Manuel de Jesús Cervantes Suárez

Expediente 368/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
368/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Manuel de Jesús Cervantes Suárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    INC 368/2021-2B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. 1. Deja de surtir efectos suspensión definitiva. Vistos los autos, como se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, el día de hoy causó ejecutoria la sentencia ahí emitida, acuerdo del que se agrega copia a este expediente; por lo que deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa. 2. Archivo. Como en este incidente de suspensión y en la caja de valores no existen documentos originales exhibidos por las partes ni asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18 y 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino del original del incidente de suspensión (depurable). Se comunica a las partes que, por haberse concedido la medida cautelar definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo general; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; una vez fenecido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional depurará el expediente y posteriormente se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. 4. Duplicado de incidente (destruible). Se precisa que por interlocutoria dictada el veintinueve de abril del año en curso, se acordó lo procedente al destino del duplicado del incidente de suspensión (destruible). 5. Instrucción a la Secretaría. Se instruye a la secretaria que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula del original del incidente de suspensión obre la leyenda de que este último es depurable y en el duplicado, destruible, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, con las facultades otorgadas por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de doce de julio de dos mil veintiuno, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio CCJ/ST/2658/2021, de la misma fecha; y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 368/2021-2B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. 1. Ejecutoria de sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el diecisiete de junio del año en curso, firmada y autorizada el treinta del mismo mes y año, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Manuel de Jesús Cervantes Suárez, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Precisión. Resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo al que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, para la autoridad tercera interesada, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, dado que, como se precisó, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que ningún agravio genera a esa parte procesal, pues carece de legitimación para inconformarse. 3. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Instrucción Secretaría y Actuaría. Por otra parte, se instruye a el(la) secretario(a) y actuario(a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública de esta sentencia sea consultable por internet. 5. Se ordena archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino y archivo reciente. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es depurable. 6. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. 8. Devolución de documental a la autoridad responsable. Se precisa que la autoridad responsable, juez de Control en Materia penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, remitió un disco certificado en formato DVD, que contiene los registros de audio y video de las audiencias quince y veinte de marzo de dos mil veintiuno, dictadas en la causa penal 245/2021, de su índice; por tanto, se ordena la devolución de esa documental a la citada autoridad, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. 9. Destino del incidente de suspensión. Del acuerdo dictado el quince de abril del año en curso, se advierte que se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión; por tanto, acuérdese lo conducente en la referida pieza incidental, si resulta procedente. Notifíquese. Así lo proveyó Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, con las facultades otorgadas por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de doce de julio de dos mil veintiuno, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión Emediante oficio CCJ/ST/2658/2021, de la misma fecha; y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 368/2021-2B AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con veintidós minutos del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 368/2021, como se ordenó en acuerdo de diecisiete de mayo del año en curso, el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Relación de constancias. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Manuel de Jesús Cervantes Suárez, auto admisorio e informe justificado de la autoridad responsable. Finalmente, de autos aparece que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la autoridad responsable, juez de Control en Materia penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejecutla, exhibió las pruebas documentales siguientes: * Disco certificado en formato DVD, que contiene los registros de audio y video de las audiencias quince y veinte de marzo de dos mil veintiuno, dictadas en la causa penal 245/2021, del índice del juez de Control en Materia penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejecutla, así como, la transcripción de las audiencias mencionadas en formato pdf. El juez acuerda: en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se admiten dichas videograbaciones, contenidas en los citados discos, como prueba documental. Sirve de apoyo la jurisprudencia 43/2013, emitidapor la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." No existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; consecuentemente, se cierra esta etapa y se procede a emitir la siguiente sentencia. PONCIANO VELASCO VELASCO. TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. SECRETARIA DE JUZGADO. REYNA SOLEDAD JUÁREZ AVENDAÑO. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 368/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de abril del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido el catorce del mismo mes y año, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Manuel de Jesús Cervantes Suárez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la 1) jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca; que hizo consistir en el auto de vinculación a proceso, de veinte de marzo de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 245/2021. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Registro de la demanda de amparo. Por auto de quince de abril de dos mil veintiuno se acordó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 368/2021; se admitió a trámite, se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. TERCERO. Emplazamiento de parte tercera interesada. En auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados 1) Fiscalía General del Estado de Oaxaca y 2) agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado; quienes quedaron emplazados el treinta de abril y siete de mayo de este año. CUARTO. Cita para audiencia. En auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos que anteceden; y. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General número 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el acto reclamado versa sobre la materia penal y fue dictado por una autoridad residente dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, es: El auto de vinculación a proceso dictado el veinte de marzo de dos mil veintiuno, contra el quejoso Manuel de Jesús Cervantes Suárez, por el hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión simple de metanfetaminas, conocida comúnmente como "cristal", previsto y sancionado por los artículos 477, en relación con los artículos 234, 235, 237, 244, 245, 247, 473, fracciones V y VI, y 479 y 480, todos de la Ley General de Salud, cometido en perjuicio de la sociedad, en la causa penal 245/2021, por el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Ejutla de Crespo, Oaxaca. