Manuel de Jesús Torres Santiago
Expediente 1079/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1079/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Manuel de Jesús Torres Santiago
Actuaciones
- Principal
PRAL.1079/2019-3B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de diez de diciembre del año en curso (fojas 45 a 59), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Se ordena archivo del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 3.2. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 3.3. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. 5. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa anexó a la demanda de amparo la 1) copia certificada del acuse de recibo del escrito de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, dirigido al titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (foja 10), y la 2) copia certificada del mandamiento de ejecución 330709101908198 de nueve de octubre del año en curso (fojas 11 a 14) y acta de requerimiento de pago de veintitrés de octubre de este año (fojas 15 a 18). Por ello, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales antes referidas, previa foja de sustitución que se deje en autos; apercibida que, de no hacerlo, en su oportunidad y sin ulterior acuerdo se procederá a la destrucción de las constancias relativas. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de doce de diciembre de dos mil diecinueve, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio número CCJ/ST/7469/2019, de la misma fecha; y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.1079/2019-3B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil diecinueve. ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ...
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NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA (CITATORIO) PRAL.1079/2019. En diez de diciembre de dos mil diecinueve, la secretaria da cuenta al juez con San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil diecinueve. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada seis de diciembre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada el nueve de diciembre de este año, a este órgano jurisdiccional, promovida por Manuel de Jesús Torres Santiago, contra actos del titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1079/2019. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 2. Actos reclamados. De la lectura de la demanda de amparo (fojas 2 a 9) se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente : Del titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (anteriormente denominada auditor Superior del Estado de Oaxaca): I. La resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ASE/RIM/0270/2016, en la cual se le impuso una multa (fojas 19 a 24). II. La notificación de esa determinación (I). III. Acuerdo de trece de febrero de dos mil diecisiete, en el cual causó estado la resolución de imposición de la multa y se ordenó requerir el cobro de aquélla (fojas 38 a 39). IV. Oficio OSFE/UAJ/01124/2019, de veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 41 a 43). Del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (anteriormente denominada titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior del Estado de Oaxaca): V. La notificación del oficio ASE/UAJ/02387/2016, de once de julio de dos mil dieciséis, en el cual se le hizo del conocimiento de la parte quejosa, que contaba con quince día hábiles para realizar el pago de la multa (foja 34). VI. La razón de trece de febrero de dos mil diecisiete, en la cual hizo constar la notificación de la resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciséis (foja 37). Del administrador de la Oficina Postal en Oaxaca del Servicio Postal Mexicano: VII. La entrega del correo certificado con guía MN582386335MX (foja 36). De la coordinadora de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca: VIII. El mandamiento de ejecución 330709101908198 de nueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 13 a 14) Del notificador o ejecutor adscrito a la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca: IX. El requerimiento de pago de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 15 a 17). 3. Desechamiento. En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. 3.1. Desechamiento de los actos reclamados I, VIII y IX. Del análisis de las constancias que obran en este juicio, se advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en a) la resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ASE/RIM/0270/2016, en el cual se le impuso una multa (fojas 19 a 24), b) el mandamiento de ejecución 330709101908198 de nueve de octubre de este año (fojas 13 a 14) y c) el requerimiento de pago de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 15 a 17), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo, por extemporáneo. Al respecto, los citados numerales establecen: "ARTÍCULO 61 El juicio de amparo es improcedente: (...). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." El artículo citado en primer lugar prevé la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito de los actos reclamados, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo, lo que tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana, cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de reclamarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. Para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción y; e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, en virtud de que la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Ahora, a efecto de evidenciar la existencia de la causa de improcedencia invocada, es necesario traer a contexto lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.)". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17 del cuerpo normativo en cita, para promover el juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente a aquél en que: a) Surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) El quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) El quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo sea a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por las razones que contiene es aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, página 1394, registro 178756, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días." En el caso, la parte quejosa reclama, entre otros actos, a) la resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ASE/RIM/0270/2016, en la cual se le impuso una multa (fojas 19 a 24), b) el mandamiento de ejecución 330709101908198 de nueve de octubre de este año (fojas 13 a 14) y c) el requerimiento de pago de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 15 a 17). Actos que conoció el veintitrés de octubre de dos diecinueve, como así lo manifestó bajo protesta de decir verdad (foja 4) la parte quejosa, y que se corrobora con las constancias que anexó a la demanda de amparo, relativas al mandamiento de ejecución y requerimiento de pago (fojas 11 a 17), ya que en el mandamiento de ejecución se le hizo de su conocimiento que el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca le impuso una multa (acto reclamado), y toda vez que no cubrió el pago de la misma se emitió el citado mandamiento de ejecución en cita (acto reclamado) y el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve se le requirió el pago correspondiente personalmente (acto reclamado). De ahí que, al llevarse a cabo la diligencia de requerimiento de pago de manera personal con el interesado Manuel de Jesús Torres Santiago -aquí quejoso-, en la cual se le hizo de su conocimiento el mandamiento de ejecución que derivó con motivo de la imposición de la multa de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, por parte de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca; es inconcuso que a partir de esa fecha tuvo conocimiento de los actos citados con anterioridad (I, VIII y IX); por tanto, el cómputo del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió en exceso. Por ello, el término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo inició el veinticinco de octubre y concluyó el quince de noviembre del año en curso. Dado que los días hábiles que transcurrieron son: (1) veinticinco, (2) veintiocho, (3) veintinueve, (4) treinta, (5) treinta y uno de octubre, (6) cuatro, (7) cinco, (8) seis, (9) siete (10) ocho, (11) once, (12) doce, (13) trece, (14) catorce y (15) quince de noviembre de dos mil diecinueve; ello, tomando en consideración lo siguiente: - Los días veintiséis y veintisiete de octubre, dos, tres, nueve y diez de noviembre de este año, fueron sábados y domingos; así como el diverso uno de noviembre fue inhábil. Por tanto, si la demanda de amparo, origen de este expediente, fue presentada el seis de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia esta población; es inconcuso que la demanda de amparo fue presentada cuando ya había transcurrido el término legal para su presentación; de ahí que, resulta extemporánea dicha demanda; por ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Además, el quejoso no se ubica dentro de las hipótesis legales que contemplan las fracciones I, II, III y IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Lo anterior es así, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados de ninguna manera se adecuan a alguno de los supuestos comprendidos en las fracciones transcritas con anterioridad, que exceptúan la presentación de la demanda dentro del término de quince días, en virtud de que no se trata de una norma general autoaplicativa, un procedimiento de extradición, una sentencia definitiva condenatoria de un proceso penal, que le imponga pena de prisión; tampoco es el caso de que se reclamen actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; menos aún se está ante un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se está en presencia de una incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En consecuencia, se desecha, de plano, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo promovida por Manuel de Jesús Torres Santiago contra los actos reclamados identificados con los numerales I, VIII, y IX; con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento legal. Desechamiento que se hace extensivo a los actos reclamados II, III, IV, V, VI, consistentes en: 1) La notificación de esa determinación (I). 2) Acuerdo de trece de febrero de dos mil diecisiete, en el cual causó estado la resolución de imposición de la multa y se ordenó requerir el cobro para la recaudación de la multa (fojas 38 a 39). 3) Oficio OSFE/UAJ/01124/2019 de veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 41 a 43). 4) La notificación del oficio ASE/UAJ/02387/2016 de once de julio de dos mil dieciséis, en el cual se le hizo del conocimiento de la parte quejosa, que contaba con quince día hábiles para realizar el pago de la multa (foja 34). 5) La razón de trece de febrero de dos mil diecisiete, en la cual hizo constar la notificación de la resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciséis (foja 37). Ello, toda vez que, a partir del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el quejoso tuvo conocimiento del expediente ASE/RIM/0270/2016 de donde derivan todas las actuaciones impugnadas, con motivo del mandamiento de ejecución y el requerimiento de pago; por ello, a partir de esa fecha, en su caso, estuvo en la posibilidad de presentar demanda de amparo como tercero extraño por equiparación al citado procedimiento y controvertir todas las actuaciones dictadas en aquél; de ahí que, al no realizarlo, consintió dichos actos; por lo que también se actualiza respecto de aquéllos la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación,, Octava Época, tomo II, Diciembre de 1988, página 215, registro 229986, del rubro y textos siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA SU INTERPOSICION POR TERCERO EXTRAÑO. La fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo preceptúa que cuando se trate de sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, en los que el agraviado no haya sido citado legalmente al pleito, dicho agraviado tendrá el término de noventa días para la interposición de la demanda de garantías, si residiera fuera del lugar del juicio, pero dentro de la república; de lo cual se advierte que el término apuntado sólo beneficia a quien siendo parte en el juicio no fue emplazado legalmente al mismo, pero no a quien se ostenta con el carácter de tercero extraño, ya que en este caso el término para la presentación de la demanda es de quince días, contados desde el siguiente al en que el peticionario del amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si las quejosas en calidad de terceras extrañas a juicio afirman haber tenido conocimiento de los actos reclamados en cierta fecha, y presentan la demanda de garantías después de haber transcurrido el término de quince días, es obvio que dicha demanda fue promovida en forma extemporánea." 