Manuel Carrillo González

Expediente 1232/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1232/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2016

Partes del expediente

  • Manuel Carrillo González

Actuaciones

  1. Principal

    En trece de diciembre de dos mil dieciséis, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICA: Que el auto de veinticuatro de noviembre pasado, fue notificado por lista a la parte quejosa el treinta siguiente (foja 17), por lo que el término de cinco días que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del dos al ocho del mes y año en curso, sin que haya interpuesto recurso de queja en su contra. DOY FE. En la misma fecha el Secretario doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, que desechó de plano la demanda promovida por Manuel Carrillo González. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la ley de la materia, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Virtud a lo anterior, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito; el juicio de amparo en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; y en virtud que en el mismo tampoco existen documentos originales por devolver, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del referido acuerdo, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González. Doy Fe. /manuelcc

  2. Principal

    En veinticuatro de noviembre de dos mil dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez, con la demanda registrada con el folio 19592, siete de copias de esta y un anexo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. CUENTA. Vista la demanda de amparo que promueve Manuel Carrillo González, contra actos del Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales que consagran los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 1232/2016-2 que por su orden progresivo le corresponde; y en atención a su contenido, se acuerda: Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se extrae que el acto reclamado consistente en: El requerimiento de pago de multa de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, emitido por el Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Ahora bien, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Del precepto reproducido, se obtiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama; y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la ley de la materia, el juicio de amparo será improcedente. En la especie, del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa hace consistir como acto reclamado, el requerimiento de pago de multa de cuatro de octubre del presente año, emitido por el Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas; determinación que, según se aprecia del original del requerimiento allegado por el quejoso en su escrito de demanda, se desprende que dicha medida de apremio es de carácter administrativa al ser emitida por una autoridad de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; por tanto, dicha determinación debe ser impugnada previamente a través de un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Zacatecas, previsto en la fracción I del artículo 19, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, que dispone: "Artículo 19.- El Tribunal es competente para conocer: I.- De los juicios de nulidad de los actos o resoluciones que las autoridades de la Administración Pública del Estado de Zacatecas o de sus municipios, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales. .". En razón de lo anterior, resulta inconcuso que el quejoso, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió agotar el medio de defensa ordinario procedente, contra la determinación; es decir, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, como se observa en el Título Primero de la Organización y Competencia, Capítulo I, Disposiciones generales, de la Ley en cita, que dice: "Artículo 1.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo forma parte del Poder Judicial del Estado es el organismo que conocerá y resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública estatal o municipal y sus organismos descentralizados, estatales, municipales e intermunicipales y los particulares, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones." En tales condiciones, debe concluirse que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues el acto que se reclama no tiene carácter de definitivo, ya que es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado con antelación, el cual, la parte quejosa está en aptitud de promover, al tratarse de actos emitidos por el Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, quien forma parte de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, por lo que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; y, por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda en cuestión. Cabe precisar que en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, específicamente en sus artículos del 55 al 60, prevén la suspensión de los actos impugnados, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo. Además, cabe señalar que si bien es cierto que el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la ley de la materia, establece que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; sin embargo, el acto que se impugna no carece de todo fundamento, pues de la misma se advierten los motivos por los cuales se emitió, así como también los preceptos legales que estimaron pertinentes y aplicables al caso concreto, para sustentarlas, aunque se estime que la fundamentación sea inexacta o indebida, tal circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad, por lo que tuvo pleno conocimiento de las razones y fundamentos legales vertidos por dicha autoridad para emitir el mandamiento de requerimiento de pago (multa estatal) reclamada por el promovente y por tanto, es evidente que no le asiste razón al aducir que la determinación de que se trata es violatoria de los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. En tales circunstancias, se concluye que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues el acto que se reclama no tiene carácter de definitivo, ya que es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado con antelación, el cual la parte quejosa se encuentra en aptitud de promover, a fin de que sean respetadas las garantías de previa audiencia y legalidad que se consignan en los preceptos 14 y 16 de la Carta Magna, por tratarse de determinación que se encuentra dirigida a su persona. Sirve de apoyo de lo anterior por identidad de razón, la Jurisprudencia XV.4o. J/6, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 1514, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL.- Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado". Robustece lo anterior, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 87, tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." También, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Conviene precisar que por ejecutoria emitida en el recurso de queja 112/2016 del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró infundado el medio de impugnación promovido contra el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio de amparo 1031/2016, que desechó la demanda de amparo, en la que se señaló como acto reclamado la negativa de cancelar el registro patronal, al no agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Zacatecas. En el caso es de indicarse, que si bien es cierto el acto reclamado en dicho sumario fue emitido por una autoridad municipal, también lo es que el citado tribunal, de conformidad con el artículo 19 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios del Estado de Zacatecas, es competente para conocer de los juicios de nulidad de los actos o resoluciones que las autoridades de la Administración Pública del Estado de Zacatecas o de sus Municipios; por tanto, con independencia de que se trate de autoridades estatales o municipales, deben aplicarse las mismas razones para considerar que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. En esas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, promovida por Manuel Carrillo González. En otro orden de ideas, como lo solicita el promovente, se tiene como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia, a Abel Rodríguez Herrera, quien tiene registrada su cédula profesional 4004579 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Emiliano Zapata, número 107, colonia Frente Popular en esta ciudad. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Por último, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que de igual manera incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. /manuelcc

