Manuel Escobar González

Expediente 652/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
652/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2020

Partes del expediente

  • Manuel Escobar González

Actuaciones

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Vista con cumplimiento al fallo protector Vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a las partes en el proveído de dos de septiembre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado al fallo protector por parte del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por lo que procede proveer oficiosamente al respecto, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: I. El treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Boris Gonzaléz Ceja. II. Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veinte, la tercera interesada Lucero Circe López Riofrío interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia. III. Dicho recurso fue conocido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, el que mediante sesión de cinco de marzo del año actual confirmó la sentencia recurrida. IV. Por auto de siete de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibida la resolución del Tribunal Colegiado ya precisado, y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. III. El Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad remitió el auto de veinte de agosto de la presente anualidad y la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, con el que adujo haber cumplido la sentencia de amparo. Conviene precisar que la documental relacionada cuenta con valor probatorio pleno, por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." IV. Luego, por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento informado por la autoridad responsable, sin que ninguna de las partes la hubiera desahogado. Valoración Con los antecedentes detallados procede valorar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, bajo los términos siguientes: El análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, por el cual se concedió el amparo, revela que se vulneró en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la autoridad responsable debía establecer de forma precisa en el cuerpo de la resolución reclamada cuáles eran los elementos que integran el ilícito de ataques al honor para que, a partir de dicha fijación, determinara si el contexto de la información vertida el veintidós de enero de dos mil quince impactaba o no en alguno o alguno de esos elementos integradores, lo cual le conllevaría a concluir si la conducta desplegada podía calificarse como típica o atípica Por lo anterior, derivó la protección de la Justicia Federal solicitada, siendo que el efecto de la concesión fue, en esencia, que la autoridad responsable: Dejara insubsistente la resolución de catorce de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca penal número XI-8/2018, que revocó el auto de vinculación a proceso pronunciado dentro del proceso penal 28/2018, a Lucero Circe López Riofrío. En su lugar, emitiera otra en la que: Reiterara las consideraciones que no fueron motivo de concesión en el presente fallo; Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, fijara de manera precisa cuáles eran los elementos integradores del tipo penal ataques al honor previsto en los artículos 192 y 193 del Código Penal del Estado. Luego, examinara si el contexto de la información vertida el veintidós de enero de dos mil quince impactaba o no en alguno o algunos de los elementos integradores del tipo penal de ataques al honor, fundando y motivando su determinación. Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho proceda. Ahora, la constancia aportada en vía de cumplimiento revela que el veinte de agosto de dos mil veinte, la autoridad responsable determinó lo siguiente: "En consecuencia, se deja insubsistente la resolución dictada en el citado cuaderno de antecedentes con 'fecha catorce de junio de dos mil diecinueve." (efecto precisado en el punto 1). Asimismo, de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se advierte lo siguiente: Reiteró lo que no fue motivo de la concesión de la sentencia de amparo - son fundados los agravios 7.2.1., 7.2.2, 7.2.3 y 7.2.4, porque ciertamente los hechos que el juez tuvo por establecidos a través de los datos de prueba citados en la audiencia inicial e inferencias en relación a ellos, en especial, el contexto de la información vertida el veintidós de enero de dos mil quince, no impacta en los elementos integradores del delito de ataques al honor, los cuales más adelante se fijarán debidamente, atento a los lineamientos trazados en el fallo de garantías que se cumplimenta, en términos del artículo 192 y 193 del Código Penal del Estado, de ahí que no se cumpla con lo previsto en la fracción III, del numeral 316 del cnpp- {efecto precisado en el punto 2, inciso a)}. Fijó los elementos integradores del tipo penal ataques al honor previsto en los artículos 192 y 193 del Código Penal del Estado, de la manera siguiente: "Disposición de la que se desprenden los siguientes elementos típicos: Que el acusado, realice, participe o consienta cualquier acción que perjudique la reputación o la fama de la víctima como resultado de las relaciones sociales, ante otras personas o la publicación por cualquier otro medio de difusión. Que dicha acción se lleve a cabo ante otras personas o se publique por cualquier otro medio de difusión." -efecto precisado en el punto2, inciso b)- Examinó si el contexto de la información vertida el veintidós de