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable I) juez de Control en materia penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, al rendir informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado por el quejoso. Esa afirmación está justificada, ya que de las constancias remitidas por la responsable, consistentes en el DVD certificado, valorado en su carácter de instrumental de actuaciones, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, revelan la existencia del auto de vinculación a proceso, de veinte de marzo de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 245/2021. CUARTO. Causal de improcedencia. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; por ello, se procederá al análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Ahora, el quejoso, en sus conceptos de violación manifiesta, en síntesis, que se transgreden en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que, aduce, la autoridad responsable en el auto de vinculación a proceso asegura que basta que existan hechos expuestos por la representación social para entrar al estudio de cualquier conducta; sin embargo, alega, en el caso, en relación con el delito contra la salud, en su modalidad de portación de cocaína (sic), la juez de control justifica su proceder con fundamento en el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado; sin embargo, esto no quiere decir que la ley le permita actuar caprichosamente para que de manera análoga, infundada e inmotivada, deduzca que determinados hechos tengan apariencia de delito, sin que existan elementos bastantes que actualicen la figura delictiva. Por lo expuesto, reitera, que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, toda vez que los hechos que la representación social hace valer en la audiencia de vinculación; en primer lugar, no tienen apariencia de delito; además, que los razonamientos y motivos expuestos en el acto reclamado no son legalmente válidos para logar la motivación adecuada de su resolución, ya que de ellos mismos no se advierte que tengan apariencia de delito. SEXTO. Estudio. El estudio de los conceptos de violación, en relación con las constancias de autos, conduce a determinar lo siguiente: El auto de vinculación a proceso de veinte de marzo de dos mil veintiuno está regido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de vinculación a proceso requiere de la justificación de los requisitos siguientes: 1. Se haya formulado la imputación. 2. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. 3. El delito que se impute al acusado. 4. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél. 5. Los datos que establezcan que: a) Se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; b) Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Entonces, para el correcto dictado de un auto de vinculación a proceso, es menester que obren en la audiencia de formulación de la imputación al indiciado, los datos relativos al lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Esto es, para la emisión de esa determinación no se requiere la acreditación de los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal, pues sólo debe atenderse a que el hecho o hechos materia de la imputación están contemplados en la ley como delito y, de ser así, si existen datos que evidencien la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así también, el artículo 16 constitucional establece como requisitos para que el auto de vinculación a proceso incida válidamente en la esfera jurídica del gobernado, que se encuentre debida y suficientemente fundado y motivado, para que la persona contra quien se dirige esté en aptitud de comprender a cabalidad el contenido de tal acto y, en esa medida, tenga la posibilidad jurídica de enderezar una defensa adecuada en contra del mismo, si decide impugnarlo. En ese contexto, se procede a determinar si el auto de vinculación a proceso reclamado reúne los requisitos indicados: El primer requisito se cumplió, ya que de la audiencia de quince de marzo de dos mil veintiuno, se advierte que el agente del Ministerio Público formuló imputación al ahora quejoso Manuel de Jesús Cervantes Suárez, en términos de los artículos 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en presencia de la juez de control; esto es, hizo de su conocimiento el hecho que se le atribuye (0245-2021 AP1 46:46 a 1:1311). El segundo de los requisitos se justifica, porque la juez responsable otorgó al imputado la oportunidad de declarar, respondiendo que no era su deseo hacerlo, en términos del artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales . (0245-2021 A2P1 0:00.003 a 0:00.19). Por lo que se refiere al tercer requisito, también se justifica, en razón de que la juez responsable determinó que el delito que se imputa al acusado es contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión simple de metanfetaminas, conocido comúnmente como cristal, en agravio de la sociedad (0245-2021 A2P1 0:04.44 a 0:04.58). De igual manera, se cumple con el cuarto requisito, ya que del auto de vinculación se advierte que la juez responsable estableció el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito. (0245-2021 A2P1 0:11:35 a 0:15:52). En cuanto el quinto requisito, incisos a) y b), en la resolución reclamada se determinó que existen datos de prueba que establecen que se había cometido un hecho que la ley señala como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión simple de metanfetaminas, conocido comúnmente como cristal; así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; aspectos que, como se precisará a continuación, sí fueron cumplidos por la juez de control responsable. Lo anterior es así, pues de la reproducción audiovisual de la audiencia celebrada el veinte de marzo de dos mil veintiuno, se aprecia que los datos de prueba y hechos expuestos por la representación social ante la juez de Control, hasta ese momento procesal, permiten establecer, razonablemente, que se cometió un hecho que la ley señala como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión simple de metanfetaminas, conocido comúnmente como cristal en perjuicio de la sociedad, previsto y sancionado por los artículos 477, en relación con los artículos 234, 235, 237, 244, 245, 247, 473, fracciones V y VI, y 479 y 480, todos de la Ley General de Salud, contra Manuel de Jesús Cervantes Suárez, como probable participe en su comisión (0245-2021 A2P1 0:15:55 a ). Ahora, como ya se dijo, los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público y analizados por la juez responsable evidencian el hecho que la ley señalada como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión simple de metanfetaminas, conocido comúnmente como cristal, por lo siguiente: La juez responsable al emitir el auto de vinculación a proceso, tomó como base, para su emisión, los datos de prueba expuestos por la representación social, consistentes en (0245/2021 A2P1 0:06:34 a 0:07:44). 1. Informe policial homologado signado por el Agente Estatal de Investigación Armando Ruiz García, Pedro Pérez Arango y Lenin Jiménez Hernández. 2. Dictamen químico, emitido por la perito Deyla Azucena Barranco Montesinos. 3. Dictamen químico de la perito Deyla Azucena Barranco Montesinos, mediante el cual determina o le solicita que determine si existen drogas de abuso en las muestras tomadas del imputado. 4. Informe de actividades Respecto a los indicios asegurados realizados por el agente Estatal de investigación Leonardo Carrasco Sierra. 