Maira Alejandra López Meraz
Expediente 599/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 599/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maira Alejandra López Meraz y Otros.
- Maira Alejandra López Meraz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintidós de julio del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo concedido a las quejosas para que desahogaran el requerimiento que se les formuló mediante proveído de siete de julio del presente año, sin que lo hayan hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les hace efectivo el apercibimiento decretado. Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por Maira Alejandra López Meraz y Cyntia García Piña, por su propio derecho, contra actos del Delegado Regional de Educación Este de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 599/2015-V. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Pues bien, en el caso concreto las promoventes en su demanda de amparo son imprecisas en puntualizar los supuestos normativos específicos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior LINEE-05-2015, que cuestionaron en esta instancia constitucional, ya que si bien es cierto que el en capítulo atinente a "LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME" refieren: ". A las CÁMARAS DE DIPUTADOS y de SENADORES, como parte del Poder Legislativo Federal, se les reclama el haber dictado, aprobado y expedido el Decreto por el cual se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente (cuyos artículos del 1 al 83 substantivos y del primero al vigésimo segundo transitorios se tildan de inconstitucionales." ". De la JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, se le reclama la expedición y aprobación de los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior. LINEE-05-2015, los que fueran aprobados por dicha responsable en la Tercera Sesión Ordinaria de dos mil quince, celebrada el veintiséis de marzo de dos mil quince. Acuerdo número SOJG/3-15/07, R.-; y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2015 (primera sección, página 109); entrando en vigor al día siguiente de su publicación, en el mencionado órgano de información oficial, conforme a su artículo primero transitorio; Lineamientos que se impugnan por cuanto hace a todo su articulado (tanto substantivo como transitorio) y de manera especial por lo que versa a los artículos cuarto y quince transitorios." También lo es que en el capítulo relativo a los "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN" no se advierte que controviertan cada uno de los dispositivos legales que refieren tanto de la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como de los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior LINEE-05-2015. Por lo que, no se puede establecer cuáles son los supuestos legales específicos que se reclaman, ya que las referidas normativas prevén diversas hipótesis, lo que genera que la demanda se torné obscura e irregular, al no poder determinar con exactitud la porción normativa que impugnan las quejosas. Por ello, es necesario entonces que precisen con toda claridad cuál es el supuesto normativo específico contenido en la Ley General del Servicio Profesional Docente y en los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior LINEE-05-2015, que reclaman, pues estimarlo de otra manera podría generar diversos problemas como el de que las autoridades no rindan su informe correctamente y que la sentencia que se llegue a emitir no tendría ejecución sobre la verdadera razón del amparo. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, prevéngase a las promoventes para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se les practique, por escrito y con ocho copias para correr traslado a cada una de las partes: Precisen el supuesto normativo específico que contiene la Ley General del Servicio Profesional Docente y los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior LINEE-05-2015, que reclaman. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si las promoventes son quienes la desahogan, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la tesis de jurisprudencia 50/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Materia Común, Tomo I, libro 9 agosto de 2014, página 210, del tenor literal siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Téngasele a las promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel Eduardo Fuentes Muñiz y a Pedro Aragón Ramírez, al contar con cédula profesional 7936372 y 1638404 registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del párrafo segundo del precepto legal en cita a las diversas personas que indica, por no encontrase en ese supuesto y por así haberlo solicitado. Con apoyo en lo dispuesto en el arábigo 13 de la ley de la materia se les tiene designando como representante común a Maira Alejandra López Meraz. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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