enero de dos mil quince impactaba o no en alguno o algunos de los elementos integradores del tipo penal de ataques al honor de la manera siguiente: "Las manifestaciones de la imputada del día veintidós de enero de dos mil quince del tenor siguiente: "...solo antes de cerrar queremos decir algo que nos parece muy importante y lo tengo que decir porque le va a llegar a la Secretaría Técnica una petición de que Boris no esté dentro del equipo, hay dos quejas de acoso sexual en tu contra y creemos que en ese sentido de congruencia y que se pueda revisar esa petición, porque nos parece muy difícil tener a una persona que tiene dos o algunas denuncias de acoso sexual y que está investigando sobre el asunto de violencia contra las mujeres, están los documentos que lo avalan, estos se los hicieron llegar y creo que es importante". Derivado de esta manifestación el derecho a la reputación del ofendido Boris González Ceja, se vio afectado sobre todo porque su desempeño estaba enfocado en la defensa de la señora Lucero López Riofrio", no se traducen en acciones encaminadas a lesionar la reputación de que goza B.G.C., pues claramente se trata de una expresión eminentemente informativa, en la que a fin de no contrastar con el objetivo que se perseguía con la comisión, cada uno de sus miembros debía estar libre o desvinculado de conductas constitutivas de algún tipo de violencia contra la mujer, y tratándose la víctima, la imputada no hizo más que señalar esos antecedentes, es decir, que tenía denuncias por acoso sexual. Entonces, estas manifestaciones de la imputada no perjudicaron el honor de la víctima, pues a más de que no existe dato de prueba que así lo hubiere justificado, a la postre pudo establecerse que no fueron producto de la invención de aquélla, sino verídicas, el propio querellante admitió en su querella que tuvo un problema con una prestadora del servicio social en la Universidad, quien lo denunció por acoso sexual [dato h) hecho establecido 3] lo cual llegó a instancias del H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien resolvió que pese a que se determinó no poder concluir que existió acoso sexual como lo afirmó Grecia Edith Ramírez Barriga en su queja, se le cambiaría el lugar de trabajo, a efecto de tener un mejor clima laboral. De lo que se deduce, que la acción desplegada por la imputada no tenía como finalidad perjudicar el honor de la víctima, sino en un afán de que su conducta no contrastara con los fines de la comisión se investigara sobre la existencia de esas denuncias, de cuyas consecuencias no quedó establecido que tuviera conocimiento, es decir que, la imputada tuviera conocimiento del contenido del documento relativo al dato de prueba h [donde se establece que la presidenta del H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología de la UMSNH, indica que no se pudo concluir que existió acoso sexual como lo afirmó Grecia Edith Ramírez Barriga sin embargo, se le cambiaría el lugar de trabajo a efecto de tener un mejor clima laboral] y que aun así hubiera solicitado se indagara sobre aquellas acusaciones contra la víctima. Lo anterior pone de manifiesto, que la imputada no perjudicó el honor de la víctima, porque como se dijo no se trata de una comunicación ajena al interés de los miembros de la comisión por tratarse del comportamiento relacionado precisamente con violencia de género por parte de uno de ellos, como tampoco llevó a cabo manifestaciones mendaces, pues a la postre se pudo corroborar la existencia de aquellos antecedentes, por lo que razonablemente puede deducirse que el hecho establecido se llevó a cabo en un contexto de congruencia, no perjudican el honor de la víctima; y por ende, esa conducta no encuadra en la descripción típica del delito de ataques al honor, previsto en el artículo 192 del Código Penal del Estado. A mayor abundamiento, el contexto donde se verificó la información externada por la imputada ante los miembros de la comisión para prevenir violencia contra la mujer, no puede concebirse que se corresponde con el delito de ataques al honor, porque no todas las expresiones relativas con las personas constituyen acciones en contra de su buen nombre, reputación o fama, sino sólo aquellas tendientes a poner en evidencia esa honorabilidad, lo cual no sucede en el caso concreto, porque están completamente desvinculadas de la reputación o la fama del sujeto pasivo, y más bien, como se indicó tienen origen en el antecedente cierto de denuncia institucional de acoso sexual en contra de Boris González Ceja, sin que la imputada hubiere tenido conocimiento de que no se hubiere podido comprobar a través de la queja interpuesta ante el Consejo Técnico de la Universidad donde también laboraba la víctima. Es decir, las manifestaciones de la imputada del veintidós de enero de dos mil quince que respecto a la víctima realizó, no tienen correspondencia con el delito que nos ocupa, porque no se trata de opiniones personales sobre el buen nombre de la víctima con el objeto de variar la concepción personal y profesional que sobre él se tiene, es más, se advierte que la imputada ni siquiera tomó partido haciendo una consideración personal sobre la existencia de aquellos antecedentes de acoso sexual, se concretó a señalar que requerían se investigaran. En ese orden de ideas, se reitera que la información vertida por la imputada el veintidós de enero de dos mil quince, no impacta la descripción conceptual del tipo penal del delito de ataques al honor, a partir del contexto en el que fue dada a conocer, la cual