5. Informe de actividades en el lugar en donde se encontraba un vehículo de la marca SEAT. 6. Informe de actividades del lugar de intervención, este elaborado por el Agente Estatal de Investigación Armando Ruiz García. La juez responsable precisó las razones por las que tomó en consideración esos medios probatorios para emitir la resolución de plazo constitucional, pues, al efecto, precisó: Por lo que hace al parte informativo de los agentes Estatales de Investigación adquiere eficacia demostrativa, pues se puede advertir que se trata de agentes Estatales de Investigación; además, porque el agente del Ministerio Público mencionó el número de placa que ellos tienen; por tanto, ellos se encontraban facultados para realizar los actos de investigación, así como de su revisión corporal del imputado. Y que, desde luego, atendiendo a sus funciones, ellos refirieron en ese parte informativo que iban a dar cumplimiento a una orden de aprehensión, tenían conocimiento del vehículo, y de que en éste probablemente se transportaba droga, siendo los motivos por los cuales justificaron haberlo revisado, tanto en su persona como en la unidad de motor, debajo de un tapete, encontrando diversos indicios; por lo que la juez de control determinó que el actuar de los agentes estatales de investigación se encuentra establecida en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (0245/2021 A2P1 0:08:10 a 0:09:20). En cuanto a los dictámenes químicos, la autoridad responsable refirió que fueron signados por Deyla Azucena Barranco Montesinos, que se trata de una perito que cuenta con su cédula profesional; establece las tres técnicas, las metodologías empleadas y que, desde luego, esas periciales cumplen con las formalidades exigidas por el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que establecen las técnicas y las metodologías empleadas. Que, en el primero de ellos, determina el tipo estupefaciente y el peso neto final que les fueron encontradas al imputado, así como en el vehículo; y, en el segundo, haber tomado muestras biológicas y haber determinado que no se encontró alcohol etílico ni drogas de abuso en su persona. (245/2021 A2P1 0:09:29 a 0:10:19) Finalmente, por lo que hace a los tres informes de actividades realizadas por los agentes Estatales de Investigación, la juez responsable precisó que tiene alcance probatorio, porque se trata de agentes Estatales de Investigación, quienes actuaron en cumplimiento a sus funciones encomendadas, como lo establece el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en la primera, se hace una descripción de los indicios que le fueron encontrados al imputado, así como en su vehículo que tripulaba; la segunda, la inspección en la que determinan la condiciones físicas y características que presentaba el vehículo que fue asegurado al imputado; mientras que, en la tercera, se precisa haberse trasladado a la calle de Porfirio Díaz en el centro de la población de Crespo de Crespo, tomando como referencia el Banco Banamex, haciendo una descripción en todas sus actas de lo que ellos pudieron percibir; y que estas actuaciones fueron de acuerdo a las facultades que ellos tienen encomendadas (245/2021 A2P1 0:10:21 a 0:11:28). Se estima que los datos de prueba ofrecidos por el agente del Ministerio Público fueron valorados correctamente por el juez de Control responsable, apreciándolos de manera conjunta, integral, armónica, libre y lógica, por lo que correctamente consideró que los mismos son idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probable participación del ahora quejoso, de conformidad con los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a que el estándar de prueba para la etapa procesal en la que se emitió el acto reclamado, no requiere de una valoración formal ni tasada, es decir, no adquiere calidad de prueba circunstancial, pues solo son indicios que satisfacen que probablemente se cometió un hecho señalado por la ley como delito. Datos valorados en lo individual, así como en su conjunto, que estimó la responsable son suficientes para establecer los siguientes hechos ((245/2021 A2P1 0:11:30 a 0:15:50): ".Siendo aproximadamente las seis horas con veinte minutos del día trece de marzo del año dos mil veintiuno, los Agentes Estatales de Investigación Armando Ruiz García y Pedro David Pérez Arango, así como el Jefe de Grupo Lenin Jiménez Hernández, con número de identificación 665, 701 y 7-2, respectivamente, a bordo del vehículo oficial marca Nissan tipo Tsuru de color plata, con placas de circulación TLW4522 del Estado de Oaxaca, se encontraban realizando labores de vigilancia en inmediaciones de la calle de Porfirio Díaz en el centro de la ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, con apoyo de los Agentes Estatales de Investigación Carlos Alberto Pérez Tolentino, Jorge Camarena Romero, Jesús Iván Cobos Espinoza, Daniel Ramírez Eusebio, Antonio César Leyva Barragán, quienes para para dar cumplimiento a la orden de aprehensión librada dentro de la causa penal 737/2020, del Juzgado de Control en materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, en contra de Ever Manolo Morales Cartas y Gustavo Demetrio Hernández Reyes, por el delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de Tomás José Martínez Pinacho y Reynaldo García. Al contar con información derivada de la investigación que se llevaba a cabo en torno a ese caso, las personas antes mencionadas se trasladan a bordo de un vehículo de la marca Seat tipo Córdoba de color rojo, con placas de circulación NEX6339 del Estado de México, y que estas personas siempre llevaban drogas dentro de sus pertenencias, y a bordo de ese vehículo. Es porque, al contar con esas características del vehículo, implementaron un operativo para su localización, y al ir circulando sobre la calle de Porfirio Díaz del Centro de esa ciudad de Ejutla de Crespo, tuvieron a la vista un vehículo con las características ya mencionadas, que circulaba por ese lugar, y al aproximarse notaron que era ocupado por dos personas del sexo masculino a quién les pidió que detuvieron su marcha, y al detenerse, se les informó que tenían información de que en ese vehículo pudieran encontrarse las personas de nombre Ever Manolo Morales Cartas y Gustavo Demetrio Hernández Reyes, quienes contaban con una orden de aprehensión, así como en el mismo vehículo se pudieran localizar narcóticos. Es por ello que, una vez que se les explicó lo anterior, le solicitaron al chofer que se identificara y éste respondió llamarse Manuel de Jesús Cervantes Suárez, de ocupación ayudante general en una "tribadora" (sic), misma persona que se identificó con una licencia de conducir a nombre de Manuel de Jesús Cervantes Suárez, expedida por el Gobierno del Estado de Sinaloa; al percatarse de que no se trataba de ninguna de las personas que estaban buscando, se le solicito que permitirán realizar una inspección a su persona y a su vehículo, a lo cual accedió de manera voluntaria, bajando del vehículo, y al momento de realizar la inspección a dicha persona, el Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones Lenin Jiménez Hernández, con número de identificaciones 7-2, localizó en la bolsa delantera izquierda del pantalón de Manuel de Jesús Cervantes Suárez tres bolsitas de nylon tipo ziploc de color negro, que contenía en su interior un polvo granulado de color cristalino con las características propias de la droga conocida como "cristal"; al mismo tiempo que Armando Ruiz García Agente Estatal de Investigación, con número de identificación 665, al inspeccionar el vehículo debajo de un tapete sintético de color rojo que se encontraba bajo el asiento del conductor, localizó una bolsa de nylon tipo ziploc de color transparente que almacenaba treinta y nueve bolsitas de nylon tipo ziploc de color negro que contenía en su interior un polvo granulado de color cristalino con las características propias de la droga conocida como "cristal", fue en ese momento que se le preguntó al Señor Manuel de Jesús Cervantes Suárez si eso era de su propiedad, respondiendo él "hágame el paro mi jefe, no son muchas."; por tal motivo siendo las siete treinta y cuatro horas, el Comandante Lenin Jiménez Hernández Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones, realizó la detención de Manuel de Jesús Cervantes Suárez, haciendo de su conocimiento que quedaba en calidad de detenido por la posesión de dicha droga. La juez de control responsable indicó que los hechos narrados constituyen el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión