurídicos judiciales. Ejecutoras: Del Director de la Policía Ministerial en el Estado de Zacatecas, del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, con residencia en esta ciudad y del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas: La ejecución de la referida orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital y el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (fojas 21 y 28, respectivamente, del juicio de amparo), al rendir sus respectivos informes justificados, negaron el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, en la causa penal 17/2017. De lo expuesto se advierte que las autoridades en comento negaron la existencia del acto que reclama el quejoso. No obstante, como se verá, el acto reclamado que se les atribuye resulta cierto en relación con autoridades diversas. De ahí que respecto de las autoridades en comento, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que su participación en el acto reclamado no se encuentra acreditada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la Jurisprudencia número I.5o.P. J/3, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, perteneciente a la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo vigésimo segundo, septiembre de dos mil cinco, página 1363, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento". Por tanto, se sobresee en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, por cuanto a las autoridades mencionadas en este considerando. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y el juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Torreón, Coahuila, al rendir sus informes justificados (fojas 20 y 78, respectivamente, del juicio de amparo), aceptaron la existencia de los actos reclamados; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los mismos. Certeza que se acredita con dos legados de copias certificadas del proceso penal 17/2017 (guardados por separado); documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. QUINTO. Causal de improcedencia actualizada. El estudio de la procedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, es de oficio y preferente al de la materia de fondo de la constitucionalidad planteada, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, y en acatamiento a la Jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 1995, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia.". En el caso, este juzgador, de manera oficiosa, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama la parte quejosa se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 103 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 2000, Novena Época, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, registro 917637, página 81, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En el presente caso, como se dijo con anterioridad, los actos reclamados son los siguientes: La orden de aprehensión librada en contra del quejoso, en la causa penal 17/2017, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude por simulación de actos jurídicos judiciales y, La ejecución de la referida orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso. Sin embargo, sus efectos han cesado, como enseguida se verá. En efecto, en primer término es necesario precisar que la demanda de amparo que nos ocupa se presentó el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete; fecha en la que los actos reclamados se encontraban vigentes, y surtiendo plenamente sus efectos, sin embargo, con posterioridad a esa data, el Juez responsable, dictó el proveído de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho (foja 255 y 256 del juicio de amparo), del cual se advierte que el uno de junio del dos mil dieciocho, el ofendido dentro del proceso penal 17/2017 del que emana el acto reclamado, acudió ante las instalaciones de dicha dependencia a otorgar el perdón de manera amplia en favor de los inculpados Pablo Yaco, Bernardo y Hermann, todos de apellidos Reimers Campos y Gabriela Campos Bonilla, así como del aquí quejoso Manuel Fernando Chávez Raigoza, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude por simulación de actos jurídicos judiciales; lo anterior, en virtud de que le fue reparado el daño ocasionado, por lo que la autoridad responsable juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, procedió a determinar la extinción de la acción penal y decretó el sobreseimiento de la aludida causa penal 17/2017, provocando con ello que cesaran los efectos de los actos reclamados. Es decir, con posterioridad a la fecha en que se inició el juicio de amparo, fueron destruidos todos los efectos del acto reclamado, pues se reitera, el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, decretó el sobreseimiento de la causa penal 17/2017, en virtud de que la víctima otorgó el perdón a los impetrantes del amparo, respecto del delito de fraude por simulación de actos jurídicos judiciales, cometido en agravio de Carlos Antonio García Ramírez; por tanto, teniendo en consideración que los actos reclamados los constituyeron la orden de aprehensión librada en su contra en dicha causa y su ejecución; cabe concluir, que en la especie, se actualiza la aludida causa de improcedencia, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el sentido de la presente sentencia, por analogía, la jurisprudencia número 176051, de la Novena época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero de 2006, en la página: 1579, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, de conformidad con la fracción V del artículo 63, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sin que sea óbice a lo aquí determinado la circunstancia de que la parte quejosa al ampliar sus conceptos de violación hizo valer argumentos en contra de la orden de aprehensión girada en su contra por el juez responsable; lo anterior, toda vez que, como se dijo en líneas precedentes los efectos de los actos reclamados finalizaron, por ende las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional aquí alegada. SEXTO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a loa novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Manuel Fernando Chávez Raigoza, contra las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese, personalmente a las partes. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo juez Primero de Distrito en Zacatecas, asistido del secretario Álvaro Augusto Álvarez Rendón, quien autoriza y da fe, hasta hoy catorce de agosto de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Vicky
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