por un lado no fue con ánimo de desprestigiar el buen nombre o la reputación de la víctima, porque se concretó a una mera solicitud sujeta a revisión por parte de los propios miembros de aquella comisión, sobre la destitución de la víctima con motivo de un antecedente [cierto] de acoso sexual, lo cual era congruente con la finalidad con la que fue creada la comisión de la que formaban parte, y por ende, el proceder de la imputada es razonablemente justificable y desvinculado de una acción directamente encaminada a desprestigiar el honor del imputado. Situación distinta hubiera sido si después de esa reunión o fuera de ella, y ante personas con conocimiento de la buena reputación de la víctima, la imputada hubiera continuado con esa descalificación. Los hechos establecidos que contienen el reclamo de la imputada, están más allá del ámbito privado, corresponden al ámbito público, de interés colectivo. Si con esas expresiones se pretendiera sancionar a uno de los integrantes de la comisión, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, prácticamente equivaldría a amordazar y evitaría la publicidad, la transparencia y el acceso a la información pública que, dicho sea de paso, son también derechos humanos de interés general, pues esas expresiones lo único que pedían era que se investigara. En ese tenor, es fundado el agravio respecto a que no existe un nexo causal entre las manifestaciones que realizó la imputada en la reunión del día veintidós de enero del dos mil quince y la afectación al honor o a la dignidad humana de la víctima, máxime que si bien, existe el informe pericial sobre daño psicológico a la víctima [dato p], no fue anunciada la causa de esa alteración mental; de este modo, como lo refiere la apelante, los hechos (la información vertida el veintidós de enero de dos mil quince) son aislados, sin conexión con otros que directamente establezcan que la conducta de la imputada perjudicó el honor de la víctima. Además, las manifestaciones de la imputada no constituyen una acción encaminada a perjudicar el honor de la víctima, porque a diferencia de lo sostenido por el juez y como lo citó la defensa en la audiencia de alegatos aclaratorios sobre agravios, su señalamiento no entraña una denuncia pública de hechos ilícitos -lo que sostuvo el juez tajantemente debió realizar ante las instituciones encargas de ello-, sino, como la propia imputada lo señaló a los. miembros de la comisión, sus manifestaciones las realizó con la finalidad de informar sobre el ejercicio de una solicitud a efecto de que Boris (sic) no formase parte de ese grupo de trabajo, dado que tenía noticia de dos denuncias de acoso sexual en su contra, lo cual ni siquiera aseguró, puesto que mencionó que ello quedaría sujeto a revisión (pero que no obstante el querellante sí admitió); amén de que no pasa por inadvertido, que las manifestaciones de la imputada se realizaron en presencia de la propia víctima, quien tuvo a su alcance el derecho de réplica en contra de lo señalado por López Riofrio. Por otro lado, contrario a lo sostenido por la fiscalía, el honor de la víctima no debió considerarse perjudicado dadas las expresiones verbales de la imputada "por el contexto del desempeño laboral y académico del ofendido" y fundamentalmente porque en ese entonces, enfocaba sus actividades precisamente en defensa de derechos de la mujer. Por el contrario, el juez debió estimar que precisamente dada las funciones que desempeñaba la presunta víctima en favor de los derechos de la mujer, contaba con una proyección y notoriedad dentro de la Comisión, y por ende, se sometió voluntariamente al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, en tratándose de cuestiones que se vieran vinculadas con temas de violencia contra la mujer. Sin que pueda dejarse de lado que si bien la intervención de la imputada fue para dar a conocer: "hay dos quejas de abuso sexual en tu contra y creemos que en este sentido de congruencia y que se pueda revisar esa petición, porque nos parece muy difícil tener a una persona que tiene dos o algunas denuncias de acoso sexual y que está investigando sobre el asunto de violencia contra las mujeres", esta conducta impugna la legitimidad de uno de los miembros del grupo, y si lo que se dijo es cierto o no, eso no tiene un impacto para el derecho penal, sino que queda sujeto a las propias reglas de discusión y acreditación del mencionado grupo, máxime que como se ha dicho, el propio querellante señaló haberse visto inmiscuido en un asunto cierto de carácter sexual, sin que haya dado cuenta en su querella que con motivo de que ello se haya visto perjudicado en su honor ante los miembros de la comisión por una diversas concepción de su persona creada con motivo de las expresiones de la imputada. Por último, se estima que la imputada al dar a conocer su información, lo hizo de manera objetiva e imparcial, puesto que omitió llevar a cabo un juicio personal sobre la existencia de esas quejas de acoso sexual, concretándose a señalar que con motivo de ello realizaría las gestiones para solicitar que Boris no estuviera en ese grupo de trabajo en aras de un sentido de congruencia. Es importante resaltar que, conforme al hecho establecido, la imputada no dijo ni le consta que la hipotética víctima sea acosador, esto es, nunca la descalificó antes los demás miembros, sólo hizo mención, para que se llevará a cabo la investigación correspondiente, lo cual, no estaba alejado de la realidad; el propio querellante reveló que sí había tenido un problema anterior en el desempeño