Manuel Ángel Aguilar Gamón
Expediente 275/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 275/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Manuel Ángel Aguilar Gamón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En nueve de junio de dos mil dieciséis, el licenciado Jesús Armando Ferreyra Bautista, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del doce al veinticinco de abril del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de abril de dos mil dieciséis dentro del juicio de amparo número 275/2016.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta a la Juez con la certificación y el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de abril de dos mil dieciséis, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes, y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y tercero interesada, y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jesús Armando Ferreyra Bautista, Secretario que autoriza y da fe. *EMVG
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 275/2016; y, RESULTANDO: PRIMERO. MANUEL ANGEL AGUILAR GAMÓN, por su propio derecho, el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, demanda de amparo indirecto contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad, que hace consistir en la omisión de dictar interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones promovido en el juicio laboral 96/2015. SEGUNDO. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y en proveído de veintidós de febrero del año en curso, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de una autoridad laboral residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme las jurisprudencias del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dictar interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones en el juicio laboral 96/2015. TERCERO. Existencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez precisado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, certeza o presunción, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." La autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado reconoció la omisión o abstención de emitir la interlocutoria reclamada; sin embargo, agregó, que el veinticinco de febrero del año que transcurre, la dictó; en la que declaró improcedente el incidente de nulidad y para demostrar su afirmación anexó copia certificada de la citada resolución interlocutoria. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es de precisarse que con el contenido del informe justificado y anexos, mediante proveído de diez de marzo de dos mil dieciséis; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista al quejoso a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que haya hecho argumentación alguna. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Atendiendo a lo anterior, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa cobró vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, para que la referida causa de improcedencia, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la demanda de garantías se advierte que el quejoso MANUEL ANGEL AGUILAR GAMÓN, reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de dictar interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada Municipio de Miguel Auza, Zacatecas, en el juicio laboral 96/2015. Lo anterior se trae a cuenta, toda vez que del análisis de las constancias que remitió la citada autoridad al rendir su informe justificado, se desprende que el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, se dictó la interlocutoria correspondiente en el incidente de nulidad de actuaciones, que lo declaró improcedente. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, dictó resolución a través de la cual declaró improcedente el incidente de nulidad plateado por la demandada en el juicio natural; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la ley en consulta, procede SOBRESEER en el juicio promovido por MANUEL ANGEL AGUILAR GAMON, por su propio derecho. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido MANUEL ANGEL AGUILAR GAMON, por su propio derecho, contra la autoridad responsable y en cuanto al acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza, hasta el cuatro de abril de dos mil dieciséis en que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "PRIMERO. MANUEL ANGEL AGUILAR GAMÓN, por su propio derecho, el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, demanda de amparo indirecto contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad, que hace consistir en la omisión de dictar interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones promovido en el juicio laboral 96/2015. SEGUNDO. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y en proveído de veintidós de febrero del año en curso, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de una autoridad laboral residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme las jurisprudencias del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dictar interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones en el juicio laboral 96/2015. TERCERO. Existencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez precisado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, certeza o presunción, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." La autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado reconoció la omisión o abstención de emitir la interlocutoria reclamada; sin embargo, agregó, que el veinticinco de febrero del año que transcurre, la dictó; en la que declaró improcedente el incidente de nulidad y para demostrar su afirmación anexó copia certificada de la citada resolución interlocutoria. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es de precisarse que con el contenido del informe justificado y anexos, mediante proveído de diez de marzo de dos mil dieciséis; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista al quejoso a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que haya hecho argumentación alguna. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Atendiendo a lo anterior, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa cobró vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, para que la referida causa de improcedencia, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la demanda de garantías se advierte que el quejoso MANUEL ANGEL AGUILAR GAMÓN, reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de dictar interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada Municipio de Miguel Auza, Zacatecas, en el juicio laboral 96/2015. Lo anterior se trae a cuenta, toda vez que del análisis de las constancias que remitió la citada autoridad al rendir su informe justificado, se desprende que el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, se dictó la interlocutoria correspondiente en el incidente de nulidad de actuaciones, que lo declaró improcedente. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, dictó resolución a través de la cual declaró improcedente el incidente de nulidad plateado por la demandada en el juicio natural; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la ley en consulta, procede SOBRESEER en el juicio promovido por MANUEL ANGEL AGUILAR GAMON, por su propio derecho. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido MANUEL ANGEL AGUILAR GAMON, por su propio derecho, contra la autoridad responsable y en cuanto al acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia."
- Principal
En diez de marzo de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Jueza con un oficio registrado con el número 5174 y anexo que se adjunta.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diez de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS, por conducto de la Magistrada Presidenta; con su contenido dese vista a la parte quejosa para que se imponga del contenido de las constancias que adjunta la citada autoridad y manifieste lo que a su interés legal convenga hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en el período procesal correspondiente. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada responsable, las constancias de que se trata, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia respectiva. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. *EMVG
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