simple de metanfetaminas, conocida comúnmente como "cristal", en perjuicio de la sociedad; ese ilícito se encuentra previsto y sancionado por los artículos 477, en relación con los artículos 234, 235, 237, 244, 245, 247, 473, fracciones V y VI, y 479 y 480, todos de la Ley General de Salud; asimismo, enfatizó que para que se actualice el delito mencionado, se deberá (245/2021 A2P1 0:15:55): I. Que una persona posea algún narcótico, como son estupefacientes y dentro de los cuales se encuentra la metanfetamina. La responsable correctamente tuvo por acreditado ese elemento, con los hechos vertidos por el agente del Ministerio Público, específicamente con el parte informativo que fue realizado por los agentes Estatales de Investigación, quienes hacen del conocimiento el motivo por el cual le realizan una revisión en su corporeidad al imputado; hacen referencia que dicho imputado accedió de manera voluntaria, y que le encontraron en la bolsa de su pantalón tres bolsitas ziploc con un polvo granulado; mientras que al revisar su vehículo debajo del tapete le fue encontrado una bolsa, y esta bolsa contenía, a la vez, treinta y nueve bolsitas con un polvo granulado con características del "cristal". Que lo anterior quedó debidamente corroborado con el dictamen químico emitido por la perito Deyla Azucena Barranco Montesinos, quien identificó y clasificó el contenido de dicha bolsita, determinando que corresponden a metanfetamina; por tanto, se tiene que la sustancia que le fue encontrada está clasificada como psicotrópico de acuerdo al artículo 245 de la Ley General de Salud Vigente. Y que, desde luego, al poseer dicha sustancia lesiva, como es la metanfetamina, se puso en riesgo la seguridad social. Igualmente, la responsable refirió que se acreditó que dicho psicotrópico, en específico la metanfetamina, lo tenía en posesión dentro de su radio de acción y que, por ello, podía disponer de manera inmediata de dicha sustancia, lo cual evidentemente aconteció, pues al momento de realizar la revisión corporal correspondiente, dentro de la bolsa de su pantalón le fue encontrado primeramente tres bolsitas con polvo granulado, después, al realizar también la revisión de su vehículo, debajo de un tapete fue encontrado una bolsa que, a la vez, contenía treinta y nueve bolsitas con un polvo granulado transparente y que tenía características de una droga; ello fue el motivo por el cual procedieron a la detención; es decir, el imputado en cualquier momento podía disponer de ese polvo que llevaba en las bolsitas; por lo tanto, manifestó, se actualiza la posesión de un narcótico por parte de Manuel de Jesús Cervantes Suárez. Asimismo, la juez de control refirió que se acreditó que la cantidad encontrada o la cantidad poseída sea inferior al resultado de multiplicar por mil las cantidades indicadas en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal; es decir, que el artículo 479 de la Ley General de Salud establece las cantidades que pueden ser portadas. Que se realizó una simple operación aritmética del estupefaciente, a saber, metanfetamina, encontrada en posesión del imputado; droga que excede de las cantidades permitidas para su consumo estrictamente personal; y que, desde luego, con ello se colma el segundo de los requisitos; y que esto se viene a corroborar con el dictamen químico en la que la perito, una vez de que examinó el polvo, determinó que el indicio con el número "uno" tenía un peso neto final de 1.064 gramos, mientras que el indicio número "cinco", su peso neto final fue de 12.840 gramos. Del mismo modo, puntualizó se actualiza que la posesión sea sin autorización; toda vez que hasta al momento del dictado del auto de vinculación a proceso no se tenía algún dato objetivo que así lo demostrara, es decir, que el imputado contara con alguna autorización sanitaria para poseer esos narcóticos, pues dicho extremo no quedó justificado, tan es así que al momento de realizar una revisión al imputado no refirió que contara con alguna autorización para poseer en ese momento dicho narcótico. También, la responsable precisó que quedó acreditado y, desde luego, justificado, que el narcótico no estaba destinado a comercializarse o a suministrarse aun gratuitamente, ya que hasta este momento no hay datos de investigación que revelen dicha situación, ya que del parte informativo de los agentes Estatales de Investigación únicamente se pudo advertir que en ese momento poseía ese narcótico; es decir, no realizaba ningún otro tipo de actividad para considerar que el imputado Manuel de Jesús Cervantes Suárez tenía una finalidad diversa, que no fuera únicamente la posesión. Por otra parte, la responsable acertadamente estableció que su actuar fue dolosa, es decir, se tiene conocimiento para comprender que poseer algún narcótico está prohibido por la Ley, y que, por ello, se actualiza lo previsto por el artículo 9, párrafo primero, del Código Penal Federal. Consideraciones que son apegadas a derecho, dado que existen datos de prueba que permiten, fundamentalmente, suponer que Manuel de Jesús Cervantes Suarez realizó el citado hecho delictivo. Probable participación (245/2021 A2P1 0:22:13): Así también, la jueza responsable estableció que, en cuanto hace a la probabilidad de que el imputado pudo haber intervenido en el hecho, también quedó debidamente corroborado, específicamente con el parte informativo signado por los agentes Estatales de Investigación, ya que ellos hacen del conocimiento la forma en la cual procedieron a su revisión corporal, la forma en la que ellos revisan el vehículo en el cual se trasladaba, precisando en total todas las bolsitas que le fueron encontradas; primeramente, le encontraron tres en la bolsa de su pantalón y a bajo del tapete de su vehículo treinta y nueve bolsitas de polvo blanco; y que, desde luego, ellos hacen referencia que al hacerle la revisión, preguntarle su nombre, el imputado manifestó llamarse Manuel de Jesús Cervantes Suárez. Además, la juez responsable precisó que lo anterior se adminicula con la diligencia de inspección de indicios asegurados, así como con la diligencia de inspección del lugar del evento, corroborándose conjuntamente con los dictámenes químicos, en los cuales se estableció que las sustancias que le fueron encontradas corresponden a metanfetamina y, desde luego, su posesión se encuentra prohibida por la ley; siendo así los datos de investigación suficientes para poder determinar hasta esa etapa procesal que, con probabilidad, el ahora quejoso cometió el hecho. De igual manera, refiere la responsable que la forma de participación del imputado fue como autor material, ya que es la persona que poseía en ese momento dicho narcótico y que, con ello, se establece lo previsto por el artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal; es decir, tuvo el dominio del hecho, no lo realizó con auxilio de ninguna otra persona. Así también, precisó la juez de control responsable que, hasta este momento, no se encuentra acreditada alguna causa que justifique su proceder, a que se refiere el artículo 15 del Código Penal Federal, pues se advierte que no contaba con una autorización sanitaria, a efecto de que pudiera poseer dichos narcóticos. Igualmente, indicó que hasta este momento se advierte que el imputado es mayor de dieciocho años y que, por ello, tenía conocimiento pleno de que poseer ese narcótico se encontraba sancionado por una ley. Finalmente, señaló que en cuanto la punibilidad, el hecho atribuido contempla una pena privativa de libertad a que se refiere el artículo 477 de la Ley General de Salud. Bajo ese contexto, devienen infundados los conceptos de violación que esgrimió la parte quejosa; ya que, contrario a lo que manifiesta, el auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía es acorde a lo que establece el artículo 16 constitucional, pues se encuentra fundado y motivado. Por tanto, se insiste, en la causa penal seguida contra el quejoso sí obran datos de prueba suficientes para generar la convicción de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, pues aparece