Magnolia Salas Miranda

Expediente 507/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
507/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/08/2021

Partes del expediente

  • Magnolia Salas Miranda

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO CC, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ***************, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Partido Civil, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 507/2021-III. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, en la especie la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: Reclamo de las Autoridades señaladas como responsable ordenadora y ejecutora, la posible orden judicial de requerimiento de pago y emplazamiento y en todo caso embargo contra bienes de mi propiedad, derivado de un Juicio, sin embargo se traduce en una diligencia de carácter judicial a efectuar por un mandamiento de autoridad de carácter mercantil o civil, competente en este partido judicial de Celaya, Gto." (SIC). -Lo destacado no es de origen- Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que, el hecho es que el día 23 de Julio del año 2021, se presentaron en mi domicilio ubicado en la calle de ****************, una persona ostentándose como una persona que trabajaba en el Poder Judicial del Estado de esta ciudad de Celaya, Gto., sin mencionar su nombre pero al atenderlos mi empleada doméstica le manifestó que a la persona que buscaban era a la suscrita *****************, contestándole que no me encontraba en ése momento en el domicilio que me encontraba fuera de la ciudad, otra persona quien se ostentó como Licenciado le dijo que si no los dejaba entrar iban a proceder con la fuerza pública y que iban a llevarse todas mis bienes muebles, es por ello que tengo el temor fundado de que se me priven de mis bienes y posesiones que me consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin ser oído y vencido en juicio." (SIC). De lo antes narrado, se desprende que la diligencia de requerimiento de pago, emplazamiento, embargo con fuerza pública y cerrajero en su domicilio, es un acto futuro e incierto, contra el cual, es improcedente el juicio de amparo intentado. Y es que no debe perderse de vista que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Consideración que se robustece en atención a que la parte quejosa no señala de manera específica y concreta que se le haya entregado algún citatorio en el que efectivamente, se fije alguna hora y fecha para llevar a cabo la diligencia que reclama, es decir, para ejecutar el acto que tilda de inconstitucional. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que la quejosa mencione que acude a presentar esta de manda de amparo, contra la posible orden judicial de requerimiento de pago, emplazamiento y en todo caso, embargo, porque el veintitrés de julio del año en curso, se presentó una persona que dijo trabajar en el Poder Judicial del Estado, junto con otra persona que dijo ser Licenciado, (quienes no se identificaron), y que el "Licenciado", le comentó a quien los atendió que si no los dejaba pasar se llevarían sus bienes muebles, ello no implica que las autoridades que señala como responsables hayan girado alguna orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, o incluso que éstas pretendan llevarlo a cabo, pues ello no constituye un hecho indudable o con un grado de certeza, para presumir que de manera legal existe el mandamiento de ejecución del cual se duele. De ahí que se considere dicho acto reclamado como futuro de realización eventual, pues no existen datos que generen la certeza clara y fundada de que los actos impugnados puedan llegar a existir. En otras palabras, dados los antecedentes narrados por la quejosa no se advierte la ineludible emisión de esa supuesta orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, pues no señala ningún dato que objetivamente revele su existencia. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Debe decirse que este Juzgador no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, la misma no es aplicable en la especie. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que no existen indicios objetivos en el sentido de que las responsables hayan ordenado la realización del acto reclamado o que están a punto de hacerlo, y por el contrario, la demanda descansa en meras suposiciones sin sustento fáctico, puesto que la propia quejosa manifestó que acude a esta instancia constitucional por una supuesta orden de requerimiento de pago, emplazamiento y en todo caso embargo, porque el veintitrés de julio del año en curso, se presentó una persona que dijo trabajar en el Poder Judicial del Estado, junto con otra persona que dijo ser Licenciado, (quienes no se identificaron), y que el "Licenciado", le comentó a quien los atendió que si no los dejaba pasar se llevarían sus bienes muebles, las cuales son ambiguas e imprecisas, por lo que de ellas no puede concluirse siquiera con algún grado de probabilidad si lo que refiere es inminente o llegará a materializarse, ya que no exhibe algún documento oficial emitido por alguna autoridad con facultades para llevar a efecto el acto que se reclama. Manifestaciones de la quejosa, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Por otra parte, téngasele señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados *************, al contar, respectivamente, con cédula profesional número **************, inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de la contingencia sanitaria que actualmente impera en el país, se le tiene otorgando el correo electrónico personal y número de teléfono, que refiere. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***************, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Partido Civil, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 507/2021-III. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, en la especie la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: Reclamo de las Autoridades señaladas como responsable ordenadora y ejecutora, la posible orden judicial de requerimiento de pago y emplazamiento y en todo caso embargo contra bienes de mi propiedad, derivado de un Juicio, sin embargo se traduce en una diligencia de carácter judicial a efectuar por un mandamiento de autoridad de carácter mercantil o civil, competente en este partido judicial de Celaya, Gto." (SIC). -Lo destacado no es de origen- Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que, el hecho es que el día 23 de Julio del año 2021, se presentaron en mi domicilio ubicado en la calle de ****************, una persona ostentándose como una persona que trabajaba en el Poder Judicial del Estado de esta ciudad de Celaya, Gto., sin mencionar su nombre pero al atenderlos mi empleada doméstica le manifestó que a la persona que buscaban era a la suscrita *****************, contestándole que no me encontraba en ése momento en el domicilio que me encontraba fuera de la ciudad, otra persona quien se ostentó como Licenciado le dijo que si no los dejaba entrar iban a proceder con la fuerza pública y que iban a llevarse todas mis bienes muebles, es por ello que tengo el temor fundado de que se me priven de mis bienes y posesiones que me consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin ser oído y vencido en juicio." (SIC). De lo antes narrado, se desprende que la diligencia de requerimiento de pago, emplazamiento, embargo con fuerza pública y cerrajero en su domicilio, es un acto futuro e incierto, contra el cual, es improcedente el juicio de amparo intentado. Y es que no debe perderse de vista que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Consideración que se robustece en atención a que la parte quejosa no señala de manera específica y concreta que se le haya entregado algún citatorio en el que efectivamente, se fije alguna hora y fecha para llevar a cabo la diligencia que reclama, es decir, para ejecutar el acto que tilda de inconstitucional. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que la quejosa mencione que acude a presentar esta de manda de amparo, contra la posible orden judicial de requerimiento de pago, emplazamiento y en todo caso, embargo, porque el veintitrés de julio del año en curso, se presentó una persona que dijo trabajar en el Poder Judicial del Estado, junto con otra persona que dijo ser Licenciado, (quienes no se identificaron), y que el "Licenciado", le comentó a quien los atendió que si no los dejaba pasar se llevarían sus bienes muebles, ello no implica que las autoridades que señala como responsables hayan girado alguna orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, o incluso que éstas pretendan llevarlo a cabo, pues ello no constituye un hecho indudable o con un grado de certeza, para presumir que de manera legal existe el mandamiento de ejecución del cual se duele. De ahí que se considere dicho acto reclamado como futuro de realización eventual, pues no existen datos que generen la certeza clara y fundada de que los actos impugnados puedan llegar a existir. En otras palabras, dados los antecedentes narrados por la quejosa no se advierte la ineludible emisión de esa supuesta orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, pues no señala ningún dato que objetivamente revele su existencia. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Debe decirse que este Juzgador no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, la misma no es aplicable en la especie. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que no existen indicios objetivos en el sentido de que las responsables hayan ordenado la realización del acto reclamado o que están a punto de hacerlo, y por el contrario, la demanda descansa en meras suposiciones sin sustento fáctico, puesto que la propia quejosa manifestó que acude a esta instancia constitucional por una supuesta orden de requerimiento de pago, emplazamiento y en todo caso embargo, porque el veintitrés de julio del año en curso, se presentó una persona que dijo trabajar en el Poder Judicial del Estado, junto con otra persona que dijo ser Licenciado, (quienes no se identificaron), y que el "Licenciado", le comentó a quien los atendió que si no los dejaba pasar se llevarían sus bienes muebles, las cuales son ambiguas e imprecisas, por lo que de ellas no puede concluirse siquiera con algún grado de probabilidad si lo que refiere es inminente o llegará a materializarse, ya que no exhibe algún documento oficial emitido por alguna autoridad con facultades para llevar a efecto el acto que se reclama. Manifestaciones de la quejosa, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Por otra parte, téngasele señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados *************, al contar, respectivamente, con cédula profesional número **************, inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de la contingencia sanitaria que actualmente impera en el país, se le tiene otorgando el correo electrónico personal y número de teléfono, que refiere. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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