Manuel Hernández Gómez y Otros.

Expediente 812/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
812/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Manuel Hernández Gómez y Otros.
  • Agente del Ministerio Público de la Federación, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    P 812/2023, mesa 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento legal, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya interpuesto. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida resolución. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Archivo de expediente. Considerando que en resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20, fracción IV, y 23 del acuerdo general en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, una vez cumplido el término, se realizara la destrucción correspondiente y se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, dentro de los treinta días siguientes. 6. Instrucción a Secretaría. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. Asimismo, se le instruye al (a la) secretario (a) que haga la revisión y verifique que, en el expediente electrónico se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 25, del referido Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe..

  2. Principal

    P 812/2023, mesa 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Se da de baja exhorto. Agréguese el oficio firmado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparos y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, mediante el cual remite diligenciado el exhorto con número de orden 397/2023 y origen 160/2023, de este órgano jurisdiccional, que se envió con la finalidad de notificar personalmente a los quejosos Manuel Hernandez Gómez y Juan Diego Méndez Gómez del proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Dése de baja dicha comunicación en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con las anotaciones correspondientes. 2. Notificaciones electrónicas. Ahora, como de la diligencia de notificación se advierte que la parte quejosa cumple con el requerimiento formulado en autos y señala usuarios para recibir notificaciones, con apoyo en los artículos 3 y 30 de la Ley de Amparo se ordena notificarle mediante la vía electrónica, a través del primer usuario proporcionado "********************", a fin de no duplicar las notificaciones, únicamente los autos que deban ser notificados personalmente y que deban comunicarse por la importancia para dicha parte; de ahí que en este expediente los autos de mero trámite se notificarán por lista de acuerdos. Ello, en observancia a lo resuelto en la contradicción de tesis 361/2021, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de once de enero de dos mil veintitrés (criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia), en la que se resolvió que la elección de la notificación de la vía electrónica, debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe..