demostrado que el aquí quejoso es la persona que, probablemente, participó en la posesión de los referidos narcóticos, porque, en efecto, se evidencia que de manera voluntaria desplegó la conducta de poseer narcóticos (autor material), mismos que se encontraban en la bolsa de su pantalón y en el interior de su vehículo, sin la autorización correspondiente de la autoridad competente. Por lo expuesto, contrario a lo manifestado por el impetrante de amparo, la autoridad responsable no interpretó de manera incorrecta el criterio del rubro siguiente "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO SINO QUE SOLO DEBE ATENDERSE EL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)"; lo anterior, pues, como ya se precisó, en la causa penal seguida contra el quejoso obran datos de prueba suficientes para generar la convicción de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, pues aparece demostrado que el aquí quejoso es la persona que, probablemente, participó en la posesión de los referidos narcóticos. Y, por lo que hace a la diversa tesis, de rubro: "SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO", la autoridad responsable, también al emitir el acto reclamado, cumplió con los requisitos exigidos en dicho criterio; ello, toda vez que, como ya se expuso, el auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía es acorde a lo que establece el artículo 16 constitucional, pues se encuentra fundado y motivado. Por tanto, debido a que la autoridad responsable respetó los extremos exigidos por los numerales 16 y 19 de la Constitución Federal, para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional, y no se advierte motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal6 , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Manuel de Jesús Cervantes Suárez, contra el acto reclamado al a) juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo Oaxaca, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el veinte de marzo de dos mil veintiuno en la causa penal 245/2021; por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta de junio de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado lo permitieron. Conste.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- PRAL 368/2021-2B AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con veintidós minutos del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 368/2021, como se ordenó en acuerdo de diecisiete de mayo del año en curso, el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Relación de constancias. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Manuel de Jesús Cervantes Suárez, auto admisorio e informe justificado de la autoridad responsable. Finalmente, de autos aparece que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la autoridad responsable, juez de Control en Materia penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejecutla, exhibió las pruebas documentales siguientes: * Disco certificado en formato DVD, que contiene los registros de audio y video de las audiencias quince y veinte de marzo de dos mil veintiuno, dictadas en la causa penal 245/2021, del índice del juez de Control en Materia penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejecutla, así como, la transcripción de las audiencias mencionadas en formato pdf. El juez acuerda: en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se admiten dichas videograbaciones, contenidas en los citados discos, como prueba documental. Sirve de apoyo la jurisprudencia 43/2013, emitidapor la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." No existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; consecuentemente, se cierra esta etapa y se procede a emitir la siguiente sentencia. PONCIANO VELASCO VELASCO. TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. SECRETARIA DE JUZGADO. REYNA SOLEDAD JUÁREZ AVENDAÑO. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 368/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de abril del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido el catorce del mismo mes y año, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Manuel de Jesús Cervantes Suárez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la 1) jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca; que hizo consistir en el auto de vinculación a proceso, de veinte de marzo de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 245/2021. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Registro de la demanda de amparo. Por auto de quince de abril de dos mil veintiuno se acordó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 368/2021; se admitió a trámite, se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. TERCERO. Emplazamiento de parte tercera interesada. En auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados 1) Fiscalía General del Estado de Oaxaca y 2) agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado; quienes quedaron emplazados el treinta de abril y siete de mayo de este año. CUARTO. Cita para audiencia. En auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos que anteceden; y. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General número 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el acto reclamado versa sobre la materia penal y fue dictado por una autoridad residente dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, es: El auto de vinculación a proceso dictado el veinte de marzo de dos mil veintiuno, contra el quejoso Manuel de Jesús Cervantes Suárez, por el hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión simple de metanfetaminas, conocida comúnmente como "cristal", previsto y sancionado por los artículos 477, en relación con los artículos 234, 235, 237, 244, 245, 247, 473, fracciones V y VI, y 479 y 480, todos de la Ley General de Salud, cometido en perjuicio de la sociedad, en la causa penal 245/2021, por el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Ejutla de Crespo, Oaxaca. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable I) juez de Control en materia penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, al rendir informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado por el quejoso. Esa afirmación está justificada, ya que de las constancias remitidas por la responsable, consistentes en el DVD certificado, valorado en su carácter de instrumental de actuaciones, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, revelan la existencia del auto de vinculación a proceso, de veinte de marzo de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 245/2021. CUARTO. Causal de improcedencia. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; por ello, se procederá al análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Ahora, el quejoso, en sus conceptos de violación manifiesta, en síntesis, que se transgreden en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que, aduce, la autoridad responsable en el auto de vinculación a proceso asegura que basta que existan hechos expuestos por la representación social para entrar al estudio de cualquier conducta; sin embargo, alega, en el caso, en relación con el delito contra la salud, en su modalidad de portación de cocaína (sic), la juez de control justifica su proceder con fundamento en el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado; sin embargo, esto no quiere decir que la ley le permita actuar caprichosamente para que de manera análoga, infundada e inmotivada, deduzca que determinados hechos tengan apariencia de delito, sin que existan elementos bastantes que actualicen la figura delictiva. Por lo expuesto, reitera, que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, toda vez que los hechos que la representación social hace valer en la audiencia de vinculación; en primer lugar, no tienen apariencia de delito; además, que los razonamientos y motivos expuestos en el acto reclamado no son legalmente válidos para logar la motivación adecuada de su resolución, ya que de ellos mismos no se advierte que tengan apariencia de delito. SEXTO. Estudio. El estudio de los conceptos de violación, en relación con las constancias de autos, conduce a determinar lo siguiente: El auto de vinculación a proceso de veinte de marzo de dos mil veintiuno está regido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de vinculación a proceso requiere de la justificación de los requisitos siguientes: 1. Se haya formulado la imputación. 2. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. 3. El delito que se impute al acusado. 4. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél. 5. Los datos que establezcan que: a) Se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; b) Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Entonces, para el correcto dictado de un auto de vinculación a proceso, es menester que obren en la audiencia de formulación de la imputación al indiciado, los datos relativos al lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Esto es, para la emisión de esa determinación no se requiere la acreditación de los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal, pues sólo debe atenderse a que el hecho o hechos materia de la imputación están contemplados en la ley como delito y, de ser así, si existen datos que evidencien la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así también, el artículo 16 constitucional establece como requisitos para que el auto de vinculación a proceso incida válidamente en la esfera jurídica del gobernado, que se encuentre debida y suficientemente fundado y motivado, para que la persona contra quien se dirige esté en aptitud de comprender a cabalidad el contenido de tal acto y, en esa medida, tenga la posibilidad jurídica de enderezar una defensa adecuada en contra del mismo, si decide impugnarlo. En ese contexto, se procede a determinar si el auto de vinculación a proceso reclamado reúne los requisitos indicados: El primer requisito se cumplió, ya que de la audiencia de quince de marzo de dos mil veintiuno, se advierte que el agente del Ministerio Público formuló imputación al ahora quejoso Manuel de Jesús Cervantes Suárez, en términos de los artículos 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en presencia de la juez de control; esto es, hizo de su conocimiento el hecho que se le atribuye (0245-2021 AP1 46:46 a 1:1311). El segundo de los requisitos se justifica, porque la juez responsable otorgó al imputado la oportunidad de declarar, respondiendo que no era su deseo hacerlo, en términos del artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales . (0245-2021 A2P1 0:00.003 a 0:00.19). Por lo que se refiere al tercer requisito, también se justifica, en razón de que la juez responsable determinó que el delito que se imputa al acusado es contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión simple de metanfetaminas, conocido comúnmente como cristal, en agravio de la sociedad (0245-2021 A2P1 0:04.44 a 0:04.58). De igual manera, se cumple con el cuarto requisito, ya que del auto de vinculación se advierte que la juez responsable estableció el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito. (0245-2021 A2P1 0:11:35 a 0:15:52). En cuanto el quinto requisito, incisos a) y b), en la resolución reclamada se determinó que existen datos de prueba que establecen que se había cometido un hecho que la ley señala como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión simple de metanfetaminas, conocido comúnmente como cristal; así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; aspectos que, como se precisará a continuación, sí fueron cumplidos por la juez de control responsable. Lo anterior es así, pues de la reproducción audiovisual de la audiencia celebrada el veinte de marzo de dos mil veintiuno, se aprecia que los datos de prueba y hechos expuestos por la representación social ante la juez de Control, hasta ese momento procesal, permiten establecer, razonablemente, que se cometió un hecho que la ley señala como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión simple de metanfetaminas, conocido comúnmente como cristal en perjuicio de la sociedad, previsto y sancionado por los artículos 477, en relación con los artículos 234, 235, 237, 244, 245, 247, 473, fracciones V y VI, y 479 y 480, todos de la Ley General de Salud, contra Manuel de Jesús Cervantes Suárez, como probable participe en su comisión (0245-2021 A2P1 0:15:55 a ). Ahora, como ya se dijo, los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público y analizados por la juez responsable evidencian el hecho que la ley señalada como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión simple de metanfetaminas, conocido comúnmente como cristal, por lo siguiente: La juez responsable al emitir el auto de vinculación a proceso, tomó como base, para su emisión, los datos de prueba expuestos por la representación social, consistentes en (0245/2021 A2P1 0:06:34 a 0:07:44). 1. Informe policial homologado signado por el Agente Estatal de Investigación Armando Ruiz García, Pedro Pérez Arango y Lenin Jiménez Hernández. 2. Dictamen químico, emitido por la perito Deyla Azucena Barranco Montesinos. 3. Dictamen químico de la perito Deyla Azucena Barranco Montesinos, mediante el cual determina o le solicita que determine si existen drogas de abuso en las muestras tomadas del imputado. 4. Informe de actividades Respecto a los indicios asegurados realizados por el agente Estatal de investigación Leonardo Carrasco Sierra. 5. Informe de actividades en el lugar en donde se encontraba un vehículo de la marca SEAT. 6. Informe de actividades del lugar de intervención, este elaborado por el Agente Estatal de Investigación Armando Ruiz García. La juez responsable precisó las razones por las que tomó en consideración esos medios probatorios para emitir la resolución de plazo constitucional, pues, al efecto, precisó: Por lo que hace al parte informativo de los agentes Estatales de Investigación adquiere eficacia demostrativa, pues se puede advertir que se trata de agentes Estatales de Investigación; además, porque el agente del Ministerio Público mencionó el número de placa que ellos tienen; por tanto, ellos se encontraban facultados para realizar los actos de investigación, así como de su revisión corporal del imputado. Y que, desde luego, atendiendo a sus funciones, ellos refirieron en ese parte informativo que iban a dar cumplimiento a una orden de aprehensión, tenían conocimiento del vehículo, y de que en éste probablemente se transportaba droga, siendo los motivos por los cuales justificaron haberlo revisado, tanto en su persona como en la unidad de motor, debajo de un tapete, encontrando diversos indicios; por lo que la juez de control determinó que el actuar de los agentes estatales de investigación se encuentra establecida en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (0245/2021 A2P1 0:08:10 a 0:09:20). En cuanto a los dictámenes químicos, la autoridad responsable refirió que fueron signados por Deyla Azucena Barranco Montesinos, que se trata de una perito que cuenta con su cédula profesional; establece las tres técnicas, las metodologías empleadas y que, desde luego, esas periciales cumplen con las formalidades exigidas por el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que establecen las técnicas y las metodologías empleadas. Que, en el primero de ellos, determina el tipo estupefaciente y el peso neto final que les fueron encontradas al imputado, así como en el vehículo; y, en el segundo, haber tomado muestras biológicas y haber determinado que no se encontró alcohol etílico ni drogas de abuso en su persona. (245/2021 A2P1 0:09:29 a 0:10:19) Finalmente, por lo que hace a los tres informes de actividades realizadas por los agentes Estatales de Investigación, la juez responsable precisó que tiene alcance probatorio, porque se trata de agentes Estatales de Investigación, quienes actuaron en cumplimiento a sus funciones encomendadas, como lo establece el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en la primera, se hace una descripción de los indicios que le fueron encontrados al imputado, así como en su vehículo que tripulaba; la segunda, la