Manuel Alejandro Martínez Ortega

Expediente 802/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
802/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
11/09/2017

Partes del expediente

  • Manuel Alejandro Martínez Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la diligencia de reconocimiento de firma que antecede, de la que se advierte que **********, cumplió con el requerimiento formulado en proveído de veintiuno de agosto del año en curso, consistente en reconocer el contenido y firma del ocurso presentado ante este juzgado el dieciocho del mismo mes. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto, se advierte que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, pues es a través de la firma o de la impresión de las huellas digitales que se externa la voluntad de las partes de ejercitar un derecho. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es menester relatar lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el catorce de agosto del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, supuestamente Manuel Alejandro Martínez Ortega, promovió el presente juicio de amparo. 2. Por razón de turno le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, la que en auto de dieciséis de agosto pasado, se registró bajo el número 802/2017-V, y se requirió al promovente para que señalara bajo protesta de decir verdad que desconoce el nombre y domicilio del tercero interesado. 3. El dieciocho de agosto del presente año, se recibió en este órgano jurisdiccional el ocurso con el que se pretendió desahogar el aludido requerimiento, el cual, mediante acuerdo de veintiuno siguiente, se mandó reconocer en virtud de que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advirtió de la simple confrontación que la firma que lo calzaba tenía rasgos notoriamente discrepantes con la asentada en el libelo constitucional. 4. En diligencia de veinticuatro de los corrientes, se llevó a cabo la diligencia de reconocimiento de firma. En la especie, el suscrito advierte de la simple confrontación de las firmas que calzan la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, con la asentada en la diligencia de reconocimiento, que existe una gran diferencia entre la dos primeras y la última. Se afirma lo anterior, porque las firmas asentadas en el libelo constitucional y en el escrito aclaratorio tienen rasgos notoriamente discrepantes entre ellas; empero, éstas son totalmente diferentes con la plasmada en la diligencia de reconocimiento de firma. Ciertamente, el suscrito sin ser un perito en la materia advierte de la simple confrontación, así como atendiendo a las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia, que existe una diferencia notaria entre las firmas que calzan la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, con la asentada en la diligencia de reconocimiento, dado que en el gráfico que plasma los trazos de las dos primeras (demanda y escrito aclaratorio) son continuos, legibles, regulares y en forma circular, la línea que une la firma es de forma ovalada y los "arcos" que presentan son en forma de "u"; y, en la última firma (diligencia de reconocimiento) los trazos son irregulares, temblorosos, enmarañados, gruesos, no presenta trazos en forma circular y ovales [como las dos primeras], y los "arcos" que presentan son en forma de "n". De igual forma, se observa que las características de presión y calidad de la firma de la diligencia de reconocimiento presentan ciertos temblores y los trazos no son continuos, a diferencia de las asentadas en la demanda y en el escrito aclaratorio ya que éstas se realizaron de manera continua, son firmes y claras, sin presentar temblor alguno, y la presión que se aplicó en estas dos últimas es mucho menor a la que se imprimió en la de reconocimiento de firma. Lo que se corrobora de la confrontación de la credencial para votar con que se identificó **********, con las firmas de la demanda y del escrito aclaratorio, ya que estas y aquella, a simple vista, son evidentemente discrepantes. De lo anterior se colige que si la demanda de amparo presentada en este juzgado y con la que se formó el presente controvertido no contiene la firma autógrafa de **********, es incuestionable que éste no exteriorizó su deseo a través del signo gráfico consistente en la firma de promover el presente juicio, ya que de lo expuesto se concluye que las mismas ni siquiera son parecidas o semejantes, sino totalmente distintas. En ese sentido, si el antes nombrado, quien se ve afectado por un acto de autoridad, no suscribió el escrito de demanda de amparo ni el escrito aclaratorio, es inconcuso que existe ausencia de voluntad para accionar ante la autoridad judicial a fin de que se analice su solicitud de amparo y, por ende, falta uno de los presupuestos necesarios para la procedencia del presente juicio, como lo es que debe instaurarse a instancia de parte agraviada, por lo que, procede desechar la demanda que se estudia. Estimar lo contrario y admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría fomentar la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió. Máxime que a la diligencia de reconocimiento de firma no puede otorgársele el alcance de tener por presentada la demanda, en tanto que el objeto de dicha diligencia se limita a que el autor del documento reconozca como suya la firma impresa en él y no a hacer suyo el contenido de un instrumento que no suscribió. Finalmente, cabe señalar que el suscrito no soslaya la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1234, Tomo II, Junio de 2017, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES."; sin embargo, se estima que la misma no es aplicable, ya que en el caso se está en presencia de una hipótesis diferente a la prevista en dicha jurisprudencia, pues aquella parte de la base de la diferencia notoria de las firmas que se aprecia a simple vista y en la especie se está en el supuesto de que las firmas de la demanda y el escrito aclaratorio son totalmente distintas a la plasmada en la diligencia de reconocimiento, es decir, que ni siquiera son parecidas o semejantes para presumir que exista una notoria diferencia, sino que son totalmente disímiles a simple vista. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la diligencia de reconocimiento de firma que antecede, de la que se advierte que **********, cumplió con el requerimiento formulado en proveído de veintiuno de agosto del año en curso, consistente en reconocer el contenido y firma del ocurso presentado ante este juzgado el dieciocho del mismo mes. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto, se advierte que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, pues es a través de la firma o de la impresión de las huellas digitales que se externa la voluntad de las partes de ejercitar un derecho. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es menester relatar lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el catorce de agosto del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, supuestamente Manuel Alejandro Martínez Ortega, promovió el presente juicio de amparo. 2. Por razón de turno le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, la que en auto de dieciséis de agosto pasado, se registró bajo el número 802/2017-V, y se requirió al promovente para que señalara bajo protesta de decir verdad que desconoce el nombre y domicilio del tercero interesado. 3. El dieciocho de agosto del presente año, se recibió en este órgano jurisdiccional el ocurso con el que se pretendió desahogar el aludido requerimiento, el cual, mediante acuerdo de veintiuno siguiente, se mandó reconocer en virtud de que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advirtió de la simple confrontación que la firma que lo calzaba tenía rasgos notoriamente discrepantes con la asentada en el libelo constitucional. 4. En diligencia de veinticuatro de los corrientes, se llevó a cabo la diligencia de reconocimiento de firma. En la especie, el suscrito advierte de la simple confrontación de las firmas que calzan la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, con la asentada en la diligencia de reconocimiento, que existe una gran diferencia entre la dos primeras y la última. Se afirma lo anterior, porque las firmas asentadas en el libelo constitucional y en el escrito aclaratorio tienen rasgos notoriamente discrepantes entre ellas; empero, éstas son totalmente diferentes con la plasmada en la diligencia de reconocimiento de firma. Ciertamente, el suscrito sin ser un perito en la materia advierte de la simple confrontación, así como atendiendo a las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia, que existe una diferencia notaria entre las firmas que calzan la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, con la asentada en la diligencia de reconocimiento, dado que en el gráfico que plasma los trazos de las dos primeras (demanda y escrito aclaratorio) son continuos, legibles, regulares y en forma circular, la línea que une la firma es de forma ovalada y los "arcos" que presentan son en forma de "u"; y, en la última firma (diligencia de reconocimiento) los trazos son irregulares, temblorosos, enmarañados, gruesos, no presenta trazos en forma circular y ovales [como las dos primeras], y los "arcos" que presentan son en forma de "n". De igual forma, se observa que las características de presión y calidad de la firma de la diligencia de reconocimiento presentan ciertos temblores y los trazos no son continuos, a diferencia de las asentadas en la demanda y en el escrito aclaratorio ya que éstas se realizaron de manera continua, son firmes y claras, sin presentar temblor alguno, y la presión que se aplicó en estas dos últimas es mucho menor a la que se imprimió en la de reconocimiento de firma. Lo que se corrobora de la confrontación de la credencial para votar con que se identificó **********, con las firmas de la demanda y del escrito aclaratorio, ya que estas y aquella, a simple vista, son evidentemente discrepantes. De lo anterior se colige que si la demanda de amparo presentada en este juzgado y con la que se formó el presente controvertido no contiene la firma autógrafa de **********, es incuestionable que éste no exteriorizó su deseo a través del signo gráfico consistente en la firma de promover el presente juicio, ya que de lo expuesto se concluye que las mismas ni siquiera son parecidas o semejantes, sino totalmente distintas. En ese sentido, si el antes nombrado, quien se ve afectado por un acto de autoridad, no suscribió el escrito de demanda de amparo ni el escrito aclaratorio, es inconcuso que existe ausencia de voluntad para accionar ante la autoridad judicial a fin de que se analice su solicitud de amparo y, por ende, falta uno de los presupuestos necesarios para la procedencia del presente juicio, como lo es que debe instaurarse a instancia de parte agraviada, por lo que, procede desechar la demanda que se estudia. Estimar lo contrario y admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría fomentar la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió. Máxime que a la diligencia de reconocimiento de firma no puede otorgársele el alcance de tener por presentada la demanda, en tanto que el objeto de dicha diligencia se limita a que el autor del documento reconozca como suya la firma impresa en él y no a hacer suyo el contenido de un instrumento que no suscribió. Finalmente, cabe señalar que el suscrito no soslaya la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1234, Tomo II, Junio de 2017, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES."; sin embargo, se estima que la misma no es aplicable, ya que en el caso se está en presencia de una hipótesis diferente a la prevista en dicha jurisprudencia, pues aquella parte de la base de la diferencia notoria de las firmas que se aprecia a simple vista y en la especie se está en el supuesto de que las firmas de la demanda y el escrito aclaratorio son totalmente distintas a la plasmada en la diligencia de reconocimiento, es decir, que ni siquiera son parecidas o semejantes para presumir que exista una notoria diferencia, sino que son totalmente disímiles a simple vista. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  4. Principal

    Agréguese en autos el escrito supuestamente firmado por el quejoso **********, antes de proveer respecto de su contenido y tomando en consideración que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advierte de la simple confrontación del escrito de cuenta con el de la demanda, que la firma que calza aquél tiene rasgos notoriamente discrepantes con la estampada por el promovente en el escrito constitucional; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente auto se le practique, comparezca ante este juzgado debidamente identificado, en día y horas hábiles, para que en diligencia formal reconozca el contenido y firma del ocurso de mérito, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado.

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