3.3. Precisión. No pasa desapercibo que la parte quejosa haya manifestado que tuvo conocimiento de esos actos el veinticinco de noviembre del año curso; sin embargo, las constancias que anexó a la demanda de amparo demuestran lo contrario, pues quedó acreditado que conoció de aquéllos el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, además, bajo protesta de decir verdad manifestó (foja 4): (Imagen escaneada) Lo que, se reitera, evidencia que el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve tuvo conocimiento de a) la resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ASE/RIM/0270/2016, en la cual se le impuso una multa (fojas 19 a 24), b) del mandamiento de ejecución 330709101908198 (fojas 13 a 14) y c) del requerimiento de pago de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 15 a 17) y no el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, ya que si bien es cierto que en esa fecha le fueron entregadas las copias solicitadas del expediente ASE/RIM/0270/2016, también lo es que desde el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve ya sabía de la existencia de esas actuaciones y del citado expediente ASE/RIM/0270/2016. 4. Desechamiento del acto reclamado VII. Por otra parte, el quejoso reclama también del administrador de la Oficina Postal en Oaxaca del Servicio Postal Mexicano: 6) La entrega del correo certificado con guía MN582386335MX (foja 36). Acto contra el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". Artículo 1º. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" Para mejor entendimiento es preciso citar la jurisprudencia 2a.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2011, tomo XXXIV, registro 161133, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Y la jurisprudencia 2a.XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, marzo de 1999, tomo IX, página 307, registro 194367, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema, determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. El concepto de autoridad responsable debe concebirse, por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad; por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, los numerales 1º y 32 de la Ley del Servicio Postal Mexicano disponen: "Artículo 1º. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular todo lo relativo a la prestación del servicio público de correos y de los otros servicios que expresamente se contemplan. Articulo 32.- El servicio de reembolso consiste en la aceptación y conducción de correspondencia y envíos para entregarse al destinatario, previo pago de la cantidad que señale el remitente." De la interpretación literal de las disposiciones trascritas se advierte, en lo que interesa, que el Servicio Postal Mexicano se encarga únicamente de la prestación de un servicio público, relativo al envío de correspondencia a un destinatario, previo el pago de una cantidad que se realice por ello. Ahora, como el quejoso reclama del administrador de la Oficina Postal del Servicio Postal Mexicano la entrega del correo certificado con guía de envío MN582386335MX, se estima que dicho acto no tiene las características de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues el mismo se realizó en un plano de igualdad entre el Servicio Postal Mexicano y el peticionario del servicio, con motivo del servicio público otorgado, previo al pago de la misma y no de una relación de supra a subordinación. Esto es así, pues el administrador de la Oficina Postal del Servicio Postal Mexicano no es una autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que es un organismo descentralizado que forma parte de la administración pública paraestatal, con un área estratégica reservada al Estado, facultado para prestar el "servicio de correos", que tiene la misión de facilitar la comunicación, la recepción, transportación y la entrega de la correspondencia; de ahí que no pueda materialmente dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar actos en forma unilateral. En consecuencia, al no ser autoridad responsable en el juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia analizada; por tanto, procede desechar de plano, por improcedente, la demanda de amparo promovida por Manuel de Jesús Torres Santiago, contra el acto reclamado al administrador de la Oficina Postal del Servicio Postal Mexicano. 5. Acceso a la justicia. Debe decirse que las actualizaciones de las causas de improcedencia en estudio, no implican negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretaron de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro y textos siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Resulta también aplicable, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." 6. Suspensión de oficio decretada de plano. Cabe indicar que el quejoso solicitó la suspensión de plano de los actos reclamados; sin embargo, no es procedente decretar de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados, pues de los hechos y abstenciones de esos actos, no se advierte que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o 126 de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, Diciembre de 2004, página, registro 179731, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." 7. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda, y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas precisadas en la demanda de amparo, por así haberlo solicitado. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se habilita, desde ahora, al actuario judicial adscrito, para que lo haga en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. ACL Razón. En esta fecha se giraron los oficios a las autoridades correspondientes. Conste.
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