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "CUENTA. Vista la demanda de amparo que promueve Manuel Carrillo González, contra actos del Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales que consagran los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 1232/2016-2 que por su orden progresivo le corresponde; y en atención a su contenido, se acuerda: Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se extrae que el acto reclamado consistente en: El requerimiento de pago de multa de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, emitido por el Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Ahora bien, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Del precepto reproducido, se obtiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama; y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la ley de la materia, el juicio de amparo será improcedente. En la especie, del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa hace consistir como acto reclamado, el requerimiento de pago de multa de cuatro de octubre del presente año, emitido por el Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas; determinación que, según se aprecia del original del requerimiento allegado por el quejoso en su escrito de demanda, se desprende que dicha medida de apremio es de carácter administrativa al ser emitida por una autoridad de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; por tanto, dicha determinación debe ser impugnada previamente a través de un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Zacatecas, previsto en la fracción I del artículo 19, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, que dispone: "Artículo 19.- El Tribunal es competente para conocer: I.- De los juicios de nulidad de los actos o resoluciones que las autoridades de la Administración Pública del Estado de Zacatecas o de sus municipios, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales. .". En razón de lo anterior, resulta inconcuso que el quejoso, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió agotar el medio de defensa ordinario procedente, contra la determinación; es decir, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, como se observa en el Título Primero de la Organización y Competencia, Capítulo I, Disposiciones generales, de la Ley en cita, que dice: "Artículo 1.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo forma parte del Poder Judicial del Estado es el organismo que conocerá y resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública estatal o municipal y sus organismos descentralizados, estatales, municipales e intermunicipales y los particulares, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones." En tales condiciones, debe concluirse que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues el acto que se reclama no tiene carácter de definitivo, ya que es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado con antelación, el cual, la parte quejosa está en aptitud de promover, al tratarse de actos emitidos por el Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, quien forma parte de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, por lo que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; y, por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda en cuestión. Cabe precisar que en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, específicamente en sus artículos del 55 al 60, prevén la suspensión de los actos impugnados, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo. Además, cabe señalar que si bien es cierto que el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la ley de la materia, establece que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; sin embargo, el acto que se impugna no carece de todo fundamento, pues de la misma se advierten los motivos por los cuales se emitió, así como también los preceptos legales que estimaron pertinentes y aplicables al caso concreto, para sustentarlas, aunque se estime que la fundamentación sea inexacta o indebida, tal circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad, por lo que tuvo pleno conocimiento de las razones y fundamentos legales vertidos por dicha autoridad para emitir el mandamiento de requerimiento de pago (multa estatal) reclamada por el promovente y por tanto, es evidente que no le asiste razón al aducir que la determinación de que se trata es violatoria de los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. En tales circunstancias, se concluye que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues el acto que se reclama no tiene carácter de definitivo, ya que es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado con antelación, el cual la parte quejosa se encuentra en aptitud de promover, a fin de que sean respetadas las garantías de previa audiencia y legalidad que se consignan en los preceptos 14 y 16 de la Carta Magna, por tratarse de determinación que se encuentra dirigida a su persona. Sirve de apoyo de lo anterior por identidad de razón, la Jurisprudencia XV.4o. J/6, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 1514, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL.- Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado". Robustece lo anterior, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 87, tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." También, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Conviene precisar que por ejecutoria emitida en el recurso de queja 112/2016 del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró infundado el medio de impugnación promovido contra el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio de amparo 1031/2016, que desechó la demanda de amparo, en la que se señaló como acto reclamado la negativa de cancelar el registro patronal, al no agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Zacatecas. En el caso es de indicarse, que si bien es cierto el acto reclamado en dicho sumario fue emitido por una autoridad municipal, también lo es que el citado tribunal, de conformidad con el artículo 19 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios del Estado de Zacatecas, es competente para conocer de los juicios de nulidad de los actos o resoluciones que las autoridades de la Administración Pública del Estado de Zacatecas o de sus Municipios; por tanto, con independencia de que se trate de autoridades estatales o municipales, deben aplicarse las mismas razones para considerar que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. En esas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, promovida por Manuel Carrillo González. En otro orden de ideas, como lo solicita el promovente, se tiene como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia, a Abel Rodríguez Herrera, quien tiene registrada su cédula profesional 4004579 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Emiliano Zapata, número 107, colonia Frente Popular en esta ciudad. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Por último, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que de igual manera incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico."

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