  3. Principal

    P 812/2023, mesa 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por *** y ***, por propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público de la Federación con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca y otra autoridad, presentada el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés en la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en este municipio y turnada el veintidós de agosto siguiente, a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente con el registro 812/2023. 2. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de ese mes y año. 3. Aspectos concernientes a la integración del expediente. Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integrarán únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós; sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 3.1. Instrucción a secretaria encargada del expediente. Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Al efecto, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. 5. Precisión del acto reclamado y su naturaleza. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: - La omisión del a) agente del Ministerio Público de la Federación con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca y del b) delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca de acordar el escrito de once de abril de dos mil veintitrés, en la carpeta de investigación ***, en el que solicitaron realizara actos de investigación y citara a los agentes aprehensores para que su defensa realizara diversas preguntas. Ahora, es necesario precisar que de los antecedentes del acto reclamado, manifestados bajo protesta de decir verdad, se advierte que los quejosos refieren que en el citado escrito de once de abril de dos mil veintitrés solicitaron a la agente del Ministerio Público de la Federación llevadora de la carpeta de investigación realizara actos de investigación y que citara a los agentes aprehensores para que su defensa realizara diversas preguntas, sin que a la fecha haya acordado dicho escrito. Sin que obste que los quejosos no hayan exhibido como prueba el acuse de recibo de dicho escrito de once de abril de dos mil veintitrés, a pesar que en el capítulo de pruebas de la demanda indicaron que lo anexaron, pues de la certificación de cuenta se advierte que adjuntaron pero un escrito que está suscrito y signado a nombre de ***, quien no es parte en este juicio y dirigido, además, a otra carpeta. Por otra parte, los quejosos alegan que con dicha omisión se vulnera en su perjuicio el artículo 8o constitucional. Al respecto, del propio señalamiento del acto y de los antecedentes que narraron se advierte que la omisión impugnada emana de una carpeta de investigación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se reclama una violación al derecho de petición dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, en este caso, una carpeta de investigación, la violación alegada no puede analizarse de manera autónoma, al tenor de lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Federal, pues al darse dentro de un proceso, debe atenderse a las reglas que lo rigen; criterio que se advierte de la jurisprudencia con registro 2008884, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". 5. Desechamiento de la demanda de amparo. Establecido lo anterior, se destaca que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, pues se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Con base en lo anterior, se establece que el juicio de amparo es un medio extraordinario regido por normas especiales y por los principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de esas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio únicamente es procedente contra actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a éste, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Acorde con lo expuesto, es necesario agotar todas las instancias a que haya lugar antes de promover la demanda de amparo contra un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; ello, con el fin de acatar el principio de definitividad que, al igual que otros, rige el juicio de amparo, cuyo sustento descansa en su naturaleza extraordinaria. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, página 902, registro 187016, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Para evidenciar la actualización de la causa invocada, es preciso recordar que los quejosos reclaman la omisión del a) agente del Ministerio Público de la Federación con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca y del b) delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca, de acordar el escrito de once de abril de dos mil veintitrés, en el que solicitaron que la agente del Ministerio Público de la Federación llevadora de la carpeta de investigación realizara actos de investigación y que citara a los agentes aprehensores para que su defensa hiciera diversas preguntas. En correlación a lo anterior, es de señalarse que el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.". Por su parte, el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Numerales de los que se advierte la existencia del control judicial en el sistema de justicia penal acusatorio, pues, conforme al segundo precepto transcrito, contra las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, existe un medio de defensa para impugnarlas ante el juez de Control, dentro de los diez días posteriores a la notificación de las mismas, en cuyo caso, el juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Como se ve, el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un medio de defensa legal por virtud del cual se puede conminar al Ministerio Público a la práctica de todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos probablemente delictivos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 233/2017, consideró que de la interpretación sistemática de dicho artículo, con los diversos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que: 1. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en la carpeta de investigación que para el efecto se integre. 2. En la etapa de investigación puede darse el supuesto que el Ministerio Público incurra en una actitud omisiva con relación a su deber de investigar los delitos; conducta omisiva que, si carece de justificación legal, puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal. 3. La función cautelar del juez de control implica vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. 4. Así, los jueces de control deben vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. 5. De modo tal que la reforma judicial de dos mil ocho incorporó el derecho de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 6. Además, la finalidad de que el juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, es con el fin de garantizar los derechos tanto del imputado como de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. Bajo esas condiciones, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas; destacando que esas determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales sino, en general, se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar su investigación, y que bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que se garanticen los derechos tanto del imputado como de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; por lo que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude su investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; de esa manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por lo anterior, la Primera Sala sostuvo que el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales es el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación; criterio contenido en las jurisprudencias 1a./J. 28/2018 (10a.) y 1a./J. 27/2018 (10a.), respectivamente, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Por lo anterior, es inconcuso que los quejosos pueden impugnar la omisión del Ministerio Público a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que, previamente a promover la acción de amparo, debieron agotar ese medio de impugnación; empero, al no hacerlo el juicio de amparo deviene improcedente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR, de plano, la demanda de amparo promovida por *** y ***, por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Precisiones finales 1° No se soslaya que para que se configure la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, la ley que rige el acto reclamado debe prever la suspensión de su ejecución, independientemente que el acto sea o no susceptible de ser suspendido; pues ese aspecto también fue abordado por la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis ya mencionada, al determinar que las omisiones y resoluciones emitidas por el agente del Ministerio Público en la etapa de investigación, deben ser revisadas por el juez de control, en cuyo caso, la autoridad judicial debe citar a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Es decir, que cuando se solicite una audiencia ante el juez de control, para que revise alguna determinación u omisión del Ministerio Público concerniente a su actividad investigadora; dicho juzgador deberá llevar a cabo una audiencia en la que, en forma inmediata, esto es, en la propia audiencia, resolverá sobre el acto u omisión del Ministerio Público. De modo que no es necesario siquiera establecer un mecanismo legal de suspensión del acto omisión sometido a la revisión del juez de control, pues será en la propia audiencia donde, atendiendo a los argumentos de las partes, dicho juzgador tendrá que resolver inmediatamente. 2° Por otra parte, conforme al segundo párrafo del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se prevé que no existe obligación de agotar los recursos, si el acto reclamado carece de fundamentación; pero ese supuesto no es aplicable en el caso concreto, porque la parte quejosa reclamó una omisión, no actos positivos a los que pudiera atribuirse falta de fundamentación. 6. Personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen por autorizados en términos amplios de ese numeral, a los licenciados (as) *** (cédula profesional ***, registro ***), *** (cédula profesional ***, registro ***) y *** (cédula profesional ***, registro ***), por haberse encontrado registradas sus cédulas profesionales en el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Y de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de dicha ley, por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que refiere, por no haberse encontrado registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas. Sin embargo, una vez que demuestre tal carácter con la información o documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se le tendrá por autorizado en los términos amplios que establece el numeral indicado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con Registro 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." 7. Autorización de usuario. Con fundamento en los artículos 35, 36 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa para accesar al expediente electrónico de este juicio, con los nombres de los usuarios "***", "***", "***", "***", "***" y "***", a fin de que puedan realizar la consulta correspondiente. 8. Requerimiento a la parte quejosa. Se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, señale(n) domicilio en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca o zona conurbada de la misma, para recibir notificaciones o, en su caso, proporcionen usuario para recibir notificaciones vía electrónica; con apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se realizarán mediante lista de acuerdos, en términos del precepto 26, fracción III, de la Ley de Amparo. 9. Notificación por exhorto. Tomando en consideración a) que el domicilio para oír y recibir notificaciones señalado por la parte quejosa se encuentra fuera del lugar de residencia de este órgano de control constitucional, b) así como no precisó que se le realizaran las notificaciones vía electrónica, a través de los usuarios proporcionados, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; GÍRESE EXHORTO en línea al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en turno, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a efecto de que: a) Notifique a los quejosos *** y *** este proveído en el domicilio ubicado en ***, número ***, ***, Chiapas; y b) Les requiera para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su notificación, señalen domicilio en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca o zona conurbada de la misma, para recibir notificaciones o, en su caso, proporcionen usuario para recibir notificaciones vía electrónica; con apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se realizarán mediante lista de acuerdos, en términos del precepto 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, se conceden facultades amplias al juez exhortado, a fin de que brinde el apoyo en los términos solicitados. 10. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 11. Publicación de versión pública de la sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente que, en su momento, integre la resolución que se llegue a dictar, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado, de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 12. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al(la) secretario(a) de guardia o al(la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. 13. Instrucción al(a) actuario(a). Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al(la) actuario(a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese; y por exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano