Manuel Enrique Mariño Anaya
Expediente 296/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Manuel Enrique Mariño Anaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
PRAL. 296/2022. MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de treinta de mayo del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas autoridades. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento y esperar a que transcurra el plazo respectivo para las autoridades responsables y para la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Se deja sin efecto la suspensión decretada. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades que fueron señaladas como responsables en este expediente, que se dejan sin efecto las providencias decretadas a favor de la parte quejosa en proveídos de cuatro y once de marzo de dos mil veintidós, respectivamente. 4. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino. Toda vez que en diversos acuerdos de cuatro y once de marzo de este año, respectivamente, se decretó de oficio y de plano la suspensión de diversos actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, el destino de este expediente y con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por similitud jurídica, así como atendiendo las especificaciones previstas en el punto 7.4. del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", se precisa que este juicio de amparo es depurable; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 5.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 18, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es depurable. 6. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.296/2022.MESA-6 En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cuarenta y seis minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 296/2022, como se ordenó en acuerdo de veinticinco de abril del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular de Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta esta fase, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Manuel Enrique Mariño Anaya, a través de Arturo Aguilera Matamoros; los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta. Asimismo, hace constar que, a la fecha, no han transcurrido los ocho días que deben mediar entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado agregado en auto de veintitrés de mayo de este año, y la de la celebración de la audiencia constitucional, como lo prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Así también, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Respecto a que no han transcurrido los ocho días a que hace referencia el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en el caso, se estima innecesario que se difiera la audiencia constitucional, por el hecho de que el informe justificado agregado en auto de veintitrés de mayo de este año, no haya sido rendido, al menos, con ocho días de anticipación a esta data; ello, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia y en acatamiento al artículo 17 de la Constitución Federal; además de que la parte quejosa no solicitó el diferimiento de la audiencia, como lo establece la hipótesis del numeral 117 invocado; por tanto, debe celebrarse la audiencia constitucional. III. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. ETAPA PROBATORIA. Acto continuo, abierto el periodo probatorio, se hace constar que la parte quejosa ofreció la prueba siguiente: Copia simple de una fotografía impresa del pasaporte con folio L637114 a nombre Manuel Enrique Mariño Anaya La autoridad responsable, comandante de la Décimo Segunda Zona Naval de la Secretaría de Marina, Armada de México, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, ofreció copia certificada del oficio 264/2022 de cinco de marzo de este año. La jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, por sí y en representación del a) titular de la Oficina de representación y b) encargado de la Sub-representación Local de dicho Instituto, ofreció como prueba documental las siguientes: Resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós dictado en el Procedimiento Administrativo Migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EM/PRE/523/2022. Notificación de la resolución de veintiocho de abril pasado. Oficio de salida con fines de regulación de veintinueve de abril de dos mil veintidós. Acto continuo, se acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitidas las citadas documentales, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. ETAPA DE ALEGATOS. Abierto este periodo, se hace constar que ninguna de las partes los formuló; por ello, se cierra esta esta etapa y se procede a dictar la sentencia respectiva. Visto para resolver el juicio de amparo 296/2022, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida y remitido por razón de turno al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Manuel Enrique Mariño Anaya, a través de Arturo Aguilera Matamoros, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, registró la demanda de amparo con el expediente 648/2022, y declinó competencia para conocer de dicho asunto a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, con motivo que la ejecución material de los actos reclamados se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca. En auto de once de marzo de este año este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, registró el asunto con el expediente 296/2022, convalidó las actuaciones emitidas por el juzgado declinante, y se reservó proveer lo relativo a la admisión o no de la demanda de amparo, hasta en tanto el juzgado declinante remitiera el exhorto que giró al juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec (mismo que se encontraba de turno), a fin de que se requiriera al quejoso directo a efecto de que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo que fue promovida en su favor. En auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós se tuvo por recibido el oficio del secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, mediante el cual, entre otras cuestiones, remitió el exhorto diligenciado por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en el cual el directo quejoso Manuel Enrique Mariño Anaya ratificó la demanda de amparo promovida a su favor; por lo cual, en esa fecha se admitió la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Además, en dicho auto (veinticinco de marzo de dos mil veintidós) se precisó que la denominación correcta de la autoridad señalada como jefe de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Yucatán, era subdirector de la Estación Migratoria en Mérida del Instituto Nacional de Migración en Yucatán. Así también, en dicha determinación se dio vista a la parte quejosa respecto a la denominación de la autoridad que señaló como: encargado de la Subdirección de la Estación Migratoria (EMA) en representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. En cumplimiento a esa prevención, en diverso proveído de once de abril del año en curso se tuvo a la parte quejosa precisando su denominación correcta, a saber, Subdirección de la Estación Migratoria en Oaxaca del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca; en tanto que respecto a la autoridad señalada como "titular de la Base de la Guardia Nacional en Oaxaca" se tuvo por inexistente y cesó comunicación con la misma. Finalmente, previo los tramites respectivos, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos se reclaman a autoridades residentes en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de detención, privación de la libertad, incomunicación, deportación y/o expulsión. La ejecución de dichos actos. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados respecto a la orden de detención, privación de la libertad, incomunicación, deportación y/o expulsión; así como su ejecución. Al rendir el informe justificado solicitado, las autoridades responsables lo hicieron de la forma siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO JEFE DE SERVICIOS, EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN EL ESTADO DE OAXACA, CON SEDE EN SANTA MARÍA IXCOTEL. NIEGA (FOLIO 5623) COMANDANTE DE LA DÉCIMO SEGUNDA ZONA NAVAL DE LA SECRETARÍA DE MARINA, ARMADA DE MÉXICO, CON SEDE EN SALINA CRUZ, OAXACA, NIEGA (FOLIO 5951) SUBDIRECTORA DE REGULACIÓN MIGRATORIA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA OFICINA EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DE YUCATÁN. NIEGA (FOLIO 6506) SUBDIRECTORA DE REGULACIÓN MIGRATORIA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA OFICINA EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DE YUCATÁN. NIEGA (FOLIO 6506) SUBDIRECTORA DE REGULACIÓN MIGRATORIA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA OFICINA EN REPRESENTACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DE YUCATÁN. NIEGA (FOLIO 6506) JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN OAXACA, CON RESIDENCIA EN OAXACA DE JUÁREZ. NIEGA (FOLIO 6981) RESPECTO A LA INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN Y EXPULSIÓN. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN OAXACA, CON RESIDENCIA EN OAXACA DE JUÁREZ, EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE DICHO INSTITUTO. NIEGA (FOLIO 6981) RESPECTO A LA INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN Y EXPULSIÓN. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN OAXACA, CON RESIDENCIA EN OAXACA DE JUÁREZ, EN REPRESENTACIÓN DEL ENCARGADO DE LA SUB-REPRESENTACIÓN LOCAL DE DICHO INSTITUTO NIEGA (FOLIO 6981) RESPECTO A LA INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN Y EXPULSIÓN. Del cuadro anterior se advierte que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos que se les atribuyen (orden de detención, privación de la libertad, incomunicación, deportación y/o expulsión, así como, su ejecución). Asimismo, al rendir el informe justificado, la jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, señaló que en la Estancia Provisional Migratoria, con sede en Oaxaca y en la Sub-representación Local del Instituto Nacional de Migración en Huatulco, Oaxaca, lugares en donde se encontraba alojado el quejoso Manuel Enrique Mariño Anaya, en su calidad de migrante, se le brindó manutención, servicios médicos y sanidad, así como llamadas telefónicas y se le respetó cada uno de sus derechos. De ahí que si bien estuvo alojado en esas estancias migratorias, no estuvo incomunicado, pues, además de los servicios referidos, también se le hizo del conocimiento a la representación diplomática de Cuba en México en relación a la presentación y alojamiento de Manuel Enrique Mariño Anaya en la Estancia Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Oaxaca; circunstancia que se corrobora con la copia certificada de la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el Procedimiento Administrativo Migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EM/PRE/523/2022. Además, de esa documental se aprecia que la autoridad migratoria resolvió su situación con fines de regularización, por adecuarse su conducta en el artículo 133, fracción IV, de la Ley de Migración, a fin de que regularice su situación migratoria en el país, en un término no mayor de treinta días hábiles; de ahí que no se advierte que el quejoso fuera deportado y/o expulsado del territorio mexicano. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, respecto a dichas autoridades y actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta Época, consultable en la página 236, tomo VI, registro 917818, del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados respecto a la orden de detención y privación de la libertad. Al rendir el informe justificado la autoridad responsable, la jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, por sí y en representación del a) titular de la Oficina de representación, b) encargado de la Sub-representación Local de dicho Instituto, negó la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen (orden de detención y/o privación de la libertad). Sin embargo, de las manifestaciones que realizó, así como de las constancias que anexó esa responsable, se advierte que el tres de marzo de este año el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la cédula III-2 Oaxaca, dejó en guardia y custodia a Manuel Enrique Mariño Anaya ante la autoridad migratoria por lo cual se le