Manuel García Daiaz

Expediente 412/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
412/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • Manuel García Daiaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Notificación previo aviso. P 412/2023 mesa 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintitrés. 1° Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra la determinación dictada el veinticinco de mayo de este año, en la que se desechó la demanda de amparo promovida, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 2° Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 3° Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto de desechamiento estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución de desechamiento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4° Devolución de documentos. Por otra parte, como se advierte de la certificación de cuenta, la parte quejosa exhibió como pruebas de su parte, las documentales siguientes: Instrumento notarial número 16939 volumen número 275, del protocolo del notario público número noventa y seis del Estado de Oaxaca. Auto de calificación de pruebas de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 928/2020 (3), del índice de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Prueba confesional desahogada el diez de abril de este año, en autos del aludido proceso laboral. Por tanto, se dejan a disposición de la parte quejosa dichos documentos, para que, dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales de referencia; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, serán destruidas, en su oportunidad, con este expediente. 5° Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 17, 20, fracción IV y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1° Destino y archivo. En términos del artículo 20, fracción IV, y 23 del referido acuerdo general, se comunica a las partes que este expediente es destruible, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Instrucción carátula expediente. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 6° Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    P. 412/2023-mesa 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. 1° Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado por ***, al que anexa las documentales consistentes en: Auto de calificación de pruebas de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************/******************** (********************), del índice de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Diligencia relativa a la prueba confesional desahogada el diez de abril de este año, en autos del aludido proceso laboral. Por tanto, se provee: 2° Acredita personalidad. Con fundamento en los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo se tiene a Eduardo Alberto Franco Jiménez acreditando su carácter de apoderado legal de Manuel García Díaz, con las documentales que anexó al ocurso de cuenta. 3° Análisis demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, pues se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: -- - (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: - -- - (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". La interpretación sistemática y funcional del supuesto transcrito lleva a concluir que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando el acto reclamado emana de un juicio o procedimiento administrativo seguido en esa forma, siempre que dicho acto sea de imposible reparación, entendiéndose como tal aquél que afecte materialmente un derecho sustantivo. En efecto, de conformidad con dichos numerales, el juicio de amparo indirecto únicamente procede cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación al afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal o por los instrumentos internacionales en el que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o resolución favorable. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". A fin de dar mayor claridad a la determinación que se emite, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la actual Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Caso concreto. En el caso, de los antecedentes que narró la parte quejosa en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad y de las documentales exhibidas con el ocurso aclaratorio, se conoce que: I. *** demandó a ***, ante la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje; formándose por tal motivo el expediente número ********************/******************** (********************). II. El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en los autos del aludido proceso laboral, se admitieron, entre otras, la confesional a cargo de ***, señalándose, para su verificativo, las doce horas con treinta minutos del diez de abril de dos mil veintitrés. III. El diez de abril de este año, el aquí quejoso exhibió ante la autoridad señalada como responsable, por escrito, el pliego de posiciones -continente de 37 posiciones-, que solicitó fueran absueltas por ***; así, dicha autoridad calificó de legales "de la 1 a 12, desechándose la número 13 por ser incongruente, calificándose de legales de la 14 a la 14 desechándose la 35, 36 y 37." Ahora, la parte quejosa reclama de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La determinación adoptada el diez de abril de dos mil veintitrés, en el juicio laboral número ********************/******************** (********************), en la cual desechó las posiciones 35, 36 y 37 del pliego exhibido por el aquí quejoso. En ese tenor, el quejoso afirma en los conceptos de violación, sustancialmente, que la junta responsable desechó "sin que se fundamente ni motive", las posiciones identificadas con los números 35, 36 y 37 del pliego exhibido, lo cual lo deja en estado de indefensión. De donde se advierte que el quejoso de lo que se duele es, esencialmente, del desechamiento de las posiciones -4: 35, 36 y 37- que debían ser absueltas por ***. No obstante, dicha determinación no produce una afectación de imposible reparación en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues, en todo caso, se trata de una lesión adjetiva que no trasciende al fondo del asunto; por ende, no transgrede sus derechos sustantivos; aspecto necesario para determinar que el juicio sea procedente. La conclusión que precede se sustenta en el hecho de que la pretensión de la parte quejosa, con la promoción de este juicio, es que "se ordene a la Junta responsable deje sin efectos la aludida audiencia por lo que hace al desechamiento de las posiciones 35, 36 y 37", lo que revela que la violación que impugna tiene efectos intraprocesales, pues está vinculada con aspectos probatorios del expediente de origen; de modo que no causa al quejoso un perjuicio de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales en los que México sea parte, como la vida, la integridad física, las posesiones o propiedades. Sirve de apoyo a esta determinación, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 56, Agosto de 1992, página 11, registro 205651, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." También se invoca como apoyo, la tesis 1.3º.C.82 K, emitida por el tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 2812, registro 170463, que dice: "PRUEBAS. LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS NO SON MATERIA DE AMPARO INDIRECTO. Este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 557, de rubro "PRUEBAS, LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS SE RECLAMAN EN AMPARO.", porque de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto si el acto reclamado consiste en la forma y medios para recibir y desahogar una prueba, salvo que afecte un derecho sustantivo, no puede desligarse de su admisión y desahogo, que en su caso afecta un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo, o que afecte un derecho procesal de carácter predominante o superior." Por lo anterior, se insiste, la determinación realizada por la Junta señalada como responsable sólo tiene efectos intraprocesales, con la posibilidad de que, en su momento, el quejoso pueda obtener una resolución favorable a sus intereses en el expediente laboral de origen y, en su caso, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama, pues, en caso contrario, tal acto es factible de impugnarse como violación procesal contra la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen. Es decir, que para el caso que la resolución que se pronuncie en el expediente laboral ********************/******************** (********************) le genere algún perjuicio, puede contravenir el acto que reclama a través del juicio de amparo directo. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo; DE PLANO SE DESECHA, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo promovida. Por las consideraciones que contiene, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, EN JUICIO LABORAL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE. El desechamiento de una prueba a la parte demandada en un juicio laboral, no es un acto de imposible reparación, que haga procedente el amparo indirecto conforme a los artículos 107 de la Constitución Federal y 114 fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que debe reclamarse en amparo directo conforme a la fracción III del artículo 159 de dicha ley, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento cuando no se reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido el quejoso, las que deben reclamarse en amparo directo que se promueve contra el laudo que ponga fin al juicio, ya que aquél, puede ser favorable al quejoso, en cuyo caso no le causaría perjuicio alguno". Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) P. 412/2023-mesa 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. 1° Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado por ***, al que anexa las documentales consistentes en: Auto de calificación de pruebas de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************/******************** (********************), del índice de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Diligencia relativa a la prueba confesional desahogada el diez de abril de este año, en autos del aludido proceso laboral. Por tanto, se provee: 2° Acredita personalidad. Con fundamento en los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo se tiene a Eduardo Alberto Franco Jiménez acreditando su carácter de apoderado legal de Manuel García Díaz, con las documentales que anexó al ocurso de cuenta. 3° Análisis demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, pues se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: -- - (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: - -- - (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". La interpretación sistemática y funcional del supuesto transcrito lleva a concluir que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando el acto reclamado emana de un juicio o procedimiento administrativo seguido en esa forma, siempre que dicho acto sea de imposible reparación, entendiéndose como tal aquél que afecte materialmente un derecho sustantivo. En efecto, de conformidad con dichos numerales, el juicio de amparo indirecto únicamente procede cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación al afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal o por los instrumentos internacionales en el que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o resolución favorable. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". A fin de dar mayor claridad a la determinación que se emite, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la actual Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Caso concreto. En el caso, de los antecedentes que narró la parte quejosa en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad y de las documentales exhibidas con el ocurso aclaratorio, se conoce que: I. *** demandó a ***, ante la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje; formándose por tal motivo el expediente número ********************/******************** (********************). II. El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en los autos del aludido proceso laboral, se admitieron, entre otras, la confesional a cargo de ***, señalándose, para su verificativo, las doce horas con treinta minutos del diez de abril de dos mil veintitrés. III. El diez de abril de este año, el aquí quejoso exhibió ante la autoridad señalada como responsable, por escrito, el pliego de posiciones -continente de 37 posiciones-, que solicitó fueran absueltas por ***; así, dicha autoridad calificó de legales "de la 1 a 12, desechándose la número 13 por ser incongruente, calificándose de legales de la 14 a la 14 desechándose la 35, 36 y 37." Ahora, la parte quejosa reclama de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La determinación adoptada el diez de abril de dos mil veintitrés, en el juicio laboral número ********************/******************** (********************), en la cual desechó las posiciones 35, 36 y 37 del pliego exhibido por el aquí quejoso. En ese tenor, el quejoso afirma en los conceptos de violación, sustancialmente, que la junta responsable desechó "sin que se fundamente ni motive", las posiciones identificadas con los números 35, 36 y 37 del pliego exhibido, lo cual lo deja en estado de indefensión. De donde se advierte que el quejoso de lo que se duele es, esencialmente, del desechamiento de las posiciones -4: 35, 36 y 37- que debían ser absueltas por ***. No obstante, dicha determinación no produce una afectación de imposible reparación en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues, en todo caso, se trata de una lesión adjetiva que no trasciende al fondo del asunto; por ende, no transgrede sus derechos sustantivos; aspecto necesario para determinar que