inspección en la que determinan la condiciones físicas y características que presentaba el vehículo que fue asegurado al imputado; mientras que, en la tercera, se precisa haberse trasladado a la calle de Porfirio Díaz en el centro de la población de Crespo de Crespo, tomando como referencia el Banco Banamex, haciendo una descripción en todas sus actas de lo que ellos pudieron percibir; y que estas actuaciones fueron de acuerdo a las facultades que ellos tienen encomendadas (245/2021 A2P1 0:10:21 a 0:11:28). Se estima que los datos de prueba ofrecidos por el agente del Ministerio Público fueron valorados correctamente por el juez de Control responsable, apreciándolos de manera conjunta, integral, armónica, libre y lógica, por lo que correctamente consideró que los mismos son idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probable participación del ahora quejoso, de conformidad con los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a que el estándar de prueba para la etapa procesal en la que se emitió el acto reclamado, no requiere de una valoración formal ni tasada, es decir, no adquiere calidad de prueba circunstancial, pues solo son indicios que satisfacen que probablemente se cometió un hecho señalado por la ley como delito. Datos valorados en lo individual, así como en su conjunto, que estimó la responsable son suficientes para establecer los siguientes hechos ((245/2021 A2P1 0:11:30 a 0:15:50): ".Siendo aproximadamente las seis horas con veinte minutos del día trece de marzo del año dos mil veintiuno, los Agentes Estatales de Investigación Armando Ruiz García y Pedro David Pérez Arango, así como el Jefe de Grupo Lenin Jiménez Hernández, con número de identificación 665, 701 y 7-2, respectivamente, a bordo del vehículo oficial marca Nissan tipo Tsuru de color plata, con placas de circulación TLW4522 del Estado de Oaxaca, se encontraban realizando labores de vigilancia en inmediaciones de la calle de Porfirio Díaz en el centro de la ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, con apoyo de los Agentes Estatales de Investigación Carlos Alberto Pérez Tolentino, Jorge Camarena Romero, Jesús Iván Cobos Espinoza, Daniel Ramírez Eusebio, Antonio César Leyva Barragán, quienes para para dar cumplimiento a la orden de aprehensión librada dentro de la causa penal 737/2020, del Juzgado de Control en materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, en contra de Ever Manolo Morales Cartas y Gustavo Demetrio Hernández Reyes, por el delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de Tomás José Martínez Pinacho y Reynaldo García. Al contar con información derivada de la investigación que se llevaba a cabo en torno a ese caso, las personas antes mencionadas se trasladan a bordo de un vehículo de la marca Seat tipo Córdoba de color rojo, con placas de circulación NEX6339 del Estado de México, y que estas personas siempre llevaban drogas dentro de sus pertenencias, y a bordo de ese vehículo. Es porque, al contar con esas características del vehículo, implementaron un operativo para su localización, y al ir circulando sobre la calle de Porfirio Díaz del Centro de esa ciudad de Ejutla de Crespo, tuvieron a la vista un vehículo con las características ya mencionadas, que circulaba por ese lugar, y al aproximarse notaron que era ocupado por dos personas del sexo masculino a quién les pidió que detuvieron su marcha, y al detenerse, se les informó que tenían información de que en ese vehículo pudieran encontrarse las personas de nombre Ever Manolo Morales Cartas y Gustavo Demetrio Hernández Reyes, quienes contaban con una orden de aprehensión, así como en el mismo vehículo se pudieran localizar narcóticos. Es por ello que, una vez que se les explicó lo anterior, le solicitaron al chofer que se identificara y éste respondió llamarse Manuel de Jesús Cervantes Suárez, de ocupación ayudante general en una "tribadora" (sic), misma persona que se identificó con una licencia de conducir a nombre de Manuel de Jesús Cervantes Suárez, expedida por el Gobierno del Estado de Sinaloa; al percatarse de que no se trataba de ninguna de las personas que estaban buscando, se le solicito que permitirán realizar una inspección a su persona y a su vehículo, a lo cual accedió de manera voluntaria, bajando del vehículo, y al momento de realizar la inspección a dicha persona, el Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones Lenin Jiménez Hernández, con número de identificaciones 7-2, localizó en la bolsa delantera izquierda del pantalón de Manuel de Jesús Cervantes Suárez tres bolsitas de nylon tipo ziploc de color negro, que contenía en su interior un polvo granulado de color cristalino con las características propias de la droga conocida como "cristal"; al mismo tiempo que Armando Ruiz García Agente Estatal de Investigación, con número de identificación 665, al inspeccionar el vehículo debajo de un tapete sintético de color rojo que se encontraba bajo el asiento del conductor, localizó una bolsa de nylon tipo ziploc de color transparente que almacenaba treinta y nueve bolsitas de nylon tipo ziploc de color negro que contenía en su interior un polvo granulado de color cristalino con las características propias de la droga conocida como "cristal", fue en ese momento que se le preguntó al Señor Manuel de Jesús Cervantes Suárez si eso era de su propiedad, respondiendo él "hágame el paro mi jefe, no son muchas."; por tal motivo siendo las siete treinta y cuatro horas, el Comandante Lenin Jiménez Hernández Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones, realizó la detención de Manuel de Jesús Cervantes Suárez, haciendo de su conocimiento que quedaba en calidad de detenido por la posesión de dicha droga. La juez de control responsable indicó que los hechos narrados constituyen el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión simple de metanfetaminas, conocida comúnmente como "cristal", en perjuicio de la sociedad; ese ilícito se encuentra previsto y sancionado por los artículos 477, en relación con los artículos 234, 235, 237, 244, 245, 247, 473, fracciones V y VI, y 479 y 480, todos de la Ley General de Salud; asimismo, enfatizó que para que se actualice el delito mencionado, se deberá (245/2021 A2P1 0:15:55): I. Que una persona posea algún narcótico, como son estupefacientes y dentro de los cuales se encuentra la metanfetamina. La responsable correctamente tuvo por acreditado ese elemento, con los hechos vertidos por el agente del Ministerio Público, específicamente con el parte informativo que fue realizado por los agentes Estatales de Investigación, quienes hacen del conocimiento el motivo por el cual le realizan una revisión en su corporeidad al imputado; hacen referencia que dicho imputado accedió de manera voluntaria, y que le encontraron en la bolsa de su pantalón tres bolsitas ziploc con un polvo granulado; mientras que al revisar su vehículo debajo del tapete le fue encontrado una bolsa, y esta bolsa contenía, a la vez, treinta y nueve bolsitas con un polvo granulado con características del "cristal". Que lo anterior quedó debidamente corroborado con el dictamen químico emitido por la perito Deyla Azucena Barranco Montesinos, quien identificó y clasificó el contenido de dicha bolsita, determinando que corresponden a metanfetamina; por tanto, se tiene que la sustancia que le fue encontrada está clasificada como psicotrópico de acuerdo al artículo 245 de la Ley General de Salud Vigente. Y que, desde luego, al poseer dicha sustancia lesiva, como es la metanfetamina, se puso en riesgo la seguridad social. Igualmente, la responsable refirió que se acreditó que dicho psicotrópico, en específico la metanfetamina, lo tenía en posesión dentro de su radio de acción y que, por ello, podía disponer de manera inmediata de dicha sustancia, lo cual evidentemente aconteció, pues al momento de realizar la revisión corporal correspondiente, dentro de la bolsa de su pantalón le fue encontrado primeramente tres bolsitas con polvo granulado, después, al realizar también la revisión de su vehículo, debajo de un tapete fue