de su trabajo, con otra persona de nombre Grecia Edith Ramírez Barriga y, que si bien, después se detectó que no había habido tal acoso, sí está referenciado (dato h) que a tal persona la readscribieron a otra zona o área para el desempeño de su trabajo. En ese tenor, a partir de la fijación precisa de los elementos integrantes del tipo penal del delito de ataques al honor, la información vertida por la imputada el veintidós de enero de dos mil quince no impacta en ninguno de ellos. Derivado de lo cual, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, se revoco la resolución de ocho de febrero de dos mil dieciocho, por no satisfacerse los requisitos de los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales; consecuentemente, se dicta auto de no vinculación a proceso en favor de la imputada. De la transcripción anterior, se advierte que la autoridad responsable al analizar el contexto de la información vertida el veintidós de enero de dos mil quince, determinó que no impactaba en ninguno de los elementos del tipo penal del delito de ataques al honor, por tanto, se advierte que cumplió con el efecto precisado en el punto 2, inciso c), de la sentencia dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve en este juicio de amparo. En consecuencia, el Magistrado responsable determinó: "Se REVOCA la resolución apelada emitida por el Juez de control región Morelia, con fecha ocho de febrero del dos mil dieciocho, dentro de la causa 28/2018, instruida a Lucero Circe López Riofrio, por el delito de ataques al honor, en perjuicio de la víctima de iniciales B.G.C. y se dicta en su favor auto de no vinculación a proceso." -efecto precisado en el inciso 3- Así pues, las transcripciones precedentes revelan que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de catorce de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca penal número XI-8/2018, que revocó el auto de vinculación a proceso pronunciado dentro del proceso penal 28/2018, a Lucero Circe López Riofrío, emitió otra en la que reiteró las consideraciones que no fueron motivo de concesión en el presente fallo, fijó cuáles eran los elementos integradores del tipo penal ataques al honor previsto en los artículos 192 y 193 del Código Penal del Estado y examinó si el contexto de la información vertida el veintidós de enero de dos mil quince impactaba o no en alguno o algunos de los elementos integradores del tipo penal de ataques al honor, fundando y motivando su determinación y en consecuencia, determinó revocar la resolución apelada dentro de la causa 28/2018 y dictar auto de no vinculación a proceso a favor de la aquí tercera con interés. Decisión En virtud de lo expuesto en el apartado precedente, las constancias que obran en el sumario permiten advertir que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector, al quedar satisfechos los efectos del mismo. En ese contexto, al haberse dejado insubsistente la resolución de catorce de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca penal número XI-8/2018, que revocó el auto de vinculación a proceso pronunciado dentro del proceso penal 28/2018, a Lucero Circe López Riofrío, emitido otra en la que se reiteraron las consideraciones que no fueron motivo de concesión en el presente fallo, se fijaron cuáles eran los elementos integradores del tipo penal ataques al honor previsto en los artículos 192 y 193 del Código Penal del Estado y, se examinó si el contexto de la información vertida el veintidós de enero de dos mil quince impactaba o no en alguno o algunos de los elementos integradores del tipo penal de ataques al honor, fundando y motivando su determinación y en consecuencia, determinara revocar la resolución apelada dentro de la causa 28/2018 y dictar auto de no vinculación a proceso a favor de la aquí tercera con interés, lo cual era en lo que se centraba el otorgamiento de la protección constitucional, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia. Sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento, ya que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, por lo cual, se insiste, el fallo protector fue cumplido sin excesos ni defectos. En el entendido de que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Apoya lo afirmado en este apartado, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Vista a las partes Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa por el término de quince días, a fin de que manifieste si es su deseo interponer recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el cuarto párrafo del precepto legal 196 de la ley de la materia, esto es, una vez que transcurra el término aludido, sin que se haya interpuesto el medio de defensa indicado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se proveerá respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERAS INTERESADAS: "GRÚAS SANORO", MA. DE LOURDES OROZCO ARROYO, "TRANSPORTES TAARE S.A. DE C.V.", JIMMY ROBERT SANDOVAL OROZCO Y LORENA YUNUEN SANDOVAL OROZCO, el siguiente acuerdo: Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que acredita con las documentales que exhibe. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, para lo cual deberá correrse traslado con copia simple del oficio y anexo en mención; en el entendido que este Juzgado, en su oportunidad, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, de acuerdo a las constancias de autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)" Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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