el juicio sea procedente. La conclusión que precede se sustenta en el hecho de que la pretensión de la parte quejosa, con la promoción de este juicio, es que "se ordene a la Junta responsable deje sin efectos la aludida audiencia por lo que hace al desechamiento de las posiciones 35, 36 y 37", lo que revela que la violación que impugna tiene efectos intraprocesales, pues está vinculada con aspectos probatorios del expediente de origen; de modo que no causa al quejoso un perjuicio de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales en los que México sea parte, como la vida, la integridad física, las posesiones o propiedades. Sirve de apoyo a esta determinación, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 56, Agosto de 1992, página 11, registro 205651, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." También se invoca como apoyo, la tesis 1.3º.C.82 K, emitida por el tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 2812, registro 170463, que dice: "PRUEBAS. LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS NO SON MATERIA DE AMPARO INDIRECTO. Este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 557, de rubro "PRUEBAS, LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS SE RECLAMAN EN AMPARO.", porque de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto si el acto reclamado consiste en la forma y medios para recibir y desahogar una prueba, salvo que afecte un derecho sustantivo, no puede desligarse de su admisión y desahogo, que en su caso afecta un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo, o que afecte un derecho procesal de carácter predominante o superior." Por lo anterior, se insiste, la determinación realizada por la Junta señalada como responsable sólo tiene efectos intraprocesales, con la posibilidad de que, en su momento, el quejoso pueda obtener una resolución favorable a sus intereses en el expediente laboral de origen y, en su caso, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama, pues, en caso contrario, tal acto es factible de impugnarse como violación procesal contra la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen. Es decir, que para el caso que la resolución que se pronuncie en el expediente laboral ********************/******************** (********************) le genere algún perjuicio, puede contravenir el acto que reclama a través del juicio de amparo directo. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo; DE PLANO SE DESECHA, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo promovida. Por las consideraciones que contiene, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, EN JUICIO LABORAL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE. El desechamiento de una prueba a la parte demandada en un juicio laboral, no es un acto de imposible reparación, que haga procedente el amparo indirecto conforme a los artículos 107 de la Constitución Federal y 114 fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que debe reclamarse en amparo directo conforme a la fracción III del artículo 159 de dicha ley, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento cuando no se reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido el quejoso, las que deben reclamarse en amparo directo que se promueve contra el laudo que ponga fin al juicio, ya que aquél, puede ser favorable al quejoso, en cuyo caso no le causaría perjuicio alguno". Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Pral. 412/2023-mesa 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. 1° Ratifica escrito. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la diligencia de notificación del auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en la que el promovente ***, ante la actuaria adscrita a este Juzgado, ratificó el escrito presentado en este órgano jurisdiccional el dieciséis de mayo último, en consecuencia, se provee: 2° Se acuerda escrito. En primer término, se tiene al promovente ***, ratificando el escrito presentado en este órgano jurisdiccional el dieciséis de mayo último. 3° No se tiene por reconocida personalidad. En segundo término, no ha lugar a tener por acreditada la personalidad que ostenta ***, para promover este juicio de amparo con el carácter de apoderado legal de ***, por las siguientes consideraciones: a) *** promovió demanda de amparo mediante escrito recepcionado en este órgano jurisdiccional el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, ostentando el carácter de apoderado legal de ***. b) En auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, entre otros aspectos, se requirió al promovente *** acreditara, con la documental idónea, el carácter que ostentó. c) Mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés y ratificado ante la actuaria adscrita a este Juzgado el diecinueve de mayo siguiente, el promovente *** anexó, para acreditar dicha personalidad, el instrumento notarial ***, volumen *** de ***. d) Del instrumento notarial exhibido se advierte que, en la data referida -15/05/2023-, **** otorgó a *** poder general para pleitos y cobranzas. 4° Decisión. De donde se advierte que, hasta este momento, no se encuentra acreditada la personalidad del promovente **** para instar este juicio de amparo, en su carácter de apoderado legal de ****; pues el poder exhibido acredita, en su caso, su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas a partir del quince de mayo de dos mil veintitrés; no así que, desde la fecha de presentación de la demanda -27/04/2023-, hubiere tenido reconocido ese carácter. Por tanto, no ha lugar a tener por acreditada la personalidad que ostenta *** en este juicio de amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Al ser la representación, en sentido general, un fenómeno jurídico que implica que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que constituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que no puede tenerse por acreditada la personalidad del representante, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con un poder general o carta poder otorgados con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó." En ese tenor, se hace del conocimiento del promovente que subsiste el término y apercibimiento formulado en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés. En el entendido de que el término de cinco días que le fue otorgado para cumplir con la prevención, fue interrumpido con la presentación del escrito recibido en este órgano jurisdiccional el dieciséis de mayo del año en curso, y reiniciará al día siguiente en que haya sido notificado de este proveído. 5° Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no cumplir con la prevención decretada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se tendrá por no presentada la demanda de amparo origen de este expediente, en términos del último párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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