encontrado una bolsa que, a la vez, contenía treinta y nueve bolsitas con un polvo granulado transparente y que tenía características de una droga; ello fue el motivo por el cual procedieron a la detención; es decir, el imputado en cualquier momento podía disponer de ese polvo que llevaba en las bolsitas; por lo tanto, manifestó, se actualiza la posesión de un narcótico por parte de Manuel de Jesús Cervantes Suárez. Asimismo, la juez de control refirió que se acreditó que la cantidad encontrada o la cantidad poseída sea inferior al resultado de multiplicar por mil las cantidades indicadas en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal; es decir, que el artículo 479 de la Ley General de Salud establece las cantidades que pueden ser portadas. Que se realizó una simple operación aritmética del estupefaciente, a saber, metanfetamina, encontrada en posesión del imputado; droga que excede de las cantidades permitidas para su consumo estrictamente personal; y que, desde luego, con ello se colma el segundo de los requisitos; y que esto se viene a corroborar con el dictamen químico en la que la perito, una vez de que examinó el polvo, determinó que el indicio con el número "uno" tenía un peso neto final de 1.064 gramos, mientras que el indicio número "cinco", su peso neto final fue de 12.840 gramos. Del mismo modo, puntualizó se actualiza que la posesión sea sin autorización; toda vez que hasta al momento del dictado del auto de vinculación a proceso no se tenía algún dato objetivo que así lo demostrara, es decir, que el imputado contara con alguna autorización sanitaria para poseer esos narcóticos, pues dicho extremo no quedó justificado, tan es así que al momento de realizar una revisión al imputado no refirió que contara con alguna autorización para poseer en ese momento dicho narcótico. También, la responsable precisó que quedó acreditado y, desde luego, justificado, que el narcótico no estaba destinado a comercializarse o a suministrarse aun gratuitamente, ya que hasta este momento no hay datos de investigación que revelen dicha situación, ya que del parte informativo de los agentes Estatales de Investigación únicamente se pudo advertir que en ese momento poseía ese narcótico; es decir, no realizaba ningún otro tipo de actividad para considerar que el imputado Manuel de Jesús Cervantes Suárez tenía una finalidad diversa, que no fuera únicamente la posesión. Por otra parte, la responsable acertadamente estableció que su actuar fue dolosa, es decir, se tiene conocimiento para comprender que poseer algún narcótico está prohibido por la Ley, y que, por ello, se actualiza lo previsto por el artículo 9, párrafo primero, del Código Penal Federal. Consideraciones que son apegadas a derecho, dado que existen datos de prueba que permiten, fundamentalmente, suponer que Manuel de Jesús Cervantes Suarez realizó el citado hecho delictivo. Probable participación (245/2021 A2P1 0:22:13): Así también, la jueza responsable estableció que, en cuanto hace a la probabilidad de que el imputado pudo haber intervenido en el hecho, también quedó debidamente corroborado, específicamente con el parte informativo signado por los agentes Estatales de Investigación, ya que ellos hacen del conocimiento la forma en la cual procedieron a su revisión corporal, la forma en la que ellos revisan el vehículo en el cual se trasladaba, precisando en total todas las bolsitas que le fueron encontradas; primeramente, le encontraron tres en la bolsa de su pantalón y a bajo del tapete de su vehículo treinta y nueve bolsitas de polvo blanco; y que, desde luego, ellos hacen referencia que al hacerle la revisión, preguntarle su nombre, el imputado manifestó llamarse Manuel de Jesús Cervantes Suárez. Además, la juez responsable precisó que lo anterior se adminicula con la diligencia de inspección de indicios asegurados, así como con la diligencia de inspección del lugar del evento, corroborándose conjuntamente con los dictámenes químicos, en los cuales se estableció que las sustancias que le fueron encontradas corresponden a metanfetamina y, desde luego, su posesión se encuentra prohibida por la ley; siendo así los datos de investigación suficientes para poder determinar hasta esa etapa procesal que, con probabilidad, el ahora quejoso cometió el hecho. De igual manera, refiere la responsable que la forma de participación del imputado fue como autor material, ya que es la persona que poseía en ese momento dicho narcótico y que, con ello, se establece lo previsto por el artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal; es decir, tuvo el dominio del hecho, no lo realizó con auxilio de ninguna otra persona. Así también, precisó la juez de control responsable que, hasta este momento, no se encuentra acreditada alguna causa que justifique su proceder, a que se refiere el artículo 15 del Código Penal Federal, pues se advierte que no contaba con una autorización sanitaria, a efecto de que pudiera poseer dichos narcóticos. Igualmente, indicó que hasta este momento se advierte que el imputado es mayor de dieciocho años y que, por ello, tenía conocimiento pleno de que poseer ese narcótico se encontraba sancionado por una ley. Finalmente, señaló que en cuanto la punibilidad, el hecho atribuido contempla una pena privativa de libertad a que se refiere el artículo 477 de la Ley General de Salud. Bajo ese contexto, devienen infundados los conceptos de violación que esgrimió la parte quejosa; ya que, contrario a lo que manifiesta, el auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía es acorde a lo que establece el artículo 16 constitucional, pues se encuentra fundado y motivado. Por tanto, se insiste, en la causa penal seguida contra el quejoso sí obran datos de prueba suficientes para generar la convicción de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, pues aparece demostrado que el aquí quejoso es la persona que, probablemente, participó en la posesión de los referidos narcóticos, porque, en efecto, se evidencia que de manera voluntaria desplegó la conducta de poseer narcóticos (autor material), mismos que se encontraban en la bolsa de su pantalón y en el interior de su vehículo, sin la autorización correspondiente de la autoridad competente. Por lo expuesto, contrario a lo manifestado por el impetrante de amparo, la autoridad responsable no interpretó de manera incorrecta el criterio del rubro siguiente "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO SINO QUE SOLO DEBE ATENDERSE EL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)"; lo anterior, pues, como ya se precisó, en la causa penal seguida contra el quejoso obran datos de prueba suficientes para generar la convicción de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, pues aparece demostrado que el aquí quejoso es la persona que, probablemente, participó en la posesión de los referidos narcóticos. Y, por lo que hace a la diversa tesis, de rubro: "SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO", la autoridad responsable, también al emitir el acto reclamado, cumplió con los requisitos exigidos en dicho criterio; ello, toda vez que, como ya se expuso, el auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía es acorde a lo que establece el artículo 16 constitucional, pues se encuentra fundado y motivado. Por tanto, debido a que la autoridad responsable respetó los extremos exigidos por los numerales 16 y 19 de la Constitución Federal, para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional, y no se advierte motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal6 , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Manuel de Jesús Cervantes Suárez, contra el acto reclamado al a) juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo Oaxaca, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el veinte de marzo de dos mil veintiuno en la causa penal 245/2021; por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta de junio de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado lo permitieron. Conste.

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