inició el procedimiento administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EM/PRE/523/2022, quedando alojado en la Estancia Provisional Migratoria, con sede en la ciudad de Oaxaca; de ahí que dicha negativa queda desvirtuada con base en las manifestaciones realizadas en el respectivo informe; y se tienen como cierto los actos que se reclaman a dichas autoridades. Resulta ilustrativa, por las razones que la integran y en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, del texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". QUINTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias que integran el juicio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto a las autoridades 1) titular de la Oficina de Representación, 2) jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos, 3) encargado de la Sub-representación Local y 4) Subdirección de la Estación Migratoria en Oaxaca del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado, se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Es aplicable por las razones que la sostienen, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 33, tomo IV, página 2522, agosto 2016, registro 2012413, del texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente". Ahora, de las constancias remitidas por las referidas responsables, consistentes en a) la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EM/PRE/523/2022, b) notificación de la resolución de veintiocho de abril pasado y c) oficio de salida con fines de regulación de veintinueve de abril de dos mil veintidós; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documento público de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado; calidad que se demuestra por contener los sellos y firmas de los funcionarios que las expiden, se advierte que: Mediante determinación de veintiocho de abril de este año se resolvió la situación migratoria del quejoso Manuel Enrique Mariño Anaya, de nacionalidad Cubana, en el procedimiento administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EM/PRE/523/2022 y se le concedió a dicho quejoso el oficio de salida de la estación migratoria con la finalidad que regularice su situación migratoria en el país en un plazo de treinta días hábiles. Se le notificó esa resolución en la misma fecha. El veintinueve de abril de este año el quejoso Manuel Enrique Mariño Anaya firmó el oficio INM/OROAX/RLH/SRLH/CVM/205/2022, relativo de salida con fines de regularización de su situación migratoria. Lo que demuestra la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesados los efectos del acto reclamado y desapareció la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos, pues la parte quejosa se quejaba de la orden de detención y privación de la libertad; sin embargo, la autoridad responsable, en determinación de veintiocho de abril de este año, resolvió la situación migratoria del quejoso Manuel Enrique Mariño Anaya y se determinó conocerle el oficio de salida INM/OROAX/RLH/SRLH/CVM/205/2022 con fines de regularización su situación migratoria en un plazo de treinta días hábiles. Actuaciones que hacen evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, y se dejó de afectar la esfera jurídica de la promovente del juicio de amparo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos; de ahí que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL".. De igual forma, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, del rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Manuel Enrique Mariño Anaya, contra los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los diversos considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.296/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. 1. Se agrega informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por la jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, por sí y en representación del a) titular de la Oficina de representación, b) encargado de la Sub-representación Local de dicho Instituto, por el que rinde el informe justificado; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. 2. Prueba. Por otro lado, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de dicha autoridad, la copia certificada de: a) Resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós dictado en el Procedimiento Administrativo Migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EM/PRE/523/2022. b) Notificación de la resolución de veintiocho de abril pasado. c) Oficio de salida con fines de regulación de veintinueve de abril de dos mil veintidós. Mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio. 3. Correo electrónico y teléfono. Asimismo, proporciona unos correos electrónicos con la finalidad de recibir comunicaciones, así como número telefónico; por tanto, se ordena que los oficios de carácter relevante que se dirijan a dicha autoridad se realicen a través de ese medio y, en su caso, se confirme la recepción de aquéllos a través del número telefónico señalado; en el entendido que, de no lograrse su envío a través de aquél, o de no poderse confirmar su recepción, los mismos serán entregados de manera física en su domicilio oficial. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.296/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintidós. 1. Informe justificado Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por la subdirectora de Regulación Migratoria encargada del despacho de la Oficina en Representación del 1) titular de la Oficina, 2) jefe del Departamento Jurídico y 3) subdirector de la Estación Migratoria, todos del Instituto Nacional de Migración de Yucatán, mediante el que rinde informe justificado; con el mismo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Manuel de Jesús Jiménez Pacheco643/2018
- Manuel de Jesús Orozco Antonio945/2017
- Manuel de Jesús Orozco Antonio974/2017
- Manuel de Jesús Torres Santiago1079/2019
- Manuel Díaz Illescas816/2020
- Manuel Emilio Paz Pacheco522/2023
- Manuel Enrique Márquez Zamora608/2022
- Manuel Faustino Zafra Mendoza1228/2022
- Manuel García Daiaz412/2023
- Manuel Gaudencio Luis García1367/2017
- Manuel Hernández Gómez y Otros.812/2023
- Manuel Hernández Solórzano660/2018